2016/04/01

La tutela es improcedente para el cobro de salarios por los empleados judiciales que entran en paro o huelga - Se dispone que la Contraloría General de la República investigue un posible detrimento patrimonial

El Tribunal Superior de Bogotá señala que la acción de tutela no es el instrumento jurídico para obtener el pago de salarios retenidos por la Dirección ejecutiva Seccional de Bogotá.
Además, explicó que al estar plenamente demostrado que los servidores judiciales accionantes no prestaron la función que constitucional y legalmente les corresponde, al producirse el pago de salarios pudo incurrirse en un detrimento patrimonial que debe ser investigado por la Contraloría General de la República










REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA PENAL
Magistrado Ponente:
Alberto Poveda Perdomo
Aprobado Acta N° 033

TUTELA – PRIMERA INSTANCIA

Bogotá, D.C., Jueves, treinta y uno (31) de Marzo de dos mil dieciséis (2016)


Radicación                      
110012204000201600675 00
Accionante                     
Yunir Oswaldo Sichaca Bello y Astrid Rocío Juanias
Accionado
Consejo Superior de la Judicatura- Sala Administrativa y otros
Derecho
Mínimo vital, debido proceso, familia, seguridad social  
Decisión
Improcedente

I.- ASUNTO

1. Resolver la acción de tutela instaurada por Yunir Oswaldo Sichacá Bello y Astrid Rocío Juanias contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial; Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccional de la Judicatura, Juzgados 17 Laboral y 20 de Familia del Circuito y Contraloría General de la República, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, vida digna, familia y seguridad social. 

II.- FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

2. Señalaron Yunir Oswaldo Sichacá Bello y Astrid Rocío Juanias, que laboran para los Juzgados 17 Laboral y 20 de Familia del Circuito de esta ciudad, en los cargos de oficial mayor y asistente social, respectivamente, actividades que cumplen en el Edificio Nemqueteba de esta ciudad.

2.1 Indicaron que en el período comprendido del 15 de enero al 29 de febrero de 2016, los trabajadores judiciales iniciaron  asambleas permanentes, sin impedir la atención a los usuarios; sin embargo, la Dirección Seccional se abstuvo de cancelar sus salarios, pese a que los nominadores certificaron el cumplimiento de las funciones y la prestación del servicio.

2.2 Aclararon que funcionarios del Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General de la Nación durante el período de asambleas visitaron las instalaciones de los juzgados para corroborar la prestación del servicio, como consta en las actas que se levantaron. Agregaron que entre sus funciones no está la de garantizar el ingreso de los usuarios a los edificios donde funcionan las sedes judiciales, función exclusiva de la Policía Nacional.   

2.3 Expresaron que la omisión en el pago de sus salarios les ha causado graves perjuicios al punto que para cubrir sus necesidades básicas se vieron avocados a solicitar préstamos y hacer avances de las tarjetas de crédito, no siendo constitucional ni admisible que las accionadas utilicen las vías de hecho para retener y suspender el pago de sus salarios, actuación que solo ha desencadenado enfrentamientos entre los empleados.

2.4 Peticionaron suspender toda orden de retención de salarios y, en consecuencia, proceder en forma inmediata al pago y consignación de sus salarios.

III.- ACTUACIÓN PROCESAL

3. El 15 de marzo de los cursantes esta Sala admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial; Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccional de la Judicatura. Igualmente, vinculó a los Juzgados 17 Laboral y 20 de Familia del Circuito de esta ciudad y Contraloría General de la República, para que en el término de un (1) día ejercieran su derecho de defensa.

4. Con la admisión de la tutela también se ordenó oficiar a varias entidades para obtener información sobre el cese de actividades y se adjuntaron impresiones del periódico el Tiempo, Ámbito Jurídico, el País, Revista Semana, entre otros.

5. En respuesta a las pruebas decretadas el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, allegó copia de la demanda promovida por la Nación- Rama Judicial- Consejo Superior de la Judicatura contra el Sindicato Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial “El vocero Judicial”, con el fin de obtener la declaratoria de ilegalidad del paro judicial.

6. El Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa por intermedio de la Oficina de Coordinación de Asuntos Internacionales y Asesoría Jurídica, informó que en efecto los funcionarios de la Rama Judicial, motivados por la organización sindical “Vocero Judicial”, representada por Luis Orlando Chinchilla Vargas, han permanecido en cese de actividades desde el 13 de enero de 2016 con el propósito de obtener la revocatoria del Acuerdo PSAA15-10445 del 16 de diciembre de 2015.

6.1 Aclaró que ante la situación presentada adelantó mesas de trabajo y estimó necesario suspender la entrada en vigencia del Acuerdo hasta el 30 de abril de 2016, en aras de perfeccionar compromisos que permitan implementar el sistema de oralidad.

6.2 Destacó que el cese de actividades ha sido permanente sin la prestación del servicio público de administración de justicia, según consta en actas levantadas por los Inspectores del Ministerio de Trabajo, generando efectos nefastos en el trámite de los diferentes procesos de las especialidades civil y familia.

6.3 Respecto al no pago de salarios explicó que su decisión se soporta en fundamentos legales y jurisprudenciales, entre ellos el artículo 449 del Código Sustantivo del Trabajo y la Sentencia C-1639/00 que permiten adoptar esta medida cuando la huelga no sea imputable al empleador; sin embargo, ofició al Director Seccional de Administración Judicial para verificar la situación de los accionantes y con fundamento en las pruebas allegadas y las recaudadas por los Inspectores del Trabajo, determinar si resulta viable incluirlos en nómina y cancelar sus salarios.

7. La Contraloría General de la República solicitó la desvinculación del trámite constitucional al estimar que conforme a las pretensiones de los accionantes no le asiste competencia para atender sus requerimientos, predicando la falta de legitimidad por pasiva.

8. La Secretaría General del Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió copia de la sentencia calendada el 11 de febrero de 2016, proferida por la Sección Primera, Subsección B de esa Corporación, por medio de la cual se pronunció sobre el cierre de despachos judiciales y su apertura al público.

9. La Directora Territorial del Ministerio del Trabajo informó que el Coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites, confirmó la presencia de los Inspectores del Trabajo en las sedes judiciales que permanecieron cerradas al público y levantaron actas que fueron allegadas al Director Ejecutivo Seccional, Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y el Sindicato “Vocero Judicial”; sin embargo, aclaró que éstas no tienen por objeto verificar la presencia individual de los trabajadores en su puesto de trabajo. Adjuntó copias de todas las actas de visitas al Edificio Nemqueteba.

10. El Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial –Asonal Judicial–, explicó que un grupo de servidores judiciales convencidos de las dificultades que implicaba la creación de los Centros de Servicios se mantuvo en desobediencia a través de asambleas permanentes, actividad que culminó con la firma de un Acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura.

10.1 Concluyó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para la solución de un conflicto laboral cuando se presenta parálisis del servicio por fallas estructurales del Estado que determinan la protesta judicial.

