2006/02/27

SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE HABEAS CORPUS

SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
SOBRE HABEAS CORPUS


La Corte Constitucional ha realizado un importante desarrollo interpretativo sobre el contenido y alcance de los derechos fundamentales, especialmente por la vía de revisión constitucional de las sentencias de tutela. Sobre la institución del habeas corpus se ha pronunciado en varias sentencias no sólo de revisión de constitucionalidad sino también de revisión de tutelas. Tales decisiones han sido tan aplaudidas como arduamente criticadas. Veamos algunas providencias de acuerdo a su orden cronológico:


3.1 SENTENCIA T-459-92

Luego de decir que el habeas corpus es un recurso y garantía para la protección de la libertad, lo vincula con el bloque de constitucionalidad. Agrega que la tutela es improcedente para la protección de la libertad, En la que se dijo que el medio instaurado por el constituyente para la defensa de la libertad fue el habeas corpus y no la acción de tutela, por expresa causal de improcedencia prevista en el Decreto 2591 de 1991, artículo 6°-2. A lo anterior se suma la circunstancia ya en otros casos subrayada por esta Corporación, consistente en que el sindicado goza, dentro del proceso en curso, de todos los medios de defensa judicial tendientes a la garantía del debido proceso y a la aplicación correcta de las disposiciones vigentes.

3.2 SENTENCIA T-046-93

Se estableció la procedencia de la tutela para salvaguardar una decisión favorable de habeas corpus. Dijo la Corte que “el derecho a invocar el habeas corpus asegura a la persona la posibilidad de que un juez evalúe la situación jurídica por la cual se encuentra privada de la libertad. El interés protegido en forma mediata es la libertad, pero el interés inmediato es el examen jurídico-procesal de la actuación de la autoridad. Precisamente porque el control de legalidad de la detención es una garantía especial de la libertad, la decisión que resuelve el habeas corpus no es susceptible de impugnación, ni resulta procedente el ejercicio del recurso frente a los mismos hechos que generaron la interposición de la acción. La inejecución de una decisión judicial que concede un recurso de habeas corpus desconoce el núcleo esencial de este derecho fundamental si esta omisión trae como consecuencia que la garantía se torne impracticable, ineficaz o resulten irrazonables las exigencias para su ejercicio. Exigir a una persona que invoque nuevamente el habeas corpus ante el incumplimiento de la providencia que le concediera este derecho es una carga desproporcionada e irracional”.

3.3 SENTENCIA C-301-93

Declara exequibles los artículos 1° y 2° de la Ley 15 de 1992, e inexequible el 3°. Señala que el habeas corpus es una acción pública y sumaria, erigida como la principal garantía de la inviolabilidad de la libertad personal, que procede proceda ante un agente público o privado. Agrega que los asuntos relativos a la privación judicial de la libertad, tienen relación directa e inmediata con el derecho fundamental al debido proceso y la controversia sobre los mismos debe, en consecuencia, respetar el presupuesto de este derecho que es la existencia de un órgano judicial independiente cuyo discurrir se sujeta necesariamente a procedimientos y recursos a través de los cuales puede revisarse la actuación de los jueces y ponerse término a su arbitrariedad, de modo que no procede el habeas corpus frente a las privaciones de la libertad derivadas de un proceso.

El salvamento de voto de los Magistrados ARANGO, GAVIRIA y MARTÍNEZ, señaló que el habeas corpus en cuanto derecho fundamental debía ser regulado por medio de una ley estatutaria. En cuanto acción de tutela de la libertad, el habeas corpus puede intentarse ante cualquier autoridad judicial y por ello resulta limitado el instituto el imponerse que se presente ante el juez del respectivo proceso.

3.4 SENTENCIA C-010-94

Entiende la acción de habeas corpus como acción popular, ya que puede ser peticionado por la persona misma privada de la libertad o por interpuesta persona, equiparable a la acción de tutela. Declara la exequibilidad del artículo 431 del CPP1991, en le que se asigna la competencia para tramitar y decidir el habeas corpus al Juez Penal, ya que con ello se satisfacen la exigencia relativa a la facilidad de acceso a la justicia, combinándola con la necesidad de especialización de la decisión de la libertad individual en el juez penal. Agrega que si bien, en principio, el habeas corpus no procede frente a particulares, como por ejemplo la reclusión en un centro religioso, o el forzoso internamiento en un centro psiquiátrico, o educativo, o familiar, o la hipótesis del secuestro, es posible que esos casos excepcionales pueden ser corregidos por el habeas corpus, y residualmente por la acción de tutela.

