2005/08/15

PROYECTOS DE LEY ESTATUTARIA SOBRE HABEAS CORPUS

Gaceta 422, 06-07-2005
TEXTO DEFINITIVO PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 284 DE 2005 SENADO, 229 DE 2004 CÁMARA
Aprobado en sesión plenaria del Senado de la Republica 16-06-2005

Artículo 1º. Definición. El hábeas corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine.
El hábeas corpus no se suspenderá, aun en los Estados de Excepción.

Artículo 2º. Competencia. La competencia para resolver solicitudes de hábeas corpus se establecerá de acuerdo con las siguientes reglas:
1. Son competentes para resolver la solicitud de hábeas corpus todos los jueces y tribunales de la rama judicial del poder público.
2. Cuando se interponga ante una Corporación, se tendrá a cada uno de sus integrantes como juez individual para resolver las acciones de hábeas corpus. Empero, si la actuación controvertida proviene de una sala o sección de una Corporación la petición de hábeas corpus se incoará ante otra sala o sección de la misma Corporación.
Si el juez al que le hubiere sido repartida la acción ya hubiere conocido con antelación sobre la actuación judicial que origina la solicitud de habeas corpus, deberá declararse impedido para resolver sobre esta y trasladar las diligencias, de inmediato, al juez siguiente -o del municipio más cercano- de la misma jerarquía, quien deberá fallar sobre la acción dentro de los términos previstos para ello.

Artículo 3º. Garantías para el ejercicio de la acción constitucional de hábeas corpus. Quien estuviera ilegalmente privado de su libertad tiene derecho a las siguientes, garantías:
1. Invocar ante cualquier autoridad judicial competente el hábeas corpus para que este sea resuelto en un término de treinta y seis (36) horas.
2. A que la acción pueda ser invocada por terceros en su nombre, sin necesidad de mandato alguno.
3. A que la acción pueda ser invocada en cualquier tiempo, mientras que la violación persista.
Para ello, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Consejo Superior de la Judicatura reglamentará un sistema de turnos judiciales para la atención de las solicitudes de hábeas corpus en el país, durante las veinticuatro (24) horas del día, los días feriados y las épocas de vacancia judicial.
4. A que la actuación no se suspenda o aplace por la interposición de días festivos o de vacancia judicial.
Sin embargo, cuando la acción constitucional se dirija contra una actuación judicial, y el Despacho donde se encuentra el expediente no esté abierto al público, los términos de la actuación se suspenderán hasta la primera hora hábil siguiente a su apertura, si el juez de hábeas corpus no cuenta con los elementos suficientes para poder decidir sobre la acción.
5. A que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación invoquen el hábeas corpus en su nombre.

Artículo 4º. Contenido de la petición. La petición de hábeas corpus deberá contener:
1. El nombre de la persona en cuyo favor se instaura la acción.
2. Las razones por las cuales se considera que la privación de su libertad es ilegal o arbitraria.
3. La fecha de reclusión y el lugar donde se encuentra la persona privada de la libertad.
4. Si se conoce, el nombre y cargo del funcionario que ha ordenado la privación de la libertad de la persona o personas en cuyo favor se actúa.
5. El nombre, documento de identidad y lugar de residencia del solicitante.
6. La afirmación, bajo la gravedad del juramento; que se considerará prestado por la presentación de la petición, de que ningún otro juez ha asumido el conocimiento de la solicitud de hábeas corpus o decidido sobre la misma.
La ausencia de uno de estos requisitos no impedirá que se adelante el trámite del hábeas corpus, si la información que se suministra es suficiente para ello.
La acción podrá ser ejercida sin ninguna formalidad o autenticación. Podrá ser entablada verbalmente. No será necesario actuar por medio de apoderado.

Artículo 5º. Trámite. En los lugares donde haya dos (2) o más autoridades judiciales competentes de la misma categoría, la petición de hábeas corpus se someterá a reparto inmediato entre dichos funcionarios. La autoridad judicial a quien corresponda conocer del hábeas corpus no podrá ser recusada en ningún caso; una vez recibida la solicitud, se podrá decretar una inspección a las diligencias que pudieren existir en el asunto que dio origen a la petición. También podrá solicitar del respectivo director del centro de reclusión, y de las autoridades que considere pertinentes, información urgente sobre todo lo concerniente a la privación de la libertad. La falta de respuesta inmediata a estas solicitudes constituirá falta gravísima.
La autoridad judicial competente procurará entrevistarse en todos los casos con la persona en cuyo favor se instaura la acción de hábeas corpus. Para ello se podrá ordenar que aquella sea presentada ante él, con el objeto de entrevistarla y verificar los hechos consignados en la petición. Con este mismo fin, podrá trasladarse al lugar donde se encuentra la persona en cuyo favor se instauró la acción, si existen motivos de conveniencia, seguridad u oportunidad que no aconsejen el traslado de la persona a la sede judicial.
Con todo, la autoridad judicial podrá prescindir de esa entrevista, cuando no la considere necesaria. Los motivos de esta decisión deberán exponerse en la providencia que decida acerca del hábeas corpus.

Artículo 6º. Decisión. Demostrada la violación de las garantías constitucionales o legales, la autoridad judicial competente inmediatamente ordenará la liberación de la persona privada de la libertad, por auto interlocutorio contra el cual no procede recurso alguno.

Artículo 7º. Impugnación. La providencia que niegue el hábeas corpus podrá ser impugnada, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la notificación. La impugnación se someterá a las siguientes reglas:
1. Presentada la impugnación, el juez remitirá las diligencias dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas al superior jerárquico correspondiente. El expediente será repartido de manera inmediata y habrá de ser fallado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.
2. Cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será sustanciado y fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de la Corporación, sin requerir de la aprobación de la sala o sección respectiva. Cada uno de los integrantes de l a Corporación se tendrá como juez individual para resolver las impugnaciones del hábeas corpus.
3. En el caso de que la petición de hábeas corpus haya sido fallada por uno de los miembros de una corporación judicial el recurso será conocido por el magistrado que le siga en turno.
4. Si el recurso se ejercita contra la decisión de hábeas corpus pronunciada por una sala o sección, su resolución le corresponderá a otra sala o sección o, en su defecto, a la sala plena de la correspondiente Corporación.

Artículo 8º. Improcedencia de las medidas restrictivas de la libertad. La persona privada de la libertad con violación de las garantías consagradas en la Constitución o en la ley, no podrá ser afectada con medida restrictiva de la libertad mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por tanto, son inexistentes las medidas que tengan por finalidad impedir la libertad del capturado cuando ella se conceda a consecuencia del hábeas corpus.

Artículo 9º. Iniciación de la investigación penal. Reconocido el hábeas corpus, la autoridad judicial compulsará copias para que el funcionario competente inicie las investigaciones a que haya lugar, sin detrimento de las acciones legales restauradoras de perjuicios que estime adelantar el afectado.

Artículo 10. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga en lo pertinente a toda aquella que le sea contraria.







Texto aprobado en SENADO
Gaceta del Congreso, 380, 16 de junio de 2005

Artículo 1º. Definición. El hábeas corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine.
El Hábeas Corpus no se suspenderá, aun en los Estados de Excepción.

Artículo 2º. Competencia. La competencia para resolver solicitudes de hábeas corpus se establecerá de acuerdo con las siguientes reglas:
1. Son competentes para resolver la solicitud de hábeas corpus todos los jueces y tribunales de la Rama Judicial del Poder Público.
2. Cuando se interponga ante una Corporación, se tendrá a cada uno de sus integrantes como juez individual para resolver las acciones de hábeas corpus. Empero, si la actuación controvertida proviene de una sala o sección de una Corporación la petición de hábeas corpus se incoará ante otra sala o sección de la misma Corporación.
Si el juez al que le hubiere sido repartida la acción ya hubiere conocido con antelación sobre la actuación judicial que origina la solicitud de hábeas corpus, deberá declararse impedido para resolver sobre esta y trasladar las diligencias, de inmediato, al juez siguiente -o del municipio más cercano- de la misma jerarquía, quien deberá fallar sobre la acción dentro de los términos previstos para ello.

Artículo 3º. Garantías para el ejercicio de la acción constitucional de hábeas corpus. Quien estuviera ilegalmente privado de su libertad tiene derecho a las siguientes garantías:
1. Invocar ante cualquier autoridad judicial competente el hábeas corpus para que este sea resuelto en un término de treinta y seis (36) horas.
2. A que la acción pueda ser invocada por terceros en su nombre, sin necesidad de mandato alguno.
3. A que la acción pueda ser invocada en cualquier tiempo, mientras que la violación persista.
Para ello, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Consejo Superior de la Judicatura reglamentará un sistema de turnos judiciales para la atención de las solicitudes de hábeas corpus en el país, durante las veinticuatro (24) horas del día, los días feriados y las épocas de vacancia judicial.
4. A que la actuación no se suspenda o aplace por la interposición de días festivos o de vacancia judicial.
Sin embargo, cuando la acción constitucional se dirija contra una actuación judicial, y el Despacho donde se encuentra el expediente no esté abierto al público, los términos de la actuación se suspenderán hasta la primera hora hábil siguiente a su apertura, si el juez de hábeas corpus no cuenta con los elementos suficientes para poder decidir sobre la acción.
5. A que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación invoquen el hábeas corpus en su nombre.

Artículo 4º. Contenido de la petición. La petición de hábeas corpus deberá contener:
1. El nombre de la persona en cuyo favor se instaura la acción.
2. Las razones por las cuales se considera que la privación de su libertad es ilegal o arbitraria.
3. La fecha de reclusión y el lugar donde se encuentra la persona privada de la libertad.
4. Si se conoce, el nombre y cargo del funcionario que ha ordenado la privación de la libertad de la persona o personas en cuyo favor se actúa.
5. El nombre, documento de identidad y lugar de residencia del solicitante.
6. La afirmación, bajo la gravedad del juramento; que se considerará prestado por la presentación de la petición, de que ningún otro juez ha asumido el conocimiento de la solicitud de hábeas corpus o decidido sobre la misma.
La ausencia de uno de estos requisitos no impedirá que se adelante el trámite del hábeas corpus, si la información que se suministra es suficiente para ello.
La acción podrá ser ejercida sin ninguna formalidad o autenticación. Podrá ser entablada verbalmente. No será necesario actuar por medio de apoderado.

Artículo 5º. Trámite. En los lugares donde haya dos (2) o más autoridades judiciales competentes de la misma categoría, la petición de hábeas corpus se someterá a reparto inmediato entre dichos funcionarios. La autoridad judicial a quien corresponda conocer del hábeas corpus no podrá ser recusada en ningún caso; una vez recibida la solicitud, se podrá decretar una inspección a las diligencias que pudieren existir en el asunto que dio origen a la petición. También podrá solicitar del respectivo director del centro de reclusión, y de las autoridades que considere pertinentes, información urgente sobre todo lo concerniente a la privación de la libertad. La falta de respuesta inmediata a estas solicitudes constituirá falta gravísima.
La autoridad judicial competente procurará entrevistarse en todos los casos con la persona en cuyo favor se instaura la acción de hábeas corpus. Para ello se podrá ordenar que aquella sea presentada ante él, con el objeto de entrevistarla y verificar los hechos consignados en la petición. Con este mismo fin, podrá trasladarse al lugar donde se encuentra la persona en cuyo favor se instauró la acción, si existen motivos de conveniencia, seguridad u oportunidad que no aconsejen el traslado de la persona a la sede judicial.
Con todo, la autoridad judicial podrá prescindir de esa entrevista, cuando no la considere necesaria. Los motivos de esta decisión deberán exponerse en la providencia que decida acerca del hábeas corpus.

Artículo 6º. Decisión. Demostrada la violación de las garantías constitucionales o legales, la autoridad judicial competente inmediatamente ordenará la liberación de la persona privada de la libertad, por auto interlocutorio contra el cual no procede recurso alguno.

Artículo 7º. Impugnación. La providencia que niegue el hábeas corpus podrá ser impugnada, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la notificación. La impugnación se someterá a las siguientes reglas:
1. Presentada la impugnación, el juez remitirá las diligencias dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas al superior jerárquico correspondiente. El expediente será repartido de manera inmediata y habrá de ser fallado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.
2. Cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será sustanciado y fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de la Corporación, sin requerir de la aprobación de la sala o sección respectiva. Cada uno de los integrantes de la Corporación se tendrá como juez individual para resolver las impugnaciones del hábeas corpus.
3. En el caso de que la petición de hábeas corpus haya sido fallada por uno de los miembros de una corporación judicial el recurso será conocido por el magistrado que le siga en turno.
4. Si el recurso se ejercita contra la decisión de hábeas corpus pronunciada por una sala o sección, su resolución le corresponderá a otra sala o sección o, en su defecto, a la sala plena de la correspondiente Corporación.

Artículo 8º. Improcedencia de las medidas restrictivas de la libertad. La persona privada de la libertad con violación de las garantías consagradas en la Constitución o en la ley, no podrá ser afectada con medida restrictiva de la libertad mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por tanto, son inexistentes las medidas que tengan por finalidad impedir la libertad del capturado cuando ella se conceda a consecuencia del hábeas corpus.

Artículo 9º. Iniciación de la investigación penal. Reconocido el hábeas corpus, la autoridad judicial compulsará copias para que el funcionario competente inicie las investigaciones a que haya lugar, sin detrimento de las acciones legales restauradoras de perjuicios que estime adelantar el afectado.

Artículo 10. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga en lo pertinente a toda aquella que le sea contraria.








Texto aprobado en CÁMARA
Gaceta del Congreso, 380, 16 de junio de 2005

Artículo 1º. Definición. El hábeas corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine.

Artículo 2º. Competencia. La competencia para resolver solicitudes de hábeas corpus se establecerá de acuerdo con las siguientes reglas:
1. Es competente para resolver la solicitud de hábeas corpus cualquier juez o corporación de la jurisdicción penal.
2. Cuando se interponga ante una Corporación, se tendrá a cada uno de sus integrantes como juez individual para resolver las acciones de hábeas corpus. Empero, si la actuación controvertida proviene de una sala o sección de una Corporación la petición de hábeas corpus se incoará ante otra sala o sección de la misma Corporación.
Si el juez al que le hubiere sido repartida la acción ya hubiere conocido con antelación sobre la actuación judicial que origina la solicitud de hábeas corpus, deberá declararse impedido para resolver sobre esta y trasladar las diligencias, de inmediato, al juez siguiente o del municipio más cercano de la misma jerarquía, quien deberá fallar sobre la acción dentro de los términos previstos para ello.

