2006/03/07

TUTELA Y VÍAS DE HECHO. Documento prepàrado por la Relatoría de la Corte Constitucional

REPUBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
Relatoría


MANUAL DE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 6
Material extraído de la Jurisprudencia y Doctrina de la Corte Constitucional Colombiana


PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. VIAS DE HECHO


Compilación a manera de línea jurisprudencial realizada por el doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo, relator de constitucionalidad de la Corte Constitucional


DERECHO COMPARADO

En el derecho comparado la vía de control constitucional mediante amparo o tutela de las sentencias judiciales opera, generalmente, bajo los mismos principios. Existe de manera concentrada o difusa el control constitucional de los fallos judiciales, mediante una acción ciudadana. En la mayoría de ordenamientos (citados en la Sentencia) esta figura es considerada como una de las piezas claves del sistema de protección a los derechos fundamentales. Opera fundamentalmente contra sentencias ejecutoriadas de única o última instancia, y el control lo ejercen bien los Jueces y Tribunales ordinarios, - México y Estados Unidos - o la respectiva Corte Constitucional - Alemánica y España.

En los ordenamientos en los que existe una jurisdicción constitucional especial, -Alemania y España- los respectivos Tribunales Constitucionales conocen de las sentencias judiciales, no solo por violación del debido proceso sino, por la correcta interpretación y aplicación de los derechos fundamentales, y ello, no interfiere la autonomía funcional del juez. Por el contrario, queda claro que es enteramente compatible, y así lo han manifestado jueces, tribunales y tratadistas de los distintos países, que la creación de una jurisdicción constitucional que tiene como una de sus funciones el control de las sentencias judiciales y principalmente de aquellas contra las que no procede recurso ordinario alguno, en nada atenta contra la independencia funcional del juez.

En Alemania no solo la Constitución (art. 19, parágrafo1, frase 4 Ley Fundamental de Bonn) sino las distintas leyes que establecen procedimientos y competencias, constituyen la posibilidad de amparo o tutela contra las decisiones judiciales que vulneren los derechos fundamentales. Muchos son los tratadistas que han explicado el funcionamiento del sistema que, en lo que se refiere al control y efectos de los fallos del Tribunal Constitucional respecto a las sentencias judiciales, en poco se diferencia del Colombiano. En aras de la claridad y brevedad, nos permitimos citar al Profesor Hans Peter Schneider, quien de manera transparente explica la figura que aquí se debate:

"Finalmente, también la jurisprudencia está obligada por la Constitución a aplicar directamente los derechos fundamentales. Esto es indiscutible, en primer lugar, en cuanto a los derechos fundamentales del procedimiento judicial...así como también para las prerrogativas judiciales garantizadas constitucionalmente. Pero a la hora de adoptar decisiones judiciales han de tenerse en cuenta también los derechos fundamentales como elementos objetivos del sistema. Ellos inciden sobre el derecho privado cuando se interpretan las cláusulas generales, y éste, a su vez, hay que entenderlo a la luz de los derechos fundamentales (efecto de reciprocidad)". (Hans Peter Schneider. Democracia y Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1991, pag 80-81)

Y continua el autor:

"dado que por consiguiente los derechos fundamentales pueden ser vulnerados por resoluciones del poder judicial, se le concede al particular incluso el recurso de amparo contra decisiones judiciales una vez agotadas todas las vías jurídicas". (Ibídem, pág 81)

"Según esto los Tribunales concretamente tienen que tener en cuenta, en la interpretación y aplicación del derecho común, especialmente en la de las cláusulas generales, los contenidos normativos de los derechos fundamentales. Si un Tribunal no sigue estas directrices viola, como órgano estatal y sujeto del poder público, la Ley fundamental, su sentencia debe ser revocada por el Tribunal Constitucional Federal a través de un recurso de amparo". (Ibídem, pág139)

"(P)uesto que también la jurisdicción, al igual que todo poder público, esta sometida directamente a los derechos fundamentales, como consecuencia obligada de este efecto vinculante se puede iniciar el camino de Karlsruhe (recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional Federal) incluso contra las más elevadas sentencias judiciales, de modo que al Tribunal Constitucional Federal le coresponde prácticamente el papel de una <>." (Ibidem Pag134)

Y no podía ser de otra forma, si la eficacia normativa de los derechos fundamentales obliga a una interpretación del ordenamiento jurídico de conformidad con la Constitución, la cual para que sea coherente y homogénea debe provenir de un cuerpo con suficiente poder vinculante para revisar los fallos y ajustarlos a la nueva axiología constitucional. En este sentido señala Schneider: "el campo de ejercicio apropiado para un desarrollo posterior de la interpretación de los derechos fundamentales es más bien el control de las sentencias judiciales que la legislación." (Ibídem pag 149)

En punto de la autonomía del Juez, agrega el profesor Schneider: "Desde hace tiempo resulta familiar a la ciencia, el reconocimiento de que el problema de la separación de poderes se plantea de una nueva manera con la existencia de la jurisdicción constitucional, a las que están atribuidas las funciones de control abstracto de las normas, así como la decisión sobre conflictos de competencia entre órganos y sobre recursos contra leyes o resoluciones constitucionales". (Ibídem pag 195). Parecería más bien que la creación en Colombia de una jurisdicción Constitucional, garantía plena de los derechos fundamentales, no ha sido todavía cabalmente comprendida.

En el ordenamiento jurídico Español, se establece también un riguroso control de las sentencias judiciales respecto a los derechos constitucionales fundamentales. El tribunal Constitucional, separado estructuralmente del poder judicial ordinario, tiene a su cargo, en virtud del art. 53 de la Constitución y del art. 44.1.b de su Ley Orgánica, el control de las sentencias de los jueces y tribunales cuando éstas violen un derecho fundamental, y en ningún caso se ha discutido que por ello se vulnere la autonomía funcional del juez. Por el contrario, sólo gracias a este mecanismo de control, según afirmaciones de importantes juristas españoles, la Constitución se convirtió en norma de obligatorio cumplimiento en todas las esferas de aplicación del derecho, y los derechos fundamentales han podido desplegar una importante eficacia vinculante.

En materia de la relación que existe entre Tribunal Constitucional y poder judicial en España, relación que se desarrolla fundamentalmente a partir del recurso de amparo contra sentencias judiciales, el profesor Eduardo García de Enterría señala como el Tribunal Constitucional ha de entenderse en España como un órgano materialmente jurisdiccional, pero diferenciado del poder judicial, "como nuestra constitución, por lo demás, parece aceptar al regular al Tribunal Constitucional en un título distinto, el IX, del que dedica al poder judicial (título VI), de cuya organización está totalmente exento y al que, en último extremo fiscaliza (arts. 44, 59-3, y 73 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional). (La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Ed. Civitas, Madrid 1991, pag. 199-200).

La diferencia fundamental entre el amparo español y la tutela colombiana, es que mientras en España se dispone de un control concentrado, en Colombia se parte de un control difuso, puesto que todos los Jueces de la República están encargados de controlar el debido respeto de los derechos fundamentales en las sentencias judiciales. Si este fuera el argumento para señalar que en Colombia la tutela vulnera la autonomía funcional del juez, bastaría con citar a uno de los más autorizados tratadistas españoles, Enrique Alonso García, letrado del Consejo de Estado Español, quien al respecto afirma:

"Existe un problema todavía mayor cuando es el propio Juez el que infringe las garantías procesales o constitucionales, toda vez que en esos supuestos no hay vía preferente y sumaria alguna, debiendo pura y simplemente agotarse los recursos que existan contra el acto judicial (final o de trámite) infractor del derecho fundamental en el seno de un proceso ordinario. La cuestión no tendría más trascendencia por que se supone que será más breve el procedimiento, ya que, a diferencia de lo que ocurre con otras violaciones de los derechos fundamentales, ya está puesto en marcha un procedimiento en el seno del cual el juez infringe los derechos fundamentales. Sin embargo, si se constata que en un porcentaje elevadísimo de las violaciones de los derechos fundamentales se producen por los propios Jueces (el artículo 24 de la Constitución ha sido el más desarrollado, con muchísima diferencia, por el Tribunal Constitucional), se llegará a la conclusión de que, como el tribunal Constitucional ha insinuado e incluso pedido en numerosas ocasiones, deberá regularse un procedimiento especial que permita a los tribunales superiores examinar preferente y sumariamente dichas violaciones del artículo 24, para evitar el colapso, a su vez, del propio Tribunal Constitucional". (La Garantía Constitucional de los Derechos Fundamentales, Antonio López Pina, Editor, Ed Civitas, Madrid 1991 pag. 225-226).

No sólo los mas importantes tratadistas de Derecho Constitucional, sino los propios miembros del poder judicial así como el Tribunal Constitucional, reconocen la necesidad de dotar de competencia a los Tribunales para que conozcan del recurso de amparo contra sentencias judiciales, como un paso previo al control del Tribunal Constitucional.

Por su parte, en los Estados Unidos de América, son los propios jueces superiores los encargados de controlar que las sentencias se ajusten a los derechos fundamentales, hasta culminar el sistema en la Suprema Corte Federal que, como en Colombia a través de la Corte Constitucional, es la encargada de unificar la jurisprudencia constitucional.

En el modelo mexicano, no solo existe el recurso de amparo contra sentencias judiciales sino que son los propios jueces los encargados, en una primera instancia, de tramitarlo mediante un procedimiento especial, preferente y sumario. En este país, el amparo procede contra sentencias definitivas que pongan fin al juicio, sin que proceda contra ellas ningún recurso ordinario, contra sentencias u otras resoluciones judiciales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera del juicio o después de concluido, o contra actos judiciales que afecten a personas extrañas al juicio (art. 107, No 5 y 6 de la Constitución Mexicana). Dicho recurso se interpone ante el juez del Distrito de la jurisdicción del lugar en que el acto reclamado se ejecute, y se tramita en audiencia, en la que se reciben las pruebas ofrecidas por las partes, se oyen los alegatos y se pronuncia la sentencia. Las sentencias de los jueces, son a su vez revisables por la Suprema Corte de Justicia.

Podría hacerse aquí un recuento de otros sistemas jurídicos, férreamente consolidados, en los que difícilmente puede advertirse caos, o la existencia de una justicia paralela, por la mera existencia de una jurisdicción constitucional encargada de conocer los recursos de amparo o tutela contra sentencias judiciales. No es ciertamente la existencia de la figura la que genera el caos, pues la mayoría comprueba su viabilidad y validez en otros ordenamientos. Tampoco es el control por parte de la Corte Constitucional lo que vulnera el principio de autonomía funcional del juez, pues en países como Alemania y España, donde existe, por cierto de forma harto exigente, no hay vulneración de dicho principio. De otra parte, la existencia de una jurisdicción constitucional difusa no puede ser responsable de tales paralelismos y contradicciones ¿Cuáles son las razones para argumentar que en Colombia la tutela contra sentencias judiciales suscita caos, si al tiempo se reconoce que en otros países independientemente del tipo de jurisdicción difusa o concentrada, el control constitucional de las sentencias no es causa de traumatismo alguno en el sistema judicial?

ANTECEDENTES EN LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

El artículo 86 de la Constitución Política, no exceptúa a ninguna autoridad pública, de la posibilidad de que en su contra se ejerza por parte de un interesado una acción de tutela con el fin de proteger de manera inmediata sus derechos fundamentales. En el seno de la Asamblea Nacional Constituyente fue negada reiteradamente la propuesta que buscaba circunscribir la expresión "autoridades públicas", que aparece en el texto del artículo 86 de la Constitución, de manera que sólo cobijara a las "autoridades administrativas". En el proyecto de articulado presentado por la Comisión I a la Plenaria no se acogió la pretendida limitación del alcance del derecho de amparo o de la acción de tutela a las autoridades administrativas (Proyecto No. 67, artículo 62 Misael Pastrana Borrero, Augusto Ramírez Ocampo, Carlos Rodado Noriega, Hernando Yepes Alzate y Mariano Ospina Hernández. Gaceta Constitucional No. 23) y, por el contrario, adoptó la fórmula amplia de incluir como sujeto pasivo de dicha acción a cualquier autoridad pública. Igualmente, en el curso del segundo debate en Plenaria, se presentó una propuesta sustitutiva en el sentido de restringir a las acciones u omisiones de las autoridades administrativas la interposición de la acción de tutela cuando éstas vulneren o amenacen vulnerar los derechos fundamentales, la cual fue nuevamente derrotada al aprobarse definitivamente el actual artículo 86 de la Constitución Política. (Propuesta sustitutiva presentada por los honorables constituyentes Hernando Yepes Arcila, Rodrigo Llorente Martínez, Carlos Rodado Noriega, Mariano Ospina Hernández y María Garcés Lloreda. Gaceta Constitucional No. 142 p.18). El doctor Manuel José Cepeda, Consejero Presidencial para la Reforma Constitucional, en su libro "La Tutela Materiales y reflexiones sobre su significado", 1992, señala:

"El polémico tema de si procede la tutela frente a sentencias se ve esclarecido al revisar lo sucedido dentro de la Asamblea. En el trámite del artículo 86 hay dos hechos trascendentales que vale la pena resaltar.

El primero es que la Comisión Primera propuso a la Plenaria un artículo sobre la acción de tutela en el cual no se decía nada sobre su procedencia frente a las sentencias y las demás providencias judiciales o sobre el principio de la cosa juzgada. La subcomisión de la Comisión Primera que elaboró el primer borrador trató de prohibir este tipo de tutelas en su proyecto preparatorio, que según el reglamento de la Asamblea carece del valor para reformar parte de los debates formales puesto que responden tan solo a informe de los ponentes cuya labor era la de preparar documentos que sirvieran de puente de partida en la Comisión correspondiente. Sin embargo, la misma Comisión Primera suprimió dicha restricción, según la cual "esta acción no procederá en relación con situaciones consumadas o irreversibles o sobre las cuales se haya producido una decisión con autoridad de cosa juzgada". De tal manera, que el debate se inició sin que la Asamblea contemplara formalmente siquiera esa restricción a la acción de tutela. En esos términos se aprobó desde el Primer Debate.

En la Comisión Codificadora se abordó el tema de la tutela frente a sentencias. Algunos delegatarios como Hernando Yepes Arcila propusieron que se impidiera este tipo de tutelas cambiando la expresión "autoridad pública" por "autoridad administrativa". Otros delegatarios como Alvaro Echeverry Uruburu y el Gobierno se opusieron a una exclusión constitucional de esta naturaleza. Finalmente, se mantuvo la expresión "autoridad pública". En el Segundo Debate, el constituyente Hernando Yepes, junto con otros tres delegatarios del Partido Social Conservador y la constituyente María Teresa Garcés, presentaron a la Plenaria una proposición sustitutiva que cambiaba la expresión "autoridad pública" por la de "autoridad administrativa", precisamente para llevar ante toda la Asamblea la sugerencia que se había formulado en el seno de la Comisión Codificadora. La Plenaria prefirió adoptar el artículo ya aprobado en Primer Debate y mantenido por la Comisión Codificadora.

De la evolución de la norma contenida en el artículo 86 de la Carta en la Asamblea Constituyente se deriva una conclusión clara: Cuando la Plenaria tuvo la oportunidad expresa de excluir la acción de tutela frente a autoridades judiciales prefirió no hacerlo".


JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA

Veamos en primer lugar lo señalado en la Sentencia T-006 de 1992, relativa a la presentación de una acción de tutela contra el Tribunal Superior y la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, por violación del debido proceso, entre otros derechos fundamentales. El juez de tutela que fue la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, no adoptó decisión de fondo y se declaró incompetente para conocer de una decisión de la otra Sala. Al respecto, la Corte Constitucional consideró:

Respecto de la incompetencia manifestó que ello devendría en carencia de contención e inimpugnabilidad de las decisiones ordinarias. Recordó que la Corte Suprema de Justicia, constituye autoridad pública por lo que es viable la acción de tutela. En un estado social de derecho, democrático, cuya finalidad es asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, no puede tolerarse un poder público si las sentencias de la Corte Suprema de Justicia estuvieran revestidas de inmunidad constitucional. El artículo 86 de la Constitución autoriza que la acción se dirija "contra cualquier autoridad pública". No existe Estado de derecho si las autoridades disponen de poderes ilimitados. Si en verdad la Constitución se tiene como norma fundamental, sobre ella no pueden prevalecer ninguno de los actos ni de las abstenciones de los órganos que integran las ramas del poder público. Actos del Congreso o del Ejecutivo que violen esa norma superior están llamados a ser excluidos del ordenamiento jurídico mediante las correspondientes acciones de inconstitucionalidad y nulidad. Con mayor énfasis debe predicarse de los órganos y autoridades públicas que, como la Corte Suprema de Justicia, conforman la rama judicial. El conjunto de los actos de los órganos constituidos - Congreso, ejecutivo y jueces - se identifica con referencia a la Constitución y no se reconoce como derecho si desconoce sus criterios de validez. La Constitución como lex superior precisa y regula las formas y métodos de producción de las normas que integran el ordenamiento y es por ello "fuente de fuentes", norma normarum. Estas características de supremacía y de máxima regla de reconocimiento del orden jurídico propias de la Constitución, se expresan inequívocamente en el texto del artículo 4o. de la Constitución. No cabe duda del valor normativo acentuado que la Constitución le asigna a las normas sobre derechos, garantías y deberes. Valor normativo que se acompaña con el principio de efectividad que se eleva a fin esencial del estado y a compromiso ineludible de todas las autoridades públicas: "son fines esenciales del estado: ...garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución". Una jurisprudencia evolutiva, abierta al conocimiento de las condiciones sociales, económicas y políticas del país y consciente de la necesidad de estimular la progresiva y firme instauración de un orden justo, asentado en el respeto y efectividad de los derechos y garantías de los ciudadanos, es la única que se concilia con el estado social de derecho. Las altas jerarquías del estado de los órdenes legislativo, ejecutivo y judicial, no son titulares de fracciones de poder sino instrumentos para la realización de las tareas estatales. La conciencia de los fines del estado lleva a comprender que la Constitución es en cierto sentido un orden a alcanzar.

La persona humana en su manifestación individual y colectiva es contemplada en la Constitución como fuente suprema y última de toda autoridad y titular de derechos inalienables para cuya protección se crea el estado y se otorgan competencias a sus agentes. En un plano subjetivo, los derechos y garantías constitucionalmente proclamados, tienen la virtualidad de reconocer al individuo y a los grupos sociales el poder efectivo de establecer, en unos casos, un límite a la acción del Estado y por tanto reivindicar con éxito frente a sus invasiones una esfera de actuación libre de interferencias e intromisiones (libertad negativa); en otros, el de ejercer libremente una determinada actividad, que implica acotar un campo específico y propio para el libre desarrollo de la personalidad, en sus proyecciones individuales y sociales (libertad positiva); y, finalmente, el de obtener del estado la realización de ciertas prestaciones que correlativamente se tornan deberes sociales del Estado y que, en línea de principio, corresponden a los derechos económicos, sociales y culturales. La Jurisdicción Constitucional es la garantía básica del Estado constitucional de derecho. El poder público en todas sus manifestaciones - estado-legislador, estado-administrador y estado-juez - se origina en el pueblo y se ejerce en los términos que la Constitución establece (CP art. 3o.). La Jurisdicción Constitucional asegura que efectivamente todos los poderes públicos sujeten sus actos (aquí quedan comprendidos entre otros las leyes, las sentencias y los actos administrativos) a las normas, valores y principios constitucionales, de modo que cada una de las funciones estatales sea el correcto y legítimo ejercicio de una función constitucional. El derecho fundamental a la integridad y supremacía de la Constitución se traduce en materia de derechos fundamentales en el derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 228 de la Constitución, los mecanismos procesales ideados por el constituyente y por el legislador deben interpretarse de manera que prevalezca el derecho sustancial. La acción de tutela - al igual que los restantes mecanismos y procedimientos legales de protección de los derechos fundamentales - deben interpretarse, en consecuencia, buscando el máximo grado de cumplimiento y eficacia de la Constitución que, en este caso, equivale a la mayor efectividad del derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales.

La acción de tutela es uno de los medios a través de los cuales se pretende satisfacer el mencionado derecho fundamental, pero su utilización se subordina, en primer término, a la condición de que el afectado "no disponga de otro medio de defensa judicial". Para determinar si se dispone de "otro medio de defensa judicial", no se debe verificar únicamente si el ordenamiento contempla expresamente una posibilidad legal de acción. No se trata de garantizar simplemente el "derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia" (CP art. 229), sino el derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales. En consecuencia, debe determinarse, adicionalmente, si la acción legal alternativa, de existir, es capaz de garantizar la protección inmediata de los derechos vulnerados o amenazados. La Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita por Colombia, que en su artículo 25 ordena: "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales". Y no de otra manera podría ser ya que como lo expresara el legislador especial - Comisión Especial Legislativa - en su momento "la real existencia de medios judiciales de defensa no se suple con una existencia formal o de mero papel. Para que ésta pueda predicarse requiere que los medios sean eficaces y aptos para remediar la vulneración o eliminar la amenaza. Si el medio existe, pero es tardío, lo que lo hace ineficaz, determina la procedencia de la acción" (Informe Ponencia para Debate en Plenaria. Informe de Mayoría. Ponentes Germán Sarmiento Palacio, Hidela Avila de Zuluaga, Armando Novoa García. Comisión Especial Legislativa, Gaceta Legislativa No. 18 p. 5). Es evidente que si el afectado ha hecho uso de los medios de defensa judiciales ordinarios hasta agotarlos, sin obtener efectiva protección de sus derechos constitucionales amenazados o vulnerados, a su término no dispondrá "de otro medio de defensa judicial" y podrá perseguir esa protección a través de la acción de tutela. La acción de tutela se concibe como medio último y extraordinario de protección al cual se puede recurrir sólo en ausencia efectiva de un medio judicial ordinario capaz de brindarla.

Cuando la acción de tutela verse sobre sentencias, la actuación del juez del conocimiento se circunscribe al examen y decisión de la materia constitucional con prescindencia de todo aquello que no tenga que ver con la vulneración o amenaza de vulneración del derecho constitucional fundamental. La acción de tutela no representa frente a los respectivos procesos judiciales instancia ni recurso alguno. Cuando la vulneración del derecho constitucional se estudia con ocasión del trámite de la acción de tutela, no se avoca el conocimiento y desarrollo de la litis, lo que bajo ninguna circunstancia es de la incumbencia de la Jurisdicción Constitucional, sino única y exclusivamente la conducta del juez reflejada en su providencia y en cuanto ésta haya violado un derecho fundamental o amenace con hacerlo.

Se dice que una sentencia tiene fuerza de cosa juzgada cuando ella se torna inmutable y definitiva y no puede ser modificada o revocada por ningún medio jurídico, ordinario o extraordinario, dentro o fuera del proceso en que se produjo. El recuento de algunas de la principales teorías acerca del fundamento de la cosa juzgada demuestra que no deriva este principio de un pretendido derecho inherente a la persona humana. Las teorías modernas se ocupan de justificar la figura a partir de su expresa consagración legal y de criterios prácticos de conveniencia general inspirados en la necesidad de mantener los valores de certeza jurídica y paz social.

Las leyes que consagran y regulan la cosa juzgada deben respetar la Constitución. La regulación legal de la cosa juzgada no tiene una jerarquía o status superior a la Constitución y su interpretación debe hacerse según el sentido que mejor armonice con sus principios y preceptos. El fin del proceso debe ser la sentencia justa (CP art. 2): No la cosa juzgada a secas. El sentido de la entera obra del Constituyente se orienta al establecimiento de un orden social justo. Por consiguiente entre las alternativas de solución de un caso, el Juez debe inclinarse por la que produzca el resultado más justo y resuelva de fondo la controversia dando prevalencia al derecho sustancial (CP Preámbulo, arts. 2 y 228). No cabe duda que a la luz de la Constitución debe afirmarse como valor orientador de la actividad judicial el favorecimiento de la justicia material que se condensa en la consigna pro iustitia. En razón del principio pro iustitia la regulación legal de la cosa juzgada debe en aras de la seguridad jurídica sacrificar lo menos posible la justicia. El mero "decisionismo", no corresponde a la filosofía que anima la Constitución. Frente al problema planteado conviene avanzar en un doble sentido. Primero, determinando unos criterios generales que apunten a la progresiva construcción de la justicia material, de modo que la cosa juzgada sea más el escudo de una decisión justa que la mera inmunidad que protege una decisión de Estado. Y es que la cosa juzgada, en el nuevo ordenamiento constitucional, vale no como razón de Estado sino como expresión de justicia. Segundo, señalando específicamente lo que en ningún caso puede ser sacrificado en función de la certeza o seguridad jurídica y que corresponde al "mínimo de justicia material" que debe contener una sentencia. Sólo de esta manera se puede delimitar el ámbito de seguridad jurídica que permite sustraer a una decisión judicial cubierta por la cosa juzgada de los ataques e impugnaciones de que puede ser objeto por su ilegalidad o injusticia.

La progresiva construcción de justicia por los jueces enriquece la cosa juzgada pues sus fallos tendrán más valor en términos de justicia y verdad. Las dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirtúan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el artículo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. De lo dicho puede colegirse que la regulación legal de la cosa juzgada sólo puede mantenerse en la sociedad democrática y justa diseñada por el Constituyente bajo la condición de que como fórmula histórica y evolutiva de compromiso sacrifique cada vez menos justicia en aras de la consecución de la necesaria estabilidad jurídica. En otras palabras, en cada momento histórico habrá un "precio" límite en términos de justicia sacrificada a partir del cual no se podrá ofrecer nada más a fin de garantizar la necesaria seguridad jurídica. La sentencia que se produzca con violación o desconocimiento de los derechos fundamentales - tanto de orden sustantivo como procesal -, por no incorporar el mínimo de justicia material exigido por el ordenamiento constitucional, no puede pretender hacer tránsito a cosa juzgada. Sólo la cosa juzgada que incorpore por lo menos ese mínimo de justicia puede aspirar a conservar su carácter. La violación o desconocimiento de los derechos fundamentales, base de la convivencia, quebranta la paz social. La violación o desconocimiento de los derechos fundamentales se opone a la vigencia de un orden justo. La seguridad jurídica no se puede construir ni mantener a costa de la violación o desconocimiento de los derechos fundamentales y la que se consiga de esa manera será siempre frágil. El juez que profiere una sentencia que desconozca o viole los derechos fundamentales obra por fuera de sus competencias e incurre en arbitrariedad. La jurisdicción del Estado como todo poder público se origina en la soberanía que reside exclusivamente en el pueblo y no puede ejercerse para desconocer o violar sus derechos fundamentales.

En este contexto la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política es un medio procesal especial que complementa el derecho sustantivo constitucional, mediante la concesión de un arma poderosa a las personas que vean sus derechos fundamentales violados o desconocidos. Tratándose de sentencias que vulneren estos derechos, la acción de tutela, es un medio idóneo para depurar el eventual contenido de injusticia de la sentencia atacada y evita que ésta se torne inimpugnable e irrevocable no obstante el flagrante desconocimiento del mínimo de justicia material que debe expresar toda sentencia y que sólo se da cuando se respetan y se hacen efectivos los derechos fundamentales. Si la ley puede producir el anotado desplazamiento - en cualquiera de los sentidos - de la cosa juzgada, lo que no equivale a su eliminación, con mayor razón lo puede hacer el constituyente al incluir una acción - en este caso la acción de tutela como mecanismo idóneo - contra las sentencias que violen los derechos fundamentales. En este caso el límite de la cosa juzgada se desplaza hacia adelante y sólo luego de la decisión que desate el procedimiento que se instaura con ocasión de la acción de tutela se puede hablar en estricto rigor de cosa juzgada. El valor normativo de la Constitución y su pretensión normativa, reclaman una interpretación que propenda por la eficacia y actualización de sus disposiciones, de modo que la Constitución formal se convierta en Constitución real y vaya adaptándose a las cambiantes condiciones de la vida social. La tesis de la inimpugnabilidad constitucional de las sentencias, deja sin aplicación en un importante ámbito de la realidad nacional, las normas constitucionales sobre protección de derechos fundamentales. Así mismo, la interpretación radicalmente restrictiva y reduccionista de la tutela, la despoja de eficacia real.


Con posterioridad a esta Sentencia de Tutela, la Corte Constitucional abordó el estudio de los artículos 11, 12 y 40 (también el 25) del Decreto Ley 2591 de 1991 (reglamentario de la acción de tutela) contentivos de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, disposiciones que vinieron a ser declaradas inexequibles (con la salvedad del artículo 25) por la Sentencia C-543/92, bajo las siguientes consideraciones:

“De conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991). En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia. Pero, en cambio, no está dentro de las atribuciones del juez de tutela la de inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial en curso, adoptando decisiones paralelas a las que cumple, en ejercicio de su función, quien lo conduce, ya que tal posibilidad está excluida de plano en los conceptos de autonomía e independencia funcionales (artículos 228 y 230 de la Carta), a los cuales ya se ha hecho referencia.

No procede la acción de tutela contra ninguna providencia judicial, con la única salvedad del perjuicio irremediable, desde luego aplicada en este evento como mecanismo transitorio supeditado a la decisión definitiva que adopte el juez competente.”

Con base en los anteriores argumentos, a continuación se realizará una compilación de las decisiones más trascendentales a manera de línea jurisprudencial (para una comprensión simplificada de los casos se prescinde de las notas al pie de cada Sentencia alusivas a decisiones, que podrán ser consultadas en el texto completo de cada decisión).



PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES


T-043/93

ABSTENCION DE TRAMITAR ASUNTO QUE VULNERO ACCESO A LA JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO

Se presenta una conducta omisiva por violación del debido proceso y de acceso oportuno a la administración de justicia por parte de un Juez Promiscuo Civil del Circuito (alegando la extemporaneidad en la interposición de un recurso y la ejecutoria de la providencia que se pedía revocar) que se abstuvo de tramitar -como era su deber- un proceso de restitución declarado por ese despacho nulo y que de acuerdo con las normas de procedimiento debía asumir o someterlo a reparto, sin embargo, optó por remitirlo de nuevo al de primera instancia siendo éste incompetente para que procediera a liquidar costas y cumplir lo decidido. El expediente se encuentra en el archivo y ha transcurrido casi diez meses desde cuando fue decretada la nulidad del proceso sin que se haya ordenado la remisión del expediente al juzgado competente. Esta actuación es inexplicable por cuanto si lo decidido fue la nulidad, el funcionario competente para hacer cumplir dicha orden era él a través de un auto en que asumiera la competencia o el envió del expediente a reparto para que allí se decidiera a quien le correpondería sustanciarlo. El Juez Primero incurrió en un error procedimental que a la postre degeneró en la negación de una decisión definitiva de las pretensiones de la demandante. No entiende la Sala como este Juzgado - sabiendo que lo ordenado fue la nulidad por falta de competencia-, no remitió el expediente al funcionario competente. Por el contrario, carente de competencia, actuó como si el proceso hubiese terminado, incurriendo así en una conducta a todas luces reprochable. Puesto que se entiende que la peticionaria no cuenta con recurso diferente a la acción de tutela para lograr que el funcionario competente respete su derecho de acceso a la justicia y a un debido proceso. Se dispuso que el juzgado asumiera el conocimiento del asunto y se corrió traslado a la Procuraduría Delegada.