Se consignó en el salvamento de voto de los Magistrados ARANGO, GAVIRIA y MARTÍNEZ, que la norma demandada era inexequible porque limitaba el juez competente siendo que la norma constitucional habla de “cualquier autoridad judicial”, lo que no puede entenderse a una clase de jueces y ni siquiera excluir a los magistrados. Agregaron que al exigir que el habeas corpus se invoque exclusivamente ante el funcionario causante de la privación de la libertad, se le desnaturaliza hasta hacerlo ineficaz, violando de paso la Constitución en materia grave. Y concluyeron:

Hay en todo esto una paradoja : bajo la vigencia de la anterior Constitución, que no consagraba EXPRESAMENTE el HABEAS CORPUS, éste existía; bajo la actual, que sí lo establece EXPRESAMENTE, llamándolo por su propio nombre y definiéndolo en todos sus aspectos, el legislador, ordinario o extraordinario, con la aprobación de la Corte Constitucional, lo ha eliminado en la práctica.

3.5 SENTENCIA C-024-94

Se pronuncia sobre algunas normas del Código de Policía. Señala que frente a la nueva Constitución Política, ninguna autoridad administrativa podrá imponer pena de privación de la libertad, excepción hecha de la situación temporal prevista en el artículo 28 Transitorio de la Constitución, pero es una constitucionalidad condicionada ya que sólo opera hasta tanto el legislativo expida la ley que le confiera por vía definitiva a las autoridades judiciales el conocimiento de los hechos punibles sancionados actualmente con pena de arresto . Explica la detención administrativa y las condiciones para que proceda, advirtiendo que contra la misma procede el habeas corpus, ya que todo ciudadano que considere que ha sido objeto de una detención gubernativa ilegal tiene derecho a invocar el habeas corpus.

3.6 SENTENCIA C-179-94

Esta sentencia evaluó la constitucionalidad del proyecto de ley reglamentaria de los estados de excepción. En ella se deja en claro que el habeas corpus es un derecho fundamental intangible y que como garantía judicial para la protección de los derechos fundamentales, no puede ser suspendido ni aún en los estados de excepción.

3.7 SENTENCIA C-242-94

Se ratifica la tesis de la procedencia excepcional de la tutela para situaciones de vulneración del habeas corpus. Se dice que en relación con la libertad personal, la acción de tutela sólo puede proceder cuando el habeas corpus o las normas penales de garantía, en cada caso en concreto, no constituyan mecanismos efectivos de defensa judicial, por lo que el Juez para conceder la tutela, en los casos en los cuales está en juego la libertad personal, debe verificar la inefectividad de los medios de defensa específicamente determinados para el precitado derecho fundamental, ya que lo contrario generaría una hipertrofia del mencionado mecanismo de defensa de derechos fundamentales.

3.8 SENTENCIA C-300-94

Se consignó que “frente a la sucesión de leyes en el tiempo, el principio favor libertatis, que en materia penal está llamado a tener más incidencia, obliga a optar por la alternativa normativa más favorable a la libertad del imputado o inculpado. La importancia de este derecho se pone de presente a la luz del artículo 4° de la Ley 137 de 1994, que lo comprendió entre los derechos intangibles, esto es, inafectables durante los estados de excepción. La causa o móvil determinante del Decreto de Conmoción se construye sobre la idea de sacrificio de una situación de favorabilidad penal”.

3.9 SENTENCIA C-496-94

La providencia declaró la exequibilidad del artículo 437 del CPP1991, en el que se consignaba que contra la decisión favorable de otorgar la libertad no procedía recurso alguno, pero entendió que como la norma no hacía referencia al auto interlocutorio que lo negaba y el mismo no ha sido exceptuada del principio de doble instancia, debe entenderse que ella es apelable, y, como es obvio, esta apelación se debe surtir con el estricto respeto de los términos previstos por los artículos 213 y 216 del estatuto procesal penal. Se dice que a la luz de la normatividad internacional el debido proceso se entiende incorporado al habeas corpus, lo cual impone que toda persona privada de la libertad tiene derecho a apelar la providencia que ponga fin al trámite del habeas corpus, ya que la impugnabilidad de la decisión se entiende incorporada al contenido esencial del habeas corpus.