Artículo 3º. Garantías para el ejercicio de la acción constitucional de hábeas corpus. Quien estuviera ilegalmente privado de su libertad tiene derecho a las siguientes garantías:
1. Invocar ante cualquier autoridad judicial competente el hábeas corpus para que este sea resuelto en un término de treinta y seis (36) horas.
2. A que la acción pueda ser invocada por terceros en su nombre, sin necesidad de mandato alguno.
3. A que la acción pueda ser invocada en cualquier tiempo, mientras que la violación persista.
Para ello, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Consejo Superior de la Judicatura reglamentará un sistema de turnos judiciales para la atención de las solicitudes de hábeas corpus en el país, durante las veinticuatro (24) horas del día, los días feriados y las épocas de vacancia judicial.
4. A que la actuación no se suspenda o aplace por la interposición de días festivos o de vacancia judicial.
Sin embargo, cuando la acción constitucional se dirija contra una actuación judicial, y el despacho donde se encuentra el expediente no esté abierto al público, los términos de la actuación se suspenderán hasta la primera hora hábil siguiente a su apertura, si el juez de hábeas corpus no cuenta con los elementos suficientes para poder decidir sobre la acción.
5. A que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación invoquen el hábeas corpus en su nombre.

Artículo 4º. Contenido de la petición. La petición de hábeas corpus deberá contener:
1. El nombre de la persona en cuyo favor se instaura la acción.
2. Las razones por las cuales se considera que la privación de su libertad es ilegal o arbitraria.
3. La fecha de reclusión y el lugar donde se encuentra la persona privada de la libertad.
4. Si se conoce, el nombre y cargo del funcionario que ha ordenado la privación de la libertad de la persona o personas en cuyo favor se actúa.
5. El nombre, documento de identidad y lugar de residencia del solicitante.
6. La afirmación, bajo la gravedad del juramento, que se considerará prestado por la presentación de la petición, de que ningún otro juez ha asumido el conocimiento de la solicitud de hábeas corpus o decidido sobre la misma.
La ausencia de uno de estos requisitos no impedirá que se adelante el trámite del hábeas corpus, si la información que se suministra es suficiente para ello.
La acción podrá ser ejercida sin ninguna formalidad o autenticación. Podrá ser entablada verbalmente. No será necesario actuar por medio de apoderado.

Artículo 5º. Trámite. En los lugares donde haya dos (2) o más autoridades judiciales competentes de la misma categoría, la petición de hábeas corpus se someterá a reparto inmediato entre dichos funcionarios. La autoridad judicial a quien corresponda conocer del hábeas corpus no podrá ser recusada en ningún caso; una vez recibida la solicitud, se podrá decretar una inspección a las diligencias que pudieren existir en el asunto que dio origen a la petición. También podrá solicitar del respectivo director del centro de reclusión, y de las autoridades que considere pertinentes, información urgente sobre todo lo concerniente a la privación de la libertad. La falta de respuesta inmediata a estas solicitudes constituirá falta gravísima.
La autoridad judicial competente procurará entrevistarse en todos los casos con la persona en cuyo favor se instaura la acción de hábeas corpus. Para ello se podrá ordenar que aquella sea presentada ante él, con el objeto de entrevistarla y verificar los hechos consignados en la petición. Con este mismo fin, podrá trasladarse al lugar donde se encuentra la persona en cuyo favor se instauró la acción, si existen motivos de conveniencia, seguridad u oportunidad que no aconsejen el traslado de la persona a la sede judicial.
Con todo, la autoridad judicial podrá prescindir de esa entrevista, cuando no la considere necesaria. Los motivos de esta decisión deberán exponerse en la providencia que decida acerca del hábeas corpus.

Artículo 6º. Decisión. Demostrada la violación de las garantías constitucionales o legales, la autoridad judicial competente inmediatamente ordenará la liberación de la persona privada de la libertad, por auto interlocutorio contra el cual no procede recurso alguno.

Artículo 7º. Impugnación. La providencia que niegue el hábeas corpus podrá ser impugnada, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la notificación. La impugnación se someterá a las siguientes reglas:
1. Presentada la impugnación, el juez remitirá las diligencias dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas al superior jerárquico correspondiente. El expediente será repartido de manera inmediata y habrá de ser fallado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.
2. Cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será sustanciado y fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de la Corporación, sin requerir de la aprobación de la sala o sección respectiva. Cada uno de los integrantes de la Corporación se tendrá como juez individual para resolver las impugnaciones del hábeas corpus.
3. En el caso de que la petición de hábeas corpus haya sido fallada por uno de los miembros de una corporación judicial el recurso será conocido por el magistrado que le siga en turno.
4. Si el recurso se ejercita contra la decisión de hábeas corpus pronunciada por una sala o sección, su resolución le corresponderá a otra sala o sección o, en su defecto, a la sala plena de la correspondiente Corporación.

Artículo 8º. Improcedencia de las medidas restrictivas de la libertad. La persona privada de la libertad con violación de las garantías consagradas en la Constitución o en la ley, no podrá ser afectada con medida restrictiva de la libertad mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por tanto, son inexistentes las medidas que tengan por finalidad impedir la libertad del capturado cuando ella se conceda a consecuencia del hábeas corpus.

Artículo 9º. Iniciación de la investigación penal. Reconocido el hábeas corpus, la autoridad judicial compulsará copias para que el funcionario competente inicie las investigaciones a que haya lugar, sin detrimento de las acciones legales restauradoras de perjuicios que estime adelantar el afectado.

Artículo 10. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga en lo pertinente a toda aquella que le sea contraria.












Gaceta del Congreso 713, 18-11-2004
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 229 DE 2004 CÁMARA.
Autor: Reginaldo Enrique Montes Álvarez

Artículo 1°. Definición. El Hábeas Corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine.

Artículo 2°. Hábeas Corpus Correctivo. También procederá el Hábeas Corpus para evitar o corregir situaciones que configuren amenazas graves contra el derecho a la vida o la integridad de las personas sometidas a condiciones de reclusión.
En ningún caso el habeas corpus correctivo dará lugar a disponer la libertad de la persona ni podrá ser utilizado para obtener traslados.

Artículo 3°. Competencia. La competencia para resolver solicitudes de Hábeas Corpus se establecerá de acuerdo con las siguientes reglas:
1. Es competente para resolver la solicitud de Hábeas Corpus cualquier Juez o corporación de la Jurisdicción Penal;
2. Cuando se interponga ante una Corporación, se tendrá a cada uno de sus integrantes como juez individual para resolver las acciones de Hábeas Corpus. Empero, si la actuación controvertida proviene de una sala o sección de una Corporación la petición de Hábeas Corpus se incoará ante otra sala o sección de la misma Corporación.
Si el juez al que le hubiere sido repartida la acción ya hubiere conocido con antelación sobre la actuación judicial que origina la solicitud de Hábeas Corpus, deberá declararse impedido para resolver sobre esta y trasladar las diligencias, de inmediato, al juez siguiente -o del municipio más cercano- de la misma jerarquía, quien deberá fallar sobre la acción dentro de los términos previstos para ello.

Artículo 4°. Garantías para el ejercicio de la acción constitucional de Hábeas Corpus. Quien estuviera ilegalmente privado de su libertad tiene derecho a las siguientes garantías:
1. Invocar ante cualquier autoridad judicial competente el Hábeas Corpus para que este sea resuelto en un término de treinta y seis (36) horas.
2. A que la acción pueda ser invocada por terceros en su nombre, sin necesidad de mandato alguno.
3. A que la acción pueda ser invocada en cualquier tiempo, mientras que la violación persista.
Para ello, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Consejo Superior de la Judicatura reglamentará un sistema de turnos judiciales para la atención de las solicitudes de Hábeas Corpus en el país, durante las veinticuatro (24) horas del día, los días feriados y las épocas de vacancia judicial.
4. A que la actuación no se suspenda o aplace por la interposición de días festivos o de vacancia judicial.
Sin embargo, cuando la acción constitucional se dirija contra una actuación judicial, y el Despacho donde se encuentra el expediente no esté abierto al público, los términos de la actuación se suspenderán hasta la primera hora hábil siguiente a su apertura, si el juez de Hábeas Corpus no cuenta con los elementos suficientes para poder decidir sobre la acción.
5. A que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación invoquen el Hábeas Corpus en su nombre.

Artículo 5°. Contenido de la petición. La petición de Hábeas Corpus deberá contener:
1. El nombre de la persona en cuyo favor se instaura la acción.
2. Las razones por las cuales se considera que la privación de su libertad es ilegal o arbitraria.
3. La fecha de reclusión y el lugar donde se encuentra la persona privada de la libertad.
4. Si se conoce, el nombre y cargo del funcionario que ha ordenado la privación de la libertad de la persona o personas en cuyo favor se actúa.
5. El nombre, documento de identidad y lugar de residencia del solicitante.
6. La afirmación, bajo la gravedad del juramento, que se considerará prestado por la presentación de la petición, de que ningún otro juez ha asumido el conocimiento de la solicitud de Hábeas Corpus o decidido sobre la misma.
La ausencia de uno de estos requisitos no impedirá que se adelante el trámite del Hábeas Corpus, si la información que se suministra es suficiente para ello.
La acción podrá ser ejercida sin ninguna formalidad o autenticación. Podrá ser entablada verbalmente. No será necesario actuar por medio de apoderado.

Artículo 6°. Trámite. En los lugares donde haya dos (2) o más autoridades judiciales competentes de la misma categoría, la petición de Hábeas Corpus se someterá a reparto inmediato entre dichos funcionarios. La autoridad judicial a quien corresponda conocer del Hábeas Corpus no podrá ser recusada en ningún caso; una vez recibida la solicitud, se podrá decretar una inspección a las diligencias que pudieren existir en el asunto que dio origen a la petición. También podrá solicitar del respectivo director del centro de reclusión, y de las autoridades que considere pertinentes, información urgente sobre todo lo concerniente a la privación de la libertad. La falta de respuesta inmediata a estas solicitudes constituirá falta gravísima.
La autoridad judicial competente procurará entrevistarse en todos los casos con la persona en cuyo favor se instaura la acción de Hábeas Corpus. Para ello se podrá ordenar que aquella sea presentada ante él, con el objeto de entrevistarla y verificar los hechos consignados en la petición. Con este mismo fin, podrá trasladarse al lugar donde se encuentra la persona en cuyo favor se instauró la acción, si existen motivos de conveniencia, seguridad u oportunidad que no aconsejen el traslado de la persona a la sede judicial.
Con todo, la autoridad judicial podrá prescindir de esa entrevista, cuando no la considere necesaria. Los motivos de esta decisión deberán exponerse en la providencia que decida acerca del Hábeas Corpus.

Artículo 7°. Decisión. Demostrada la violación de las garantías constitucionales o legales, la autoridad judicial competente inmediatamente ordenará la liberación de la persona privada de la libertad, por auto interlocutorio contra el cual no procede recurso alguno.

Artículo 8º. Impugnación. La providencia que niegue el Hábeas Corpus podrá ser impugnada, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la notificación. La impugnación se someterá a las siguientes reglas:
1. Presentada la impugnación, el juez remitirá las diligencias dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas al superior jerárquico correspondiente. El expediente será repartido de manera inmediata y habrá de ser fallado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.
2. Cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será sustanciado y fallado integralmente por uno de los Magistrados integrantes de la Corporación, sin requerir de la aprobación de la sala o sección respectiva. Cada uno de los integrantes de la Corporación se tendrá como juez individual para resolver las impugnaciones del Hábeas Corpus.
3. En el caso de que la petición de Hábeas Corpus haya sido fallada por uno de los miembros de una corporación judicial el recurso será conocido por el magistrado que le siga en turno.
4. Si el recurso se ejercita contra la decisión de Hábeas Corpus pronunciada por una sala o sección, su resolución le corresponderá a otra sala o sección o, en su defecto, a la sala plena de la correspondiente Corporación.

Artículo 9°. Improcedencia de las medidas restrictivas de la libertad. La persona privada de la libertad con violación de las garantías consagradas en la Constitución o en la ley, no podrá ser afectada con medida restrictiva de la libertad mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por tanto, son inexistentes las medidas que tengan por finalidad impedir la libertad del capturado cuando ella se conceda a consecuencia del Hábeas Corpus.

Artículo 10. Iniciación de la investigación penal. Reconocido el Hábeas Corpus, la autoridad judicial compulsará copias para que el funcionario competente inicie las investigaciones a que haya lugar, sin detrimento de las acciones legales restauradoras de perjuicios que estime adelantar el afectado.

Artículo 11. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga en lo pertinente a toda aquella que le sea contraria.

El proyecto de Ley Estatutaria sobre hábeas corpus

El proyecto de Ley Estatutaria sobre hábeas corpus






Alberto Poveda Perdomo





Sin duda, a las aprehensiones ilegítimas contribuyeron dos factores: los amplios poderes de captura de que goza la policía, refrendados en varias sentencias de la Corte Constitucional, y el desmantelamiento que desde hace varios años ha sufrido la acción de hábeas corpus. Las reformas que sobre la regulación procesal del hábeas corpus recomendó la Oficina en 1997 no fueron incluidas en ninguno de los proyectos de ley que hubieran podido contenerlas.
Alta Comisionada de Naciones Unidad para los Derechos Humanos. Informe sobre Colombia, 1999.




SUMARIO: 1. Presentación; 2. Los proyectos de ley presentados a consideración del Congreso; 3. Algunas innovaciones al hábeas corpus consagradas en el proyecto de la Defensoría del Pueblo; 4. Consideraciones respecto del proyecto de la Defensoría del Pueblo; 5. Consideraciones sobre lo aprobado en el Congreso; 6. Conclusiones; 7. Bibliografía; 8. Texto del proyecto aprobado en Senado.




1 Presentación

La Corte Constitucional mediante sentencia C-620/01, determinó la inexequibilidad de los artículos 382 a 389 de la Ley 600 de 2000 o nuevo Código de Procedimiento Penal. Estos artículos desarrollaban integralmente el artículo 30 de la Constitución, en donde se consagra el derecho fundamental y la acción de hábeas corpus.

El fundamento de tal inexequibilidad surge del mandanto constitucional de regular por medio de ley estatutaria todo lo que respecta a los derechos fundamentales y los recursos o procedimientos para su protección, entendiéndose por tales todas aquellas normas que de alguna manera tocan su núcleo esencial o mediante las cuales se regula en forma "íntegra, estructural o completa" el derecho correspondiente. En el caso del habeas corpus se observó por la corte, que éste fue objeto de regulación exhaustiva, íntegra y completa por el legislador ordinario.