T-079/93

AFECTACION DE LAS GARANTIAS PROCESALES A PROGRENITORA EN TRAMITE DE DECLARACION DE ESTADO DE ABANDONO Y HOMOLOGACION DE ADOPCION DE MENOR HIJO

Una madre interpuso acción de tutela contra la resolución de la defensora de familia (y la sentencia judicial que la homologó) que declaró en estado de abandono a su menor hijo y ordenó la iniciación de los trámites de adopción, por considerar vulnerados los derechos fundamentales y los de su hijo, específicamente, la igualdad real y efectiva, el debido proceso, el derecho de defensa, el libre desarrollo de la personalidad, la protección especial que merece el núcleo familiar, los derechos de la mujer y los derechos del niño. La Corte Constitucional encontró error manifiesto del fallador, falta de fundamentación de la sentencia y el incumplimiento del control de legalidad dispuesto por la ley respecto de las resoluciones de abandono proferidas por las autoridades administrativas. Así mismo, se colocó a la peticionaria en posición de desventaja frente a la contraparte, vulnerando el principio de igualdad procesal y sus derechos fundamentales de defensa y debido proceso por parte de la autoridad administrativa, al no atender las exigencias legales de recepción y práctica de las pruebas en condiciones de igualdad para las partes. Actuó como juez de tutela, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la sentencia de primera instancia que concediera la tutela por considerar que la violación del derecho fundamental era manifiesta.

La Corte Constitucional señaló que una actuación de la autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible del control constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona. Carece de fundamento objetivo la actuación manifiestamente contraria a la Constitución y a la Ley. La legitimidad de las decisiones estatales depende de su fundamentación objetiva y razonable. El principio de legalidad rige el ejercicio de las funciones públicas (CP art. 121), es condición de existencia de los empleos públicos (CP art. 122) y su desconocimiento genera la responsabilidad de los servidores públicos (CP arts. 6, 90). Una decisión de la autoridad no es constitucional solamente por el hecho de adoptarse en ejercicio de las funciones del cargo. Ella debe respetar la igualdad de todos ante la ley (CP art. 13), principio que le imprime a la actuación estatal su carácter razonable. Se trata de un verdadero límite sustancial a la discrecionalidad de los servidores públicos, quienes, en el desempeño de sus funciones, no pueden interpretar y aplicar arbitrariamente las normas, so pena de abandonar el ámbito del derecho y pasar a patrocinar simple y llanamente actuaciones de hecho contrarias al Estado de Derecho que les da su legitimidad.

La decisión revestida de las formalidades de un acto jurídico encubre una actuación de hecho cuando ésta obedece más a la voluntad o al capricho del agente estatal que a las competencias atribuidas por ley para proferirla. El criterio para evaluar qué conductas tienen fundamento en el ordenamiento jurídico y cuáles no es finalista y deontológico. Las autoridades públicas están al servicio de la comunidad (CP art. 123) y en el cumplimiento de sus funciones deben ser conscientes de que los fines esenciales del Estado son, entre otros, servir a dicha comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (CP art. 2). Las autoridades públicas deben ceñir sus actuaciones a los postulados de la buena fe (CP art. 83). La conducta dolosa o gravemente culposa de los servidores públicos debe ser excluida del ordenamiento jurídico y su demostración genera la responsabilidad patrimonial del Estado, así como el deber de repetir contra el agente responsable del daño (CP art. 90). La vulneración de los derechos fundamentales por parte de servidores públicos que actúan sin fundamento objetivo y razonable, y obedecen a motivaciones internas, desconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona (CP art. 5), la protección constitucional de los derechos fundamentales (CP art. 86) y la prevalencia del derecho sustancial (CP art. 228). En caso de demostrarse su ocurrencia, el juez de tutela deberá examinar la pertenencia del acto al mundo jurídico y proceder a la defensa de los derechos fundamentales vulnerados en el curso de una vía de hecho por parte de la autoridad pública.

T-158/93

NEGACION DE UN RECURSO CON FUNDAMENTO EN UN REQUISITO JURIDICAMENTE INEXISTENTE

El accionante considera que en el trámite de un proceso ejecutivo se le ha vulnerado el debido proceso por parte de un Juzgado al negar el recurso de apelación aduciendo un requisito jurídicamente inexistente, pues, en virtud del Decreto 2282 de 1989, no es necesario el requisito de sustentación del recurso, por cuanto el artículo 1o., numeral 170, lo eliminó. La Corte Constitucional señaló que el proceso es un juicio y es lícito en cuanto implica un acto de justicia. Y como es evidente por la naturaleza procesal, se requieren tres condiciones para que un proceso sea debido: Primera, que proceda de una inclinación por la justicia; Segunda, que proceda de la autoridad competente; Tercera, que se profiera de acuerdo con la recta razón de la prudencia, en este caso, que se coteje integralmente toda pretensión, de tal manera que siempre esté presente el derecho de defensa, y que el juez en ningún momento se arrogue prerrogativas que no están regladas por la ley, ni exija, asimismo, requisitos extralegales. El acto del Juzgado Civil del Circuito, al negar un recurso, como el de apelación, aduciendo un requisito jurídicamente inexistente, no sólo es violatorio del debido proceso y concretamente del derecho de defensa (art. 29 C. N.), sino que incurre en contradicción con los artículos 6o. y 84 del Estatuto Superior. Aquí es evidente la extralimitación de funciones del juzgado ya que al exigir un requisito no estipulado por la ley, hizo algo que no le estaba permitido por el legislador, contrariando así el espíritu del Estado Social de Derecho, según el cual las autoridades sólo pueden hacer aquello que les está permitido, al paso que los particulares pueden hacer todo aquello que no les esté prohibido.

T-173/93

DESCONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DE REPRESENTANTE Y NO PERMISION EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA QUE VULNERO EL DEBIDO PROCESO Y NO HIZO POSIBLE DERECHO A IMPUGNAR DECISIONES JUDICIALES

La empresa accionante manifestó que a pesar de encontrarse acreditado, en el proceso penal de perturbación de la posesión adelantado en su contra, la calidad de representante legal se desconoció dicha calidad por el juzgador. Señaló que como representante legal fueron vinculados en forma irregular y se realizó devolución del bien al denunciante declarado invasor en proceso policivo. Agregó violación del debido proceso por el juzgador al abstenerse de desatar una impugnación pretextando que quien la intentaba carecía de poder para actuar haciéndose más patente cuando en auto de cúmplase se deniega la reposición y se ordena la devolución al juzgado de origen. La Corte Constitucional encontró que el desconocimiento de la calidad de representante y no permisión del ejercicio del derecho de defensa, vulneró el debido proceso y no hizo posible el derecho de impugnar las decisiones judiciales, lo que hace viable el excepcional procedimiento de la tutela para restaurar la vigencia del Derecho, toda vez que el Juez Penal del Circuito, so pretexto de resolver el recurso, omitiendo hacerlo, no solo desconoció flagrantemente lo probado dentro del proceso sino que, contrariando los principios constitucionales sobre administración de justicia dejó en la indefinición la firmeza de la decisión apelada, asunto que, por su naturaleza y fines, debió ser resuelto materialmente. No entró la Corte en el análisis de la legalidad del auto objeto de apelación, pues al hacerlo sustituiría al juez encargado de proferir precisamente el fallo que se ordena en esta providencia, lo cual, fuera de ser un contrasentido, implicaría una invasión a la órbita jurisdiccional de ese Despacho y un desconocimiento de la autonomía funcional consagrada en la Constitución (artículos 228 y 230). Se ordenó al Juez que cumpla con su obligación de resolver sobre el fondo de la cuestión planteada en el recurso de apelación ante él interpuesto y corrió traslado a la Procuraduría General de la Nación para que vele de manera especial por el adecuado trámite del proceso y por el respeto a los derechos fundamentales de las partes.

La Corte Constitución consideró que el acceso a la administración de justicia no es un derecho apenas formal que se satisfaga mediante la iniciación del proceso sino que su contenido es sustancial, es decir, implica que la persona obtenga a lo largo de la actuación y hasta la culminación de la misma, la posibilidad real de ser escuchada, evaluados sus argumentos y alegatos y tramitadas, de acuerdo con la ley, sus peticiones, de manera que las resoluciones judiciales sean reflejo y realización de los valores jurídicos fundamentales. En tal sentido, el acceso a la administración de justicia es inescindible del debido proceso y únicamente dentro de él se realiza con certeza. Agregó que la regla general de improcedencia de la acción de tutela contra providencias judicial no es absoluta y, por tanto, admite excepciones. Las actuaciones judiciales cuya ostensible desviación del ordenamiento jurídico las convierte -pese a su forma- en verdaderas vías de hecho, no merecen la denominación ni tienen el carácter de providencias para los efectos de establecer la procedencia de la acción de tutela. No es el ropaje o la apariencia de una decisión sino su contenido lo que amerita la intangibilidad constitucionalmente conferida a la autonomía funcional del juez. Indicó que la doctrina de la Corte ha efectuado un análisis material y ha establecido una diáfana distinción entre las providencias judiciales -que son invulnerables a la acción de tutela en cuanto corresponden al ejercicio autónomo de la función judicial y respecto de las cuales existen, dentro del respectivo proceso, los medios judiciales de defensa establecidos por el ordenamiento jurídico- y las vías de hecho por cuyo medio, bajo la forma de una providencia judicial, quien debería administrar justicia quebranta en realidad los principios que la inspiran y abusa de la autonomía que la Carta Política reconoce a su función, para vulnerar en cambio los derechos básicos de las personas. En ese orden de ideas, la violación flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque pretenda cubrirse con el manto respetable de la resolución judicial, puede ser atacada mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los presupuestos contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro medio al alcance del afectado para la defensa de su derecho. En tales casos, desde luego, el objeto de la acción y de la orden judicial que puede impartirse no toca con la cuestión litigiosa que se debate en el proceso, sino que se circunscribe al acto encubierto mediante el cual se viola o amenaza un derecho fundamental. La decisión del juez, que materialmente no puede considerarse como providencia, es la que originó la violación de los derechos fundamentales de la peticionaria, pues conforma en realidad una vía de hecho por cuyo conducto el juez -llamado a adoptar una decisión judicial de fondo- omitió el deber que era de su incumbencia y, basado en presupuestos de hecho contrarios a la verdad, quebrantó de manera abierta los derechos fundamentales de la entidad apelante, en especial las reglas del debido proceso (artículo 29 de la Constitución) y denegó en la práctica el derecho que la Carta otorga a toda persona en el sentido de impugnar las decisiones judiciales.

T-055/94

FALTA DE RESPUESTA A LA PETICION DE UNA PRUEBA CONSIDERADA PERTINENTE E INDISPENSABLE. PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD, CONTRADICCION Y DEFENSA COMO SUPUESTO DE LA PRESUNCION DE INOCENCIA Y DEL DEBIDO PROCESO PENAL

La tutela plantea una violación del debido proceso en la investigación penal que el Fiscal Regional adelanta en su contra del peticionario. Dicha vulneración consistiría en la falta de respuesta a la petición de una prueba considerada pertinente e indispensable. La Corte Constitucional consideró que el Fiscal regional debió llamar a rendir testimonio a los señores no sólo por constituir pruebas cuya conducencia podía objetivamente apreciarse desde la indagatoria misma del procesado, sino también por el hecho de haber sido solicitadas por su representante, violando de esta manera los principios de publicidad y contradicción en el proceso. La omisión del Fiscal viola el principio de contradicción y por contera se quebrantan los derechos de defensa, debido proceso y, finalmente, la presunción de inocencia del inculpado. Semejante omisión no puede ser considerada sino como una grave irregularidad que vulnera el derecho del procesado a recurrir las providencias judiciales, para lo cual es necesario que éstas existan y se comuniquen. Se trata, por tanto, de un acto desprovisto de toda justificación jurídica que configura lo que se conoce como "vía de hecho".

El proceso no puede ser concebido como una serie de pasos encaminados a la demostración de una hipótesis planteada por el fiscal o juez. La omisión de una prueba objetivamente conducente en el proceso que se sigue contra el peticionario, constituye una violación a su derecho de defensa y al debido proceso. El hecho de que no se hayan rendido los testimonios solicitados por el peticionario resulta especialmente grave si se tienen en cuenta estas dos circunstancias: 1) los testimonios solicitados eran pertinentes e indispensables desde el momento mismo de la indagatoria y, además, fueron solicitados formalmente por el representante del peticionario, y 2) no hay trazas de que el fiscal hubiere estimado, en cualquier sentido, la conducencia de la prueba y de ahí su actitud omisiva, la cual impide al acusado la interposición de los recursos que le habrían permitido proteger su derecho de defensa. El artículo 250 del Código de Procedimiento Penal establece que el juez que rechaza una prueba debe hacerlo mediante providencia. Dicha providencia es apelable en el efecto diferido, según lo consagra el artículo 204-b-1 del mismo código. Con la omisión señalada se viola igualmente el principio de publicidad que debe inspirar las diferentes actuaciones procesales. Según este principio la justicia penal debe ser comunicada a las partes y al público en general; los fallos y las decisiones deben ser difundidos y motivados. Con ello se protege el derecho a la información de personas afectadas por decisiones judiciales y se garantiza la posibilidad de que las mismas puedan controvertir su contenido y alcance. El derecho a la presunción de inocencia se encuentra en estrecha relación de interdependencia con el derecho de defensa y el debido proceso. El derecho que tiene el procesado a no ser considerado culpable hasta tanto no se demuestre lo contrario mediante sentencia judicial, está íntimamente ligado a la existencia de medios de prueba y de específicos procedimientos de evaluación y trámite cuyo desarrollo y análisis está prioritariamente en cabeza del juez. El fiscal ha desconocido tanto los medios de prueba como los procedimientos que protegen la presunción de inocencia. Lo primero, al no pronunciarse sobre la petición de prueba y, lo segundo, al no aceptar la práctica de una prueba conducente. La doctrina de las vías de hecho ha sido ampliamente preconizada por el derecho administrativo con el objeto de contrarrestar ciertas patologías de los "hechos humanos o subjetivos", las vías de hecho, consideradas como expresiones ilícitas y anormales de la actividad humana.

T-175/94

EVIDENTES ERRORES AL AMPARO DE EQUIVOCADA APLICACION DE NORMA Y CON LA CUAL DESCONOCIO EL DERECHO DE DEFENSA. LA PARTE DEMANDADA CUMPLIO EL DEBER PROCESAL DE CONSIGNAR LAS MESADAS DEBIDAS AL MOMENTO DE CONTESTAR LA DEMANDA Y ESA CONDUCTA LEGITIMABA EL DERECHO A CONTESTAR LA DEMANDA Y PROPONER LAS EXCEPCIONES ASI COMO EL DEBER DEL JUEZ DE RESOLVER SOBRE LOS MEDIOS DE DEFENSA INTERPUESTOS EN OPORTUNIDAD

Un Juez Civil Municipal omitió la resolución de las excepciones pendientes (cosa juzgada) y por consiguiente de las pruebas solicitadas, aduciendo la no consignación de los cánones transcurridos a pesar de que la parte demandada cumplió el deber procesal de consignar las mesadas debidas al momento de contestar la demanda, porque aparece su evidencia en el expediente, y esa conducta legitimaba el derecho a contestar la demanda y proponer las excepciones. Por ende, al amparo de una equivocada aplicación de la norma en que dijo apoyarse, se desconoció el derecho de defensa de la petente, además, el juez carecía de la prueba eficaz del contrato de arrendamiento, para decidir de mérito. Agréguese que la parte demandada careció, por razón de ser un proceso de única instancia, de toda posibilidad de controvertir la sentencia judicial y neutralizar sus efectos, de manera que los resultados de tal decisión se volvieron, por razón de la particular situación, en definitivos e inexorables. La Corte Constitucional manifestó que el juez incurrió en evidentes (errores) al amparo de una equivocada aplicación de la norma y con ocasión de la cual, desconoció el derecho de defensa. La parte demandada cumplió el deber procesal de consignar las mesadas debidas al momento de contestar la demanda y esa conducta legitimaba el derecho a contestar la demanda y proponer las excepciones así como el deber de juez, de resolver sobre los medios de defensa interpuestos en oportunidad. Se cercenó el derecho de participación y defensa de la demandada, al suprimir las etapas procesales subsiguientes en las que debía resolverse sobre su oposición a las pretensiones de la parte actora, especialmente en relación con la excepción previa de cosa juzgada. El error consistió en el hecho de que el juez aplicó los efectos procesales que se deducen del numeral 2. del parágrafo 2o. del artículo 424, a unos hechos que son materia de regulación por el numeral 3 del mismo parágrafo. Además, el juez carecía de la prueba eficaz del contrato de arrendamiento, para decidir de mérito, porque en la demostración de dicho acto jurídico se adujeron unos testimonios ante notario que no se ratificaron. La parte demandada careció, por razón de ser un proceso de única instancia, de toda posibilidad de controvertir la sentencia judicial y neutralizar sus efectos, de manera que los resultados de tal decisión se volvieron, por razón de la particular situación, en definitivos e inexorables.