3.10 SENTENCIA C-496-94

Se declara que en principio la tutela no procede para amparar la libertad personal, puesto que la acción idónea para tal efecto es el habeas corpus. Sin embargo, se reitera que el desconocimiento de los términos legales y la prolongación ilícita de la privación de la libertad no sólo puede acarrear sanciones disciplinarias al funcionario que incurra en tales conductas sino que, además, tales hechos pueden generar violaciones al debido proceso, amparables, en determinadas circunstancias, por la vía de la tutela. En efecto, admitir que decisiones ulteriores pueden convalidar automáticamente la situación irregular de privación de la libertad equivale a hacer nugatorio, en muchos casos, el derecho al debido proceso y la eficacia misma del habeas corpus.

3.11 SENTENCIA T-320-96

Reitera que para la protección de los derechos a la libertad física y al debido proceso en materia penal, existe en el ordenamiento colombiano un medio de defensa judicial más efectivo y célere que la tutela, el que, además, está consagrado como derecho fundamental, por lo que en tales casos resulta improcedente la acción de tutela.

3.12 SENTENCIA T-280-98

Integra el habeas corpus como parte del debido proceso. Dice que el debido proceso es todo un conjunto de derechos de las personas expresado en los artículos 28 (libertad de movimiento y otras cortapisas que se le imponen al Estado), 29 (el propio debido proceso y el derecho de defensa), 30 (recurso de habeas corpus), 31 (doble instancia), 33 (inmunidad penal), 34 (prohibición de destierro, confiscación y prisión perpetua), 36 (derechos de asilo). La importancia del debido proceso se liga a la búsqueda del orden justo, por consiguiente, en la Constitución de 1991 el debido proceso es algo más profundo que tipificar conductas, fijar competencias, establecer reglas de sustanciación y ritualismos, indicar formalidades y diligencias, como se deducía de los términos empleados por la ley 153 de 1887.

3.13 SENTENCIA T-621-98

Advierte que ningún individuo puede ser reducido a prisión o arresto, ni detenido, a no ser que se configure la hipótesis de la detención preventiva, que es excepcional, y que para producirse exige el cumplimiento total de los requisitos señalados en dicha norma: mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La falta de cualquiera de esos requisitos en el caso concreto implica detención arbitraria y da lugar a que prospere el recurso de habeas corpus que puede interponer la persona privada de su libertad.

3.14 SENTENCIA T-659-98

Reitera la jurisprudencia consignada en la sentencia T-459-92, señalando que ella es consecuencia directa de la normatividad vigente, por lo que la tutela no procede cuando el presunto afectado por la actuación de las autoridades cuenta con el hábeas corpus para la defensa de sus derechos.

3.15 SENTENCIA T-242-99

Señala que los jueces tienen poderes correccionales que pueden ejercer frente a actos que impliquen irrespeto contra la autoridad y la investidura del Juez, porque no sólo desconocen los derechos de este como individuo, sino los del pueblo soberano. Pero tales poderes no significa que se le reconozca al juez un poder omnímodo, por cuanto éste no puede hacer uso indebido de la potestad jurisdiccional que tiene, e incurrir en actuaciones no ajustadas a derecho o arbitrarias, que vulneren derechos fundamentales del individuo, como la libertad y el debido proceso. Cuando así ocurra, quien se vea afectado por esas actuaciones o decisiones, puede defender sus derechos fundamentales por la vía excepcional de la tutela, o si es el caso, si en aras de imponer una sanción de tipo correccional el juez ordena arbitraria e ilegalmente su detención, puede también acudir al recurso del hábeas corpus, dirigido contra actos arbitrarios de las autoridades que vulneren el derecho a la libertad.

3.16 SENTENCIA T-260-99

Además de ratificar la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales que constituyan vías de hecho, reitera que el habeas corpus es un derecho fundamental y mecanismo de protección de la libertad, que hace parte del bloque de constitucionalidad. Señala que la acción pública y sumaria de habeas corpus debe concederse siempre que se hubiere solicitado durante la privación ilegal de la libertad, con independencia de que, con posterioridad, se expida una decisión judicial que pretenda legalizar la arbitrariedad cometida, con lo que reitera lo dicho en la sentencia T-046-93. Resume los eventos de procedencia del habeas corpus: (1) siempre que la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; (2) mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; (3) cuando, pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de Habeas Corpus se formuló durante el período de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; (4) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial.