Entendiendo los efectos de la declaratoria de inexequibilidad de las normas reguladoras del hábeas corpus, ya que el legislador queda obligado a expedir una ley estatutaria, que como es sabido requiere ser tramitada en una sola legislatura y aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, la Corte Constitucional procedió a diferir los efectos de la sentencia C-620/01 en cuanto a tal decisión se refiere a partir del 31 de diciembre de 2002, es decir, que el Congreso de la República deberá expedir la ley estatutaria en la que se regule el derecho fundamental del habeas corpus y los procedimientos y recursos para su protección antes de esa fecha, pues si así no lo hace las disposiciones precitadas desaparecerán del ordenamiento positivo a partir de ese momento.

En este trabajo nos proponemos hacer una presentación del proyecto de ley que está siendo discutido en la actualidad en el Congreso de la República y que debe ser aprobado en la Legislatura iniciada en pasado 20 de julio de 2002. No nos ocuparemos de la parte del proyecto que se ocupa del mecanismo de búsqueda urgente para la prevención del delito de desaparición forzada. Para mayor ilustración de nuestra exposición, al final de la misma reproducimos el texto del proyecto aprobado en Senado y ahora discutido en Cámara.


2 Los proyectos de ley presentados a consideración del Congreso


Una vez se produjo la aludida sentencia de inexequibilidad y hasta la fecha, se llevaron a consideración del Congreso los siguientes tres proyectos de ley:

1° PROYECTO DE LEY DEL SENADOR VARGAS LLERAS

Fue radicado como Proyecto de Ley Estatutaria 47 de 2001 Senado, “por medio de la cual se desarrolla y reglamenta el artículo 30 de la Constitución Nacional, sobre hábeas corpus”. Aparece publicado en la Gaceta del Congreso número 365, de 3 de agosto de 2001.

El mismo senador en la breve exposición de motivos que acompaña el proyecto, señala que todo lo que hace es reproducir las normas que sobre el tema aparecen consagradas en la Ley 600 de 2000, buscando simplemente evitar que se presente un vacío legislativo por razón del fallo de inexequibilidad.

Este proyecto ha sido archivado para dar paso al presentado por la Defensoría del Pueblo.

2° PROYECTO DE LEY DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

El proyecto de Ley “por medio de la cual se reglamenta la acción constitucional y el derecho fundamental del hábeas corpus”, fue presentado por la Defensoría del Pueblo en el Senado República, recibiendo la radicación número 144 de 2001. Hasta el presente su itinerario legislativo ha sido el siguiente:

Presentación del proyecto ante el Senado: 24 de octubre de 2001.

Publicación del Proyecto: Gaceta del Congreso número 547 de 26 de octubre de 2001.

Ponencia para Primer Debate en Senado: Fue rendida favorablemente por el senador Luis Humberto Gómez Gallo, y aparece publicada en la Gaceta del Congreso número 128 de 23 de abril de 2002, introduciéndose un pliego de modificaciones.

Publicación del texto aprobado: El texto del proyecto de ley, tal y como fue aprobado por la Comisión Primera del Senado, aparece publicado en la Gaceta del Congreso número 161 de 16 de mayo de 2002.

Ponencia para Segundo Debate en Senado: Rendida favorablemente por los senadores Héctor Helí Rojas, Darío Martínez Betancourt y Luis Humberto Gómez Gallo. Publicada en la Gaceta del Congreso número 161 de 16 de mayo de 2002.

Aprobación en Segundo Debate Senado: Según consta en el Acta de Plenaria 33 de 28 de mayo de 2002, la plenaria del Senado aprobó el texto del Proyecto de ley 144 Senado. Consta en la Gaceta del Congreso número 211 de 6 de junio de 2002.

Radicación del Proyecto en Cámara de Representantes: Una vez surtido el trámite correspondiente en Senado del Proyecto de Ley 144 de 2001, éste fue radicado en la Cámara de Representantes como Proyecto de Ley Estatutaria 020 de 2002, “por medio de la cual se reglamenta la acción constitucional y el derecho fundamental al hábeas corpus y el mecanismo de búsqueda urgente”.

Publicación: Gaceta del Congreso número 314 de 5 de agosto de 2002.


3° PROYECTO DE LEY DEL REPRESENTANTE MONTES ÁLVAREZ

Corresponde al Proyecto de Ley Estatutaria 020 de 2002 Cámara, publicado en la Gaceta del Congreso número 314 del 5 de agosto de 2002, “por medio de la cual se reglamenta la acción constitucional y el derecho fundamental al hábeas corpus y el mecanismo de búsqueda urgente”.

Este proyecto consta de once artículos y no contiene ninguna novedad especial respecto de la normatividad que ha estado vigente hasta ahora, salvo la inclusión de una norma con la que se garantiza que siempre exista un funcionario judicial disponible para conocer y tramitar las peticiones de hábeas corpus (artículo 4°)

Suponemos que este proyecto correrá la misma suerte que tuvo el presentado por Vargas Lleras, para dar paso al presentado por la Defensoría del Pueblo.


3 Algunas innovaciones al hábeas corpus consagradas en el proyecto de la Defensoría del Pueblo


1. SE CONSIDERA EL HÁBEAS CORPUS COMO ACCIÓN CONSTITUCIONAL Y DERECHO FUNDAMENTAL

Se dice en el proyecto que tradicionalmente en el país se ha definido el hábeas corpus como una acción pública. En este proyecto se consagra que es una acción constitucional con el objeto de resaltar su calidad especial. De otra parte, en el proyecto se reconoce que hábeas corpus es también un derecho fundamental, tal como se deriva del tratamiento que recibe en la carta política.


2. CONSAGRACIÓN DE VARIAS MODALIDADES DE HÁBEAS CORPUS

El hábeas corpus en Colombia tradicionalmente ha estado reducido a la protección de la libertad de las personas que han sido o permanecen capturadas sin el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales. En el proyecto se pretende ampliar la respectiva de la acción y el derecho de hábeas corpus, por eso se determina que el hábeas corpus procederá sobre decisiones judiciales caprichosas de la autoridad judicial. De esta regla se exceptúan las sentencias para las cuales la acción constitucional idónea continua siendo la tutela

Las diferentes modalidades de hábeas corpus que trae el proyecto son las siguientes:

a). Hábeas corpus principal, clásico o reparador. Persigue restablecer la libertad de la persona privada ilegalmente de ella.

b). Hábeas corpus preventivo. Su propósito esencial es de proteger a una persona de amenazas de su libertad.

c). Hábeas corpus restringido. Está dirigido a poner fin a perturbaciones de orden del ejercicio a la libertad.

d). Hábeas corpus correctivo. Tiene por fin evitar el agravamiento de la forma y condiciones de privación de la libertad.


3. SE AMPLÍA EL ESPECTRO DE LAS ÓRDENES QUE SE PUEDEN DICTAR DENTRO DEL PROCESO DE HÁBEAS CORPUS

Teniendo en cuenta que el hábeas corpus ha sido previsto tradicionalmente en la modalidad denominada reparadora, persiguiendo restablecer la libertad, dado que en el proyecto se incluyen otros tipos de hábeas corpus --tendentes a impugnar amenazas o limitaciones a la libertad o el agravamiento inconstitucional de las condiciones de detención--, lo propio es que en estos casos no se disponga la libertad de la persona, sino que se determine que debe cesar el acto lesivo de los derechos de la persona.


4. JUEZ COMPETENTE PARA DECIDIR EL HÁBEAS CORPUS

Siguiendo la tradición nacional, en el proyecto se determina que las pretensiones de hábeas corpus deben ser decididas por los jueces del lugar donde ocurrió el acto presumible ilegal, o en el que se encuentre la persona privada de su libertad o se presume que está. No cabe duda que esto posibilita al juez conocer de primera mano las razones o diligencias que se han conducido a la privación de la libertad de una persona o que están poniendo en peligro sus derechos, se comunique con ella y se verifique las condiciones de reclusión.


5. SE DETERMINA QUE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA ESTABLECERÁ UN SISTEMA DE TURNOS PARA EL RECIBO DE PETICIONES DE HÁBEAS CORPUS EN TODO TIEMPO

Como quiera que en el artículo 30 de la Constitución Política se establece que el hábeas corpus puede ser instaurado en cualquier tiempo, pero ello en la práctica no es así por razón de la jornada de trabajo de los jueces y las vacaciones colectivas de estos, se impone al consejo Superior de la Judicatura la obligación de establecer unos turnos de disponibilidad con el propósito de hacer efectivo el querer del constituyente.


6. LAS ACCIONES DE HÁBEAS CORPUS SERÁN SOMETIDAS A UN REPARTO INMEDIATO

El proyecto se propone adoptar una fórmula de reparto permanente entre autoridades judiciales de la misma categoría y lugar, que permita efectuar reparto inmediato de las solicitudes de hábeas corpus.


7. LA ACCIÓN SE TRAMITA ANTE JUECES INDIVIDUALES

Con relación a este tema se estima convenientemente mantener la fórmula tradicional la fórmula tradicional de la legislación colombiana, que restringe el conocimiento de hábeas corpus a autoridades judiciales plurales.


8. APELACIÓN DE TODAS LAS DECISIONES

La Defensoría del Pueblo propone que las decisiones que tomen los jueces con respecto de las peticiones de hábeas corpus sean objeto de apelación, independientemente del sentido en que se las resuelva. De esta manera se pretende otorgar una mayor garantía a tanto a las personas privadas de la libertad como al propio Estado, ya que tanto los interesados como las instituciones tienen la posibilidad de controvertir en una segunda instancia la legalidad de una decisión inicial.

Por una parte es reconfortable que el recurso de apelación proceda cuando el fallo sea favorable para que proceda un control de legalidad sobre estas decisiones judiciales y habría una seguridad jurídica por parte de las autoridades que producen las medidas que restringen el derecho de la libertad y por lo tanto el de primera instancia estaba en error, el segundo corrija y no deje en libertad una persona que genera peligro.


9. REVISIÓN DE LOS FALLOS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Al crear una instancia de revisión eventual de todas las decisiones de hábeas Corpus ante la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de unificar la jurisprudencia sobre la materia.


10. EL HÁBEAS CORPUS NO PODRÁ SER SUSPENDIDO EN LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN

La pretensión de la propuesta es la de lograr una figura tan eficaz y propulsora de los derechos como la acción de tutela. Como quiera que en los estados de excepción no se puede afectar o alterar el normal funcionamiento de la rama jurisdiccional, estas atribuciones no afectan la normal tarea que tienen que cumplir los jueces para recibir acciones constitucionales.

Bien sabemos que durante la vigencia de los estados de excepción no está autorizado al Estado para desconocer ni vulnerar derechos fundamentales, por lo que atendiendo a que el hábeas corpus es un derecho fundamental, que además se encuentra reconocido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos al que está sometido el Estado colombiano, él no puede ser suspendido.


4 Consideraciones respecto del proyecto de la Defensoría del Pueblo


Hace ya algunos años elaboramos una monografía sobre el hábeas corpus , en la que propusimos algunas de las innovaciones que hoy aparecen recogidas en el proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo, lo cual nos permite reafirmar nuestras tesis para seguir defendiéndolas y promoviéndolas.

Respecto del proyecto de la Defensoría vale la pena resaltar lo siguiente:

1. Cuando el constituyente dijo que la acción de hábeas corpus podía ser ejercida en cualquier tiempo, indicó que no debe importar para su ejercicio que estemos en situaciones de normalidad o anormalidad, que haya sido declarado un estado de excepción, que estemos en tiempo de paz o no, pues el hábeas corpus permanece inmune ante tales circunstancias. Del mismo modo, ante la evidencia física de ausencia de funcionarios judiciales prestos a conocer de las demandas de hábeas corpus, saludable resulta la imposición de los turnos de disponibilidad para el efecto.

2. Dice la Defensoría que importa destacar que con la creación del hábeas corpus correctivo muchos de los problemas de nuestro sistema carcelario que se tramitan a través de la acción de tutela pasarían a debatirse por medio de la acción del hábeas corpus. De esta manera, la solución de esas controversias sería mucho más rápida, lo cual está acorde con las obligaciones especiales del Estado para con la población reclusa.

Cuando el juez encuentre que la situación que vulnera los derechos de una persona privada de la libertad afecta o puede afectar también a otros reclusos, la sentencia también podrá ampararlos. Para ello, en la providencia se ordenará a las autoridades administrativas correspondientes que elaboren un plan de acción, destinado a lograr el cese de la violación masiva de los derechos de los reclusos en un término razonable.

3. Se amplían considerablemente las posibilidades de hacer efectivo el hábeas corpus, ya que con la previsión normativa que se impuso en 1992, desde la primera de todas las declaraciones de conmoción interior, se había reducido dramáticamente el carácter garantista del mismo, reduciéndose su eficacia a las capturas ilegales y a las prolongaciones indebidas de la privación de la libertad por las autoridades policivas, quedando inmunes al hábeas corpus todos los ataques a la libertad surgidos desde la propia judicatura.

En consecuencia, con el nuevo hábeas corpus se podrá reclamar la libertad en eventos tales como:

a). En todos los casos en los que la privación de la libertad se produzca por orden arbitraria de la autoridad judicial.

b). En todos los casos en los que la persona se encuentre ilegalmente privado de la libertad por el vencimiento de los términos legales previstos para la detención preventiva.

c). En todos los casos en los que se prolongue indebidamente la privación de la libertad, incluyéndose entre tales eventos aquellos en los que tardíamente un funcionario judicial ordena la prisión preventiva.

d). En todos los casos en los que la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho. Entre estos eventos podemos señalar, a título de ejemplo, casos como las medidas de aseguramiento impuestas en procesos en los que opera la prescripción de la acción penal o de la pena, así como cuando se impone detención preventiva por hecho delictivo que no tiene prevista tal consecuencia.

4. Nos parece que mucho más lógico y razonable que se asignara a la Corte Constitucional el estudio por vía de revisión de las demandas de hábeas corpus, ya que se trata de problemas que tienen que ver directamente con dos derechos fundamentales, libertad personal y hábeas corpus, pero además, indirectamente se vincula a otros derechos de potísima importancia, como la vida. Es decir, en últimas el hábeas corpus queda anclado en los conceptos básicos del estado social de Derecho y en el principio dignidad humana.

Lo antes dicho resulta respaldado por una cuestión práctica: los permanentes «choques de trenes» que hemos vivido entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, puede llevar a que ésta última Corte se abrogue todo el derecho y presuma que es la única autoridad con facultades para decidir sobre el derecho a la libertad personal, siendo que sobre el mismo deben continuar pesando como primera y última palabra las decisiones de la Corte Constitucional. En fin, se abriría otra fuente de controversia ya que existiría la posibilidad de que la Corte Constitucional por vía de tutela ordene a la Corte Suprema de Justicia que conceda un hábeas corpus, lo cual, como ha venido ocurriendo, haría aparecer la ira de la Suprema absteniéndose de cumplir lo dispuesto por la Constitucional.

