2005/08/02

ACCIONES CONSTITUCIONALES

Se regula el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad
PONENCIA MODIFICATORIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 111 DE 2002 CÁMARA.
Gaceta del Congreso, 258, 6 de junio de 2003
por la cual se regula el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.
Bogotá, D. C., enero de 2003
Doctor
IVAN DIAZ MATEUS
Cámara de Representantes
Presidente Comisión Primera Constitucional
Ciudad
Referencia: Ponencia modificatoria, para primer debate del Proyecto de ley 111 de 2002 Cámara.
De conformidad al encargo impartido por usted, procedo a presentar el Informe de Ponencia para Primer Debate del Proyecto de ley 111 de 2002, por la cual se regula el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.
La Constitución Política es expresión y origen de la voluntad estatal, pero a la vez es un límite real para el poder de las autoridades titulares de los órganos del Estado. Es y debe ser vista como el mecanismo condensador del consenso mínimo de los ciudadanos sobre las normas que regulan la organización de poderes y que definen los derechos y deberes de los particulares para garantizar su convivencia, lo que la articula como el elemento fundamental de cohesión interna del ordenamiento jurídico.
Es esto, lo que realmente hace que sea considerada como norma normarum, es decir, como la norma a la cual deben estar supeditadas, tanto la expedición como la aplicación e interpretación de las demás normas jurídicas, en aras a garantizar aquello que se ha denominado seguridad jurídica.
La supremacía de la Constitución se representa en tanto esta, es el origen de la actividad del Estado, y en consecuencia todas las demás normas le están subordinadas, integrando obligatoriamente a los órganos de poder, ya que la Carta crea sus funciones y limita sus atribuciones, además, en el hecho en que ella como norma suprema, solo puede variarse mediante mecanismos más o menos complejos de revisión y las leyes no poseen la fuerza jurídica para cambiar sus disposiciones, y por último porque consagra verdaderas garantías procesales, es decir, los instrumentos de que dispone el asociado, para hacer valer efectivamente las libertades reconocidas en ella.
La existencia de la Constitución, como conjunto o sistema de normas no es independiente de su efectiva aplicación concreta que pretende modelar. La deliberada configuración normativa de la Constitución, exige la institucionalización de una eficiente y organizada reacción contra su incumplimiento. Dentro de este contexto teórico, es que surge la categoría del control constitucional para la salvaguarda de la supremacía de la que hemos venido hablando. Existen dos sistemas de control constitucional: el Sistema de Control Difuso que es aquel ejercido por todos y cada uno de los jueces de la república y el Sistema de Control Concentrado que es aquel ejercido por una corte o tribunal especializado con exclusión de los demás jueces y servidores públicos.
En Colombia, con la Política de 1991, se establece un sistema mixto sui generis, porque combina las características de los dos sistemas judiciales de control constitucional mencionados, ya que, por un lado, el operador jurídico, puede dejar de aplicar leyes u otras normas jurídicas que en determinado momento considere inconstitucionales, decisión que solo produce efectos inter partes, por el otro, existe un control concentrado en cabeza de la Corte Constitucional que puede declarar inexequibles las leyes y otros actos (art. 241), y también el Consejo de Estado que puede declarar la nulidad por inconstitucionalidad de los actos administrativos y de algunos decretos con fuerza de ley no asignados expresamente a la competencia de la Corte Constitucional (art. 237 ¿2).
Todo operador jurídico está llamado a ser garante y promotor de la convivencia pacífica, de ahí la necesidad que cuando la aplicación de determinada norma entre en conflicto con la Carta Política, los aplicadores de la ley hagan uso del control constitucional a través de la figura de excepción de inconstitucionalidad, cuyo ejercicio se pretende reglamentar con el Proyecto de ley 111 de 2002. Este proyecto recoge en gran medida el desarrollo jurisprudencial y doctrinal en tanto, en el país la ley no se ha ocupado de precisar los alcances de la excepción de inconstitucionalidad.
La motivación que le da origen a este proyecto es la de limitar el peligro inminente de que las autoridades administrativas no siempre versadas en los temas jurídicos, con el pretexto de una manifiesta oposición con la Constitución inaplique o se sustraigan del deber de aplicar la ley u otra norma jurídica escapando así a la comisión de un prevaricato.