11. La Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá informó que corresponde a la Dirección Seccional de Administración Judicial el manejo del sistema salarial y prestacional del personal que integra la Rama Judicial, motivo por el cual dicha autoridad expidió la circular DESAJC16-DS-11 del 10 de febrero de 2016, solicitando a los despachos judiciales ubicados en las sedes cerradas que certificaran la prestación del servicio público de administración de justicia, indicando los datos de cada servidor con el número de identificación y el cargo, para hacer efectivo el pago.

11.1 Dijo que la sede judicial Nemqueteba desde el primer día en que inició el cese de actividades tuvo bloqueadas las puertas de acceso al público y, agregó, que de haberse laborado fue a puerta cerrada, circunstancia que debió acreditarse a la Dirección Seccional para el correspondiente pago de nómina.

11.2 Solicitó desvincularla del trámite constitucional al no estar legitimada por pasiva por no ser competente para pagar nómina ni ordenar la retención de salarios a los empleados de la Rama Judicial.

12. El Director Seccional de Administración Judicial señaló que efectúo el pago de nómina del mes de febrero de 2016 a los accionantes como consta en el desprendible, por lo que solicitó considerar que el tema objeto de acción fue superado.

13. El presidente del sindicato “El Vocero Judicial”, reiteró las razones que motivaron el cese de actividades de un sector de empleados de la Rama Judicial y dijo que las actividades ejecutadas consistieron en asambleas permanentes en el primer piso de las diferentes edificaciones en las que funcionan los despachos judiciales. 

13.1 También explicó que el 1 de febrero de 2016 los empleados fueron desalojados por la fuerza vulnerando el derecho constitucional a la protesta, momento desde el cual los usuarios ingresan a las sedes judiciales pese que no se ha votado la suspensión o levantamiento de las asambleas.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

14. Competencia: De conformidad con lo establecido en el artículo 86 Fundamental y el inciso 1º del artículo 1º del Decreto 1382/00, es competente la Corporación para conocer en primera instancia de la solicitud elevada por el accionante.

15. Problema Jurídico: Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela resulta procedente para retrotraer el descuento salarial efectuado a los accionantes con ocasión del cese colectivo de actividades.

16. Discusión: La finalidad de la acción de tutela es la protección, a través de una orden efectiva e inmediata, de los derechos fundamentales cuando han sido amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular, en los estrictos casos señalados en la ley.

17. En el caso que ocupa la atención de la Sala, los accionantes demandaron la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, trabajo, igualdad, dignidad humana, debido proceso y seguridad social, indicando que la negativa de la División de Talento Humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de incluirlos en nómina, afecta su estabilidad laboral y el pago de sus acreencias laborales tales como salario, seguridad social y prestaciones.

18. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el pago de acreencias laborales. Sobre el particular, ha dicho la Corte Constitucional que la tutela es improcedente para resolver conflictos laborales, incluyendo aquellos en los cuales se pretende el cobro de salarios y prestaciones debidas, por lo que los mismos han de resolverse ante la jurisdicción correspondiente, ya sea la Ordinaria Laboral o la Contencioso Administrativa según la forma de vinculación laboral, por ser éstos los jueces naturales de dichos asuntos.

19. Lo anterior encuentra sustento en la naturaleza de la acción de tutela, la cual se define como un mecanismo subsidiario para la protección de derechos fundamentales, y por lo tanto cuando existen otros medios idóneos de defensa es improcedente, toda vez que el espíritu de la misma no es suplir o adicionar instancias a los procesos y recursos que ordinariamente deben ser utilizados.

20. Sin embargo, la Corte admitió la procedencia excepcional para el cobro de acreencias laborales, cuando se demuestra que el incumplimiento de las mencionadas obligaciones, vulnera o amenaza los derechos fundamentales de los accionantes al mínimo vital, a la seguridad social o la vida digna

21. De esta manera, la acción de amparo procede para la reclamación efectiva de aquellas acreencias laborales que constituyan fuente de recursos económicos que permiten sufragar las necesidades básicas, personales y familiares de la persona afectada[1].

22. En lo referente a la afectación al mínimo vital y su directo menoscabo por el incumplimiento en el pago de acreencias laborales, la Corte Constitucional en sentencia T-148/02, estableció una serie de criterios para determinar la procedencia de la acción constitucional

(i) existencia de un incumplimiento salarial; (ii) el incumplimiento afecta el mínimo vital del trabajador; (iii) se presume la  afectación al mínimo vital, si el incumplimiento es prolongado o indefinido; (iv) se entiende por incumplimiento prolongado o indefinido, aquel que se extiende por más de dos meses, con excepción de aquella remuneración equivalente a un salario mínimo; y (v) los argumentos fundamentados en problemas de índole económico, presupuestal o financieros no justifican el incumplimiento salarial.


23. En conclusión, la acción de tutela, como mecanismo subsidiario de protección de derechos fundamentales, es improcedente cuando se pretende el cobro de acreencias laborales, pues la persona dispone de otro medio de defensa judicial para reclamarlas. Sin embargo, cuando se demuestre que dicho medio judicial no es idóneo, ni eficaz para la protección de derechos fundamentales, o se está ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable, se procederá a resolver el conflicto por medio de la acción de tutela. En ambos casos, la prosperidad de la acción queda supeditada a que la persona logre demostrar la vulneración o el riesgo a su mínimo vital, o que éste se pueda presumir partiendo de los supuestos que la Corte ha reiterado para el efecto.

24. Caso Concreto: En el sub examine dígase preliminarmente que no se cumplen los requisitos previstos en la jurisprudencia para conceder el amparo transitorio invocado por los accionantes, porque se evidencia de las certificaciones expedidas por el área de Talento Humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial[2], que prestan sus servicios a la Rama Judicial desde el año 2010, es decir, han percibido salarios y prestaciones en forma periódica, por lo que cuentan con los medios necesarios para su subsistencia.

25. Tampoco obra prueba alguna que permita evidenciar que el incumplimiento ha sido prolongado en el tiempo, es decir, superior a dos meses, como lo indica la jurisprudencia, pues nótese que reclaman el salario del mes de febrero[3] y ninguno de ellos devenga el salario mínimo legal; menos aún se puede señalar que la retención es injustificada.

26. A dicha conclusión se arriba, si en cuenta se tiene que el motivo que acarreó que se adelantaran las respectivas deducciones salariales por parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial fue el cese de actividades o asambleas permanentes convocadas por la Organización Sindical “Vocero Judicial”, que iniciaron el 13 de enero y se prolongaron durante el mes de febrero y marzo, cuando por intermedio de la Fuerza Pública se autorizó el ingreso a los usuarios[4].

27. Así las cosas, refulge evidente que la situación presentada trajo consigo la imposibilidad de prestar el servicio de acceso a la administración de justicia cuando se impidió a los usuarios el ingreso a las sedes judiciales, tal y como fue informado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y los Inspectores del trabajo que certificaron la presencia de los empleados judiciales en cada edificio pero la imposibilidad absoluta de acceso al público.

28. Esta circunstancia conllevó a que el 11 de marzo de 2016 el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración judicial radicaron demanda de declaratoria de ilegalidad del paro colectivo de actividades de los funcionarios de la Rama Judicial[5] y mediante fallo de tutela del 11 de febrero de 2016 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, se pronunciara sobre el particular, cuando tuteló  a favor de dos usuarios el derecho de acceso efectivo a la administración de justicia, ordenando al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura  que estimulara el trabajo de concertación en las mesas con las asociaciones sindicales para finiquitar el conflicto y garantizar la prestación efectiva del servicio[6].