La Corte Constitucional reiteró como regla general que la acción de tutela no procede contra sentencias judiciales sobre las cuales recae el efecto de cosa juzgada. Este efecto genera una situación de estabilidad jurídica, que permite, de un lado, hacer cumplir lo que en la sentencia se decidió, pero igualmente, impide que se discuta o se vuelva a cuestionar ese contenido entre las mismas partes. No obstante, también es claro que esa certeza que impone la cosa juzgada no constituye un valor absoluto frente a la vigencia y defensa de los derechos fundamentales, de suerte que si está de por medio la protección de tales valores, procede la tutela contra sentencias que sean el resultado de una "vía de hecho", lo cual ocurre cuando el juez la adopta contrariando ostensiblemente el contenido y voluntad de la ley o desconociendo ritualidades cuya observancia consagran una garantía del derecho de defensa de las partes en el proceso. La cosa juzgada como resultado de una vía de hecho, pierde su valor de decisión intangible y poco vale como cosa juzgada. Cuando la Carta dispone que los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley (art. 230), está consagrando, además del principio de autonomía de los demás órganos del poder público, también el principio de legalidad, en razón del cual, toda su conducta está dirigida y sometida por la norma que le diseña y demarca su actividad jurisdiccional. Como supuesto que autoriza y justifica la tutela, no puede admitirse cualquier irregularidad procesal, que como tal, carece de la virtualidad para considerar la decisión como el resultado de una vía de hecho, y menos - por supuesto - cuando para contrarrestarla existen instrumentos jurídicos aducibles como medio de defensa.

T-231/94

VIOLACION DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Y DEL DERECHO DE DEFENSA POR EXTENSION DE CONDENA DE PERJUICIOS MORATORIOS TODA VEZ QUE NO APARECE CONDENA POR CONCEPTO DE CORRECCION MONETARIA NI DEL ESCRITO DE ESTIMACION DE PERJUICIOS SE DEDUCE EL LUCRO CESANTE EN CIERTA CANTIDAD

La demandante (persona jurídica) acusa los autos de liquidación de la condena de perjuicios del vicio de incongruencia en relación con lo debatido y probado procesalmente toda vez que ni en la condena abstracta (sentencia del juzgado décimo sexto civil del circuito) aparece condena alguna por concepto de corrección monetaria, ni del escrito de estimación de perjuicios del demandante se deduce como que allí se determina el lucro cesante en la suma de $ 333.573.704.93. La vía de hecho consiste en extender la condena de perjuicios moratorios decretada contra la empresa más allá del período de efectiva inmovilización de la maquinaria asegurada. Se desconoce en su sustancia la causa petendi. La desviación del Tribunal tiene tal grado que alcanza a vulnerar los derechos fundamentales de acceso a la justicia y de debido proceso cuyo quebranto reclama la petente. Finalmente, la desviación judicial revestía extremada gravedad y violaba derechos fundamentales de la actora en tutela. Conoció como Juez de Tutela la Corte Suprema de Justicia Sala Civil (a juicio del fallador de segunda instancia, las providencias judiciales arbitrarias o constitutivas de vías de hecho, lo son "cuando se pronuncian sin motivo legal, sin valoración probatoria y sin dar oportunidad a la revisión por el ad-quem u otro órgano judicial, no obstante encontrarse previstas en la ley") que si bien confirmó la concesión parcial de la tutela, lo hizo solamente para no tornar más gravosa la situación de la apelante única. La Corte Constitucional concedió parcialmente la tutela a la sociedad de sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y debido proceso y dispuso restablecer a la actora en la integridad de sus derechos fundamentales y devolver el expediente al Tribunal que estableció la cuantificación de los perjuicios moratorios, a fin de que de conformidad con lo señalado en los fundamentos de esta sentencia rehaga la liquidación y para el efecto dicte nuevo auto suficientemente fundado y congruente.

La Corte Constitucional recuerda que conforme al principio de congruencia, el juez, en su sentencia, no puede reconocer lo que no se le ha pedido (extra petita) ni más de lo pedido (ultra petita). Lo demás, significa desbordar, positiva o negativamente, los límites de su potestad. La vía de hecho predicable de una determinada acción u omisión de un juez, no obstante poder ser impugnada como nulidad absoluta, es una suerte de vicio más radical aún en cuanto que el titular del órgano se desliga por entero del imperio de la ley. Si la jurisdicción y la consiguiente atribución de poder a los diferentes jueces, se hace con miras a la aplicación del derecho a las situaciones concretas y a través de los cauces que la ley determina, una modalidad de ejercicio de esta potestad que discurra ostensiblemente al margen de la ley, de los hechos que resulten probados o con abierta preterición de los trámites y procedimientos establecidos, no podrá imputarse al órgano ni sus resultados tomarse como vinculantes, habida cuenta de la "malversación" de la competencia y de la manifiesta actuación ultra o extra vires de su titular. Si este comportamiento - abultadamente deformado respecto del postulado en la norma - se traduce en la utilización de un poder concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la disposición (defecto sustantivo), o en el ejercicio de la atribución por un órgano que no es su titular (defecto orgánico), o en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la actuación por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental), esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto judicial. El control constitucional de la vía de hecho judicial, no obstante ser definitivamente excepcional y de procedencia limitada a los supuestos de defectos sustantivos, orgánicos, fácticos o procedimentales, en que se incurra en grado absoluto, es tanto de forma como de fondo, pues su referente es la arbitrariedad que puede ser tanto formal como material. Este pensamiento de la Corte Constitucional coincide integralmente con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia( Sentencia del 7 de octubre de 1993). El acto judicial que en grado absoluto exhiba alguno de los defectos mencionados, atenta contra la pax publica y por fuerza se convierte en socialmente recusable. La incongruencia que es capaz de tornar en simple de vía de hecho la acción del juez reflejada en una providencia, es sólo aquella que subvierte completamente los términos de referencia que sirvieron al desarrollo del proceso, generando dicha alteración sustancial, dentro de la respectiva jurisdicción, la quiebra irremediable del principio de contradicción y del derecho de defensa. Es evidente que si la sentencia o providencia judicial recae sobre materias no debatidas en el proceso, ausentes de la relación jurídico-procesal trabada, la incongruencia, además de sorprender a una de las partes, la coloca en situación de indefensión que, de subsistir, pese a la interposición de los recursos, y con mayor razón cuando éstos no caben o se han propuesto infructuosamente, se traduce inexorablemente en la violación definitiva de su derecho de defensa (CP art. 29).

Si bien la Corte Suprema de Justicia admite la existencia de un control constitucional de la vía de hecho judicial, lo circunscribe al simple control o constatación externa y formal. El control formal de la vía de hecho, puede significar la intangibilidad de defectos absolutos sustantivos, orgánicos, fácticos y procedimentales de los actos judiciales, que adopten un aparente revestimiento legal y fáctico, pese a que prima facie se pueda observar la patente violación del derecho, de los procedimientos o la invidencia judicial respecto de los hechos determinantes. El control puramente formal de la vía de hecho, arriesga casi siempre dejar intacta la afrenta sustancial al derecho de la que el acto judicial viciado es portador. La paz social alterada, con la desviación de poder del juez, si el estigma permanece enraizado, no podrá corregirse. Así como el Estado de derecho está lejano de adquirir plenitud con la mera vigencia formal y no material de sus normas, lo mismo la paz social incorpora una exigencia inapelable de realidad que impugna constantemente la apariencia. La insistencia en un control puramente formal de la vía de hecho, parece ignorar las múltiples causas que se encuentran en el origen mismo de la arbitrariedad judicial y cuyo desconocimiento sólo contribuye a perpetuarlas, desacreditando el derecho y desvirtuando a la justicia: La notoria falsedad en la apreciación de los hechos; la manifiesta ruptura de la igualdad; la mayúscula desproporcionalidad e irracionalidad en la aplicación del derecho y en la estimación de los hechos determinantes que corresponden al supuesto tenido en cuenta en las normas; la burda desviación de poder del juez que sacrifica irrazonablemente los principios jurídicos constitucionales y legales que marcan los derroteros y fines del derecho en los distintos campos; la vulneración de los derechos fundamentales de las personas reconocidos en la Constitución; la iniquidad manifiesta; la mala fe etc. La acción de tutela, en suma, frente a vías de hecho judiciales, se reduce a los casos en los cuales contra la providencia en la que se haga patente la arbitrariedad o defecto absoluto antes aludido, no exista medio ordinario de defensa o que pese a estar consagrado y a ejercitarse con ese objeto, la situación irregular se mantenga y, por ende, el quebrantamiento del derecho fundamental subsista y los medios ordinarios de defensa se encuentren ya agotados.

T-442/94

VIA DE HECHO POR OMISION DEL JUEZ EN ESTIMAR EL MATERIAL PROBATORIO. DERECHOS DE LOS NIÑOS A LA INTEGRIDAD FISICA, LA SALUD Y A LA LIBRE EXPRESION DE SU OPINION. LA ACCION DE TUTELA Y LA CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL DE LOS MENORES

Un menor de 10 años que desde su nacimiento ha estado bajo la custodia de los abuelos y tías a quienes identifica como sus padres, fue objeto de declaración de custodia a favor de los padres biológicos desconociendo el juzgado sin motivo serio alguno, la realidad probatoria objetiva (no tuvo en cuenta los autorizados conceptos científicos que eran determinantes para decidir sobre la custodia del menor y al ordenar colocar al menor en una situación por él indeseada, se atenta contra su autonomía para manifestar su opinión e igualmente se corre el riesgo de causarle secuelas psicológicas irreversibles) que mostraba el proceso creando al menor una situación de angustia, inestabilidad e indiferencia, que viola sus derechos constitucionales fundamentales a la integridad física, salud y libertad de expresar su opinión. Según los conceptos médicos presenta una perturbación psíquica cuyas consecuencias dependen de un prudente manejo y tratamiento psicoterapéutico, pues de lo contrario terminaría en un posible proceso psicótico, y que el menor continúe al lado de su madre psicológica, lo cual mejoraría sustancialmente su pronóstico. El dictamen del médico psiquiatra señaló que debe acogerse el deseo del niño de permanecer con sus tías y que el menor debe seguir con su familia parental con visitas a sus padres cuando el menor lo desee, no forzar la situación. Se presentó la tutela como mecanismo transitorio para evitar un daño grave al menor representado en el rechazo que presenta contra los padres biológicos y que según dictámenes científicos aconsejan su permanencia en el actual medio socio familiar por cuanto la desadaptación traería problemas graves de tipo adictivo en el desarrollo psíquico del menor. La Corte Constitucional confirmó la Sentencia proferida por el Tribunal Superior, Sala de Familia, que concedió transitoriamente la tutela. Señaló que en cada caso particular se deben analizar las circunstancias y situaciones que comunican un estado favorable en las condiciones en que se encuentre el menor en un momento dado y valorar sí el otorgamiento del cuidado y custodia puede implicar eventualmente una modificación desventajosa de dicho estado. Se puede avizorar un perjuicio irremediable, ya que de acuerdo con los conceptos de los médicos, los cuales fueron aportados al proceso de tutela, el menor presenta una crisis de ansiedad que se ha agravado hasta el extremo de generar una reacción depresiva severa, por lo que ha sido necesario iniciar un tratamiento con medicamentos antidepresivos y darle incapacidad médica indefinida. La situación del menor, según dichos conceptos puede llegar a una enfermedad más severa y posiblemente de carácter irreversible, pues tratándose de un niño de su edad, el daño psicológico es mayor por estar en etapa de maduración del sistema nervioso central y porque el niño está en proceso de conformación de su personalidad. La opinión del menor, en cuanto sea libre y espontánea y esté exenta de vicios en su consentimiento, constituye un instrumento apropiado e invaluable en la adopción de la respectiva decisión, más aún, si aquélla se adecua al mantenimiento de las condiciones favorables de que viene disfrutando. Agregó que si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica, dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a este desideratum, la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Sólo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello sería contrario al principio de que la tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones. En el caso en concreto, es procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, esto es, mientras se decide por el Juez de Familia de la custodia y cuidado del menor, en atención a que los derechos constitucionales fundamentales del menor no pueden quedar desprotegidos mientras se adopta una nueva resolución judicial, pues se causaría un perjuicio irremediable.

T-572/94

ES VIA DE HECHO Y VIOLA EL DEBIDO PROCESO Y EL ACCESO A LA JUSTICIA LA NEGATIVA DE UN JUEZ A PERMITIR QUE UNA ENTIDAD TERRITORIAL EVITE EL REMATE DE UN BIEN DE USO PÚBLICO. DEFENSA DE LOS BIENES DE USO PUBLICO (CASO DE SANTA MARIA DEL LAGO)

El Alcalde Mayor de Bogotá instauró acción de tutela contra el Juzgado Civil de Circuito, que ordenó dentro del proceso ejecutivo el remate del inmueble embargado y secuestrado, por considerar que dentro del mismo se encuentra un bien de uso público (inalienable e inembargable), a saber, el humedal que existe en el sector de Santa María del lago. Señaló que no se ha permitido al Distrito Capital reconocerlo como parte del proceso para así defender el patrimonio público. La Corte Constitucional señaló que se incurre en vía de hecho aquel funcionario judicial que impide que una entidad territorial como el Distrito Capital participe en un proceso para evitar el remate de bienes como los humedales, que no son sólo de uso público cuando no nacen ni mueren en el mismo predio, y por ende inembargables, sino que además tienen un particular valor ecológico. Por ende, la Corte Constitucional decidió revocar la sentencia proferida por la Sala De Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y concedió a la peticionaria la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de acceso a la justicia. Por lo tanto, a efectos de garantizar la tutela de dichos derechos, dispuso proceder a admitir la demanda de constitución de parte civil y a darle el trámite que según la ley procesal penal corresponde. Consideró, además, que las vías de hecho ocurrieron desde cuando se negó al Distrito toda posibilidad de defensa de los bienes de uso público. Todo ello ha violado la Constitución y ha vulnerado los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia del Distrito. Y es obvio que el Distrito no cuenta con otro medio judicial de defensa diferente a la tutela, por cuanto, al no haber sido admitido en el proceso hipotecario, no tiene como controvertir las actuaciones del Juzgado Civil del Circuito. Para la Corte la tutela no debió ser concedida como mecanismo transitorio sino como vía principal, puesto que no tiene el petente otros medios judiciales para proteger sus derechos constitucionales fundamentales vulnerados. En ese orden de ideas, al Estado corresponde el derecho y el deber de velar por la integridad de esos bienes de uso público. El ejercicio de estos derechos y deberes por parte del Estado, invocados por Entidades Territoriales y aun por la comunidad, no puede ser obstaculizado por un Juez de la República con el argumento de que sólo son parte interesada en un determinado proceso de ejecución el ejecutante o el ejecutado. Por el contrario, debe el juez permitir que judicialmente se determine si es cierta la solicitud de quien alega ser titular de un derecho real institucional: el dominio público, e invoca este carácter para exigir el cumplimiento del artículo 63 de la Constitución.