En la ponencia para primer debate en Senado se resumieron las razones que llevan a pensar que es más razonable asignar la revisión de hábeas corpus a la corte constitucional; son:

a). El habeas corpus es un derecho fundamental y, por lo mismo, su alcance debe ser fijado por el guardián de la Constitución Política, que es la Corte Constitucional.

b). El habeas corpus es una acción constitucional que protege, a su vez, derechos constitucionales fundamentales, cuyo alcance debe fijar la Corte Constitucional.

c). El habeas corpus es una acción de tutela especializada para la protección del derecho a la libertad personal9.

d). Atribuir a la Corte Suprema de Justicia la competencia para conocer de la revisión de las providencias sobre habeas corpus podría generar, posteriormente, un control sobre las decisiones por parte de la Corte Constitucional, por la vía de la acción prevista en el artículo 86 de la Carta Política. Ello significa que la revisión eventual adelantada por la Corte Suprema de Justicia no tendría el carácter de definitiva, dado que podría ser controvertida a través de otra acción constitucional, lo cual, a todas luces, sería inconveniente para la administración de justicia. En cambio, la revisión asignada a la Corte Constitucional no sería susceptible de otra controversia judicial.

e). Atribuir a la Corte Suprema de Justicia la competencia para revisar las decisiones sobre habeas corpus genera muchos inconvenientes de orden práctico, dado que no en todos los casos se garantizaría la imparcialidad de la autoridad judicial que debe envolver la garantía del habeas corpus. Específicamente, en los procesos de habeas corpus que controviertan providencias de la misma Corte Suprema de Justicia, en las cuales se decida privar de la libertad a alguna persona, la eventual revisión de las decisiones sobre habeas corpus recaería sobre la misma Corte.

f). Asignar a la Corte Suprema de Justicia la competencia para revisar las decisiones de los habeas corpus agravaría aún más la congestión judicial que padece esta Corporación, cuyos trámites de casación presentan en este momento atrasos hasta de seis y siete años.

g). La Corte Constitucional posee una infraestructura ya creada para el conocimiento de este tipo de trámites.


5. Por último, dos principios rectores rigen el hábeas corpus, a saber: el de prevalencia del derecho sustancial y el principio pro homine. El primero ha venido siendo desarrollado a partir de la propia Carta de 1991, es propio de acciones como la tutela y el hábeas corpus, ya que su trámite no está sujeto a formalidades especiales y procedimientos exhaustivos, puesto que su fin es el de velar de manera expedita por la vigencia de los derechos fundamentales.

A su vez, el principio pro homine es un principio del derecho internacional de los derechos humanos, que exige una interpretación amplia y extensiva de los derechos, y reducida y taxativa de las restricciones a los mismos. Este principio cubre dos nociones fundamentales: por un lado, significa que siempre debe aplicarse la norma o interpretación más protectora de la persona. Es decir, en cada caso concreto, la norma y la interpretación que deben utilizarse serán las más benéficas para la persona humana. Por otro lado, implica también que todo derecho debe ser interpretado amplia y extensivamente, mientras que, por el contrario, toda restricción, limitación o suspensión de un derecho deberá ser interpretada de manera restrictiva. En el contexto del proyecto de ley que desarrolla el derecho del habeas corpus, el principio pro homine pretende destacar el habeas corpus como una garantía amplia en favor de la libertad de las personas, de acuerdo con el cual el derecho debe ser interpretado de la forma más amplia posible y sus restricciones de la forma más limitada posible.


5 Consideraciones sobre lo aprobado en el Congreso


Hasta ahora ha sido solamente la Comisión Primera y la plenaria del Senado de la República, quienes se han ocupado del proyecto de ley regulatoria del hábeas corpus. En tales células congresionales se han introducido algunas modificaciones al proyecto de la Defensoría del Pueblo, resultando unas saludables y otras no tanto. Destacamos:

En la comisión primera se estableció que el hábeas corpus era una acción de tutela especializada, lo cual fue recogido por la Plenaria del Senado atendiendo a que tales acciones son diferentes y se debe buscar evitar equívocos respecto de las mismas.

La plenaria del Senado decidió en relación con el artículo noveno, adicionarle una frase, mediante la cual se especifica claramente que la decisión sobre el hábeas corpus correctivo no podrá nunca consistir en la orden de libertad de la persona en cuyo favor se instaura la acción.

En la comisión primera se había propuesto que la revisión de las decisiones de hábeas corpus estuviera en cabeza de la Corte Constitucional, pero la Plenaria del Senado retomó el texto original del proyecto de la Defensoría del Pueblo, en donde se estableció que tal labor correspondería a la Corte Suprema de Justicia. Para ello se determina que la Corte Suprema de Justicia adoptará una organización similar a la creada en la Corte Constitucional para los procesos de tutela, para seleccionar y decidir sobre las acciones de hábeas corpus que considere necesario revisar. Este cambio se fundamenta en la consideración de que las facultades de la Corte Constitucional están taxativamente señaladas en la Constitución, lo que hace imposible proceder a asignarle otras atribuciones a través de la ley.

Al quedar encabeza de la Corte Suprema de Justicia la revisión de las decisiones de hábeas corpus, se precisa que será la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la que determinará cuáles decisiones sobre hábeas corpus deben ser incluidas en la Gaceta del Hábeas Corpus y la que creará el sistema de consulta de la jurisprudencia sobre el hábeas corpus.

Para terminar, señalemos que la incorporación de un segundo capítulo al proyecto de ley, que se ocupa de regular lo concerniente al mecanismo de búsqueda urgente, ha sido de iniciativa del propio Congreso, quien ha aducido como razón para ello la solicitud de los miembros de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada por el artículo 8° de la Ley 589 de 2000.


6 Conclusiones


Teniendo en cuenta lo señalado en precedencia, concluimos.

---Es necesario que el Congreso de la República apruebe la ley estatutaria que regula el hábeas corpus, ya que la legislación existente y aplicable expira el próximo 31 de diciembre de 2002.

---La regulación que expida el Congreso debe ser acorde con los valores y principios que constituyen el marco axiológico de la constitución de 1991, en la que aparece como garantía máxima de la libertad el hábeas corpus.

---el hábeas corpus es una acción constitucional en cuanto constituye el mecanismo procesal que sirve para defender las arremetidas que pueda sufrir el derecho fundamental a la libertad personal.

---El hábeas corpus es un derecho fundamental no sólo porque así lo señala la propia constitución, sino porque además sus características y la imposibilidad de ser limitado, así como los mandatos de la jurisprudencia constitucional, le dan tal calidad.

---La revisión eventual del hábeas corpus debe corresponder a la Corte Constitucional, ya este instituto es una tutela específica de la libertad.

---La preservación e integridad del hábeas corpus en nuestro sistema constitucional es un imperativo frente a las pretensiones totalitarias presentes en el actual gobierno.

---En estas condiciones, la regulación que se expida sobre hábeas corpus debe posibilitar que con este instituto se pueda contrarrestar todo tipo de privación de la libertad personal que contravenga los derechos y garantías constitucionales y legales, por lo que su ejercicio no puede ser limitado en ningún evento o frente a autoridad alguna.


7 Bibliografía

Alberto Poveda Perdomo. Estudio General sobre el hábeas corpus. Teoría del Color, Medellín, 1995.

Gaceta del Congreso número 128, de 23 de abril de 2002, «Ponencia para primer debate al proyecto de ley 144 de 2001 senado»

Gaceta del Congreso número 161, de 16 de mayo de 2002, «Ponencia para segundo debate al proyecto de ley 144 de 2001 Senado»

Gaceta del Congreso número 161, de 16 de mayo de 2002, «Texto del proyecto de ley 144 de 2001 Senado»

Gaceta del Congreso número 211, de 6 de mayo de 2002, «Acta de plenaria 33 del 28 de mayo de 2002 Senado»

Gaceta del Congreso número 301, de 26 de julio de 2002, «Proyecto de ley 05 de 2002 Cámara»

Gaceta del Congreso número 314, de 5 de agosto de 2002, «Proyecto de ley estatutaria 020 de 2002 Cámara»

Gaceta del Congreso número 365, de 3 de agosto de 2001, «Proyecto de ley estatutaria 47 de 2001 Senado»

Gaceta del Congreso número 523, de 16 de octubre de 2001, «Ponencia para primer debate al proyecto de ley 47 de 2001 Senado»

Gaceta del Congreso número 547, de 26 de octubre de 2001, «Proyecto de ley estatutaria 144 de 2001 Senado»


8 Texto del proyecto aprobado en Senado


Enseguida presentamos el texto del proyecto de ley estatutaria “por medio de la cual se reglamenta la acción constitucional y el derecho fundamental al hábeas corpus y el mecanismo de búsqueda urgente”, que en este momento está a consideración de la Cámara de Representantes.


PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 020 DE 2002 CÁMARA

Gaceta del Congreso 314 de 5 de agosto de 2002

por medio de la cual se reglamenta la acción constitucional y el derecho fundamental al hábeas corpus y el mecanismo de búsqueda urgente.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

CAPITULO I
Hábeas Corpus

Artículo 1°. Definición. El hábeas corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional dirigida a proteger la libertad personal, y los derechos a la vida e integridad de las personas sometidas a condiciones de reclusión. La acción se regirá por el principio de prevalencia del derecho sustancial, y para su decisión se aplicará el principio pro homine.


Artículo 2°. Hábeas Corpus principal. La acción constitucional de hábeas corpus protege la libertad personal cuando alguien es privado de ella con violación de las garantías constitucionales o legales, o se prolonga ilegal o arbitrariamente la privación de la libertad.

Artículo 3°. Hábeas Corpus preventivo. La acción de hábeas corpus podrá ser utilizada para conjurar amenazas contra el derecho a la libertad personal.

Artículo 4°. Hábeas Corpus correctivo. También procederá el hábeas corpus para evitar o corregir situaciones que configuren amenazas graves contra el derecho a la vida o la integridad de las personas sometidas a condiciones de reclusión.

Artículo 5°. Competencia. La competencia para resolver solicitudes de hábeas corpus se establecerá de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Son competentes para resolver solicitudes de hábeas corpus, a prevención, los jueces individuales del mismo lugar –o, cuando no lo hubiere, del más cercano al sitio– donde se produjo el acto ilegal, o en el que se presume o se sabe que se encuentra la persona privada de la libertad;
b) En el caso de las solicitudes de hábeas corpus contra actuaciones judiciales, si la actuación proviene de un fiscal, será competente para resolver la acción un juez de la categoría de aquellos ante los que actúa ese funcionario judicial. Si la actuación cuestionada proviene de un juez, la competencia para conocer sobre ella recaerá en los jueces de la categoría de sus superiores jerárquicos o en los jueces de su misma categoría y especialidad. En este último caso, se atenderá a las reglas territoriales establecidas en el literal a).
Cuando el juez superior sea una Corporación, se tendrá a cada uno de sus integrantes como juez individual para resolver las acciones de hábeas corpus. Empero, si la actuación controvertida proviene de una sala o sección de una Corporación la petición de hábeas corpus se incoará ante otra sala o sección de la misma Corporación.
Si el juez al que le hubiere sido repartida la acción ya hubiere conocido con antelación sobre la actuación judicial que origina la solicitud de hábeas corpus, deberá declararse impedido para resolver sobre este y trasladar las diligencias, de inmediato, al juez siguiente –o del municipio más cercano– de la misma jerarquía, quien deberá fallar sobre la acción dentro de los términos previstos para ello.

Artículo 6°. Garantías para el ejercicio de la acción constitucional de hábeas corpus. En los casos señalados en los tres primeros artículos, toda persona tiene derecho a las siguientes garantías:
1. A invocar ante cualquier autoridad judicial el hábeas corpus.
Si la autoridad judicial ante la que se presenta la acción no fuere competente para conocer de ella, por motivos territoriales o funcionales, la solicitud será remitida inmediatamente, por el medio más expedito, al funcionario competente.
2. A que la acción pueda ser invocada por terceros en su nombre, sin necesidad de mandato alguno.
3. A que la acción pueda ser invocada en cualquier tiempo, mientras que la violación o la amenaza persista.
Para ello, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Consejo Superior de la Judicatura reglamentará un sistema de turnos judiciales para la atención de las solicitudes de hábeas corpus en el país, durante las veinticuatro horas del día, los días feriados y las épocas de vacancia judicial.
4. A que la actuación no se suspenda o aplace por la interposición de días festivos o de vacancia judicial.
Sin embargo, cuando la acción constitucional se dirija contra una actuación judicial, y el Despacho donde se encuentra el expediente no esté abierto al público, los términos de la actuación se suspenderán hasta la primera hora hábil siguiente a su apertura, si el juez de hábeas corpus no cuenta con los elementos suficientes para poder decidir sobre la acción.
5. A que la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación o los personeros municipales o distritales invoquen el hábeas corpus en nombre de una persona privada de la libertad.

Artículo 7°. Contenido de la petición. La petición de hábeas corpus deberá contener:
a) El nombre de la persona en cuyo favor se instaura la acción;
b) Las razones por las cuales se considera que la privación de su libertad es ilegal o arbitraria;
c) La fecha de reclusión y el lugar donde se encuentra la persona privada de la libertad;
d) Si se conoce, el nombre y cargo del funcionario que ha ordenado la privación de la libertad de la persona o personas en cuyo favor se actúa; o del responsable de las amenazas contra la libertad personal, o contra el derecho a la vida o la integridad de las personas sometidas a condiciones de reclusión;
e) El nombre, documento de identidad y lugar de residencia del solicitante;
f) La afirmación, bajo la gravedad del juramento, que se considerará prestado por la presentación de la petición, de que ningún otro juez ha asumido el conocimiento de la solicitud de hábeas corpus o decidido sobre la misma.
La ausencia de uno de estos requisitos no impedirá que se adelante el trámite del hábeas corpus, si la información que se suministra es suficiente para ello.
La acción podrá ser ejercida sin ninguna formalidad o autenticación. Podrá ser entablada verbalmente. No será necesario actuar por medio de apoderado.