29. Para la Sala es evidente que la Dirección Seccional tuvo soporte legal para retener el salario a los accionantes, al existir prueba suficiente de la falta de prestación del servicio a los usuarios de la administración de justicia a causa del cese de actividades de los empleados de la Rama Judicial, máxime cuando la jurisprudencia laboral ha dispuesto que el pago de salarios es posible únicamente frente a pruebas que permitan certeza judicial sobre la prestación efectiva del servicio, pues el salario es la contraprestación directa de éste y no se causa –salvo excepciones– durante los períodos en los cuales la ejecución del contrato está suspendida, lo que ocurre, en casos como el presente, cuando se desarrolla una huelga.

30. Carencia actual de objeto en la acción de tutela al habérseles cancelado los salarios adeudados. La Corte Constitucional ha enfatizado que si durante el trámite de la acción de tutela la vulneración o amenaza a los derechos fundamentales desaparece la tutela pierde su razón de ser, pues bajo esas condiciones no existiría una orden que impartir ni un perjuicio que evitar[7].

31. En el presente caso se tiene que, tal y como lo informó la Dirección accionada, en aras de garantizar los derechos de sus trabajadores, optó por solicitar a cada nominador una certificación de la prestación del servicio por parte de sus empleados y autorizar el pago de salarios, encontrando que para el especifico caso de los aquí accionantes se efectúo la cancelación de la nómina correspondiente al mes reclamado, como se evidencia de los soportes allegados[8].

32. Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que en el presente asunto se está frente a un hecho superado, porque la situación que originó la acción de tutela ya desapareció al recibir los accionantes el salario correspondiente al mes de febrero de 2016.

33. Cuestión adicional. Pese a demostrarse en la actuación que el acceso de los ciudadanos a las sedes judiciales fue entorpecido por el cierre de los edificios, lo que implica no se prestó la función que debían cumplir los servidores públicos empece de lo cual se les pagó normalmente la remuneración mensual, situación a partir de la cual posiblemente se ha generado un detrimento patrimonial en contra del Estado, se dispone compulsar copias de toda la actuación para que la Contraloría General de la República determine lo que en derecho corresponda.

DECISIÓN:

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE


1º.   DECLARAR improcedente la acción de tutela.


2º. COMPULSAR las copias anunciadas.

3º. ANUNCIAR que contra esta sentencia procede impugnación.

4º. Si no se presenta impugnación, ENVIAR la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

5º.  NOTIFICAR la providencia a las partes por el medio más expedito.

Cópiese y cúmplase.


Alberto Poveda Perdomo
Luis Fernando Ramírez Contreras
Ramiro Riaño Riaño







[1] Sentencias T-426/92, T-063/95 y T-437/96.
[2] Ver folios 12 y 13 cuaderno de tutela.
[3] Ver libelo de la acción folio 6
[4] Ver respuesta Presidente Sindicato “El vocero Judicial”
[5] Ver folio 100, cuaderno de tutela.
[6] Ver folios 128 a 146, cuaderno de tutela.
[7] Corte Constitucional, Sentencias T-608/02.
[8] Ver respuesta Dirección Seccional de Administración Judicial, folio 301

2015/06/12

Reforma Constitucional para el equilibrio de poderes - Texto conciliado por los delegados de Senado y Cámara



Bogotá, D.C. 10 de Junio de 2015


Doctores
JOSE DAVID NAME CARDOZO
Presidente
SENADO DE LA REPÚBLICA

FABIO AMIN SALEME
Presidente
CÁMARA DE REPRESENTANTES
Ciudad



REF:   Informe de Conciliación al Proyecto de Acto Legislativo No.18/14 Senado  (acumulado con los Nos.02/14, 04/14, 05/14 y 06/14, 12/14) Senado – 153/14 Cámara “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UNA REFORMA DE EQUILIBRIO DE PODERES Y REAJUSTE CONSTITUCIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
                                            


Respetados Presidentes:

En consideración a la designación efectuada por las Presidencias del Senado de la República y la Cámara de Representantes y con base en lo dispuesto en los artículos 161 de la Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos Senadores y Representantes, miembros de la Comisión Accidental de Mediación, nos permitimos someter a consideración de las respectivas Plenarias, el texto que debidamente analizado hemos decidido acoger.

Con el fin de cumplir con el honroso encargo, nos hemos reunido para analizar y estudiar el texto que a continuación presentamos, en los siguientes términos:

Se identificaron los artículos sobre los cuales no hay diferencias y aquellos en los cuales no hay mayor controversia y se decidió preferiblemente analizar artículo por artículo.

Se encontró que no existen diferencias en los siguientes artículos:

ARTICULO 127 Constitucional que corresponde al Artículo 3 tanto de Senado como de Cámara.

ARTICULO 204 Constitucional que corresponde a los Artículos 9 en Senado y 13 en Cámara.

ARTICULO 241 Constitucional que corresponde a los Artículos 13 en Senado y 17 en Cámara.

ARTICULO 267 Constitucional que corresponde a los Artículos 21 en Senado y 25 en Cámara

ARTICULO 283 Constitucional que corresponde a los Artículos en 24 Senado y 28 en Cámara.

Los Artículos que a continuación se relacionan fueron objeto de Conciliación:

ARTICULO 1° TANTO EN SENADO COMO EN LA CAMARA: Que modifica el Art. 112 de la Constitución Política, se acogió por unanimidad el texto aprobado en segunda vuelta por la Cámara de Representantes.

ARTICULO 2° TANTO EN SENADO COMO EN LA CAMARA: Que modifica el Art. 126 de la Constitución Política, sometido a discusión se presentó consenso en todo el artículo aprobado en segunda vuelta por la Cámara de Representantes, salvo en el último inciso, en el cual la Representante Angélica Lozano y el Senador Benedetti, solicitaron acoger el texto aprobado en la Plenaria del Senado de la República.  El resultado de la votación quedó así:

H.S. HORACIO SERPA URIBE                                      VOTA TEXTO SENADO
H.S. HERNAN ANDRADE SERRANO                         VOTA TEXTO CAMARA
H.S. ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA                  VOTA TEXTO SENADO

H.R. ANGELICA LOZANO CORREA                             VOTA TEXTO SENADO
H.R. HERNAN PENAGOS GIRALDO                            VOTA TEXTO CAMARA
H.R. JULIAN BEDOYA PULGARIN                               VOTA TEXTO CAMARA

En consecuencia la votación fue así: 4 votos por el texto de la Cámara y 2 votos por el texto de Senado.

ARTICULO 4° TANTO EN SENADO COMO EN LA CAMARA: Que modifica el Artículo 134 de la Constitución Política.  Sometido a votación se acogió por unanimidad el texto aprobado en segunda vuelta por la Cámara de Representantes. Para un total de 6 votos.

ARTICULO 6° DE CAMARA – EN SENADO NO SE INCLUYO ESTE ARTICULO CONSTITUCIONAL. Que modifica el Artículo 172 de la Constitución. Sometido a consideración se elimina este artículo del Informe de Conciliación.