SU.327/95

VIOLACION DEL PRINCIPIO DE NO REFORMATIO IN PEJUS

Las circunstancias en las que se encuentran los demandantes son éstas: fueron condenados, interpusieron el recurso como apelantes únicos, y el superior ordenó modificarles la pena en forma fatalmente gravosa(de 24 a 44 años, atendiendo una nulidad), violando la garantía constitucional del artículo 31 (el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único. Principio no reformatio in pejus) con base en una doctrina elaborada y reiterada hasta hacerla doctrina probable por la Corte Suprema de Justicia, que conocería de la casación. La Corte Constitucional señaló que el empeoramiento de la situación de los apelantes se traduce en un desconocimiento flagrante de la garantía constitucional contenida en el artículo 31 Superior y, por ende, la providencia judicial constituye una auténtica vía de hecho. Agregó que es una manifestación del principio de congruencia, según el cual las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: “Tantum devolutum quantum appellatum”. La no interposición oportuna del recurso de apelación por el Fiscal o el Ministerio Público, revelan la conformidad del titular de la pretensión punitiva con los términos del fallo, e implican la preclusión de la oportunidad que el Estado tenía de revisar su propio acto. Esa conducta omisiva comporta la aquiescencia del Estado, a través de los funcionarios investidos de competencia precisamente para esos efectos, con la sentencia de primera instancia que, de ese modo, queda convalidada en cuanto a las consecuencias favorables que ella comporte con respecto al apelante único. Si el juez de segundo grado adquiere competencia sólo en función del recurso interpuesto por el procesado y sólo para revisar la providencia en los aspectos en que pueda serle desfavorable (tal como se desprende del precepto constitucional) no puede so pretexto de que ha encontrado alguna irregularidad en el proceso o en la sentencia, cuya enmienda conduce a un empeoramiento de la situación del apelante, declararla si tal empeoramiento fatalmente habrá de producirse. Aducir que la nulidad se justifica por haberse violado el principio de la legalidad de la pena es un argumento inaceptable. Porque la pena impuesta no es gratuita ni caprichosa, ni ha sido creación arbitraria del juez. Simplemente el juez de primera instancia ha basado su decisión en una norma distinta a la que juzga pertinente el ad quem y, por ende, a juicio de éste ha cometido un error. Pero resulta que los recursos son mecanismos tendentes a eliminar errores, pero errores que el juez de segunda instancia pueda jurídicamente enmendar. Es decir, para cuya enmienda tenga competencia. Aplicando el principio de interpretación constitucional indicado en la Sentencia T-474/92, es indudable que la tutela procede en este caso, pues: “La prevalencia de la parte dogmática sobre la parte orgánica de la Constitución involucra el principio de la interpretación más favorable para los derechos fundamentales. La interpretación conforme a la Constitución se traduce, en materia penal, en la limitación de las facultades y del poder punitivo del Estado, en el grado y en la extensión necesarios a fin de garantizar el debido proceso y los demás derechos constitucionales que la Carta consagra en favor de los procesados”. En el caso concreto, existe certidumbre sobre la ineficacia del recurso de casación, por la razón anotada (es la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema la que ha sentado la doctrina sobre la violación del principio de legalidad como excepción a la garantía del artículo 31). Pero puede agregarse un motivo adicional: si hay discrepancia sobre el sentido de una norma constitucional, entre el juez ordinario (dentro del cual, para estos efectos, hay que incluir al de casación) y la Corte Constitucional, es el juicio de ésta el que prevalece, tal como se desprende, con toda nitidez, del fallo C-083 de 1995.

SU.637/96

VIA DE HECHO POR NO APLICACION EN SANCION DISCIPLINARIA DE NORMA MAS FAVORABLE. APLICACION DE NORMA DEROGADA

El actor considera que en la sentencia del Consejo Superior de la Judicatura, mediante la cual se le impuso la sanción de destitución, se incurrió en una vía de hecho. Fundamenta su aseveración en la circunstancia de que el Consejo basó su fallo en el Decreto 1888 de 1989, a pesar de que éste había sido derogado por la Ley 200 de 1995, ley que si se hubiera aplicado le habría acarreado una sanción más favorable. La Corte Constitucional consideró que debió aplicarse, en lo relacionado con las sanciones, la normatividad de la Ley 200 de 1995, la cual había entrado ya en vigor al momento de dictarse la sentencia. Las normas de la referida Ley 200 de 1995 atinentes a la sanción de destitución son más favorables a los disciplinados, puesto que eliminan la discrecionalidad de la autoridad disciplinaria para asignar esa pena y limitan a ciertas hipótesis taxativas la posibilidad de imponerla. La decisión judicial corresponde a una vía de hecho. La imposición de la sanción disciplinaria más desfavorable, no obstante que al momento de confirmarse la sanción se encontraba en vigencia una ley que consagraba un régimen punitivo más favorable y que, la misma de manera expresa e inequívoca derogaba los regímenes especiales disciplinarios - salvo el aplicable a la fuerza pública -, pone de presente que la actuación judicial se apartó ostensiblemente del imperio de la ley y, por ende, se incurrió en una vía de hecho violatoria del derecho fundamental al debido proceso que, en este caso, se impone amparar, a fin de que el órgano judicial competente adopte su decisión conforme a la ley vigente y con estricta sujeción al principio de favorabilidad. El CDU se aplica a todos los servidores públicos y deroga los regímenes especiales existentes hasta entonces, así como todas las disposiciones que le sean contrarias, salvo las excepciones contempladas en la Constitución y en la misma ley. Evidentemente, esta conclusión se extiende también a los funcionarios de la Rama Judicial. La Corte ha señalado ya en varias ocasiones que los principios del derecho penal criminal son aplicables al derecho disciplinario, por cuanto éste constituye una modalidad del derecho penal. Entre los principios del derecho penal se halla el de la favorabilidad, el cual se encuentra expresamente contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política. Este principio rige tanto para los conflictos de leyes en el tiempo como para cuando se trata de leyes coetáneas y se ha de determinar cuál debe regir en un caso específico.

T-056/97

DOBLE CONDENA POR UNA CAUSA JURIDICA. NO INTEGRACION DEL LITISCONSORCIO NECESARIO EN SUSTITUCION PENSIONAL

Acción de tutela instaurada por el Instituto de Seguros Sociales contra la Sala Décima Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior, que confirmó la dictada por el Juzgado Tercero Laboral , en el sentido de reconocer a una señora la pensión de sobrevivientes de su compañero. Estima la entidad demandante que se encuentra en abierta contradicción con la sentencia dictada con fecha anterior por la Sala Quinta de Decisión Laboral del mismo Tribunal, en virtud de la cual, luego de la revocación de la sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado Tercero Laboral, se reconoció igualmente a otra señora la pensión de sobreviviente del citado señor pero en la condición de cónyuge sobreviviente. En el caso que se analiza se ha impuesto al ISS una doble condena por una misma causa jurídica, como es, el hecho de la sustitución pensional de un señor tanto a su cónyuge como a su compañera permanente, cuando las normas que rigen la materia son claras en el sentido de que solamente puede existir un beneficiario de dicha sustitución. Se trata de establecer si al no haberse integrado el litisconsorcio necesario se pudo haber incurrido por el Tribunal Superior, a través de las Salas de Decisión Laboral mencionadas, en una vía de hecho. La Corte Constitucional señaló que la omisión de la integración del litisconsorcio por el Juzgado que fue avalada por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Superior, conllevó una flagrante violación del derecho al debido proceso, consagrado por el art. 29 de la Constitución, por ser ésta una actuación procesal de obligatoria observancia, pues se requería para poder decidir de mérito y en justicia sobre el derecho que debía reconocérsele a una de las interesadas. La falta de integración de litisconsorcio también significó un desconocimiento de principios esenciales del ordenamiento constitucional, como son: la justicia, la vigencia de un orden justo, y la eficiencia y la eficacia de las decisiones judiciales, pues no se aviene con aquellos los fallos de la jurisdicción laboral que impusieron al ISS, sin causa jurídica legítima, una doble obligación que lesiona su patrimonio, el cual igualmente es objeto de protección, según se desprende de diferentes normas de la Constitución. De no haberse presentado la aludida omisión, el proceso hubiera concluido necesariamente decidiendo la cuestión litigiosa en forma unitaria para las dos interesadas, de manera que se hubiera definido a cual de ellas correspondía en derecho la pensión de sobrevivientes. Esta situación, necesariamente motivó el trámite del segundo proceso que determinó una decisión contradictoria en el sentido de imponer una doble condena al ISS y que igualmente resultó contagiado del mismo vicio. La necesidad de un pronunciamiento uniforme y con efectos concretos sobre la totalidad de dichos sujetos impone su concurrencia al respectivo proceso. Por lo tanto, en estos eventos el juez no puede proveer sobre la demanda y decidir sobre la pretensión sin que todos los sujetos activos y pasivos de la relación procesal hayan sido citados e intervengan en el proceso. La necesidad de la participación de dichos sujetos se torna, por consiguiente, en algo que es consustancial con el principio de la integración del contradictorio.

T-201/97

IGNORANCIA DE CIRCUNSTANCIA DE ATENUACION PUNITIVA. TRIBUNAL RECONOCE ANTE JUEZ DE TUTELA ERROR CUANTITATIVO EN CONDENA. IMPOSICIÓN DE PENA MAYOR A LA ORDENADA POR EL LEGISLADOR

A pesar de que indiscutiblemente el Tribunal se encontraba facultado para revocar la decisión de primera instancia, dicho organismo condenó al accionante con base en la pena descrita en el inciso 1 del artículo 33 de la Ley 30 de 1986 -de 4 a 12 años de prisión-, ignorando la circunstancia de atenuación punitiva, de orden cuantitativa, que prevé la misma norma para quienes porten menos de 100 gramos de cocaína. Quedó demostrado que la droga descubierta al accionante correspondió a 0.5 gramos de cocaína, luego la condena debió ser tasada, con base en el inciso 2º del artículo 33 de la referida ley, -de1 a 3 años de prisión y multa-. El Magistrado ponente que conoció del grado de consulta informó en escrito enviado al juez de tutela lo siguiente: “..el texto de la sentencia acusada arroja un error cuantitativo en el examen de los hechos, que traslada la conducta objeto de reproche, dentro de la misma norma, a una previsión que no es la que corresponde a los hechos y que resulta gravosa para el acusado, ya que en vez de graduarse la sanción con arreglo al inciso 2 del artículo 33 de la Ley 30 de 1986, que era el aplicable, se graduó con observancia del inc. 2º (sic) ibídem [se refiere al inciso primero del artículo 33 de la Ley 30 de 1986]”. La Corte Constitucional al decretar la nulidad de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito, señaló en relación con la vía de hecho, la doctrina sentada que sostiene que la acción de tutela no procede contra sentencias ejecutoriadas u otras sentencias, salvo que éstas sean el resultado de una actitud arbitraria y carente de fundamento objetivo producto del desconocimiento flagrante y ostensible del ordenamiento jurídico. Imponer una pena mayor a la ordenada por el legislador, constituye claramente una conducta lesiva que rompe el equilibrio procesal, y deja al sindicado en indefensión total, configurándose una vía de hecho. Por tratarse de una sentencia ejecutoriada, sólo cabría la acción de revisión contenida en el artículo 232 C.P.P. Sin embargo, la situación planteada en vía de tutela, no se encuadra en ninguna de las circunstancias previstas para la procedencia de la mencionada acción, contenidas en el artículo citado. Sin embargo, no es posible que el juez de tutela entre a modificar la providencia del h. Tribunal por las razones consignadas en la parte motiva de este fallo. Por consiguiente, la Sala de revisión decretará la nulidad de la sentencia estudiada. Esta decisión se ajusta a lo prescrito por el Código de Procedimiento Penal.

T-432/97

EL DERECHO DEL DEFENSOR A EXAMINAR EL EXPEDIENTE ES PRESUPUESTO DEL PLENO EJERCICIO DEL DERECHO A LA DEFENSA TECNICA DEL SINDICADO. EL PODER CORRECCIONAL DEL FUNCIONARIO JUDICIAL ES REGLADO Y NO LE OTORGA DISCRECION A QUIEN LO EJERCE PARA ESCOGER LA SANCION QUE A BIEN TENGA. CUANDO SE ALTERA SIGNIFICATIVAMENTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES DURANTE LA ETAPA INQUISITIVA DE UN PROCESO PENAL, RESULTA VIOLADO EL DERECHO A QUE SE RESPETEN LAS FORMAS CONSTITUCIONALES DE ESA CLASE DE PROCESOS

Una persona sindicada de la comisión de un delito designó al demandante como su defensor en la indagatoria ante un Fiscal Regional. El actor solicitó que se le permitiera examinar las copias del expediente mientras se interrogaba al sindicado, pero el Fiscal Regional se negó a hacerlo durante la diligencia, y también cuando ésta concluyó. Hasta la presentación de la demanda de tutela, el actor desconocía el cuaderno número 5 del expediente a pesar de haberlo solicitado en repetidas oportunidades. El demandante y la Defensoría del Pueblo coinciden al afirmar que las irregularidades son significativas porque: a) el Fiscal a cuyo incurrió en varias conductas constitutivas de vía de hecho; b) esas irregularidades afectaron gravemente la posibilidad de ejercer la defensa técnica, hasta el punto de hacerla inexistente durante la indagatoria y la recolección de las demás pruebas, etapas fundamentales de la investigación; c) dejar librados al actor y a su representado a la defensa que pueda permitirles la interposición de los recursos ordinarios, después de verificar los extremos a los que ha llegado el funcionario demandado, puede no ser una carga injustificada para el actor, pero ciertamente lo es para el sindicado; y d) dejar librados al actor y a su representado a la defensa que pueda permitirles el juez, en caso de que el proceso llegue a su conocimiento, deja pendiente de un hecho futuro e incierto (en contra de la presunción de inocencia) el restablecimiento de los derechos conculcados, y permite que se cause un daño irreparable al defendido por el actor. La Corte Constitucional al tutelar los derechos al debido proceso y a la defensa técnica señaló que el derecho del defensor a examinar el expediente, es presupuesto del pleno ejercicio del derecho a la defensa técnica del sindicado. Si el derecho a la defensa técnica surge desde el momento en que se ordena investigar a una persona, en la diligencia de indagatoria adquiere particular importancia, porque el ejercicio de ese derecho confluye con el de la defensa material del sindicado, y debe servir para que éste actúe dentro del proceso con la asesoría de un especialista en derecho. Así, la mera presencia de un abogado defensor no necesariamente significa que el derecho al que se hace referencia se hizo efectivo en esta diligencia; si al abogado no se le permite conocer el sumario, este asesor no puede cumplir con su tarea, por más calificado y experimentado que sea. Se incurrió en una vía de hecho al mantener fuera del conocimiento de la defensa, uno de los cuadernos en los que obran las piezas procesales recolectadas por la entidad demandada, y negarle el acceso oportuno a otros de los cuadernos requeridos para cumplir con la defensa técnica. Cuando se altera significativamente la igualdad entre las partes durante la etapa inquisitiva de un proceso penal, resulta violado el derecho a que se respeten las formas constitucionales de esa clase de procesos. Como lo consideró el Juez Penal del Circuito, por regla general la tutela es improcedente cuando se intenta contra providencias judiciales, salvo la existencia de vías de hecho; y mientras operen los recursos ordinarios, no hay lugar a la tutela, puesto que esos otros mecanismos judiciales de defensa la desplazan; pero cuando se hacen nugatorios por las reiteradas vías de hecho en las que incurre el encargado de arbitrar el trámite, la razón de la improcedencia desaparece con los controles que el demandado impidió poner en acción, pues lo que cuestiona en tal caso al actor no es sólo la transgresión repetida de la ley procesal, sino la falta de la garantía constitucional básica, de la imparcialidad del tercero que ejerce la jurisdicción.