Artículo 8°. Trámite. En los lugares donde haya dos o más jueces de la misma categoría, la petición de hábeas corpus se someterá a reparto inmediato entre dichos funcionarios. El juez a quien corresponda conocer del hábeas corpus no podrá ser recusado en ningún caso.
El juez, una vez recibida la solicitud, podrá decretar una inspección a las diligencias que pudieren existir en el asunto que dio origen a la petición. También podrá solicitar del respectivo director del centro de reclusión, y de las autoridades que considere pertinentes, información urgente sobre todo lo concerniente a la privación de la libertad. La falta de respuesta inmediata a estas solicitudes constituirá falta gravísima.
El juez procurará entrevistarse en todos los casos con la persona en cuyo favor se instaura la acción de hábeas corpus. Para ello podrá ordenar que aquella sea presentada ante él, con el objeto de entrevistarla y verificar los hechos consignados en la petición. Con este mismo fin, podrá trasladarse al lugar donde se encuentra la persona en cuyo favor se instauró la acción, si existen motivos de conveniencia, seguridad u oportunidad que no aconsejen el traslado de la persona a la sede judicial.
Con todo, el juez podrá prescindir de esa entrevista, cuando no la considere necesaria. Los motivos de esta decisión deberán exponerse en la providencia que decida acerca del hábeas corpus.
Las peticiones de hábeas corpus deberán resolverse por el juez competente en el término de 36 horas.

Artículo 9°. Decisión. Demostrada la existencia de cualquiera de las circunstancias que dan lugar a la concesión del hábeas corpus, el juez, mediante decisión motivada, ordenará:
1. En los casos de hábeas corpus principal, la libertad inmediata de la persona privada ilegalmente de ella.
2. En los casos de hábeas corpus preventivo, el cese del acto amenazador del derecho a la libertad personal y, si lo considera necesario, la orden de brindar protección a la persona afectada.
3. En los casos de hábeas corpus correctivo, el cese del acto amenazador de los derechos a la vida e integridad personal de las personas sometidas a condiciones de reclusión, y las demás medidas conducentes para la protección de esos derechos. En ningún caso, la decisión sobre el hábeas corpus correctivo podrá comportar la orden de libertad.

Artículo 10. Impugnación. Contra la providencia que concede el hábeas corpus no procede recurso alguno. La providencia que lo niegue podrá ser impugnada, dentro de los tres días siguientes a la notificación. La impugnación se someterá a las siguientes reglas:
1. Presentada la impugnación, el juez remitirá las diligencias dentro de las siguientes veinticuatro horas al superior jerárquico correspondiente. El expediente será repartido de manera inmediata y habrá de ser fallado dentro de los tres días hábiles siguientes.
2. Cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será sustanciado y fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de la Corporación, sin requerir de la aprobación de la sala o sección respectiva. Cada uno de los integrantes de la Corporación se tendrá como juez individual para resolver las impugnaciones del hábeas corpus.
3. En el caso de que la petición de hábeas corpus haya sido fallada por uno de los miembros de una corporación judicial el recurso será conocido por el magistrado que le siga en turno.
4. Si el recurso se ejercita contra la decisión de hábeas corpus pronunciada por una sala o sección, su resolución le corresponderá a otra sala o sección o, en su defecto, a la sala plena de la correspondiente Corporación.

Artículo 11. Improcedencia de medidas restrictivas de la libertad. La persona a quien se hubiere concedido una solicitud de hábeas corpus, en su modalidad principal, no podrá ser afectada con medida restrictiva de su libertad mientras no se restauren las garantías quebrantadas.
Por lo tanto, son inexistentes las medidas que tengan por finalidad impedir la libertad del recluido cuando ella se conceda a consecuencia de la violación de las garantías consagradas en la Constitución y la ley.

Artículo 12. Iniciación de investigación penal. Concedido el hábeas corpus, el juez compulsará copias para que el funcionario competente realice las investigaciones a que haya lugar.

Artículo 13. Revisión por la Corte Suprema de Justicia. Con el propósito de crear y unificar la jurisprudencia, en todos los casos, dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria del fallo final, se remitirá el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para su eventual revisión. La Corte Suprema de Justicia designará dos de sus magistrados para que seleccionen, sin motivación expresa y según su criterio, los fallos de hábeas corpus que habrán de ser revisados. Los procesos de hábeas corpus que no sean excluidos de revisión dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo deberán ser decididos en el término de tres meses.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se dividirá en salas de decisión para atender la revisión de las decisiones sobre las solicitudes de hábeas corpus. Si alguno de los miembros de la sala de revisión hubiere fallado con anterioridad sobre la solicitud lo declarará de manera inmediata y será sustituido por el magistrado que lo sigue en orden alfabético.
Si la sala de decisión o la Sala de Casación Penal consideran que una acción debe ser fallada por la Sala de Casación, así se dispondrá. Cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ya se hubiera pronunciado sobre un caso y decide seleccionarlo posteriormente para revisión, los magistrados de la Sala no se tendrán por impedidos para proferir una nueva decisión sobre él.
Parágrafo. Con el objeto de posibilitar la labor de revisión de las decisiones de hábeas corpus por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres (3) meses siguientes a la promulgación de esta ley, el Consejo Superior de la Judicatura, con sujeción a la disponibilidad presupuestal existente, creará dos (2) nuevos cargos de magistrados para la mencionada Sala.

Artículo 14. Gaceta del Hábeas Corpus. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia indicará las sentencias de revisión sobre los procesos de hábeas corpus que deben ser incluidas en la Gaceta del Hábeas Corpus, la cual será publicada anualmente por la Imprenta Nacional. La Gaceta será distribuida a todos los Despachos Judiciales.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia creará un sistema de consulta de la jurisprudencia sobre el hábeas corpus, al cual tendrán acceso todas las personas.

Artículo 15. Estados de Excepción. La garantía del hábeas corpus no podrá ser suspendida, limitada o restringida durante los estados de excepción.

CAPITULO II
El mecanismo de búsqueda urgente para la prevención del delito de desaparición forzada

Artículo 16. Naturaleza y finalidad. El mecanismo de búsqueda urgente es un mecanismo público tutelar de la libertad y la integridad personales y de los demás derechos y garantías que se consagran en favor de las personas que se presume han sido desaparecidas. Tiene por objeto que las autoridades judiciales realicen, en forma inmediata, todas las diligencias necesarias tendientes a su localización, como mecanismo efectivo para prevenir la comisión del delito de desaparición forzada.
En ningún caso, el mecanismo de búsqueda urgente podrá ser considerado como obstáculo, limitación o trámite previo a la acción constitucional del hábeas corpus o a la investigación penal del hecho.

Artículo 17. Titulares. Quien sepa que una persona ha sido probablemente desaparecida, podrá solicitar a cualquier autoridad judicial la activación del mecanismo de búsqueda urgente.
Los agentes y demás miembros del Ministerio Público podrán solicitar la activación del mecanismo de búsqueda urgente si n que deban realizar procedimientos o investigaciones previas o preliminares. Lo anterior, sin perjuicio de sus competencias disciplinarias, de intervención judicial o de protección de los derechos humanos.
Los servidores públicos que, por cualquier medio, se enteren de que una persona ha sido probablemente desaparecida deberán, de oficio, activar el mecanismo de búsqueda urgente, si fueren competentes, o dar aviso del hecho a cualquier autoridad judicial para que proceda a activarlo. Si el servidor público recibe la noticia de una fuente anónima, valorará su contenido para determinar si actúa de acuerdo con lo señalado en este inciso.

Artículo 18. Deber especial de los servidores públicos. Los miembros de la fuerza pública, de los organismos de seguridad o de cualquier otra entidad del Estado permitirán y facilitarán el acceso a sus instalaciones, guarniciones, estaciones y dependencias, o a aquellas instalaciones donde actúen sus miembros, a los servidores públicos que, en desarrollo de un mecanismo de búsqueda urgente, realicen diligencias para dar con el paradero de la persona o personas en cuyo favor se instauró el mecanismo.

Artículo 19. Gratuidad. Ninguna actuación dentro del mecanismo de búsqueda urgente causará erogación a los particulares que en él intervienen. Los gastos que demande su activación y trámite serán asumidos por el Estado.

Artículo 20. Procedencia. La solicitud para que se active el mecanismo de búsqueda urgente procede desde el momento en que se presume que una persona ha sido desaparecida.
Si el funcionario judicial ante quien se dirige la solicitud la considerare infundada, lo declarará así, mediante providencia motivada, dentro de un término no mayor de veinticuatro (24) horas, contadas desde el momento en el que se le solicitó activar el mecanismo de búsqueda. En la decisión, que deberá ser notificada al agente del Ministerio Público, la autoridad judicial expresará razonadamente los motivos por los cuales considera que no es procedente realizar las gestiones y diligencias para encontrar a la persona o personas que presumiblemente han sido desaparecidas. También indicará las diligencias o gestiones que hubiese realizado desde el momento en que recibió la solicitud de activar el mecanismo de búsqueda. Tanto el peticionario como el representante del Ministerio Público podrán interponer, dentro del término de veinticuatro (24) horas, recurso de reposición contra esta providencia, el cual deberá resolverse dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su interposición.
En todo caso, cuantas veces se tenga noticia sobre el lugar donde pueda encontrarse la persona o el cadáver de la persona que habría sido desaparecida, se podrá solicitar a cualquier autoridad judicial que active el mecanismo de búsqueda urgente en los términos establecidos en la ley. Cuando el funcionario judicial que reciba la solicitud considere que esta es infundada, se procederá en la forma establecida en el inciso precedente.

Artículo 21. Contenido de la solicitud. Quien solicite la activación del mecanismo de búsqueda urgente deberá comunicar a la autoridad judicial, verbalmente o por escrito, los hechos y circunstancias por los cuales solicita la activación del mecanismo, y sus nombres, apellidos, documento de identificación y lugar de residencia. Si el peticionario fuese un servidor público, deberá indicar el cargo que desempeña.
La autoridad judicial ante quien se solicite la activación del mecanismo de búsqueda deberá, en ese mismo momento, recabar información en relación con los siguientes aspectos:
1. El nombre de la persona en favor de la cual se debe activar el mecanismo de búsqueda urgente, su documento de identificación, lugar de residencia, rasgos y características morfológicas, las prendas de vestir y elementos de uso personal que portaba al momento del hecho y todos los demás datos que permitan su individualización.
2. Los hechos y circunstancias que permitan establecer o lleven a presumir que la persona en favor de la cual se solicita la activación del mecanismo de búsqueda urgente es víctima de un delito de desaparición forzada de personas, incluyendo la información conocida concerniente al lugar y fecha de la desaparición y a los posibles testigos del hecho.
3. Toda la información que se tenga sobre la persona en cuyo favor se invoca el mecanismo, incluyendo, cuando fuere del caso, el lugar al que posiblemente fue conducida y la autoridad que realizó la aprehensión.
4. Si el peticionario ha solicitado a las autoridades posiblemente implicadas en la desaparición información sobre el paradero de la víctima y si estas han negado la aprehensión, retención o detención.
5. Si el hecho ha sido denunciado ante otras autoridades.
Cuando el solicitante no conociere las informaciones anteriores o cualesquiera otras que la autoridad judicial considerare pertinentes para realizar las gestiones y diligencias de búsqueda urgente, el funcionario judicial deberá recabarlas de otras fuentes, sin perjuicio de que simultáneamente realice todas las actividades tendientes a dar con el paradero de la persona o personas.
En la solicitud de activación del mecanismo de búsqueda urgente, el peticionario podrá solicitar al funcionario judicial la práctica de las diligencias que considere pertinentes para dar con el paradero de la persona, e indicar los lugares en los cuales se deben realizar las diligencias que permitan obtener la finalidad del mecanismo de búsqueda urgente.

Artículo 22. Facultades de las autoridades judiciales y de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación. Sin perjuicio de la función de dirección que tiene la autoridad judicial competente para impulsar el mecanismo de búsqueda urgente, esta y los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación tendrán, entre otras, y en la órbita de sus respectivas competencias, las siguientes facultades:
1. Ingresar y registrar, sin previo aviso, los centros destinados a la privación de la libertad de las personas y las sedes, instalaciones, oficinas o dependencias oficiales. Cuando se trate de inmuebles particulares, la autoridad judicial deberá proferir mandamiento escrito para proceder al allanamiento, salvo que el morador del inmueble autorice el ingreso y registro.
2. Solicitar al superior respectivo que, en forma inmediata y provisional, separe del cargo que viene ejerciendo al servidor público contra quien exista un indicio grave de responsabilidad en la desaparición forzada de una persona, con el objeto de evitar que su permanencia en el cargo pueda ser utilizada para obstaculizar el desarrollo normal de la búsqueda urgente o para intimidar a familiares de la víctima o testigos del hecho. La misma medida podrá solicitarse contra los servidores públicos que obstaculicen el desarrollo de la búsqueda urgente o intimiden a los familiares de la víctima o a los testigos del hecho.
3. Requerir el apoyo de la Fuerza Pública y de los organismos con funciones de policía judicial para practicar las diligencias tendientes a localizar la persona desaparecida y obtener su liberación. Las autoridades requeridas no podrán negar su apoyo en ningún caso.
4. Acopiar la información que consideren pertinente para dar con el paradero de la persona desaparecida, por el medio que consideren necesario y sin necesidad de formalidades.
Parágrafo. Luego de practicada cualquiera de las diligencias a que se refiere este artículo, los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación remitirán, en el término de la distancia, las actas correspondientes al funcionario judicial que esté conociendo del mecanismo de búsqueda urgente.

Artículo 23. Trámite. La solicitud de activación del mecanismo de búsqueda urgente no se someterá a reparto y deberá ser tramitada por el funcionario judicial ante quien se presente. Sin embargo, quien solicita la activación del mecanismo de búsqueda urgente o el agente del Ministerio Público podrán pedir el traslado de las diligencias a otra autoridad judicial cuando dispongan de información que indique la afectación de la independencia e imparcialidad de quien se encuentra conociéndolo. De igual manera podrá proceder el funcionario judicial que se encuentre tramitando el mecanismo de búsqueda, cuando considere que respecto de él concurren circunstancias que podrían afectar su independencia e imparcialidad en el desarrollo del mecanismo.
La autoridad judicial que, injustificadamente, se niegue a dar inicio a un mecanismo de búsqueda urgente incurrirá en falta gravísima.
Cuando se ordene la activación del mecanismo de búsqueda urgente, el funcionario judicial dará aviso inmediato al agente del Ministerio Público para que participe en las diligencias.
Recibida la solicitud, el funcionario judicial tendrá un término no mayor de veinticuatro (24) horas para darle trámite e iniciar las diligencias pertinentes. Asimismo, deberá requerir de las autoridades que conozcan de la investigación o juzgamiento del delito de desaparición forzada toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la víctima de la desaparición.
El funcionario judicial informará de inmediato sobre la solicitud de activación del mecanismo de búsqueda urgente a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al Departamento Administrativo de Seguridad, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Fiscalía General de la Nación y a las demás autoridades que tengan registrados datos de la víctima o de personas desaparecidas o cadáveres sin identificar, para que se realicen las confrontaciones de datos que fueren pertinentes a fin de recopilar información útil para el hallazgo de la víctima.
Si en la solicitud se indican los lugares u oficinas públicas en donde se podría encontrar la persona en cuyo favor se ha instaurado el mecanismo de búsqueda urgente, el funcionario judicial dispondrá la realización de una inspección judicial a dichos sitios, con el fin de establecer si la persona se halla en esos lugares.
En ningún caso podrá exigirse que transcurra un determinado lapso de tiempo para la presentación de la solicitud de activación del mecanismo de búsqueda urgente, ni las autoridades podrán negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten, o les sean ordenadas, so pretexto de que existen plazos legales para considerar a la persona como desaparecida.