Sin embargo, consideramos que el fundamento del proyecto no debe obedecer a una política restrictiva, sino por el contrario, partiendo de la gran fuerza vinculante que tiene la Constitución de 1991, los jueces o los funcionarios administrativos deben constantemente remitirse a ella y a través del desarrollo de la figura de la excepción de inconstitucionalidad se ejercitará en una mayor medida el artículo 4º ratificándose a la Constitución como norma de normas. El ejercicio de interpretación y aplicación correcta de todos los controles constitucionales conducirá a mayores niveles de justicia.
Es preciso darle un avance más significativo a la excepción de inconstitucional, permitiendo que esta forma de control se haga más efectiva y de esta manera se prevengan o se solucionen conflictos, evitando que leyes o actos administrativos sigan contrariando la Carta Política o la ley.
Con estos antecedentes y teniendo en cuenta la opinión de varios estudiosos del tema las cuales plasmamos en las siguientes anotaciones, sobre este proyecto de ley se sugiere el siguiente
PLIEGO DE MODIFICACIONES:
¿ El artículo 1º del proyecto de ley define el control de constitucionalidad por vía de excepción. Este artículo es de trascendental importancia por dos razones. La primera, es que zanja el debate sobre quiénes están facultados para hacer uso de la excepción de constitucionalidad, dejando claro que todo servidor público tiene la obligación de hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad, en los términos escritos en la misma norma. La segunda es la relacionada con la aclaración realizada en la última línea del artículo, al incluir la expresión ¿ostensible¿, lo que quiere decir que si bien es cierto cabe la excepción de inconstitucionalidad en todo caso de manifiesta contradicción entre las disposiciones constitucionales y las leyes u otras normas, con el fin de obtener la efectiva prevalencia de la Carta Política mediante su aplicación preferente (artículo 4º C.P.), ello tan sólo es posible cuando surge una oposición evidente, esto es, una verdadera e insoslayable incompatibilidad entre dos mandatos, uno de los cuales ¿el inferior¿ tiene que ceder ante el precepto constitucional, tal concepto corresponde a una oposición tan grave entre la disposición de inferior jerarquía y el ordenamiento constitucional que aquella y éste no puedan regir en forma simultánea. Así las cosas, el antagonismo entre los dos extremos de la proposición ha de ser tan ostensible que salte a la vista del intérprete, haciendo superflua cualquier elaboración jurídica que busque establecer o demostrar que existe.
Sin embargo, se sugiere la eliminación de la expresión ¿o de inaplicar¿ por no encontrar una diferencia semántica con la anterior ¿abstenerse de aplicar¿, lo que podría develar una ausencia de técnica en la elaboración del artículo al mostrarlo redundante. Por lo tanto el artículo quedaría así:
Artículo 1º. Definición de la excepción de inconstitucionalidad. La excepción de inconstitucionalidad es el mecanismo de control constitucional que consiste en la obligación que tiene todo servidor público de abstenerse de aplicar las leyes u otras normas jurídicas, que sean ostensiblemente contrarias a las disposiciones constitucionales.
¿ El artículo 2º describe la competencia para aplicar la excepción de inconstitucionalidad, en concordancia con el artículo 1º, asignando la competencia a las autoridades de todas las ramas del poder público. El parágrafo prescribe que el particular no podrá ejercer la excepción de inconstitucionalidad, pero podrá solicitar al servidor público competente que la aplique. En este punto debemos señalar que al tratarse de un medio exceptivo, la incompatibilidad entre la norma de cuya aplicación se trata y una norma constitucional debe afectar directamente un derecho particular protegido por la disposición constitucional que se dice violada. Entonces, esta solo puede ser propuesta por la persona a quien vaya a perjudicar la aplicación de la norma, por lo que la persona que alega, debe acreditar su interés particular en la no aplicabilidad de la ley. Se sugiere en el parágrafo la adici ón de la expresión ¿siempre y cuando tengan interés jurídico particular¿. Por lo que el artículo quedaría así
Artículo 2º. Competencia para aplicar la excepción de inconstitucionalidad. La excepción de inconstitucionalidad deberá ser aplicada por las autoridades de todas las Ramas del Poder Público, de oficio o a solicitud de parte interesada, cuando en ejercicio de sus competencias ordinarias o extraordinarias, deban preservar la supremacía de la Constitución Política.
Parágrafo. Los particulares no podrán ejercer la excepción de inconstitucionalidad, pero podrán solicitar al servidor público competente que haga uso de esta, siempre y cuando tengan interés jurídico particular, en ejercicio del derecho de petición, por medio de los recursos de la vía gubernativa, en la petición de revocación directa o en la interposición de los recursos ordinarios o extraordinarios dentro de un proceso judicial.