SU.477/97

OMISION DE APRECIACION DE PRUEBAS

Se presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado por la sentencia proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en procura de la defensa de los derechos de los actores a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la justicia. Los actores, que afirman que nunca tuvieron relaciones contractuales con el Departamento del Atlántico sino con el de Bolívar, interpusieron una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y pidieron la devolución de los dineros con corrección monetaria e intereses. Manifiestan la falta de apreciación de las notas crédito (no tuvo en cuenta el documento anterior y 58 más de similar alcance), la sentencia se fundamentó en unas relaciones de pruebas y no en las pruebas, la sentencia no tuvo en cuenta la diligencia de inspección judicial donde está probado el valor del almacenamiento. Se estudió la falta de consideración de pruebas. La Corte Constitucional al revisar minuciosamente el expediente, encuentra que, en verdad, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de los actores contra el Departamento del Atlántico, aquellos sí presentaron, como pruebas, las fotocopias de las notas crédito referentes a los pagos efectuados durante los años de 1986 y 1987. Tales documentos provienen de la inspección judicial anticipada. Pues bien, de todas esas fotocopias, por lo menos 32 corresponden sin dificultad a las afirmaciones de la demanda. Lo dicho indica que, como el presunto pago de lo no debido gira sólo alrededor de las sumas pagadas a la Caja de Previsión, por lo menos 32 recibos hacen verosímiles las aseveraciones de los demandantes. Por lo anterior, se ordenará al H. Consejo de Estado dictar nuevamente la sentencia correspondiente, apreciando las pruebas omitidas, de conformidad con el mérito que les reconozca. Respecto de la sentencia de segundo grado proferida por el Consejo de Estado, los actores no tienen posibilidad de acudir a otro medio de defensa judicial distinto de la acción de tutela, ni siquiera al recurso extraordinario de revisión contencioso administrativo, que no contempla ninguna causal aplicable a la vía de hecho objeto de este asunto. Por este aspecto, la acción de tutela es perfectamente procedente para la actual defensa de los derechos de los interesados. Agrego la Corte Constitucional que la falta de consideración de un medio probatorio que determina el sentido de un fallo, constituye una vía de hecho susceptible de control por vía de tutela. Como la prueba es el fundamento de las decisiones de la justicia, es obvio que su desconocimiento, ya sea por ausencia de apreciación o por manifiesto error en su entendimiento, conduce indefectiblemente a la injusticia judicial. La necesidad de evitar tan funesta consecuencia, violatoria del derecho al debido proceso, ha llevado a la Corte a sostener que los yerros ostensibles en esta delicada materia, pueden remediarse mediante la acción de tutela, siempre y cuando, claro está, los interesados no dispongan de otro medio de defensa judicial.

T-008/98

Consideraciones de la Sentencia

En abstracto, parece que ningún operador jurídico discute que el ordenamiento atribuye a la Corte Constitucional la facultad de unificar la jurisprudencia constitucional, al Consejo de Estado la jurisprudencia contencioso administrativa y a la Corte Suprema de Justicia la jurisprudencia ordinaria. Sin embargo, por razones sociológicas propias de la transformación constitucional, al momento de resolver los casos concretos, los tribunales más antiguos, cuya primacía resultaba indiscutible en el orden constitucional precedente, se niegan a adaptarse al cambio constitucional y, por lo tanto, a reconocer la competencia superior que la Carta le atribuye a la Corte Constitucional en materia de acción de tutela. Tal fenómeno no es exclusivo de nuestro país, como quiera que se ha presentado en todos los Estados que, en la segunda mitad del presente siglo, modificaron, en forma sustancial, la estructura constitucional del poder judicial. Sin embargo, lo cierto es que en esos Estados, más temprano que tarde, los más altos tribunales se adaptaron a los cambios constitucionales, lo que en nuestro país, al parecer, todavía no ha terminado de suceder. La Corte Constitucional ha entendido que la acción de tutela no procede contra decisiones judiciales, salvo que se trate de una vía de hecho que afecte derechos constitucionales fundamentales y siempre que se cumplan los restantes requisitos de procedibilidad de la citada acción. En este sentido, la tutela sólo habrá de proceder contra una vía de hecho judicial si no existe ningún mecanismo ordinario de defensa o, si éste existe, a condición de que el amparo constitucional resulte necesario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable de carácter iusfundamental.

Como lo indica la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, constituye vía de hecho judicial la decisión que se produce completamente al margen de las disposiciones que definen la competencia de los jueces. No obstante, esa no es la única causal que origina una vía de hecho. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reiterativa al indicar que, si bien una vía de hecho judicial implica un defecto superlativo, ello no significa que sólo pueda originarse como efecto de un vicio formal como el que menciona la sentencia bajo revisión. A este respecto, la Corte ha indicado que hay lugar a la interposición de la acción de tutela contra una decisión judicial cuando (1) la decisión impugnada se funda en una norma evidentemente inaplicable (defecto sustantivo); (2) resulta incuestionable que el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión (defecto fáctico); (3) el funcionario judicial que profirió la decisión carece, en forma absoluta, de competencia para hacerlo (defecto orgánico); y, (4) el juez actuó completamente por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental). En criterio de la Corte “esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto judicial”. Revisadas las decisiones pertinentes, parece claro que, implícita o expresamente, cada vez que esta Corporación confiere un amparo constitucional contra una sentencia judicial, lo hace fundada en uno de estos cuatro posibles defectos. La Corte ha indicado que sólo hay lugar a la calificación del acto judicial como una auténtica vía de hecho si el vicio que origina la impugnación resulta evidente o incuestionable. Aquellos asuntos que puedan ser objeto de polémica judicial o que no surjan a simple vista como lesiones superlativas del ordenamiento jurídico, no pueden dar origen a la descalificación, por vía de tutela, de la sentencia impugnada. A este respecto, esta Corporación ha indicado: “La vía de hecho predicable de una determinada acción u omisión de un juez, no obstante poder ser imputada como nulidad absoluta, es una suerte de vicio más radical aún en cuanto que el titular del órgano se desliga por entero del imperio de la ley”.

Para que la acción de tutela proceda contra una decisión judicial, se requiere que el acto, además de ser considerado una vía de hecho, lesione o amenace lesionar un derecho fundamental. La Corte se ha pronunciado en este sentido al afirmar que la vía de hecho se configura si y sólo si se produce una operación material o un acto que superan el simple ámbito de la decisión y que afecta un derecho constitucional fundamental. Para la Corte Constitucional la acción de tutela sólo puede ser asimilada a una medida cautelar cuando es interpuesta como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En efecto, cuando no existe otro medio judicial de defensa, bien porque el derecho no lo ha arbitrado, ora porque se han agotado los existentes y persiste el vicio constitucional, la acción de tutela procede como mecanismo definitivo de defensa. Si la acción de tutela se interpone como mecanismo transitorio, es necesario demostrar la urgencia del amparo constitucional para evitar la consumación de un perjuicio de carácter iusfundamental. En otros términos, no cualquier daño habilita la procedencia de la acción. Para que ello suceda, es necesario que la lesión amenace producirse, de manera cierta, sobre un derecho fundamental. Los mecanismos adecuados para garantizar la protección de los derechos constitucionales y legales de quien resulta implicado en un juicio de esta naturaleza son los recursos ordinarios, es decir, la consulta ante el superior jerárquico y el recurso extraordinario de casación. Mientras se surten los instrumentos procesales mencionados, el juez constitucional debe ser en extremo cuidadoso y conceder la tutela sólo en aquellos eventos en los cuales se pueda producir un perjuicio irremediable sobre un derecho fundamental como efecto de una indiscutible falta de competencia del funcionario judicial, de una ausencia absoluta y definitiva de pruebas, de la incongruencia evidente e incuestionable entre los hechos probados y el supuesto jurídico o de la violación grosera del procedimiento. En cualquier otro caso, el juez constitucional que conceda el amparo estaría actuando al margen del derecho.

El hecho de que el juez constitucional pueda revisar la decisión penal no lo convierte en un juez de instancia, toda vez que mientras este último verifica que se cumplan integralmente las reglas legales y constitucionales que permiten condenar a una persona, aquél se limita a establecer que la decisión del juez penal no resulte arbitraria a la luz de la Constitución Política. No obstante, no es ocioso recordar, cuantas veces ello resulte necesario, que el hecho de que el juez constitucional constituya simplemente un freno a la arbitrariedad, no implica que, en la segunda instancia, en el trámite de la consulta o, en el estudio de la casación, los funcionarios competentes no tengan la obligación de ser absolutamente rigurosos en la aplicación de la totalidad de las garantías legales y constitucionales que suplen la restricción de los derechos del procesado. Mientras el juez natural debe definir si existen suficientes y fundadas pruebas para proferir la decisión, el juez de tutela debe, simplemente, constatar que ésta se funda en algún elemento de juicio razonable, con independencia de su suficiencia o de la corrección de la valoración judicial del mismo.

T-019/98

JUZGAMIENTO BAJO REGIMEN PROCESAL Y SUSTANCIAL RESERVADO PARA LOS MAYORES DE EDAD A QUIEN ERA MENOR CUANDO TRANSGREDIO LA LEY PENAL. EL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO VIOLO EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO PUES DESCONOCIO LAS FORMAS PROPIAS DEL JUICIO Y AL JUEZ NATURAL

Se señala que el Juzgado Penal del Circuito incurrió en una vía de hecho, al no percatarse de que estaba juzgando bajo el régimen procesal y sustancial reservado para los mayores de edad, a quien era menor cuando transgredió la ley penal. La Corte Constitucional al confirmar la sentencia del Tribunal Superior por medio de la cual se tuteló el derecho al debido proceso señaló que quien conoce de la infracción penal cometida por un menor de edad la jurisdicción de menores, y debe tramitar el proceso de acuerdo con lo previsto en el Código del Menor (Decreto 2737 de 1989); en consecuencia, el Juzgado Penal del Circuito de Medellín violó el derecho al debido proceso del actor, pues desconoció las formas propias del juicio, y al juez natural. Como se violaron las garantías constitucionales referentes al juez natural y al respeto por las formas propias de cada juicio desde que el Juzgado demandado inició la actuación penal, toda ella debe ser declarada nula, y reemplazada por las actuaciones que la Jurisdicción de Menores encuentre procedentes a la luz del Código del Menor.

T-567/98

VIOLACION DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL

Se interpuso acción de tutela contra la sentencia del Juzgado Promiscuo del Circuito del Paz de Río, por considerar que tal decisión judicial vulnera sus derechos fundamentales a la libertad personal y al debido proceso. Estima que, al haber aplicado en forma errónea el artículo 299 del Código de Procedimiento Penal, el juzgado demandado infringió el principio de favorabilidad penal y, por ende, incurrió en una vía de hecho. La Corte Constitucional se preguntó si puede ser considerada como una vía de hecho aquella decisión judicial de naturaleza penal que se funda en una norma que no estaba vigente al momento de la comisión del hecho punible y que, al ser aplicada, resulta más gravosa que la disposición vigente en ese momento. Al respecto la Corte Constitucional al confirmar la Sentencia del Tribunal Superior que concedió la tutela manifestó que en el caso sub-lite, fue aplicada una norma (1) que no estaba vigente al momento de la comisión del ilícito; y, (2) que consagraba un trato punitivo menos favorable que el que se encontraba establecido en normas derogadas por la misma. En estas circunstancias, resulta flagrante la aplicación de una norma menos favorable que la que estaba vigente al momento de cometerse el delito. Ciertamente, aquella providencia que, de manera flagrante, vulnera el principio de favorabilidad, queda de inmediato revestida de un defecto sustantivo de tal magnitud que origina una vía de hecho.

La Corte ha sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela es improcedente cuando, con ella, se pretenden sustituir mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido o incuria de quien solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su debido tiempo. Sin embargo, la regla anterior admite algunas especialísimas excepciones, en aquellos casos en los cuales se encuentra debidamente acreditado en el expediente que el actor no pudo utilizar los mecanismos ordinarios de defensa por encontrarse en una situación que, desde el punto de vista fáctico o jurídico, se lo impedía por completo y, en cuyo caso, la aplicación de la regla antes señalada le causaría un daño de mayor entidad constitucional que el que se derivaría del desconocimiento del criterio general enunciado. En este sentido, se ha pronunciado la Corte al reconocer que, en ciertos casos, la presunta omisión no es, desde ningún punto de vista, imputable al actor. En otras palabras, que no puede hablarse, ni siquiera, de culpa levísima de quien intenta la acción de tutela, pese a no haber utilizado los mecanismos ordinarios existentes. En este sentido, la Corte ha considerado que las actuaciones negligentes de los defensores de oficio en los procesos penales constituyen una situación que se inscribe dentro de la excepción mencionada. Ciertamente, los expedientes contentivos del proceso penal y de la acción de tutela demuestran que es un campesino prácticamente iletrado (sólo cursó hasta el primer grado de educación primaria) que fue asistido, de manera sucesiva, a lo largo del proceso penal que culminó con su condena, por distintos defensores de oficio. En este sentido, el actor nunca escogió su defensa y debió someterse a la estrategia que éstos diseñaran para controvertir su caso ante la justicia penal. Adicionalmente, luego de proferida la sentencia condenatoria, el defensor de oficio desapareció por completo. Ni siquiera existe algún tipo de actuación de su parte dirigida a solicitar copias de una providencia que, como se vio, es flagrantemente injusta y violatoria de los derechos fundamentales del condenado. Tampoco el Ministerio Público intervino para evitar tan grave injusticia. Sólo dos años después, un asesor jurídico en el que se encuentra recluido se percató del error e intentó, de manera infructuosa, por vía de las normas procesales que autorizan la corrección aritmética, la adición y la complementación de sentencias, que el Juzgado del Circuito modificara la sentencia en comento. Si, en el presente caso, existe alguna forma de descuido o incuria ésta recae sobre el Ministerio Público o sobre el defensor de oficio quienes, abandonaron al actor en el momento en que más requería de su asistencia. Cabe anotar que, en este caso, el factor determinante para acceder a la procedencia de la acción de tutela es que el actor no tuvo oportunidad de escoger su defensa y que fue justamente la falta de defensa técnica y de una adecuada vigilancia por parte del Ministerio Público la que permitió que la decisión quedara en firme. Si el Estado es el causante del daño (por error del juez o por omisión del defensor de oficio y de Ministerio Público) no puede ahora imputarle al actor las consecuencias del mismo.

T-654/98

VULNERACION DEL DEBIDO PROCESO AL PROFERIRSE DECISION AL TERMINO DE UN PROCESO EN QUE CARECIO DE DEFENSA TECNICA DADO QUE LOS JUECES NO LE NOTIFICARON LAS DECISIONES RELATIVAS A LA PRACTICA DE PRUEBAS, AL CIERRE DE LA INVESTIGACION, AL PROVEIDO ACUSATORIO Y A LA SENTENCIA CONDENATORIA PESE A QUE EN EL EXPEDIENTE SE SEÑALABA EL LUGAR EN EL CUAL PODIA SER ENCONTRADO. ADICIONALMENTE EL ABOGADO DE OFICIO SE LIMITO EXCLUSIVAMENTE A ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA SIN CUMPLIR DILIGENTEMENTE CON LOS DEBERES DE DEFENSA QUE LE IMPONE SU CARGO

Un señor interpuso acción de tutela ante el Tribunal Superior contra el Juez Penal del Circuito por considerar que éste vulneró su derecho fundamental al debido proceso al proferir una decisión al término de un proceso judicial en el que careció, absolutamente, de defensa técnica, dado que los jueces de instrucción y de conocimiento no le notificaron las decisiones relativas a la practica de pruebas, al cierre de la investigación, al proveído acusatorio y a la sentencia condenatoria, pese a que en el expediente se señalaba el lugar en el cual podía ser encontrado. Adicionalmente, afirmó que el abogado de oficio que le fue nombrado se limitó exclusivamente a asistir a la audiencia pública sin cumplir diligentemente con los deberes de defensa que le impone su cargo. A este hecho adjudica la falta de apelación de la sentencia de primera instancia. La Corte Constitucional reiteró que, en principio, la tutela resulta improcedente cuando el actor dejó de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su alcance para confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales. En efecto, la acción de tutela no tiene la vocación de sustituir aquellos mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido o incuria de quien solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su debido tiempo. No obstante, la jurisprudencia ha reconocido que la regla general mencionada merece algunas especialísimas excepciones. Se trata de aquellos casos en los cuales la acción de tutela es el único mecanismo de defensa para la protección de un derecho fundamental gravemente vulnerado o amenazado, siempre que se logre demostrar que el actor no pudo utilizar los mecanismos ordinarios de defensa por encontrarse en una situación que se lo impedía por completo. En otras palabras, el criterio de procedibilidad que ha sido expuesto cede ante la demostración palmaria de que la omisión que se advierte no puede ser imputable al actor y, sin embargo, el daño que se originaría de no proceder el amparo constitucional sería de suma gravedad. En punto a las actuaciones negligentes de los defensores de oficio en los procesos penales, esta Corporación ha sostenido que cuando aquellas no pueden ser conocidas ni corregidas por el procesado - por falta de calificación de éste o por negligencia del Estado en la notificación del proceso -, y pueden aparejar una grave vulneración de sus derechos fundamentales, no le pueden ser imputadas para efectos de impedirle el acceso a mecanismos de defensa eficaces como la acción de tutela.