Artículo 24. Comisión. Si las diligencias o pruebas por realizar deben practicarse en lugares distintos a la jurisdicción de la autoridad judicial de conocimiento, esta solicitará la colaboración de jueces o fiscales, mediante despacho comisorio que será comunicado por la vía más rápida posible y que deberá ser anunciado por medio telefónico o por cualquier otro medio expedito, de tal forma que no sea necesario el recibo físico de la documentación por parte del comisionado para que este inicie su colaboración con la búsqueda urgente.

Artículo 25. Rescate del desaparecido que se encuentra en poder de particulares y terminación de la actuación. En cualquier momento en el que se logre determinar que la persona se halla en poder de particulares o en sitio que no es dependencia pública, el funcionario competente dará aviso a la Fuerza Pública y a los organismos con facultades de policía judicial para que procedan a su liberación, la cual se realizará bajo su dirección personal. Igualmente, la autoridad judicial dispondrá lo necesario para que, si fuere el caso, se inicien las investigaciones penales y disciplinarias correspondientes.
Obtenida la liberación, se dará por terminado el mecanismo de búsqueda y se remitirá un informe detallado sobre las diligencias realizadas y sus resultados al fiscal competente para adelantar la investigación penal por el delito que corresponda. El reporte se incorporará a la actuación penal como medio de prueba.

Artículo 26. Procedimiento en caso de que la persona sea hallada privada de la libertad por autoridades públicas. En el caso en el que la persona en favor de la cual se activó el mecanismo de búsqueda urgente sea hallada privada de la libertad por autoridades públicas, se dispondrá su liberación inmediata. Si la misma no fuere procedente, se pondrá a disposición de la autoridad competente y se ordenará su traslado al centro de reclusión más cercano. De ser pertinente, el funcionario dará inicio al trámite de hábeas corpus.

Artículo 27. Garantías de liberación. Cuando el mecanismo de búsqueda urgente permita dar con el paradero de la persona y ésta deba ser liberada por la autoridad o el funcionario responsable de la aprehensión, dicha liberación deberá producirse en presencia de un familiar, del agente del Ministerio Público o del representante legal de la víctima, o en lugar que brinde plenas garantías al liberado para la protección de su vida, su libertad y su integridad personal.

Artículo 28. Terminación de la actuación. Si practicadas las diligencias que se estimaren conducentes en desarrollo del mecanismo de búsqueda urgente no se hallare al desaparecido, y hubiesen transcurrido cuando menos dos meses desde la iniciación del mecanismo, el funcionario judicial competente ordenará la terminación de la actuación y remitirá a la Fiscalía el informe correspondiente.

Artículo 29. Derecho de los familiares a obtener la entrega inmediata del cadáver. Cuando la persona en favor de la cual se activó el mecanismo de búsqueda urgente sea hallada sin vida, se adoptarán todas las medidas necesarias para la entrega de su cadáver a los familiares, independientemente de que se haya establecido la identidad de los responsables de la desaparición o de la muerte y de que se les haya iniciado investigación por los hechos delictivos que puedan configurarse.

Artículo 30. Derechos de los peticionarios, de los familiares y de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El peticionario y los familiares de la persona que presumiblemente ha sido desaparecida tendrán derecho en todo momento a conocer las diligencias realizadas para la búsqueda. Ni a ellos ni a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas se les podrá oponer reserva alguna. Para el ejercicio de sus funciones, la Comisión también podrá conocer sobre el desarrollo de las investigaciones de desaparición forzada que se realicen.
Las personas señaladas en el inciso anterior, y las que designe la Comisión de Búsqueda de su propio seno, podrán participar en las diligencias y en la práctica de pruebas que se adelanten, salvo que dicha participación pueda obstaculizar el desarrollo de las actuaciones o el hallazgo del desaparecido. La autoridad judicial deberá advertir al familiar o al peticionario las condiciones de riesgo que les pueden sobrevenir por su participación.

Artículo 31. Protección de víctimas y testigos. En la activación y desarrollo del mecanismo de búsqueda urgente se aplicarán las reglas relativas a la protección de víctimas y testigos, de acuerdo con lo que establece el Código de Procedimiento Penal y demás normas que lo desarrollen.

Artículo 32. Remisión. Cuando no exista norma que regule un procedimiento para la tramitación del mecanismo de búsqueda urgente y la práctica de las diligencias que surjan de él, se aplicarán las normas que regulan la acción de hábeas corpus y las del Código de Procedimiento Penal, teniendo en cuenta, en todo caso, que la finalidad primordial de este mecanismo público tutelar de la libertad, la integridad personal y demás derechos y garantías que se consagran en favor de toda persona que se presume ha sido desaparecida, es la de prevenir la consumación del delito de desaparición forzada de personas.

Artículo 33. Vigencia. La presente ley rige a partir de su sanción.





PUBLICADO.
«El proyecto de ley estatutaria de hábeas corpus». En Alé-Kumá Revista Jurídica, número 15, Neiva, Universidad Cooperativa de Colombia, 2002, p. 95 a 118.

2005/08/08

DESARROLLOS RECIENTES EN LA DOCTRINA DEL PRECEDENTE JUDICIAL EN COLOMBIA

DESARROLLOS RECIENTES EN LA DOCTRINA DEL PRECEDENTE JUDICIAL EN COLOMBIA



1. Introducción


La CC: 1. ha querido extender la aplicación de la “doctrina” del precedente a las otras jurisdicciones a través de la reconstrucción del concepto de “doctrina probable” C836/01. La tendencia actual a que todas las Cortes adopten un sistema fuerte de precedente, el que implica, en palabras de la CC: (i) El precedente ejerce fuerza gravitacional para la decisión de casos futuros análogos; (ii) el cambio jurisprudencial solo se puede dar por un listado mas o menos cerrado de motivos razonables y suficientes. 2. ha aumentado la relevancia del precedente mediante la introducción de la doctrina del “derecho viviente” que busca: (i) eliminar los defectos mas evidentes que se desprenden del hecho que el control C sea demasiado abstracto; (ii) integrar las interpretaciones efectivas que los jueces o la administración hacen de las normas al control de constitucionalidad.



2. El valor histórico de la “jurisprudencia” en el D colombiano: el art. 4° de la ley 169 de 1896


Tradicionalmente la J ha sido fuente “auxiliar” o “secundaria” del D igual ocurre en AL y en los sistemas con raíz Fr. –Art. 17 CCC- Proviene del fervor revolucionario contra el régimen depuesto. En el S XIX en Fr. Empezaron a reconocer la jurisprudence constante en especial la doctrina legal: la interpretación reiterada que la Corte de Casación hiciera sobre un punto de D obligaba a los jueces inferiores a respetarla en sentido abstracto –respeto al concepto, efectos Inter partes- de modo contrario al stare decisis de la familia anglo a caso nuevo igual solución igual al anterior. El efecto inter partes llegó con el artículo 10 de la L153/1887, luego el 371 de la L105/1890 acomodó la doctrina legal y el 369-1 estableció como causal de casación la violación de la doctrina legal. Luego fue modificado por el art. 4 de la L169/1869: “Tres decisiones uniformes de la CSJ como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de D, constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe su doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores.”



3. La “doctrina constitucional” contemporánea


Con apoyo en el A4 de la L169/1896 se restableció un sistema libre de jurisprudencia meramente indicativa. a partir del año de 1991 el legislador y luego la CC –patina entre 92-95 hasta C037/96 y cierra con SU047/99 (1ª C)- empezaron a insistir en la importancia de tener un sistema fuerte de jurisprudencia (y no libre o meramente indicativo), por lo menos para el caso de las decisiones emitidas por la jurisdicción constitucional que se consolida entre 95/98 (2ª C) la Corte en pleno construye un sistema de precedentes basado en principios y derechos constitucionales tales como el derecho a la igualdad, la seguridad jurídica, el principio de buena fe y confianza legítima y, finalmente, en la autoridad entregada a las altas cortes como unificadoras de la jurisprudencia nacional, lo adopta contrariando el A4 L169 que se creía derogado. En 2001 (3ª C) demandan su inexequibilidad y contrario a lo esperado pasa el examen de modo condicionado, según la C establece un sistema fuerte y no una disciplina meramente indicativa de doctrina probable como se había entendido. La C en 92: “es innegable el valor pedagógico e incluso “normativo-general” de la jurisprudencia de tutela que crea la CC y su importancia y alcance apenas empiezan a vislumbrarse en el panorama jurídico nacional” la C le llama “doctrina constitucional” lo diferencia de la “doctrina probable” de lo pedagógico a lo normativo-general.



4. Desarrollos recientes


La reconstrucción de la “doctrina probable” Planteamiento del problema
Hacia un régimen único del valor de la jurisprudencia
La interpretación contemporánea de la “doctrina probable” y de las “decisiones erróneas”
Precedente horizontal y vertical
Cambio en el precedente vertical
Cambio en el precedente horizontal
Precedente vinculante vs. Jurisprudencia indicativa: las prácticas de las Altas Corte colombianas Caracterización preliminar
Cuadro valor de la jurisprudencia Reglas Precedente vinculante Jurisprudencia indicativa
De relevancia
Fuerza vinculante
De cambio
Tipología de citas jurisprudenciales Citaciones analógicas, estrechas y amplias
Citas conceptuales o temáticas
Citaciones caóticas o meramente retóricas
Las AC en números
Mecanismos de disciplina jurisprudencial
La doctrina del “D viviente”



Conclusiones


La discusión en Colombia sobre el tema sigue abierta: la Corte Constitucional ha avanzado decisivamente en el esfuerzo de tener un sistema de derecho constitucional donde el precedente vinculante es definitivo. Igual invitación se ha hecho, desde la Constitución, a las Cortes de cierre de las otras jurisdicciones. La Corte Constitucional, por tanto, tiene ya una sólida doctrina de precedente de iure y sus prácticas argumentativas muestran algún avance significativo (aunque menor del esperable) en la utilización del precedente de facto. Recientemente se abre la pregunta de si la doctrina del precedente de iure es igualmente aplicable a la jurisdicción común. La respuesta del intérprete de la Constitución es positiva. Falta por ver, sin embargo, si la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado muestran hacia el futuro el mismo convencimiento en relación a la doctrina del precedente en sus prácticas decisionales concretas.



4. Desarrollos recientes

La C831/01: a) Posiciona la C; b) La C se pronuncia sobre el contradictor, y c) Amplía el tema a las otras jurisdicciones.

Apareja dos temas: (i) Tutela contra tutela y (ii) la doctrina del Derecho Viviente


4.1 La reconstrucción de la “doctrina probable” Derecho Probable


4.1.1 Planteamiento del problema:

Para la C el problema se halla en las expresiones “probable” y “erróneas”, la DPro no puede implicar un debilitamiento fuerte de la “doctrina del precedente” –DP; la posibilidad de separarse del de precedente (horizontal o vertical) es limitada y no absoluta.


4.1.2 Hacia un régimen único del valor de la jurisprudencia:

La sentencia C-831 busca establecer el principio según el cual la DP –aplicable en CC- es aplicable por las mismas razones, a las otras jurisdicciones CSJ y CE. (i) Inicialmente la CC creía en la vulneración al D a la igualdad cuando se desconocía la DP; (ii) se ayuda con la función unificadora, si se separan debe justificar suficiente y adecuada/; (iii) Las otras C no tenían DP sino DPr pues no tenían la “carga transparencia” revelar el sentido de la jurisprudencia existente ni “carga de argumentación” discutir las razones de cambio –la CC lo trató como independencia y autonomía/ precedente que resuelve con la argumentación- caso Álcalis.


4.1.3 La interpretación contemporánea de la “doctrina probable” y de las “decisiones erróneas”:

i) La fuerza normativa de la DPr de la CSJ proviene de: (i) la autoridad otorgada por la CN para establecerla y su función unificadora; (ii) de la obligación de los jueces de materializar la igualdad de las personas frente a la ley y trato de la autoridades; (iii) Principio de buena traducido en la confianza en las autoridades; (iv) el carácter decantado de la interpretación del OJ que dicha autoridad ha construido, confrontándola permanentemente con la realidad que regula;

ii) Porque Probable, (i) La importancia del juez como agente racionalizador e integrador del D implica determinado nivel de certeza empírica respecto de la D, no implica una anulación del sentido normativo de la J de la CSJ (ii) Dada la complejidad de la realidad social tres decisiones pueden resultar insuficientes para dar certeza respecto del alcance de los principios formulados, pero esa probabilidad no debe interpretarse como una facultad omnímoda para desconocer las interpretaciones del OJ hechas por la CSJ (iv) No es admisible la plena autonomía judicial porque vulnera el D a la igualdad de trato –deber judicial-;

iii) Error, para la CC no constituye una facultad del juez para desechar la doctrina de la CSJ sin un fundamento explícito suficiente.


4.1.4 Precedente horizontal y vertical:

La referencia a la Constitución y a la ley, como puntos de partida de la actividad judicial, significa que los jueces se encuentran sujetos principalmente a estas dos fuentes de derecho. Precisamente en virtud de la sujeción a los derechos, garantías y libertades constitucionales fundamentales, estos jueces están obligados a respetar los fundamentos jurídicos mediante los cuales se han resuelto situaciones análogas anteriores. Esta obligación de respeto por los propios actos implica dos deberes, (I) el de resolver casos similares de la misma manera, (II) el de tenerlos en cuenta de manera expresa, es decir, la obligación de motivar sus decisiones con base en su propia doctrina judicial.