ARTICULO 5° EN SENADO Y 7° EN CÁMARA: Que modifica el Artículo 174 de la Constitución Política.  Sometido a consideración se acoge por la Mayoría de los Asistentes, la votación fue la siguiente:


H.S. HORACIO SERPA URIBE                                      VOTA TEXTO CAMARA
H.S. HERNAN ANDRADE SERRANO                         VOTA TEXTO CAMARA
H.S. ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA                  VOTA TEXTO CAMARA

H.R. ANGELICA LOZANO CORREA                             VOTA TEXTO CAMARA
H.R.HERNAN PENAGOS GIRALDO                             VOTA TEXTO CAMARA
H.R. JULIAN BEDOYA PULGARIN                               NO VOTA ESTE ARTICULO

En consecuencia la votación es la siguiente: 5 Votos por el texto de la Cámara

ARTICULO 8° DE CAMARA – EN SENADO NO SE INCLUYO ESTE ARTICULO CONSTITUCIONAL: Que modifica el Artículo 176 de la Constitución Política.  Sometido a consideración la Representante Angélica Lozano, vota negativo y solicita dejar constancia que le preocupa la representación política de los más de  5 millones de Colombianos que viven en el exterior.  Igualmente solicita se tenga el cuidado de implementar esta representación política para los raizales porque hoy por hoy las curules no pertenecen a estas etnias. Sometido a votación el resultado es el siguiente:

H.S. HORACIO SERPA URIBE                                      VOTA TEXTO CAMARA
H.S. HERNAN ANDRADE SERRANO                         VOTA TEXTO CAMARA
H.S. ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA                  VOTA TEXTO CAMARA

H.R. ANGELICA LOZANO CORREA                             VOTA NEGATIVO
H.R.HERNAN PENAGOS GIRALDO                             VOTA TEXTO CAMARA
H.R. JULIAN BEDOYA PULGARIN                               VOTA TEXTO CAMARA

En consecuencia la votación es la siguiente: 5 votos por el texto de Cámara y un voto negativo.


ARTICULO 6 EN SENADO Y 9 EN CAMARA: Que modifica el Artículo 178 de la Constitución Política.  Sometido a consideración se acoge por la Mayoría de los Asistentes, el texto aprobado en segunda vuelta por la Cámara de Representantes. la votación fue la siguiente:


HORACIO SERPA URIBE                                               VOTA TEXTO CAMARA
HERNAN ANDRADE SERRANO                                  VOTA TEXTO CAMARA
ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA               VOTA TEXTO CAMARA

ANGELICA LOZANO CORREA                          VOTA TEXTO CAMARA
HERNAN PENAGOS GIRALDO                         VOTA TEXTO CAMARA
JULIAN BEDOYA PULGARIN                             NO VOTA ESTE ARTICULO

En consecuencia la votación es la siguiente: 5 Votos por el texto de la Cámara

ARTICULO 7 EN SENADO Y 10 EN CAMARA : Que modifica el Artículo 178 A de la Constitución Política.  Sometido a consideración se dejan las siguientes constancias:
El Senador Benedetti manifiesta no estar de acuerdo con la doble instancia
El Senador Andrade manifiesta que mantener la responsabilidad de carácter político es imprescindible en el sistema de aforamiento que se plantea.

El Representante Hernán Penagos está de acuerdo con esta posición, pero también indica que es importante que exista la responsabilidad disciplinaria.

Existe consenso por parte de los Conciliadores en el sentido de establecer que la Comisión de Aforados esté compuesta por 5 miembros, tal como lo aprobó el Senado de la República, en este orden de ideas se acoge la totalidad del inciso aprobado en octavo debate por la Cámara de Representantes con el número de miembros aprobados por el Senado, es decir 5 en total.

Respecto del Parágrafo transitorio de este artículo el Senador Andrade y la Representante Angélica Lozano indican que es fundamental el apoyo económico por parte del Gobierno a la actual Comisión de Acusaciones, con el propósito de que ésta pueda evacuar los procesos durante el año de transitoriedad que le corresponde.  Sometido a votación se acoge por unanimidad el texto aprobado en segunda vuelta por la Cámara, salvo el número de integrantes de la Comisión de Aforados que se adoptó como ya se dijo el numero aprobado en segunda vuelta por el Senado.

ARTICULO 8 EN SENADO Y 12 EN CAMARA: Que modifica el Artículo 197 de la Constitución Política. Sometido a consideración se acoge por la Mayoría de los Asistentes, la votación fue la siguiente:


H.S. HORACIO SERPA URIBE                                          VOTA TEXTO CAMARA
H.S. HERNAN ANDRADE SERRANO                               VOTA TEXTO CAMARA
H.S. ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA                       VOTA TEXTO SENADO

H.R. ANGELICA LOZANO CORREA                                 VOTA TEXTO CAMARA
H.R. HERNAN PENAGOS GIRALDO                                VOTA TEXTO CAMARA
H.R. JULIAN BEDOYA PULGARIN                                    VOTA TEXTO CAMARA

En consecuencia la votación es la siguiente: 5 Votos por el texto de la Cámara y un voto por el texto del Senado.

ARTICULO 10 EN SENADO Y 14 EN CAMARA: Que modifica el Artículo 231 de la Constitución Política. Sometido a votación se acoge por unanimidad el texto aprobado en segunda vuelta por la Cámara de Representantes.

ARTICULO 11 EN SENADO Y 15 EN CAMARA: Que modifica el Artículo 232 de la Constitución Política.  Sometido a consideración se acoge por la Mayoría de los Asistentes, la votación fue la siguiente:


HORACIO SERPA URIBE                                      VOTA TEXTO CAMARA
HERNAN ANDRADE SERRANO                           VOTA TEXTO CAMARA
ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA                   VOTA TEXTO CAMARA

ANGELICA LOZANO CORREA                              VOTA TEXTO SENADO
HERNAN PENAGOS GIRALDO                             VOTA TEXTO CAMARA
JULIAN BEDOYA PULGARIN                                VOTA TEXTO CAMARA

En consecuencia la votación es la siguiente: 5 Votos por el texto de la Cámara y un voto por el texto del Senado.

ARTICULO 12 EN SENADO - EN CAMARA NO SE INCLUYO ESTE ARTICULO CONSTITUCIONAL. Que modifica el Articulo 233 de la Constitución Política. Sometido a consideración la Comisión decidió eliminarlo por unanimidad.

ARTICULO 16 EN CAMARA – EN SENADO NO SE INCLUYO ESTE ARTICULO CONSTITUCIONAL.  Que modifica el Artículo 235 de la Constitución Política.  Sometido a votación se acogió por unanimidad el texto aprobado en segunda vuelta por la Cámara de Representantes.