¿ El artículo 3º regula la oportunidad para aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Sin embargo, consideramos que esta debe ejercerse en cualquier tiempo; la única limitante que debe existir para la aplicación de esta figura es en el evento en que la norma que se pretende inaplicar, haya sido objeto de un pronunciamiento acerca de su constitucionalidad, por parte del órgano judicial competente. Aquí cabe aclarar que dicho pronunciamiento debe ser por las mismas razones sobre las que se alega su incumplimiento.
Por esta razón, se sugiere reemplazar la expresión ¿salvo que la norma que se pretende inaplicar haya sido demandada, caso en el cual, la autoridad sólo podrá ejercerla hasta antes de que el proceso pase a despacho para sentencia de primera instancia¿ por ¿salvo que la norma que se pretende inaplicar haya sido objeto de un pronunciamiento acerca de su constitucionalidad, por las mismas razones por las que se alega su incumplimiento, por parte del órgano judicial competente¿. Por lo que el artículo quedaría así:
Artículo 3º Oportunidad para aplicar la excepción de inconstitucionalidad. La excepción de inconstitucionalidad podrá ejercerse en cualquier tiempo, salvo que la norma que se pretende inaplicar haya sido objeto de un pronunciamiento acerca de su constitucionalidad, por las mismas razones por las que se alega su incumplimiento, por parte del órgano judicial competente¿.
¿ En el artículo 4º se sugiere, por razones de precisión y manteniendo su esencia, la siguiente redacción:
Artículo 4º Procedimiento para aplicar la excepción de inconstitucionalidad. El ejercicio de la excep ción de inconstitucionalidad deberá hacerse por medio de providencia motivada, cuando se trate de procedimientos jurisdiccionales o mediante resolución motivada cuando se trate del ejercicio de funciones administrativas, en la cual se expresen las razones por las cuales se considera que la norma inaplicada viola las disposiciones constitucionales, indicando de manera clara y expresa la disposición o disposiciones superiores que se estimen violadas en la misma providencia o resolución, la autoridad señalará las normas constitucionales que aplicará en subsidio de la norma inaplicada si a ello hubiere lugar.
¿ El artículo 5º precisa los efectos de la excepción de inconstitucionalidad, que serán individuales (Inter partes) y hacia el futuro los cuales no serán retroactivos. Por lo tanto el artículo queda igual.
¿ El artículo 6º regla el control al ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad, radicado en los recursos de la vía gubernativa y las acciones contencioso-administrativas, cuando se trate del ejercicio de funciones administrativas y en los recursos ordinarios y extraordinarios, cuando se trate de procedimientos jurisdiccionales. Este artículo queda igual al texto aprobado.
¿ El artículo 7º establece como causal de mala conducta, a título de falta gravísima, en que incurre el servidor público que haga uso indebido de la excepción de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. En este artículo no planteamos ninguna modificación.
¿ Finalmente el artículo 8º, establece la entrada en vigencia de la ley, dos meses después de la fecha de su publicación, por considerarlo un término razonable para la difusión de su contenido.
Conclusión
Es así como el proyecto objeto de este estudio, se perfila como una oportunidad de comenzar un proceso de transformación empírica del derecho constitucional dentro del país, oportunidad que debe potencializarse con una regulación abierta como la que trae este proyecto, consecuente con la estructura misma del mecanismo de la excepción de inconstitucionalidad, pues ya no es el ciudadano víctima de dominación normativa sino que le crea la necesidad de conocer el texto constitucional al igual que hace que el servidor público en todas sus actividades desarrolle los preceptos constitucionales, para convertirse en sujeto activo en su interpretación, lo que constituye un real acercamiento al concepto de democracia deliberativa.
Proposición
Por lo tanto, solicitamos a la honorable Comisión Primera, dar primer debate al Proyecto de ley 111, por la cual se regula el ejercic io de la excepción de inconstitucionalidad, junto con el pliego de modificaciones.
Atentamente,
José Ovidio Claros Polanco,
Representante a la Cámara por Bogotá

1 comment:

peter said...

quisiera saber cual es la veracidad del documento en el que se habla del que señor amin losada losada esta inhabilitado o muerte politica.

este señor aparece como aspirante a la alcaldia de Altamira huila. segun el no tiene proceso alguno que le inpida aspirar a cargo publico.

espero que la justicia o el señor que escribio este documento ponga en claridad la situacion..