La Corte Constitucional ha entendido que constituye vía de hecho aquella decisión judicial que incurra en un defecto sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental, de tal magnitud que pueda afirmarse que la misma se aparta, de manera ostensible, del ordenamiento jurídico. Ha dicho esta Corte que el defecto sustantivo se configura siempre que la decisión se encuentre fundada en una norma claramente inaplicable al caso concreto. A su turno, el llamado defecto fáctico se origina cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es completamente impertinente o insuficiente. El defecto orgánico, se refiere a aquellas situaciones en las cuales el funcionario judicial carece absolutamente de competencia para resolver el asunto de que se trate. Por último, el defecto procedimental, se presenta en aquellos casos en los cuales el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite al proceso respectivo. En las condiciones anotadas, para considerar si una determinada sentencia judicial constituye una vía de hecho, no basta con demostrar que existieron fallas en la defensa técnica del procesado. Esta última cuestión servirá, sí, para alegar vulneración de los derechos de quien es sujeto de la acción judicial y ejercer los recursos ordinarios o extraordinarios del caso, pero no habilita, por sí misma, la procedencia de la acción de tutela. Para que pueda solicitarse el amparo constitucional mediante la mencionada acción será necesario, adicionalmente, demostrar los siguientes cuatro elementos: (1) que efectivamente existieron fallas en la defensa que, desde ninguna perspectiva posible, pueden ser amparadas bajo el amplio margen de libertad con que cuenta el apoderado para escoger la estrategia de defensa adecuada; (2) que las mencionadas deficiencias no le son imputables al procesado; (3) que la falta de defensa material o técnica tuvo o puede tener un efecto definitivo y evidente sobre la decisión judicial de manera tal que pueda afirmarse que esta incurre en uno de los cuatro defectos anotados - sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental -; (4) que, como consecuencia de todo lo anterior, aparezca una vulneración palmaria de los derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o si no apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales, no podría proceder la acción de tutela contra las decisiones judiciales del caso.

El actor no contó con un apoderado durante la etapa de instrucción, en la que se practicaron la totalidad de las pruebas que sirvieron como indicio para condenarlo, posteriormente, a 10 años de prisión. En consecuencia, no pudo solicitar las pruebas que hubieran podido serle favorables ni controvertir aquellas que le eran desfavorables. Adicionalmente, tampoco pudo impugnar la decisión del juez de no practicar aquellas pruebas que le solicitó directamente, como la confirmación de una serie de versiones de oídas que luego fueron fundamentales para adoptar la sentencia o la reconstrucción de los hechos con asistencia de peritos técnicos. El señor sólo recibió educación básica o primaria. Su lugar de trabajo y de residencia, desde enero de 1987, era Bogotá. Como en enero de 1987 el expediente se encontraba en Paime, el actor solicitó permiso a la juez de instrucción para desplazarse a la ciudad de Bogotá, manifestando el lugar exacto en el que residiría y solicitándole que le informara sobre cualquier decisión que se adoptara en el curso del proceso. No obstante, ni los jueces que adelantaron el procedimiento, ni el ministerio público ni el apoderado de oficio le pusieron al corriente de las decisiones que se adoptaron en su contra, como el auto de cierre de la investigación, el que calificó el mérito del sumario, el que abrió el periodo probatorio, la citación a audiencia pública y, finalmente, la sentencia de primera instancia. En consecuencia, no se enteró del curso de los acontecimientos hasta enero de 1998 cuando fue casualmente capturado en la misma localidad. Los jueces de Instrucción que conocieron de la causa contra el actor, pese a advertir que las personas que estaban siendo investigadas no tenían apoderado de confianza, no nombraron defensor de oficio sino hasta proferida la resolución de acusación. El apoderado de oficio se limitó a posesionarse y a asistir a la audiencia pública de juzgamiento, previas dos citaciones que había incumplido. No buscó a su representado a pesar de que en el expediente se encontraba la dirección de su residencia. No solicitó pruebas. No controvirtió las pruebas existentes. No impugno y, al parecer, ni siquiera acudió al juzgado para notificarse personalmente de las decisiones de fondo que eran desfavorables a su representado, como la sentencia condenatoria de primera instancia. El actor careció, absolutamente, de defensa técnica y material, no sólo en la fase del sumario sino, incluso, en la etapa del juicio. La ausencia de defensa implicó, en primer lugar, que dejaran de practicarse y controvertirse pruebas esenciales para el procesado y, en segundo término, que las decisiones de instancia no pudieran ser controvertidas y estudiadas en una segunda oportunidad. Los defectos de procedimiento terminaron por convertir a la decisión de primera instancia en una vía de hecho judicial que vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y, especialmente, a la defensa, del actor. El proceso judicial que culminó con la decisión impugnada, puede ser calificado como una vía de hecho dada la flagrante vulneración del derecho de defensa y las notorias consecuencias sobre los derechos fundamentales del actor. Se trata, en efecto, de la verificación de un vicio o defecto procedimental y, adicionalmente, de un defecto fáctico, en la medida en que el apoyo probatorio en que se basó el juez no es fruto de un proceso en el que el imputado hubiese podido solicitar las pruebas necesarias para probar su eventual inocencia o controvertir las que condujeron a demostrar su responsabilidad.

SU.047/99

INVIOLABILIDAD DE VOTOS Y OPINIONES DE LOS CONGRESISTAS. VIA DE HECHO PROSPECTIVA

La peticionaria, Senadora de la República, en 1996 se desempeñaba como Representante a la Cámara, cuando ese cuerpo político investigó al entonces Presidente de la República. Según la actora, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha desconocido su derecho a la inviolabilidad de sus votos y opiniones como congresista al vincularla a un proceso penal por la decisión que tomó en 1996 en favor de la preclusión de la investigación contra el Presidente. Según su parecer, la Corte Suprema carece de competencia para juzgar ese voto, pues como congresista es inviolable por las opiniones y los votos que emita en ejercicio de su cargo, es decir, que aquellos no pueden generar nunca responsabilidad penal. Por su parte, los magistrados de la Sala de Casación Penal sostienen que ese tribunal es competente para investigar a los representantes por sus conductas en el proceso contra el Presidente, por cuanto los congresistas pudieron haber cometido delitos en esas actuaciones judiciales, y en un Estado de derecho, ningún servidor público se encuentra por encima de la ley. La Corte Constitucional resolvió tutelar el derecho fundamental al debido proceso de la peticionaria, por cuanto la garantía institucional de la inviolabilidad priva, de manera absoluta, a la Corte Suprema de competencia para investigar como delitos los hechos inescindiblemente ligados a las opiniones y votos emitidos por la actora en las actuaciones adelantadas por la Cámara de Representantes contra el entonces Presidente de la República. Podría denominarse una "vía de hecho prospectiva", por cuanto, hacia el pasado, las decisiones del funcionario judicial, aunque discutibles, son inatacables por medio de la tutela, ya que siguen amparadas por la autonomía funcional de los jueces, por no ser protuberantemente defectuosas; sin embargo, una evaluación de sus inevitables resultados futuros permite concluir que el juez terminará por incurrir en una vía de hecho, al violar de manera manifiesta la Carta. En tales circunstancias, y siempre y cuando esos resultados futuros sean evidentes, y no exista otro mecanismo judicial de defensa, el juez constitucional puede intervenir a fin de enfrentar una amenaza a los derechos fundamentales, derivada de una actuación judicial, que inevitablemente devendrá en vía de hecho ya que, el artículo 86 superior es claro en señalar que esa acción procede en tales eventos.

SU.542/99

Consideraciones de la Sentencia

La acción de tutela se dirige, en principio, contra el Juzgado Regional para que se declare que en el fallo que profirió en cuanto condenó por el delito de enriquecimiento ilícito de particular, se incurrió en una vía de hecho, ya que, según el solicitante, el fallo en mención es “contrario a la Constitución y a la ley, ya que carece de fundamentación objetiva y razonable, y no respeta el principio de legalidad.” La Corte Constitucional declaró improcedente la acción de tutela. Señaló que como competencia originaria, a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le corresponde ser juez constitucional para el caso concreto y, en consecuencia dentro de sus competencias le corresponde estudiar el respeto por las garantías constitucionales, entre las cuales se encuentra el debido proceso; no puede la Corte Constitucional dar curso a una acción de tutela por presunta vulneración de los derechos a ser juzgado con la ley preexistente al acto que se le imputa y al derecho de defensa, por que se produciría simultáneamente dos competencias sobre el mismo hecho y se desconocería que la acción de tutela es subsidiaria; y ésta como lo ha dicho la Corte, tiene operancia cuando se ha producido una vía de hecho. La Corte Constitucional expresó en la SU-087/99: "En el asunto que se revisa, el actor podía alegar lo relativo a la posible vulneración de su derecho al debido proceso ante el superior jerárquico del juez que profirió sentencia en su contra, valiéndose para ello del recurso de apelación. Tanto es así que, según obra en el expediente, ejerció dicho recurso, arguyendo entre otros fundamentos, los mismos que puso de presente al promover demanda de tutela. Además, el demandante tiene expedita la vía del recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia". En el presente fallo de la Sala Plena de la Corte Constitucional analizó únicamente la procedibilidad de la tutela, no los temas que la motivaron (si hubo aplicación o no retroactiva de una doctrina constitucional integradora y si hubo o no violación al debido proceso).

T-171/00

EMPLAZAMIENTO A QUIEN NO ESTABA DEBIDAMENTE IDENTIFICADO Y DECLARACION DE PERSONA AUSENTE AL SINDICADO DE CONDICIONES CIVILES Y PERSONALES DESCONOCIDAS EN EL PROCESO

En el proceso penal que originó esta tutela, se declaró persona ausente al sindicado después de emplazarlo; sin embargo, de acuerdo con la sentencia condenatoria tanto la agente del Ministerio Público como el defensor de oficio afirmaron en sus alegatos de conclusión que el acusado no se encontraba debidamente individualizado e identificado (posible homonimia). La Corte Constitucional revocó la sentencia proferida por el Consejo de Estado como juez de tutela y en su lugar confirmar la adoptada por el Tribunal Administrativo, por medio de la cual se resolvió tutelar el derecho al debido proceso como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, hasta que la autoridad competente resuelva la acción de revisión. Se incurrió en una vía de hecho, pues el juez reemplazó las formas propias del proceso penal desarrolladas por el legislador (C.P. art. 29), por el procedimiento contrario a derecho que le dictó su afán eficientista y, de esa manera, es indudable que resultó vulnerado el derecho al debido proceso del actor de la tutela bajo revisión, pues el funcionario instructor no sólo emplazó a quien no estaba debidamente identificado, sino que declaró persona ausente a alguien de condiciones civiles y personales desconocidas en el proceso. El funcionario demandado en tutela no valoró las irregularidades que afectan a la vinculación al proceso del sindicado y a su reconocimiento a través de fotografía, ni consideró relevante la duda sobre un posible caso de homonimia, y dictó sentencia condenatoria. El actor cuenta con la acción extraordinaria de revisión, pero solicitó el amparo de sus derechos fundamentales "...como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable", y esta Sala juzga que ha lugar a esa protección transitoria, pues: a) son indudables las vías de hecho en las que incurrieron tanto la Fiscalía como el Juez Primero Penal del Circuito de Florencia; b) al expediente de tutela se allegaron los medios de prueba que el funcionario demandado ordenó pero no practicó, y que versan precisamente sobre el caso de homonimia que afecta al actor; y c) el perjuicio que se ocasiona en este caso al actor, a su grupo familiar, y a la organización comunitaria de la que es miembro activo desde hace más de una década, con la ejecución de un acto que sólo en apariencia es una providencia, puede evitarse con el amparo transitorio, pues de acuerdo con la sentencia C-543/92, antes transcrita, no "...riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991). En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia'."(T-266/99).

T-1009/00

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. VIA DE HECHO POR INTERPRETACION DE LOS FALLOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL CONTRARIA A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. OBLIGATORIEDAD DE LOS FALLOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. UNIDAD DE LA JURISDICCION CONSTITUCIONAL