ARTICULO 14 EN SENADO Y 18 EN CAMARA. Que modifica el Artículo 254 de la Constitución Política.  Sometido a discusión el Senador Andrade deja constancia que le preocupa el tema de la eliminación de la condición de ”no permanente”, sobre el Consejo de Gobierno Judicial,  por considerar que podría convertirse en una nueva Sala Administrativa. La votación se acogió de la siguiente manera:
HORACIO SERPA URIBE                                      VOTA TEXTO CAMARA
HERNAN ANDRADE SERRANO                           VOTA TEXTO SENADO
ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA                   VOTA TEXTO CAMARA
ANGELICA LOZANO CORREA                              VOTA TEXTO CAMARA
HERNAN PENAGOS GIRALDO                             VOTA TEXTO CAMARA
JULIAN BEDOYA PULGARIN                                VOTA TEXTO CAMARA

En consecuencia la votación es la siguiente: 5 Votos por el texto de la Cámara y un voto por el texto del Senado.

ARTICULO 15 EN SENADO Y 19 EN CAMARA. Que modifica el Artículo 255 de la Constitución Política.  Sometido a votación se acoge por unanimidad el texto aprobado en segunda vuelta por la Cámara de Representantes.

ARTICULO 16 EN SENADO Y 20 EN CAMARA. Que modifica el Artículo 256 de la Constitución Política.  Sometido a votación se acogió por unanimidad la derogación de este artículo aprobada en segunda vuelta por la Cámara de Representantes.

ARTICULO 17 EN SENADO Y 21 EN CAMARA - ARTÍCULO TRANSITORIO DEL ACTO LEGISLATIVO.  Sometido a votación se aprobó por unanimidad el texto aprobado en segunda vuelta por la Cámara de Representantes.

ARTICULO 18 EN SENADO Y 22 EN CAMARA. Que modifica el Artículo 257 de la Constitución Política.  Sometido a votación se aprobó por unanimidad el texto aprobado en segunda vuelta por la Cámara de Representantes.

ARTICULO 19 EN SENADO Y 23 EN CAMARA.  Que modifica el Artículo 263 de la Constitución Política.  Sometido a discusión la Comisión de Conciliación decidió acoger por unanimidad el texto aprobado en segunda vuelta por la Cámara, salvo el último inciso el cual corresponde al último inciso del mismo artículo aprobado en segunda vuelta por el Senado de la República.

ARTICULO 20 EN SENADO Y 24 EN CAMARA.  Que modifica el Artículo 263A de la Constitución Política.  Sometido a votación se acoge el texto aprobado en segunda vuelta por la Cámara de Representantes.  Se deja constancia que el Senador Benedetti, se retira por tener que asistir a la rendición de cuentas en la Comisión Constitucional a la cual pertenece.

ARTICULO 22 EN SENADO Y 26 EN CAMARA. Que modifica el Artículo 272 de la Constitución Política.  Sometido a votación se acoge por unanimidad el texto aprobado en segunda vuelta por la Cámara de Representantes.

ARTICULO 23 EN SENADO Y 27 EN CAMARA. Que modifica el Artículo 281 de la Constitución Política.  Sometido a votación se acoge por unanimidad el texto aprobado en segunda vuelta por la Cámara de Representantes.

ARTICULO 25 EN SENADO Y 29 EN CAMARA. Sobre concordancias, vigencias y derogatorias.  Sometido a votación se acoge por unanimidad el texto aprobado en segunda vuelta por la Cámara de Representantes.

HERNAN ANDRADE SERRANO                           ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA
Senador de la República                                  Senador de la República

HORACIO SERPA URIBE                                  ANGELICA LOZANO CORREA
Senador de la República                                  Representante a la Cámara

HERNAN PENAGOS   GIRALDO                         JULIAN BEDOYA PULGARIN
Representante a la Cámara                             Representante a la Cámara

GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario Ad-hoc




TEXTO CONCILIADO
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NO. 018 DE 2014 SENADO 153 DE 2014 CÁMARA ACUMULADO CON LOS PROYECTOS DE ACTO LEGISLATIVO NO. 02 DE 2014, 04 DE 2014, 05 DE 2014, 06 DE 2014 Y 12 DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UNA REFORMA DE EQUILIBRIO DE PODERES Y REAJUSTE INSTITUCIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTICULO 1º Adiciónense los incisos cuarto, quinto y sexto al artículo 112 de la Constitución Política, los cuales quedarán así:
El candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare elegido en el cargo de Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde municipal tendrá el derecho personal a ocupar una curul en el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante el período de la correspondiente corporación.
Las curules así asignadas en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes serán adicionales a las previstas en los artículos 171 y 176. Las demás curules no aumentarán el número de miembros de dichas corporaciones.
En caso de no aceptación de la curul en las corporaciones públicas de las entidades territoriales, la misma se asignará de acuerdo con la regla general de asignación de curules prevista en el artículo 263.
PARAGRAFO TRANSITORIO.  La asignación de las curules mencionadas en este artículo no será aplicable para las elecciones celebradas en el año 2015.
ARTÍCULO 2°. El artículo 126 de la Constitución Política quedará así:
Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente.
Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior.
Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos en cargos de carrera.
Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección.
Quien haya ejercido en propiedad alguno de los cargos en la siguiente lista, no podrá ser reelegido para el mismo. Tampoco podrá ser nominado para otro de estos cargos, ni ser elegido a un cargo de elección popular, sino un año después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones:
Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Miembro de la Comisión de Aforados, Miembro del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República  y Registrador Nacional del Estado Civil.
ARTÍCULO 3°. Deróguense los incisos 5° y 6° del artículo 127 de la Constitución Política.
ARTÍCULO 4°. El artículo 134 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 134. Los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley, por los candidatos no elegidos que, según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral.
En ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública; contra los mecanismos de participación democrática, ni por  Delitos de Lesa Humanidad. Tampoco quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos, ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos.
Para efectos de conformación de quórum se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la Corporación con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas. La misma regla se aplicará en los eventos de impedimentos o recusaciones aceptadas.
Si por faltas absolutas que no den lugar a reemplazo los miembros de cuerpos colegiados elegidos en una misma circunscripción electoral quedan reducidos a la mitad o menos, el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones para llenar las vacantes, siempre y cuando falten más de veinticuatro (24) meses para la terminación del periodo.
Parágrafo Transitorio. Mientras el legislador regula el régimen de reemplazos, se aplicarán las siguientes reglas: i) Constituyen faltas absolutas que dan lugar a reemplazo la muerte; la incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo; la declaración de nulidad de la elección; la renuncia justificada y aceptada por la respectiva corporación; la sanción disciplinaria consistente en destitución, y la pérdida de investidura; ii) Constituyen faltas temporales que dan lugar a reemplazo, la licencia de maternidad y la medida de aseguramiento privativa de la libertad por delitos distintos a los mencionados en el presente artículo.
La prohibición de reemplazos se aplicará para las investigaciones judiciales que se iniciaron a partir de la vigencia del Acto Legislativo número 01 de 2009, con excepción del relacionado con la comisión de delitos contra la administración pública que se aplicará para las investigaciones que se inicien a partir de la vigencia del presente acto legislativo.
ARTÍCULO 5°. El artículo 174 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 174. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces y contra los miembros de la Comisión de Aforados, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, será competente para conocer los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.
ARTÍCULO 6º. Modifíquense los incisos segundo y cuarto del artículo 176 de la Constitución Política los cuales quedarán así:

Inciso segundo
Cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformará una circunscripción territorial. Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 365.000. La circunscripción territorial conformada por el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, elegirá adicionalmente un (1) Representante por la comunidad raizal de dicho departamento, de conformidad con la ley.