3.17 SENTENCIA T-334-00

Se reitera lo afirmado en la sentencia C-301-93. En consecuencia, si el funcionario judicial omite o dilata el cumplimiento de su deber, al no resolver oportunamente una petición de libertad presentada dentro del proceso, la persona privada de la libertad puede, en forma excepcional, acudir a la acción de habeas corpus para que se tutele su derecho fundamental a la libertad personal, dado que se verifica la hipótesis de vencimiento de términos y el recurso ordinario dentro del proceso ha fallado. En estos casos, la acción de tutela sólo podría proceder como mecanismo de defensa de los derechos fundamentales de petición, debido proceso y acceso material a la administración de justicia si el juez competente no resuelve oportunamente el habeas corpus.

3.18 SENTENCIA T-592-00

Examina la existencia de una vía de hecho en un trámite de habeas corpus, ya que el juez constitucional de segunda instancia ignoró y omitió, injustificadamente, las razones que sustentaron el recurso de apelación. Si bien no se tutela el derecho fundamental de habeas corpus, reclamado como vulnerado, la Corte señala que por medio de la acción de tutela se le puede ordenar al juez de habeas corpus que adicione y complemente su decisión.

3.19 SENTENCIA T-1232-00

Reitera que el debido proceso es todo un conjunto de derechos de las personas expresado en diferentes artículos de la Carta, entre los que cabe mencionar el habeas corpus.

3.20 SENTENCIA T-1705-00

Reitera la sentencia T-334-00, al advertir que si el funcionario judicial competente no resuelve una solicitud de libertad dentro del término estipulado en la ley, la persona afectada con esa tardanza cuenta con el habeas corpus, establecido para la protección de los derechos a la libertad física y al debido proceso en materia penal, como medio de defensa judicial más idóneo y eficaz que la acción de tutela, y esta sólo sería procedente en el evento en que tampoco se resolviera el habeas corpus en su oportunidad.

3.21 SENTENCIA C-620-01

Declaró inexequibles las normas que sobre habeas corpus aparecía en la Ley 600 de 2000, ya que para la reglamentación del derecho fundamental se requería de una ley estatutaria. Le asigna al habeas corpus tiene una doble connotación pues es derecho fundamental y acción tutelar de la libertad personal. Dice que el mismo es garantía de la libertad individual, como también de otros derechos entre los que se destacan la vida y la integridad física. Señala que el juez competente es cualquier autoridad judicial y que no se cumple con las exigencias de autonomía e independencia cuando se exige que la petición de libertad de quien se encuentra privado de ella por cuenta de autoridad judicial, se deba hacer dentro del mismo proceso.

3.22 SENTENCIA C-1235-01

Reitera la sentencia T-260-99, en la que señalaron las hipótesis que constitucionalmente se han determinado para promoverla : (1) siempre que la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; (2) mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; (3) cuando, pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de Habeas Corpus se formuló durante el período de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; (4) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial.

3.23 SENTENCIA C-251-02

Declaro la inexequibilidad la Ley 684 de 2001. En su texto se consignó una frase que queremos resaltar: “cualquier retención que se prolongue 36 o más horas sin entregar al retenido a una autoridad judicial, resulta inconstitucional”.

3.24 SENTENCIA C-578-02

Declaró exequible la Ley 742 de 2002, por medio de la cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Se dice al evaluar el artículo 59, que trata sobre el procedimiento de detención: “La detención a la que se refiere el texto del Estatuto no da lugar a la presentación de un recurso de habeas corpus, pues la orden de la Sala de Cuestiones Preliminares se convierte en una medida legal de detención de alguien cuyas acciones han sido tomadas en cuenta para efectos de su entrega a la Corte Penal Internacional en los términos y con las garantías contenidas en el Estatuto. Por ello, no se podría aplicar a tales medidas el mismo conjunto de requisitos de orden meramente legal exigido en procedimientos nacionales internos. En otras palabras, en esta materia existen ámbitos propios y separados según sea la autoridad que haya ordenado originalmente la detención. No obstante, dicha separación no es absoluta. Cabe subrayar que la detención de personas aludida se rige por el Estatuto y también por el derecho interno en cuanto no sea incompatible con éste, en los términos del artículo 93 del Estatuto”.