La esencia de la doctrina contemporánea del precedente, radica en lo siguiente: (i) no se trata de un sistema libre de jurisprudencia, (ii) no se trata de un sistema de precedente absoluto. De tratarse de un sistema absoluto, todo caso análogo a uno anteriormente fallado tendría que ser decidido de idéntica manera. Esto, por supuesto, generaría una excesiva inflexibilidad en el desarrollo de la jurisprudencia. La CC escoge, por oposición a los dos anteriores, un sistema relativo de jurisprudencia. La primera idea fundamental es que un precedente ya adoptado tiene peso jurídico específico, esto es, cuenta como argumento (aunque no decisivo) para decidir en el mismo sentido y con los mismos argumentos el nuevo caso análogo. De esta manera los precedentes tienen, utilizando la metáfora de Dworkin, una cierta fuerza gravitacional que atrae el nuevo fallo. Recuérdese, de otro lado, que el sistema libre de jurisprudencia niega de entrada que los precedentes ya decididos tengan algún peso jurídico específico. En el sistema relativo, los jueces tienen el deber prima facie de respetar el precedente (incluyendo, por supuesto, los argumentos y el sentido de la decisión). Pero un deber prima facie no constituye un deber definitivo. En virtud del principio de autonomía judicial los jueces pueden separarse de la línea jurisprudencial ya fijada si exponen motivos suficientes y razonables para ello. La doctrina relativa del precedente exige del juez una doble carga en casos en que no parezca razonable seguirlo: (i) una carga de transparencia en el sentido en que es necesario conocer y anunciar los precedentes vigentes que gravitan en contra de la nueva posición que se va a tomar, con lo que se prohíbe el cambio oculto de jurisprudencia; y, (ii) una carga de argumentación, es decir, tienen que mostrar con claridad por qué la nueva posición jurisprudencial es superior jurídica y moralmente a la anteriormente adoptada, con lo que se prohíbe el cambio jurisprudencial discrecional. Para la CC, en general, el precedente vertical ata con mayor fuerza a los jueces inferiores que el auto-precedente a la propia Corte de cierre. Según esta visión, entonces, la CC piensa que todos los jueces tienen el deber de respetar la fuerza inercial de la jurisprudencia de la alta Corte; este deber, sin embargo, es algo más débil en el caso del auto-precedente de alta Corte ya que ella está mejor posicionada que los jueces inferiores para realizar cambios, motivados y razonables, de su propia jurisprudencia. Por estas razones la Corte habla de que en casos de precedente vertical la jurisprudencia tiene un plus normativo (esto es, ata más firmemente) que cuando se trata del auto-precedente o precedente horizontal.


4.1.5 Cambio en el precedente vertical:

Con relación al precedente vertical, los jueces de inferior jerarquía pueden separarse del precedente en las siguientes categorías de casos: 1) Según la Corte, y como resulta obvio, “[e]n principio, un cambio en la legislación motivaría un cambio de jurisprudencia”. Así, pues, una disposición legislativa nueva cambia la jurisprudencia interpretativa o aplicativa de una norma que ha sido derogada. Este constituye, por supuesto, un argumento suficiente y razonable para abandonar la jurisprudencia. 2) En segundo lugar, y éste es el centro de la discusión sobre el precedente, los jueces inferiores pueden cambiar de criterio jurisprudencial sin que medie cambio legislativo y en contravía de la jurisprudencia de la CS. Dice la CC: “Por otra parte, cuando no ha habido un tránsito legislativo relevante, los jueces están obligados a seguir explícitamente la jurisprudencia de la CSJ en todos los casos en que el principio o regla jurisprudencial, sigan teniendo aplicación. Con todo, la aplicabilidad de los principios y reglas jurisprudenciales depende de su capacidad para responder adecuadamente a una realidad social cambiante. En esa medida, un cambio en la situación social, política o económica podría llevar a que la ponderación e interpretación del ordenamiento tal como lo venía haciendo la CS, no resulten adecuadas para responder a las exigencias sociales. Esto impone la necesidad de formular nuevos principios o doctrinas jurídicas, modificando la jurisprudencia existente, En estos casos se justifica un replanteamiento de la jurisprudencia. Sin embargo, ello no significa que los jueces puedan cambiar arbitrariamente su jurisprudencia aduciendo, sin más, que sus decisiones anteriores fueron tomadas bajo una situación social, económica o política diferente. Es necesario que tal transformación tenga injerencia sobre la manera como se había formulado inicialmente el principio jurídico que fundamentó cada aspecto de la decisión, y que el cambio en la jurisprudencia esté razonablemente justificado conforme a una ponderación de los bienes jurídicos involucrados en el caso particular.” 3) Finalmente, la Corte recuerda que en puridad no existe fuerza gravitacional en el precedente cuando “la jurisprudencia sobre un determinado aspecto de derecho sea contradictoria o imprecisa. Puede ocurrir que haya sentencias en las cuales frente a unos mismo supuestos de hecho relevantes, la Corte haya adoptado decisiones contradictorias o que el fundamento de una decisión no pueda extractarse con precisión. En estos casos, por supuesto, compete a la CS unificar y precisar su propia jurisprudencia. Ante falta de unidad en la jurisprudencia, los jueces deben hacer explícita la diversidad de criterios, y optar por las decisiones que interpreten de mejor manera el imperio de la ley, a partir de una adecuada determinación de los hechos materialmente relevantes en el caso.”


4.1.6 Cambio en el precedente horizontal:

“La expresión “erróneas” que predica [el artículo 4º de la Ley 169 de 1896] de las decisiones de la CS puede entenderse de tres maneras diferentes, y cada interpretación da lugar a cambios jurisprudenciales por razones distintas. En primer lugar, (i) cuando la doctrina, habiendo sido adecuada en una situación social determinada, no responda adecuadamente al cambio social posterior. Como se analizó de manera general en el numeral 18 supra, este tipo de error sobreviniente justifica que la Corte cambie su propia jurisprudencia. En segundo lugar, (ii) la Corte puede considerar que la jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico. En estos casos también está justificado que la CS cambie su jurisprudencia para evitar prolongar en el tiempo las injusticias del pasado, haciendo explícita tal decisión. En tercer lugar, (iii) como resulta apenas obvio, por cambios en el ordenamiento jurídico positivo, es decir, debido a un tránsito constitucional o legal relevante.” Todo esto, aclara la Corte, sin que se regrese al sistema de la jurisprudencia libre: “Debe entenderse entonces que el error judicial al que hace referencia [el artículo 4º] justifica el cambio de jurisprudencia en los términos expresados, pero no constituye una facultad del juez para desechar la doctrina de la CSJ sin un fundamento explícito suficiente.”

La diferencia evidente entre los dos listados se concentra en un punto esencial: mientras que la CS queda autorizada para cambiar la doctrina jurisprudencial errónea sin que medie circunstancias de cambio social, político y económico, los jueces inferiores, al controvertir el precedente vertical tienen que acomodarse a este estándar, evidentemente superior, de argumentación. Queda por ver si este tratamiento separado que da la Corte al precedente vertical y horizontal describe adecuadamente las prácticas de los jueces en todos sus niveles. El mensaje a todos ellos sigue siendo la necesidad de tomarse en serio los precedentes como exigencia indispensable de la Constitución colombiana.


4.2 Precedente vinculante vs. Jurisprudencia indicativa:
las prácticas de las Altas Cortes colombianas


4.2.1 Caracterización preliminar:

La invitación se hace, pues, a ver la jurisprudencia como repositorio de experiencia basado en la analogía fáctica entre casos previamente decididos y casos nuevos presentados a la decisión de los jueces. La doctrina del precedente vinculante implica que la decisión adoptada con anterioridad dentro de un cierto patrón fáctico tiene fuerza gravitacional prima facie sobre un caso nuevo análogo por sus hechos o circunstancias. El cambio de decisión, por tanto, debe ser excepcional y basado en motivos suficientes y razonables. Esta disciplina del precedente difiere en formas muy importantes de la idea tradicional de jurisprudencia meramente indicativa: bajo ella, las citas a casos anteriores tienden a ignorar criterios de analogía fáctica y a concentrarse más bien en la definición de conceptos jurídicos hecha en sentencias anteriores; en consecuencia, cada caso nuevo se decide de conformidad con la ley o al concepto jurídico anteriormente definido con baja sensibilidad a la fuerza gravitacional de fallos anteriores análogos por sus hechos y circunstancias; finalmente, esta concepción de la jurisprudencia permite cambios frecuentes de criterio sin que se defina o discuta la doctrina jurisprudencial fijada en casos análogos.


4.2.2 Cuadro valor de la jurisprudencia

Reglas Precedente vinculante Jurisprudencia indicativa
De relevancia Un precedente es relevante cuando se presenta un caso nuevo análogo por sus hechos y circunstancias La jurisprudencia es relevante cuando trata un tema o concepto común al del caso nuevo, sin necesidad de verificar criterios de analogía fáctica entre ambos
Fuerza vinculante Un precedente tiene fuerza gravitacional que hala la decisión de un caso nuevo análogo por sus hechos y circunstancias La jurisprudencia no tiene fuerza gravitacional específica frente a la decisión del nuevo caso. El concepto jurídico utilizado en el caso anterior tiene alguna tendencia a ser utilizado de la misma manera en el nuevo caso
De cambio Solo procede cuando resulta razonable desvirtuar la fuerza gravitacional que prima facie tiene el precedente. Ello exige argumentación explícita, transparente y suficiente. Siendo la jurisprudencia indicativa, la doctrina fijada con anterioridad no tiene peso suficiente como para cargas de argumentación al momento de cambio jurisprudencial.


La lectura atenta de jurisprudencia de las Altas Cortes colombianas permite distinguir distintos tipos de usos de la misma. Los usos de la jurisprudencia son discernibles si se mira con cuidado, entre otros factores, los siguiente: (1) el papel que juegan las citas internas de jurisprudencia en la justificación de la decisión adoptada en un caso nuevo; (2) el número total de citas jurisprudenciales y su relación y peso argumentativo frente a la cita de otras fuentes del derecho en la decisión del caso; y (3) el número total de citas externas de jurisprudencia.


4.2.3 Tipología de citas jurisprudenciales

La lectura atenta de jurisprudencia de las Altas Cortes permite distinguir distintos tipos de usos de la misma. Los usos de la jurisprudencia son discernibles si se mira con cuidado, entre otros factores, los siguientes: (1) el papel que juegan las citas internas de jurisprudencia en la justificación de la decisión adoptada en un caso nuevo; (2) el número total de citas jurisprudenciales y su relación y peso argumentativo frente a la cita de otras fuentes del derecho en la decisión del caso; y (3) el número total de citas externas de jurisprudencia. La clasificación de citas jurisprudenciales propuestas es la siguiente: de una gama que va de la citación jurisprudencial técnica a la anti-técnica, queremos mostrar (i) las Cortes, en sus momentos de mayor disciplina y rigor, tan sólo citan precedentes que tienen una relación fáctica estrecha con el caso presente; (ii) se citan precedentes que tienen relación fáctica “amplia”; (iii) en orden decreciente de “tecnicidad” las Cortes citan precedentes que ya no se relacionan por analogía (ni estrecha ni amplia) sino que tan sólo tienen un referente conceptual común; (iv) en las citas más indisciplinadas y retóricas, las Cortes citan sentencias que no tienen ninguno de los tres tipos de conexiones que se acaban de mencionar. A continuación se explica cada uno de estos tipos de utilización de jurisprudencia y el papel y peso que tienen en la argumentación judicial:

i) Citaciones analógicas, estrechas y amplias:

En una sentencia, una citación fáctica será aquella que cita la ratio decidendi o la sub-regla de una sentencia anterior con un vínculo fáctico estrecho ó abierto. Por regla general, tal citación dispone del caso, esto es, se trata de un argumento central en el sentido de la definición del mismo. De la misma manera es claro que este tipo de citas se hace cuando existe una noción clara de precedente vinculante: el caso análogo ya fallado tiene clara fuerza gravitacional sobre el nuevo caso. Esto diferencia una sentencia fundadora de línea de una reiteradora, ya que en la primera, por lo novedoso del tema se permiten citaciones más amplias; por el contrario, una sentencia reiteradora de jurisprudencia y en la cual la analogía fáctica sea evidente la cita suficiente y legítima es la de una sentencia que recoja a cabalidad la doctrina constitucional vigente.

ii) Citas conceptuales o temáticas:

Las citaciones conceptuales se diferencian de las fácticas porque en ellas no cuentan las analogías fácticas sino las conexiones temáticas o conceptuales. En este caso no importa que los hechos de la sentencia citada sean similares a los de la sentencia que cita, sino que encaje en un concepto o idea jurídica abstracta que abarque los supuestos de hecho del litigio. “Igualdad”, “vía de hecho”, “tratados internacionales”, “debido proceso” entre otros, son ejemplos de conceptos comunes en las sentencias de la Corte. En este tipo de citaciones, la jurisprudencia no resulta, como en el caso anterior, controlante o decisiva. Las Cortes que utilizan mayoritariamente citas conceptuales tienden a poseer una noción de jurisprudencia indicativa y no de precedente vinculante. Por regla general, sólo cuando los jueces no tienen una sentencia analógica precedente a la cual acudir deberían apelar a las citas conceptuales. En otros casos, aún con la existencia de un caso similar también se citan extractos de jurisprudencia con alguna conexión temática. En un tema tan amplio como “vía de hecho”, no todos los casos decididos bajo este concepto son similares ni con las analogías más descabelladas que se nos puedan ocurrir. Las citas conceptuales no se pueden descalificar en todas las circunstancias; bajo ciertas condiciones son la mejor herramienta con la que cuenta un juez para guiar la resolución de un litigio. En casos novedosos es obvio que el juez no cuenta con sentencias similares por los hechos. ¿Debe entonces partir de cero y desconocer conceptos que puede aplicar al conflicto concreto? No. Sin embargo, no en todos los casos las citaciones temáticas son necesarias, o, relevantes para la solución final del caso. De otro lado, la utilización de citas temáticas en desconocimiento de casos análogos ya fallados es una de las características típicas del régimen de jurisprudencia meramente indicativo.

iii) Citaciones caóticas o meramente retóricas:

Por citación caótica se puede entender aquella en la cual abundan los extractos de jurisprudencia sobre muchos temas que no influyen en la resolución final del caso y en los que no existe una conexión analógica o conceptual entre el precedente invocado y el caso sub examine. Esta última sentencia es en general un ejemplo de citación caótica porque: (i) la mayoría de las citas no concuerdan con la decisión adoptada por la Corte en el decisum de la sentencia, esto es, no tienen peso jurídico relevante en la decisión del caso; (ii) contiene citas definitorias de cada derecho fundamental que no son necesarias para la solución; (iii) cita hasta dos veces una misma idea o pensamiento sobre un desarrollo jurisprudencial de un derecho particular; (iv) tiene una cita de cita (también llamada cita secundaria o indirecta) que, además de impertinente, demuestra impropiedad a la hora de citar y, finalmente, (v) cita desarrollos retóricos sobre un derecho, como el núcleo esencial, que reitero, en nada contribuyen a la decisión final de caso.