Inciso cuarto
Las circunscripciones especiales asegurarán la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de los colombianos residentes en el exterior. Mediante estas circunscripciones se elegirán cuatro (4) Representantes, distribuidos así: dos (2) por la circunscripción de las comunidades afro-descendientes, uno (1) por la circunscripción de las comunidades indígenas, y uno (1) por la circunscripción internacional. En esta última, sólo se contabilizarán los votos depositados fuera del territorio nacional por ciudadanos residentes en el exterior.

ARTÍCULO 7°. El numeral tercero del artículo 178 de la Constitución Política quedará así:

3. Acusar ante el Senado, previa solicitud de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los Miembros de la Comisión de Aforados.
ARTÍCULO 8°. Adiciónese a la Constitución Política el artículo 178-A:
Artículo 178-A. Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Fiscal General de la Nación serán responsables por cualquier infracción a la ley disciplinaria o penal cometida en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de estas. En todo caso, no podrá exigírseles en ningún tiempo responsabilidad por los votos y opiniones emitidos en sus providencias judiciales o consultivas, proferidas en ejercicio de su independencia funcional, sin perjuicio de la responsabilidad a la que haya lugar por favorecer indebidamente intereses propios o ajenos.
Una Comisión de Aforados será competente para investigar y acusar, conforme a la ley y los principios del debido proceso, a los funcionarios señalados en el inciso anterior, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, será competente para conocer de los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.
Si la investigación se refiere a faltas disciplinarias de indignidad por mala conducta, la Comisión de Aforados adelantará la investigación y cuando hubiere lugar, presentará la acusación ante la Cámara de Representantes. En ningún caso se podrán imponer otras penas que la de suspensión o destitución del empleo. La decisión de la Cámara de Representantes podrá ser apelada ante el Senado de la República. El Congreso en ningún caso practicará pruebas. Contra la decisión del Senado no procederá ningún recurso ni acción. 
Si la investigación se refiere a delitos, la Comisión de Aforados también presentará la acusación a la Corte Suprema de Justicia, para que allí se adelante el juzgamiento.  En el caso de juicios contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los conjueces serán designados por el Consejo de Estado.
La Comisión contará con un plazo de sesenta días para presentar la acusación cuando se trate de falta disciplinaria de indignidad por mala conducta, y la Cámara de Representantes tendrá treinta días para decidir. En todo caso, la Comisión podrá continuar con la investigación de la causa criminal de haber lugar a ello y, de encontrar mérito para acusar, adelantará el trámite previsto en el inciso anterior, en el término que disponga la ley.
La Comisión estará conformada por cinco miembros, elegidos por el Congreso en Pleno para periodos personales de ocho años, de listas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial y elaboradas mediante  convocatoria pública adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial en los términos que disponga la ley.
Los miembros de la Comisión de Aforados deberán cumplir con las calidades exigidas para ser Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y estarán sujetos al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
Las Salas Plenas de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, podrán solicitar a la Comisión de Aforados la suspensión de uno de sus miembros mientras se decide la acusación por faltas disciplinarias de indignidad por mala conducta.
La ley establecerá el procedimiento para determinar la responsabilidad fiscal cuando los aforados señalados en este artículo ejerzan funciones administrativas.
Parágrafo transitorio. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral tercero del artículo 178, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes mantendrá, durante un año contado a partir de la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, la competencia para investigar los hechos ocurridos antes de la posesión de los magistrados de la Comisión de Aforados, que se le imputen a los aforados citados en este artículo y a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. La Cámara de Representantes adoptará las decisiones administrativas necesarias para que en ese lapso, los representantes investigadores puedan:
a) Dictar resolución inhibitoria en los casos que no ameriten apertura formal de investigación cuando aparezca que la conducta no ha existido, que es objetivamente atípica, que la acción penal no puede iniciarse o que está demostrada una causal de ausencia de responsabilidad.
b) Remitir la investigación a la autoridad competente si se trata de hechos cometidos por fuera del ejercicio de sus funciones y el investigado hubiere cesado en el ejercicio de su cargo.
c) Ordenar la apertura de investigación cuando se encuentren dados los supuestos legales que lo ameriten y remitirla a la Comisión de Aforados para que asuma el proceso.
d) Presentar la acusación ante la Plenaria de la Cámara de Representantes en relación con investigaciones abiertas, cuando se encuentren dados los supuestos legales que lo ameriten.
e) Remitir a la Comisión de Aforados todas las demás investigaciones, en el estado en que se encuentren, incluidas las adelantadas contra los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.
Mientras la ley no adopte el procedimiento aplicable, la Comisión de Aforados se regirá por el régimen procesal utilizado en las investigaciones que adelanta la Comisión de Investigación y Acusación y las normas que lo sustituyan y lo modifiquen.
ARTÍCULO 9. El artículo 197 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 197. No podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición no cobija al Vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma continua o discontinua, durante el cuatrienio. La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente.
No podrá ser elegido Presidente de la República o Vicepresidente quien hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179, ni el ciudadano que un año antes de la elección haya tenido la investidura de Vicepresidente o ejercido cualquiera de los siguientes cargos:
Ministro, Director de Departamento Administrativo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Miembro de la Comisión de Aforados o del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Comandantes de las Fuerzas Militares, Auditor General de la Republica, Director General de la Policía, Gobernador de Departamento o Alcalde.
ARTÍCULO 10. Elimínense los incisos segundo y tercero del artículo 204 de la Constitución Política.
ARTÍCULO 11. El artículo 231 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 231. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva Corporación, previa audiencia pública, de lista de diez elegibles enviada por el Consejo de Gobierno Judicial tras una convocatoria pública reglada de conformidad con la ley y adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial.
En el conjunto de procesos de selección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se atenderá el criterio de equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional, de la Rama Judicial y de la academia.
La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado reglamentarán la fórmula de votación y el término en el cual deberán elegir a los Magistrados que conformen la respectiva corporación.
ARTÍCULO 12. Modifíquese el numeral cuarto del artículo 232 de la  Constitución Política, el cual quedará así:

4. Haber desempeñado, durante quince años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. Para el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la cátedra universitaria deberá haber sido ejercida en disciplinas jurídicas relacionadas con el área de la magistratura a ejercer.
ARTÍCULO 13. El numeral cuarto del artículo 235 de la Constitución Política quedará así:

4. Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal General de la Nación o de sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, al Vicepresidente de la República a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales; a los Directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor General de la República, a los Embajadores y jefe de misión diplomática o consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen.
ARTÍCULO 14. Agréguese un numeral 12 y modifíquese el 11 del artículo 241 de la Constitución Política los cuales quedarán así:
11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
12. Darse su propio reglamento.
ARTÍCULO 15. El artículo 254 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 254. El gobierno y la administración de la Rama Judicial estarán a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial. Estos órganos ejercerán las funciones que les atribuya la ley con el fin de promover el acceso a la justicia, la eficiencia de la Rama Judicial, la tutela judicial efectiva y la independencia judicial.
El Consejo de Gobierno Judicial es el órgano, encargado de definir las políticas de la Rama Judicial de acuerdo con la ley y postular las listas y ternas de candidatos que la Constitución le ordene. También corresponde al Consejo de Gobierno Judicial regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador; expedir el reglamento del sistema de carrera judicial y de la Comisión de Carrera Judicial, cuya función será la vigilancia y control de la carrera; aprobar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que deberá ser remitido al Gobierno;  aprobar el mapa judicial; definir la estructura orgánica de la Gerencia de la Rama Judicial; supervisar a esta entidad, y rendir cuentas por su desempeño ante el Congreso de la República.
El Consejo de Gobierno Judicial estará integrado por nueve miembros: los presidentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; el gerente de la Rama Judicial, quien deberá ser profesional con veinte años de experiencia, de los cuales diez deberán ser en administración de empresas o en entidades públicas, y será nombrado por el Consejo de Gobierno Judicial para un período de cuatro años; un representante de los magistrados de los Tribunales y de los jueces, elegido por ellos para un periodo de cuatro años; un representante de los empleados de la Rama Judicial elegido por estos para un periodo de cuatro años; tres miembros permanentes de dedicación exclusiva, nombrados por los demás miembros del Consejo de Gobierno Judicial, para un período de cuatro años. Ninguno de los miembros del Consejo de Gobierno Judicial podrá ser reelegido.
Los miembros permanentes de dedicación exclusiva mencionados en el inciso anterior estarán  encargados de la planeación estratégica de la Rama Judicial y de proponer al Consejo de Gobierno  Judicial, para su aprobación, las políticas públicas de la Rama Judicial. Deberán tener diez años de experiencia en diseño, evaluación o seguimiento de políticas públicas, modelos de gestión o administración pública. En su elección se deberá asegurar la diversidad de perfiles académicos y profesionales. 
La ley estatutaria podrá determinar los temas específicos para los cuales los ministros del despacho los directores de departamento administrativo, el Fiscal General de la Nación, así como representantes de académicos y de los abogados litigantes participarán en las reuniones del Consejo de Gobierno Judicial.
ARTÍCULO 16. El artículo 255 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 255. La Gerencia de la Rama Judicial es un órgano subordinado al Consejo de Gobierno Judicial y estará organizada de acuerdo con el principio de desconcentración territorial.
La Gerencia de la Rama Judicial es la encargada de ejecutar las decisiones del Consejo de Gobierno Judicial, proveer apoyo administrativo y logístico a este órgano, administrar la Rama Judicial, elaborar para aprobación del Consejo de Gobierno Judicial el proyecto de presupuesto que deberá ser remitido al Gobierno, y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso, elaborar planes y programas para aprobación del Consejo de Gobierno Judicial, formular modelos de gestión e implementar los modelos procesales en el territorio nacional,  administrar la Carrera Judicial, organizar la Comisión de Carrera Judicial, realizar los concursos y vigilar el rendimiento de los funcionarios y los despachos. El Gerente de la Rama Judicial representará legalmente a la Rama Judicial.  Ejercerá las demás funciones que le atribuya la ley.
ARTÍCULO 17. Deróguese el artículo 256 de la Constitución Política.
ARTÍCULO 18. Transitorio. El Gobierno Nacional deberá presentar antes de 1 de octubre de 2015 un proyecto de ley estatutaria para regular el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración judicial.
Las siguientes disposiciones regirán hasta que entre en vigencia dicha ley estatutaria:
1. Los órganos de gobierno y administración judicial serán conformados así:
a) Los miembros del Consejo de Gobierno Judicial deberán ser designados o electos dentro de dos meses contados a partir de la entrada en vigencia de este Acto Legislativo. Las elecciones del representante de los magistrados de tribunal y los jueces y del representante de los empleados judiciales serán realizadas por voto directo de sus pares de la Rama Judicial. Las elecciones serán organizadas por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.
b) Los miembros permanentes y de dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial deberán ser elegidos dentro del plazo de dos meses posteriores a la elección o designación de los demás miembros del primer Consejo de Gobierno Judicial.
Para la primera conformación del Consejo de Gobierno Judicial, uno de los tres miembros permanentes y de dedicación exclusiva será elegido para un periodo  de dos años, y otro será elegido para un período de tres años.
c) Para el primer Consejo de Gobierno Judicial, los miembros de éste, excluyendo el Gerente de la Rama Judicial, tendrán un plazo de dos meses a partir de su elección, para elegir al Gerente de la Rama Judicial.
d) La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en adelante se denominará Gerencia de la Rama Judicial y todas las dependencias de aquella formarán parte de ésta. Todas las dependencias adscritas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura pasarán a formar parte de la Gerencia de la Rama Judicial, sin perjuicio de lo que disponga la ley o el Consejo de Gobierno Judicial.
e) La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, continuarán ejerciendo sus funciones hasta que sea integrado el Consejo de Gobierno Judicial y sea elegido el Gerente de la Rama Judicial. Estos órganos deberán realizar una rendición de cuentas sobre el ejercicio de sus funciones contempladas en la ley dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo.
f) Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial continuarán ejerciendo sus funciones hasta que se expida la ley estatutaria. También ejercerán la función prevista en el artículo 85, numeral 18, de la Ley 270 de 1996.
g) Se garantizarán, sin solución de continuidad, los derechos de carrera de los Magistrados y empleados de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, mediante la incorporación, transformación o vinculación en cargos de las corporaciones judiciales o cualquier otro de igual o superior categoría, según lo defina la ley estatutaria. También se garantizan los derechos de carrera de los empleados del Consejo Superior de la Judicatura.
h) Los concursos de méritos que en la actualidad adelanta la Unidad de Carrera Judicial seguirán su trámite por parte de la Gerencia de la Rama Judicial sin solución de continuidad.
2. Mientras se expide la ley estatutaria, el Consejo de Gobierno Judicial ejercerá las funciones previstas en el artículo 79, numerales 1, 2, 4, 5, 6 y 7; artículo 85, numerales 5, 6, 9, 10, 13, 19, 22, 25, 27 y 29; artículo 88, numerales 2 y 4; y artículo 97, numerales 1 y 2 de la Ley 270 de 1996. Además reglamentará provisionalmente los procesos de convocatoria pública que deba adelantar la Gerencia de la Rama Judicial.
3. Mientras se expide la ley estatutaria, la Gerencia de la Rama Judicial ejercerá las funciones previstas en el artículo 79, numeral 3; artículo 85, numerales 1, 3, 4, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24 y 28; artículo 88, numeral 1; artículo 99, numerales 1 a 9; y será la autoridad nominadora para los cargos previstos en el artículo 131, numeral 9 de la Ley 270 de 1996. Las funciones previstas en el artículo 85, numerales 8 y 11, serán ejercidas bajo la supervisión de la Comisión de Carrera.
4. La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” ejercerá, además de las funciones ya asignadas a ella, la prevista en el artículo 85, numeral 23, de la  Ley 270 de 1996.
5. Las Altas Cortes y los Tribunales continuarán ejerciendo la función de autoridad nominadora prevista en el artículo 131, numerales 5 y 7 de la Ley 270 de 1996. En el ejercicio de esta función deberán respetar siempre las listas de elegibles.
6. La autoridad nominadora para las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial será la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La autoridad nominadora para las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, mientras subsistan, será el Consejo de Gobierno Judicial.
7. Las autoridades nominadoras previstas en el artículo 131, numerales 1, 2, 3, 4 y 8 de la Ley de 270 de 1996 continuarán ejerciendo esta función.
Quedan derogados los numerales 3, 4, 5 y 7 del artículo 97 y el numeral 6 del artículo 131 de la Ley 270 de 1996.
ARTÍCULO 19. El artículo 257 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 257. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
Estará conformada por siete Magistrados, cuatro de los cuales serán elegidos por el Congreso en Pleno de ternas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial previa convocatoria pública reglada adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial, y tres de los cuales serán elegidos por el Congreso en Pleno de ternas enviadas por el Presidente de la República, previa convocatoria pública reglada. Tendrán periodos personales de ocho años, y deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no podrán ser reelegidos.
Podrá haber Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial integradas como lo señale la ley.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados.
Parágrafo. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial no serán competentes para conocer de acciones de tutela.
Parágrafo Transitorio 1 °. Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial deberán ser elegidos dentro del año siguiente a la vigencia del presente acto legislativo. Una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura serán transformadas en Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial. Se garantizarán los derechos de carrera de los Magistrados y empleados de las salas disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura quienes continuarán conociendo de los procesos a su cargo, sin solución de continuidad.
ARTÍCULO 20. El Artículo 263 de la Constitución Política pasará a ser 262 y quedará así:
Artículo 262. Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que decidan participar en procesos de elección popular, inscribirán candidatos y listas únicas, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en la respectiva circunscripción, excepto en las que se eligen hasta dos miembros, las cuales podrán estar integradas hasta por tres (3) candidatos