3.25 SENTENCIA C-805-02

Examinó la exequibilidad de la medida de aseguramiento del CPP2000, manifestando que para poder limitar la libertad de una persona, la Carta Política consagra una serie de presupuestos de imperioso cumplimiento, a saber: i) la existencia de mandamiento escrito de autoridad competente, ii) el cumplimiento de las formalidades legales y iii) motivos previamente definidos en la ley. La inobservancia de alguno de estos requisitos implica que se ha vulnerado el derecho fundamental de la libertad y por ende debe restablecerse el quebranto producido, para lo cual está el habeas corpus, entre otros mecanismos.

3.26 SENTENCIA T-839-02

Señala que la acción de habeas corpus puede promoverse cuando la aprehensión se hubiere ordenado por fuera del proceso penal, para que cese inmediatamente la vulneración del derecho fundamental a la libertad del afectado, y ante el juez de la causa, cuando la privación de la libertad no se justifica, o la definición de la causa se dilata injustificadamente, aunque la privación de la libertad se haya ordenado con las formalidades legales, y por motivo previamente definido en la ley, dándose a entender que.

3.27 SENTENCIA C-054-03

Explica que la acción de tutela no procede para la protección del derecho fundamental a la libertad.

3.28 SENTENCIA C-1047-03

Reitera la sentencia C-620-01, en cuanto a que el juez que decide el habeas corpus debe ser distinto a quien conoce el proceso. Insiste en que la tutela no es la acción constitucionalmente dispuesta para proteger la libertad.

3.29 SENTENCIA C-123-04

Examinó la exequibilidad del artículo 365 del CPP2000, disponiendo que se presenta la causal de excarcelación cuando superadas las razones para reanudar la audiencia pública ésta no se reinicia inmediatamente. Agrega que agotados los recursos ordinarios, es claro que quien se considera ilegítimamente privado de la libertad también puede invocar a su favor la acción de habeas corpus para obtener su libertad inmediata.
3.30 SENTENCIA C-1056-04

Declara inexequible el proyecto de ley estatutaria No. 142/02 Senado y No. 005/02 Cámara “Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política”. Se presenta un amplio análisis histórico así como la evolución legislativa en Colombia y el desarrollo que ha tenido la institución en la jurisprudencia. Especial atención se debe poner en el salvamento de voto presentado por el Magistrado Tafur Galvis.

3.31 SENTENCIA T-1081-04

Hace un repaso de las más importantes decisiones de la Corte sobre la institución que nos ocupa. Adicionalmente, señala que la acción de habeas corpus que hubiese sido entablada durante la privación ilegal de la libertad deberá siempre concederse, sin importar que luego se dicte una resolución judicial que busque legalizar la arbitrariedad cometida. El caso se refiere a una providencia de la Fiscalía, en la que resolvió, con términos vencidos, la situación jurídica del detenido, coincidiendo con la fecha de presentación de la petición de habeas corpus, por lo que tuteló el derecho al debido proceso y ordenó al juez constitucional que resolviera nuevamente la petición de habeas corpus.

3.32 SENTENCIA C-473-05

Revisó la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria número 065 de 2003 Senado, 197 de 2003 Cámara, “por medio de la cual se reglamenta el mecanismo de búsqueda urgente y se dictan otras disposiciones”, señalando tres diferencias entre el mecanismo de búsqueda de personas y el habeas corpus, así: Primera, el mecanismo de búsqueda urgente no fue concebido para verificar la legalidad de la privación de la libertad de una persona, como sucede en el habeas corpus, sino para identificar el lugar dónde ésta se encuentra. Sólo después de que se da con el paradero de la persona, procede el hábeas corpus, de ser necesario analizar si se encuentra legalmente privado de la libertad. Por ello, la legalidad de la privación en ningún caso puede ser invocada para impedir la activación, el desarrollo o la culminación del mecanismo de búsqueda urgente. Segunda, este mecanismo opera en un ámbito fáctico, puesto que con él se pretende descubrir el paradero de una persona y acceder al lugar donde se encuentra. Por ello, a la luz de este mecanismo es indiferente si la persona desaparecida lo fue por una autoridad, por un particular o por cualquier actor dentro del conflicto armado. Tercera, en razón a sus especificidades, este mecanismo ha de ser más ágil, no solo en el plano jurídico, sino sobre todo en el plano práctico.

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