4.2.4 Las Altas Cortes en números

El muestreo realizado revisó aleatoriamente el 5% del número total de sentencias emitidas por la CSJ, el CE y la CC durante el año 2003. De este muestreo se examinaron las citas jurisprudenciales contenidas en las sentencias escogidas y se clasificaron según la tipología expuesta en el acápite anterior. Los resultados, aunque preliminares, son muy dicientes: Resalta en primer lugar la evidente utilización de la jurisprudencia como base central de la fundamentación jurídica en la CC En términos relativos, la utilización de jurisprudencia en la CC triplica la de la CSJ y duplica la del CE (Cuadro 1). Ello da como resultado una ordenación descendente del número promedio de citaciones jurisprudenciales por sentencia (cuadro 1). Es igualmente llamativo el alto número de sentencias en los que no se utiliza ninguna referencia jurisprudencial en la CSJ. y en el CE. Tal ocurrencia es significativamente menor en la CC (Cuadro 1). A menor uso de la jurisprudencia, de otro lado, hay una utilización más fuerte de la ley como norma controlante en la decisión del caso (cuadro 2). El cuadro 4 muestra que, en términos relativos, la utilización de citas caóticas es de alrededor de ¼ del total de la muestra en el caso de la CSJ y del CE. Tal proporción es mucho menor en la CC. Todas las Cortes, sin embargo, parecen tener preferencia por citas conceptuales. El porcentaje alto de la CC. se explica en parte debido al impacto conceptualizante de la jurisprudencia de “vía de hecho” contra decisiones judiciales en las que no ha sido posible ordenar la jurisprudencia entorno a patrones fácticos y analogías jurisprudenciales. Quizá esta sea una de las principales debilidades en el desarrollo jurisprudencial de la figura. La utilización de analogías abiertas y cerradas es relativamente más alta en la CC; sorpresivamente, sin embargo, es también alta en la CSJ. Ello, sin embargo, es responsabilidad de unas pocas sentencias en donde las analogías siempre se dan por situaciones procesales y no sustantivas. El cuadro 5 muestra el “índice de citación técnica” del año 2003 para cada una de las Cortes. Este índice se confeccionó de la siguiente manera: identificando el tipo de cada una de las citas jurisprudenciales, se otorgó 0 puntos a las citas caóticas, 1 punto a las citas conceptuales, 2 puntos a las citas de analogía abierta y 3 puntos a las citas de analogía cerrada. Se calcularon índices para cada una de las sentencias examinadas y se acumularon los totales de cada corporación Los datos dan una visión cuantitativa que cuadra muy bien con el significado político y jurídico de la sentencia C-836/01. La CC está algo más adelante en el proceso de adopción de facto de un régimen de precedente vinculante, mientras que la CSJ y el CE mantienen sus prácticas dentro de nociones de jurisprudencia indicativa y conceptual. Una comprensión indicativa y conceptual de la jurisprudencia tiende a ofender con mayor frecuencia la garantía de igualdad de trato. Una comprensión de la jurisprudencia desde el artículo 13 C .P. privilegia la analogía y castiga la utilización conceptual de jurisprudencia. En todo caso, no parece que exista ninguna razón válida para que se den citas caóticas en cualquiera de las jurisdicciones. Los porcentajes de éstas siguen siendo, en todo caso, llamativamente altos. Los datos indican, de otro lado, que los sistemas de disciplina jurisprudencial reciben y continuarán recibiendo enorme presión debido a la dispersión y desobediencia del precedente vinculante por analogía en todas las jurisdicciones. Para el período analizado. El resultado muestra que la CSJ. y el CE son cortes que hacen uso conceptual de la jurisprudencia previa. La nota del CE y de la CSJ (ligeramente inferior a 1) muestran que son ejemplos casi perfectos de cortes conceptualistas en su uso de jurisprudencia. El índice de la CC es significativamente superior lo que indica algún mayor uso de analogías y algún menor uso de citas caóticas. Sin embargo, su promedio se mantiene sorprendentemente dentro de terrenos muy tradicionales. Finalmente el cuadro 6 distingue entre citas internas y externas. Una cita interna es una cita de la propia jurisprudencia; una cita externa es una cita de la jurisprudencia de otra Alta Corte. El cuadro muestra que la CC se cita exclusivamente a sí misma; la CSJ. se cita predominantemente a sí misma. El CE se revela como una corporación más atenta a la jurisprudencia de la CC, pero exclusivamente en aquellos fallos en los que decide las acciones constitucionales sobre las que tiene competencia. En sus fallos contencioso-administrativos, empero, predominan las citas jurisprudenciales internas y conceptuales. Los datos dan una visión cuantitativa que cuadra muy bien con el significado político y jurídico de la sentencia C-836/01. La C.C. está algo más adelante en el proceso de adopción de facto de un régimen de precedente vinculante, mientras que la C.S .J. y el C. de E. mantienen sus prácticas dentro de nociones de jurisprudencia indicativa y conceptual. Una comprensión indicativa y conceptual de la jurisprudencia tiende a ofender con mayor frecuencia la garantía de igualdad de trato. Una comprensión de la jurisprudencia desde el artículo 13 C .P. privilegia la analogía y castiga la utilización conceptual de jurisprudencia. En todo caso, no parece que exista ninguna razón válida para que se den citas caóticas en cualquiera de las jurisdicciones. Los porcentajes de éstas siguen siendo, en todo caso, llamativamente altos. Los datos indican, de otro lado, que los sistemas de disciplina jurisprudencial reciben y continuarán recibiendo enorme presión debido a la dispersión y desobediencia del precedente vinculante por analogía en todas las jurisdicciones.



4.3 Mecanismos de disciplina jurisprudencial


El respeto al precedente ha exigido que la CC desarrolle mecanismos de disciplina jurisprudencial mediante los cuales se revocan las sentencias adoptadas por los jueces inferiores en contravía de la fuerza inercial de los precedentes sin cumplir con la carga argumentativa especial que ello requiere. En la T-123 de 1995 la Corte reconoce que la violación del precedente afecta derechos fundamentales pero piensa que “a través de los recursos que se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede ventilarse este evento de infracción a la Constitución.” Con ello la disciplina jurisprudencial en la jurisdicción común queda encargada a la misma alta Corte a través de los recursos de los que debe conocer para el efecto. Luego de esta sentencia de 1995 la Corte Constitucional se pasa a preocupar, como es obvio, del respeto a sus propios precedentes y no tanto a los precedentes pronunciados por las otras altas Cortes. Con este propósito en mente empiezan a aparecer dos mecanismos de disciplina jurisprudencial básicos: 1) De un lado, la Corte frecuentemente infirma en sus sentencias de revisión las decisiones tomadas por los jueces de tutela cuando estas vulneran la doctrina constitucional; esta vía de control jurisprudencial termina siendo claramente dominante, en especial cuando la Corte empieza a expedir las llamadas “sentencias de reiteración” en las que el propósito es usualmente corregir el desconocimiento de su doctrina por parte de los jueces inferiores; 2) Del otro lado, aunque con mucho menor frecuencia, empiezan a aparecer en la jurisprudencia acciones de tutela contra tutelas ya falladas en las que se viola la doctrina constitucional establecida. Se trata, como es evidente, de tutela contra providencias judiciales en las que se constituye una vía de hecho por violación al derecho fundamental a la igualdad. Aunque esta forma de control jurisprudencial es mucho menos importante que el efectuado a través de sentencias de revisión, es evidente que le daba algún método de insistencia al litigante que consideraba que había violación no argumentada de la doctrina y cuyo caso no había sido seleccionado para la revisión en primer lugar. El desarrollo reciente en este tema ha sido, como el lector lo reconocerá inmediatamente, la prohibición de tutela contra tutela, como lo anunció la Corte Constitucional en su sentencia SU-1219/01. Mediante esta sentencia y sus múltiples reiteraciones el peso de la disciplina jurisprudencial queda puesto exclusivamente sobre el mecanismo de la revisión: “El mecanismo constitucional diseñado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisión del propio Constituyente, es el de la revisión por parte de la Corte Constitucional. Esta regulación, no sólo busca unificar la interpretación constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como máximo tribunal de derechos constitucionales y como órgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Además, excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acción de tutela – bajo la modalidad de presuntas vías de hecho - porque la Constitución definió directamente las etapas básicas del procedimiento de tutela y previó que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un órgano creado por él – la Corte Constitucional – y por un medio establecido también por él – la revisión.”



4.4 La doctrina del “Derecho viviente”


Entre finales del 2000 y mediados del 2001 la CC empezó a desarrollar la doctrina del “derecho viviente” mediante su jurisprudencia de constitucionalidad. Esta doctrina ocasiona un cambio de la mayor importancia en el propósito y misión de la acción pública de inconstitucionalidad (y en del ejercicio del control abstracto), a la par que subraya, como lo ha venido haciendo la CC desde el 2001, la relevancia constitucional de las líneas jurisprudenciales trazadas por la jurisdicción ordinaria. Para la Corte es fundamental que los todos los jueces aumenten su nivel de obediencia frente a la (redefinida) “doctrina probable”; los cambios a dicha “doctrina probable” no deben ocurrir de manera “libre” u “oculta”, sino que deben cumplir con cargas mucho más exigentes de transparencia y argumentación. En la C-836 /01 la Corte incluso arriesga una lista de las situaciones típicas en que tales cargas parecen cumplirse tanto para el caso del precedente ordinario vertical como del horizontal. La doctrina del derecho viviente insiste en otro aspecto de la importancia constitucional de la doctrina probable definida por la jurisdicción ordinaria. En varios casos la Corte Constitucional ha admitido demandas de inconstitucionalidad en los que rehúsa examinar la constitucionalidad de interpretaciones meramente posibles de la norma acusada; en su lugar, la Corte insiste en hallar la interpretación judicial efectiva que de la norma ha hecho el juez o la administración. La constitucionalidad de la norma, por tanto, dependerá de que dichas interpretaciones concretas (por oposición a las posibles o pensables) estén de conformidad a la Constitución Política. C-1436/00 (M.P. A. Beltrán) Para la Corte el control de constitucionalidad no puede generar la inexequibilidad de una norma sobre el supuesto de una posible interpretación de la misma; la norma puede ser textualmente inconstitucional, o puede tener una interpretación real y efectiva (en el derecho viviente) que pugne contra los textos constitucionales. En la C-1436 /00 la Corte acude a la jurisprudencia reiterada del CE y encuentra que en el derecho viviente la interpretación de la demandante no es de recibo. La Corte requiere entonces conocer la jurisprudencia (doctrina vinculante) de las Cortes ordinarias para conocer la interpretación efectiva de las normas demandadas en el derecho viviente. Con ello se evitan dos males: de un lado, que la Corte se pronuncie sobre un significado meramente hipotético que la interpretación judicial o administrativa no le ha dado a la norma; del otro, permitir que la Corte controle no solamente la constitucionalidad del texto de la norma sino también la de las interpretaciones efectivas que de la misma hacen sus organismos de aplicación (judiciales o administrativos). La doctrina del derecho viviente está pues basada en una constatación que la Corte venía haciendo de vieja data: "[E]l juicio de constitucionalidad requiere de una debida y cabal interpretación tanto de la preceptiva constitucional concernida como de la norma que con ella se confronta. Por otra parte, las normas de la ley deben ser interpretadas y aplicadas del modo que mejor convenga a los mandatos constitucionales.” La doctrina del derecho viviente adquiere facciones más definidas en la sentencia C-557/01. En ella se especifican las condiciones bajo las cuales una interpretación debe ser tenida en cuenta en el juicio de constitucionalidad abstracto, es decir, se trata de “derecho viviente” constitucionalmente relevante. Como se verá a continuación los requisitos de constitución del “derecho viviente” son muy cercanos a la idea de “doctrina probable” que la Corte ha reconstruido en la sentencia C-836: “Igualmente, el juicio de constitucionalidad no debe recaer sobre el sentido normativo de una disposición cuando éste es diferente al que realmente le confiere la jurisdicción responsable de aplicarla. El cumplimiento efectivo de la misión institucional que le ha sido confiada a la CC como guardián de la integridad y supremacía de la Constitución, requiere que ésta se pronuncie sobre el sentido real de las normas controladas, no sobre su significado hipotético. De lo contrario, podría declarar exequible una norma cuyos alcances y efectos son incompatibles con la Constitución, lo cual haría inocuo el control. En el mismo sentido, al suponer un determinado sentido hipotético de la norma en cuestión, podría declarar inexequibles disposiciones cuyo significado viviente es compatible con la Carta, lo cual representaría un ejercicio inadecuado de sus funciones. Así, para que de la jurisprudencia se pueda derivar un derecho viviente al cual haya de referirse el juez constitucional, no basta con la existencia de una providencia sobre uno de los conceptos contenidos en la norma demandada. Ello sería insuficiente para configurar un sentido normativo completo y el juez constitucional estaría ante una simple aplicación de la ley. Con el fin de que el derecho viviente en la jurisprudencia se entienda conformado, se deben cumplir varios requisitos que muestren la existencia de una orientación jurisprudencial dominante, bien establecida. Entre ellos, son requisitos sine qua non los siguientes: (1.) la interpretación judicial debe ser consistente, así no sea idéntica y uniforme (si existen contradicciones o divergencias significativas, no puede hablarse de un sentido normativo generalmente acogido sino de controversias jurisprudenciales); (2.) en segundo lugar, la interpretación judicial debe estar consolidada: un solo fallo, salvo circunstancias especiales, resultaría insuficiente para apreciar si una interpretación determinada se ha extendido dentro de la correspondiente jurisdicción; y, (3.) la interpretación judicial debe ser relevante para fijar el significado de la norma objeto de control o para determinar los alcances y efectos de la parte demandada de una norma.” El derecho viviente le ha permitido a la Corte, de un lado, desechar significados hipotéticos de la norma que no aparecen en el derecho viviente. Es decir, la Corte se ha mostrado deferente frente a la interpretación de las otras Cortes cuando su práctica jurisprudencial está en consonancia con la Constitución y ello a pesar de hipotéticas lecturas de la norma contrarias a la misma (usualmente presentadas por los accionantes). De otro lado, el derecho viviente le ha permitido a la Corte Constitucional declarar inexequibles interpretaciones inconstitucionales que de la norma hacen en el derecho viviente las otras Cortes, o incluso la administración pública. En estos casos la Corte ha buscado evitar el fenómeno de vaciamiento constitucional en los que la ley textualmente no contraría la Constitución pero sí lo hace el derecho viviente.




El presente resumen fue elaborado por el doctor KENNEDY TRUJILLO SALAS, JUEZ CIVIL DE LA CIUDAD DE FLORENCIA.