La selección de los candidatos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica se hará mediante mecanismos de democracia interna, de conformidad con la ley y los estatutos. En la conformación de las listas se observarán en forma progresiva, entre otros, los principios de paridad, alternancia y universalidad, según lo determine la ley.

Cada partido o movimiento político podrá optar por el mecanismo de voto preferente. En tal caso, el elector podrá señalar el candidato de su preferencia entre los nombres de la lista que aparezcan en la tarjeta electoral. La lista se reordenará de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos por cada uno de los candidatos. La asignación de curules entre los miembros de la respectiva lista se hará en orden descendente empezando por el candidato que haya obtenido el mayor número de votos preferentes.

En el caso de los partidos y movimientos políticos que hayan optado por el mecanismo del voto preferente, los votos por el partido o movimiento que no hayan sido atribuidos por el elector a ningún candidato en particular, se contabilizarán a favor de la respectiva lista para efectos de la aplicación de las normas sobre el umbral y la cifra repartidora, pero no se computarán para la reordenación de la lista. Cuando el elector vote simultáneamente por el partido o movimiento político y por el candidato de su preferencia dentro de la respectiva lista, el voto será válido y se computará a favor del candidato.

La ley regulará la financiación preponderantemente estatal de las campañas, los mecanismos de democracia interna de los partidos, la inscripción de candidatos y listas propias o de coalición a cargos uninominales o a corporaciones públicas, la administración de recursos y la protección de los derechos de los aspirantes. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas.

ARTÍCULO 21. El artículo 263A de la Constitución Política pasará a ser el 263 y quedará así:
Para garantizar la equitativa representación de los Partidos y Movimientos Políticos y grupos significativos de ciudadanos, las curules de las Corporaciones Públicas se distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora entre las listas de candidatos que superen un mínimo de votos que no podrá ser inferior al tres por ciento (3%) de los votos válidos para Senado de la República o al cincuenta por ciento (50%) del cuociente electoral en el caso de las demás Corporaciones, conforme lo establezcan la Constitución y la Ley.
La cifra repartidora resulta de dividir sucesivamente por uno, dos, tres o más, el número de votos por cada lista ordenando los resultados en forma decreciente hasta que se obtenga un número total de resultados igual al número de curules a proveer. El resultado menor se llamará cifra repartidora. Cada lista obtendrá tantas curules como veces esté contenida la cifra repartidora en el total de sus votos.

En las circunscripciones en las que se eligen dos miembros se aplicará el sistema de cuociente electoral entre las listas que superen en votos el 30% de dicho cuociente. En las circunscripciones en las que se elige un miembro, la curul se adjudicará a la lista mayoritaria.

Cuando ninguna de las listas supere el umbral, las curules se distribuirán entre todas las inscritas, de acuerdo con la regla de asignación que corresponda.

ARTÍCULO 22. Modifíquense los incisos quinto y sexto del artículo 267 de la Constitución Política los cuales quedarán así:
Inciso quinto
El Contralor será elegido por el Congreso en Pleno, por mayoría absoluta, en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del Presidente de la República, de lista de elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución y no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo.
Inciso sexto
Solo el Congreso puede admitir la renuncia que presente el Contralor y proveer las faltas absolutas y temporales del cargo.
ARTÍCULO 23. Modifíquense los incisos cuarto y octavo del artículo 272 de la Constitución Política.
Inciso Cuarto:
Los Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, mediante convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para periodo igual al del Gobernador o Alcalde, según el caso.
Inciso Octavo:
No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea o Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal.
ARTÍCULO 24. El artículo 281 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 281. El Defensor del Pueblo ejercerá sus funciones de manera autónoma. Será elegido por la Cámara de Representantes para un periodo institucional de cuatro años de terna elaborada por el Presidente de la República.
ARTÍCULO 25. El artículo 283 de la Constitución Política  quedará así:
Artículo 283. La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo como ente autónomo administrativa y presupuestalmente.
ARTÍCULO 26. Concordancias, vigencias y derogatorias.

Sustitúyase la expresión "Consejo Superior de la Judicatura" por la de "Comisión Nacional de Disciplina Judicial" en el artículo 116 de la Constitución Política.

Sustitúyase la expresión "Consejo Superior de la Judicatura" por la de "Consejo de Gobierno Judicial" en el artículo 156 de la Constitución Política.

Elimínese la expresión "y podrán ser reelegidos por una sola vez" en el artículo 264 de la Constitución Política.

Elimínese la expresión "Podrá ser reelegido por una sola vez y" en el artículo 266 de la Constitución Política.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes mencionada en el artículo 178 de la constitución Política, no será una de las comisiones permanentes previstas en el artículo 142 de la misma.

Sustitúyase la expresión "Consejo Superior de la Judicatura" con "Consejo de Gobierno Judicial" en el artículo 341 de la Constitución Política.

Sustitúyase el encabezado del Capítulo 7º del Título VIII con el de "Gobierno y Administración de la Rama Judicial".
Deróguese el artículo 261 de la Constitución Política y reenumérese el artículo 262 que pasará a ser el 261.
El presente Acto Legislativo rige a partir de su promulgación.

HERNAN ANDRADE SERRANO                       ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA
Senador de la República                                Senador de la República

HORACIO SERPA URIBE                                ANGELICA LOZANO CORREA
Senador de la República                                Representante a la Cámara

HERNAN PENAGOS GIRALDO                        JULIAN BEDOYA PULGARIN
Representante a la Cámara                            Representante a la Cámara

GREGORIO ELJACH PACHECO

Secretario Ad-hoc