Con el ánimo de proteger varios derechos fundamentales de los indígenas Embera-Katíos del Alto Sinú, la Corte dispuso, en el numeral tercero de la Sentencia (T-652/98), que tenían derecho a que se les indemnizara por los daños causados a su medio ambiente natural y cultural durante la construcción de las obras civiles de Urrá I, ya que éstas se llevaron a cabo sin el lleno de los requisitos legales y reglamentarios. En la parte resolutiva de la sentencia, se ordenó: "Si los Embera-Katíos del Alto Sinú y la firma dueña del proyecto no llegaren a un acuerdo sobre el monto de la indemnización que se les debe pagar a los primeros, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta providencia, los Embera-Katíos deberán iniciar ante el Tribunal Superior ...el incidente previsto en la ley para fijar la suma que corresponda a un subsidio alimentario y de transporte, que pagará la firma propietaria del proyecto a cada uno de los miembros del pueblo indígena durante los próximos 15 años, a fin de garantizar la supervivencia física de ese pueblo, mientras adecua sus usos y costumbres a las modificaciones culturales, económicas y políticas que introdujo la construcción de la hidroeléctrica sin que los embera fueran consultados, y mientras pueden educar a la siguiente generación para asegurar que no desaparecerá esta cultura en el mediano plazo". Notificada la sentencia se iniciaron las negociaciones entre los indígenas y la empresa. Transcurrido el término determinado por la Corte sin que se lograra una concertación, los indígenas acudieron a la posibilidad subsidiaria señalada en el fallo: el incidente de liquidación de perjuicios ante el Tribunal Superior. Éste decidió rechazar el trámite del incidente por considerarlo extemporáneo, y adujo actuar de acuerdo con el término establecido en el Decreto 2591 de 1991; idéntica fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ante quien los indígenas apelaron. La Corte Constitucional debe resolver entonces, si en esas decisiones hubo vía de hecho por la interpretación que los jueces hicieron de la orden que se dio en la Sentencia T-652/98, y la aplicación del artículo 25 del Decreto citado. La Corte Constitucional tuteló los derechos al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la participación y a la supervivencia física y cultural de los peticionarios. En consecuencia, ordenó al Tribunal Superior, juez de primera instancia en este proceso, que dé cumplimiento a lo dispuesto en el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia T-652 de 1998, en el sentido de dar trámite al incidente de regulación de perjuicios promovido por los peticionarios. Es indispensable que en cada caso, la interpretación de las disposiciones jurídicas se lleve a cabo acudiendo a un criterio finalista, que tome como base la libertad y la filosofía humanística que son valores fundantes y objetivos esenciales del Estado colombiano, de acuerdo con la Carta. Resulta evidente que durante el proceso de ejecución de los fallos de tutela de la Corte Constitucional, los jueces de instancia deben realizar un ejercicio interpretativo, tanto de la decisión, como de las normas en las cuales se sustenta; ya se ha aclarado que este ejercicio debe ser llevado a cabo con un criterio finalista, y evitar a toda costa incurrir en una nueva vulneración de los derechos fundamentales de los implicados.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la interpretación del fallo en ese sentido, constituye una vía de hecho por tres razones: En primer lugar, adolece de un defecto sustantivo, porque se basa en una norma inaplicable al caso; en segundo lugar, presenta un defecto procedimental porque, por la misma razón, el juez se desvió del curso a seguir que era particular a este proceso. El lapso de 6 meses para el acuerdo fue otorgado por la Corte en su autonomía para fijar los términos del cumplimiento de sus órdenes; no corresponde a una ley o reglamento pre-existente, y no hace referencia a norma alguna, sino desarrolla una potestad derivada directamente de la Constitución, y fija pautas propias al caso para el ejercicio del debido proceso. Por tanto, cualquier limitación que se imponga a él con base en una disposición extraña es arbitraria e impertinente, y corresponde a un ejercicio indebido y abusivo de la jurisdicción. Adicionalmente, la Corte determinó que el incidente que se debía iniciar, si fracasaba la negociación, era el correspondiente a la ley: esta vez sí el artículo 25 del Decreto 2591. El término para promoverlo debía empezar a contarse una vez transcurridos los 6 meses de negociación y, de acuerdo con la norma aplicable. Aún estaba dentro del término legal y, si el juez hubiera actuado de acuerdo a Derecho, habría admitido el incidente por haberse promovido en tiempo; pero una vez más, se desvió del procedimiento indicado en la ley para el caso, e incurrió con ello en una vía de hecho. En tercer lugar, las decisiones del Tribunal y la Corte Suprema configuran vía de hecho por la interpretación irrazonable, carente de fundamento objetivo y lógico, y ante todo, transgresora del derecho sustancial. Es claro que la Corte en la sentencia T-652/98 tuvo como objetivo primordial garantizar el derecho a la participación de los Embera-Katíos, no solamente en cuanto al cumplimiento de la consulta obligatoria en el desarrollo de grandes proyectos económicos en tierras indígenas, sino especialmente, para efectos de fijar el monto de la indemnización que les correspondía por los daños irreparables causados a su habitat y a su modo de vida, con el objeto de garantizar su supervivencia. Entonces, de acuerdo con la Carta y la interpretación que de ella hizo la Corte, luego de constatar las precarias condiciones en las que quedaron estos indígenas, el aparte de la sentencia que es objeto de controversia sólo podía tener el sentido de otorgar dos términos diferentes: uno de ellos para intentar la negociación directa, durante seis meses, y el otro, subsidiario y consecuencial, determinado en la ley, para promover el incidente de regulación judicial de perjuicios, en caso de que las negociaciones fallaran.

Salta a la vista que la Sala Laboral del Tribunal Superior como la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia omitieron tomar en consideración la finalidad de la orden impartida por la Corte Constitucional, así como la urgencia de la situación de los Embera-Katíos, cuyos derechos individuales y colectivos se buscaba restablecer. Al interpretar el aparte tercero del fallo en el sentido de restringir las oportunidades de negociación de la comunidad indígena, tales instancias limitaron el alcance de la decisión de la Corte, y su empleo de criterios exegéticos produjo un resultado manifiestamente irrazonable e ignorante de las graves consecuencias que acarrearía. La irrazonabilidad de la actuación del Tribunal y la Corte Suprema es ostensible: considerar que el término de negociación y el de interposición del incidente por el fracaso de ésta son simultáneos, conduce al absurdo de pretender un amistoso arreglo en medio de la amenaza de acudir a la vía judicial. Es obvio que el objetivo de la Corte al otorgar un plazo para el concierto era evitar la intervención de terceros en la determinación del monto, y en lugar de ello, lograr una solución entre la Empresa y los indígenas; EN SU DEFECTO, es decir, luego del fracaso de esa primera opción, existía la posibilidad de acudir a la justicia para que mediara en el asunto. Frente a las dos opciones interpretativas, la que restringía los derechos de los indígenas y aquélla que les permitía su ejercicio, los jueces DEBIAN optar por la segunda. No eran ya autónomos para descartarla porque la Carta y la doctrina de esta Corte han sentado unos parámetros muy claros, a los que no puede ser ajeno el juez: el derecho a la supervivencia de los pueblos indígenas – que es el derecho a la vida de la comunidad – prima sobre cualquier consideración adjetiva; en este caso estaba en juego un derecho sustantivo fundamental y no admitía una interpretación contraria a su protección. Se vulneraron los derechos al debido proceso, el derecho de acceso a la administración de justicia, el derecho a la igualdad, el derecho a la participación y el derecho a la supervivencia física.

SU.014/01

VIA DE HECHO CONSECUENCIAL. NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR DE OFICIO PUES SE LE PROCESO COMO PERSONA AUSENTE A PESAR DE QUE ENTRE UN PERIODO DETERMINADO ESTUVO PRIVADO DE LA LIBERTAD EN LA CARCEL. RAZONABLE ESFUERZO POR UBICAR EL PARADERO DE UN PROCESADO. GRAVE INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO EN SUS DEBERES CONSTITUCIONALES. VIOLACION DEL DERECHO DE DEFENSA. OBLIGACION DEL JUEZ DE GARANTIZAR UN JUICIO JUSTO

Un ciudadano instauró acción de tutela en contra del juzgado noveno penal del circuito de Bucaramanga en la cual se le condenó a la pena principal de 60 meses de prisión “como autor responsable del delito de falsedad de particular en documento publico, agravado por el uso, en concurso heterogéneo y sucesivo con estafa”. Explica el demandante que en dicho proceso le fue nombrado defensor de oficio, pues se le procesó como persona (ausente), a pesar de que entre un período determinado estuvo privado de la libertad en la cárcel modelo de Bogotá. En su concepto, se violó el debido proceso, pues las normas procesales ordenan que se notifiquen personalmente a la persona privada de la libertad las providencias (i) que resuelve la situación jurídica, (ii) que ordena el cierre de la investigación y (iii) la calificación del mérito del sumario. Como quiera que estaba detenido al momento en que dichas providencias se produjeron, no era posible seguir la actuación procesal y menos iniciar la etapa de juicio y dictar sentencia, sin que se le hubieran notificado personalmente. De otra parte, considera que le fue violado el derecho de defensa. Asegura que la actuación del abogado de oficio que le fuera designado no califica como una defensa técnica, pues no “interpuso ningún recurso, no solicitó una sola prueba ni en la etapa de instrucción, ni en la de juzgamiento”. Además, la violación del citado derecho constitucional se verifica por el hecho de que se adelantó un juicio sin que le fuera informado, cuando el estado lo tenía bajo su custodia. La Corte Constitucional revocó los fallos proferidos por la Sala Penal del Tribunal Superior y de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y en su lugar, concedió la tutela para la protección de los derechos a la circulación de la información vital, al debido proceso y al derecho de defensa. Las autoridades judiciales tienen la obligación de utilizar todos los medios a su alcance para dar con el paradero de una persona procesada en un proceso penal.

Es posible distinguir la sentencia violatoria de derechos fundamentales por defectos propios del aparato judicial - presupuesto de la vía de hecho -, de aquellas providencias judiciales que aunque no desconocen de manera directa la Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como consecuencia del incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la orden constitucional de colaborar armónicamente con la administración de justicia con el objeto de garantizar la plena eficacia de los derechos constitucionales. Se trata de una suerte de vía de hecho por consecuencia, en la que el juez, a pesar de haber desplegado los medios a su alcance para ubicar al procesado, actuó confiado en la recta actuación estatal, cuando en realidad ésta se ha realizado con vulneración de derechos constitucionales, al inducirlo en error. En tales casos - vía de hecho por consecuencia - se presenta una violación del debido proceso, no atribuible al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como consecuencia de la actuación inconstitucional de otros órganos estatales. De presentarse una sentencia en la que se verifique una vía de hecho por consecuencia, esto es, que la decisión judicial se base en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas, en cuya determinación los órganos competentes hayan violado derechos constitucionales, y que tenga como consecuencia un perjuicio iusfundamental, se impone, en aras de garantizar los fines esenciales del Estado, su revisión. En caso de que no exista otro medio de defensa judicial, no existe razón constitucional alguna para que no se pueda acudir a la tutela. Existe la obligación de que los archivos y bancos de datos públicos estén debidamente actualizados. De allí que, en el caso concreto, fuera exigible que en el archivo de alguna autoridad pública existiera constancia de la privación de la libertad del demandante. En el presente caso, el deber de mantener actualizadas las bases de datos y los archivos públicos no está en juego, pues no se ha puesto en duda que alguna autoridad tuviese debidamente registrado el dato.

La información sobre la privación de la libertad de la persona reviste carácter de información vital. La restricción de la libertad que apareja su privación, no puede tener como efecto la anulación de los restantes derechos constitucionales. La circulación debida del dato “la persona X está privada de la libertad” se torna indispensable para que ella pueda ejercer el derecho de defensa, pues sin el conocimiento de dicha información, la autoridad judicial erradamente asumirá que se procesa a un sindicado que se oculta. La obligación de garantizar la circulación debida de la información recae en quien la posee. El derecho de defensa nace en el momento en que se atribuye a una persona una conducta delictiva y debe garantizarse durante el desarrollo de todo el proceso. Por tal motivo, resulta esencial que el imputado conozca de manera oportuna la investigación, de manera que pueda intervenir en el proceso y si fuere del caso, contradecir las pruebas que se hayan presentado en su contra. Es decir, la designación del abogado de oficio únicamente procede si estando presente el procesado, éste carece de abogado o si fuera imposible garantizar su derecho a “hallarse presente en el proceso”. Obsérvese que la garantía principal, es la presencia del procesado al proceso. Ha de precisarse, que el ejercicio del derecho de defensa no se limita a la actividad que debe cumplir al abogado defensor, - defensa técnica - sino que se refiere también a las actividades de autodefensa que corresponden al inculpado – defensa material – las cuales confluyen con la labor desplegada por el abogado con el mismo objetivo: defender al imputado. Resulta incuestionable que el incumplimiento de los entes estatales encargados de asegurar la información vital sobre la privación de la libertad que implica un grave desconocimiento de la obligación de colaborar armónicamente con el aparato de justicia, indujo a error al Juez Penal del Circuito de Bucaramanga y a la violación del derecho de defensa del demandante, por cuanto el Estado no garantizó, pudiéndolo hacer en razón de que estaba bajo su custodia, el derecho a hacerse presente en el proceso. En estas condiciones, se presenta una vía de hecho por consecuencia. Es necesario advertir a las distintas instancias del Estado colombiano de su obligación de asegurar que la información vital de los ciudadanos circule debidamente. Resulta imperioso garantizar los medios para que las autoridades judiciales puedan acceder a información como la omitida en esta oportunidad. Por lo tanto, se urgirá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Justicia y del Derecho, al Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- a la Policía Nacional, al Instituto Penitenciario y Carcelario -INPEC-, que dispongan lo necesario para que en un término razonable se creen los medios técnicos para asegurar a los jueces penales, el acceso a la información que requieran para el cumplimiento de sus funciones.

T-522/01

VIA DE HECHO POR FALTA DE CONSIDERACION DE LA EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD FRENTE A UNA NORMA EVIDENTEMENTE CONTRARIA A LA CONSTITUCION

Por intermedio de apoderado judicial se impetró acción de tutela en contra de la Comisión de Fiscales Especializa¬dos por considerar que la decisión de no conceder la sustitución de la medida de asegura¬miento (detención preventiva) por la de detención domiciliaria, viola el derecho al debido proceso. Se funda en el fallo de la Corte Constitucional en que se estudió la constitu¬cio¬nalidad de la Ley 504/99. Se alega una vía de hecho que consiste en aplicar una disposición inexistente cuyo contenido normativo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Incurre en una vía de hecho un funcionario judicial cuando la decisión que toma se funda en la aplicación en una disposición cuyo contenido normativo fue declarado inexe¬quible por la Corte Constitucional, por desconocer derechos fundamentales? La Corte Constitucional al tutelar los derechos a la igualdad y la libertad, ordenó a la Comisión de Fiscales Delegados ante los Jueces Penales de Circuito resolver nuevamente la solicitud presentada de manera autónoma y dentro del respeto al orden constitucional vigente. Señaló que aplicar una norma claramente contraria a la Con¬stitu¬ción, según sentencia expresa de la Corte, y que conlleve violaciones a derechos fundamentales constituye una vía de hecho. Incurre en una vía de hecho por razones sustanciales el funcionario judicial que tome una decisión con base en una disposición: (1) cuyo contenido normativo es evidentemente contra¬rio a la Consti¬tu¬ción, porque la Corte Constitucional previamente así lo declaró con efectos erga omnes, (2) cuyo sentido y aplicación claramente compromete derechos funda¬mentales, y (3) cuya incompatibilidad ha sido alegada por el interesado, invocando el respeto a una sentencia de constitucionalidad de la Corte Consti¬tucional que excluyó del ordenamiento jurídico el sentido normativo único e ínsito en la norma legal aplicada en el curso del proceso y de la cual depende la decisión.

SU.913/01

Consideraciones de la Sentencia

Se afirma por el peticionario de la tutela que pese a que la acción penal contra él adelantada estaba prescrita, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió en su contra sentencia condenatoria. La Corte Constitucional al declarar improcedente la tutela señaló que la jurisprudencia ha reiterado que no procede la acción de tutela cuando existe un medio alternativo idóneo para proteger el derecho fundamental que se considera violado. Mediante la acción de revisión ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, puede plantear el accionante, a través del defensor, la causal de prescripción. Dentro del debido proceso, reconocido en el artículo 29 de la Constitución, existe el derecho a ser juzgado ante Juez competente. Esto significa que si una persona es juzgada por Juez que carece de competencia por haber prescrito la acción, se le desconoce el debido proceso. Como lo relativo a la prescripción se puede analizar en la acción de revisión, ello conlleva que en dicho procedimiento se puede indagar si se violó el debido proceso por falta de competencia y por ende si se incurrió en la nulidad prevista en el artículo 306 del C.P.P. Al respecto la Corte expresa que existiendo como causal de revisión el que la acción no podía proseguirse por la prescripción, se considera que el accionante puede alegar la presunta violación de su derecho al debido proceso en dicha acción. La Corte Constitucional reitera en esta ocasión que cuando exista otro medio judicial principal, como es el caso del recurso extraordinario de casación y de la acción de revisión, podría instaurarse nuevamente la acción de tutela si el accionante considera que con dicho medio se le pudieran haber violado sus derechos fundamentales. Esto, por cuanto el accionante tiene pleno derecho a que mediante una acción judicial se analice si se le desconoció el debido proceso, máxime cuando fue condenado en única instancia. La idoneidad y eficacia del medio alternativo es instancia propicia para que se examine la pretensión del accionante, pero no significa que sea un medio que le garantiza siempre la prosperidad de lo que alega en dicho recurso. La Corte no puede, al decidir que existe otro medio alternativo, que debe resolverse ante otro Juez, examinar si prosperaría o no la pretensión de quien instaura la tutela, porque se trataría del estudio del fondo de lo alegado, lo cual escapa a la competencia de la Corte Constitucional.

SU.1185/01

LA VIA DE HECHO EN MATERIA DE INTERPRETACION JUDICIAL. DESCONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD DE TRATO Y FAVORABILIDAD. DESCONOCIMIENTO DE LA CONVENCION COLECTIVA COMO FUENTE FORMAL DEL DERECHO Y ACTO DE NATURALEZA SOLEMNE

Le correspondió a la Corte Constitucional establecer si la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral, incurrió en una vía de hecho judicial al dictar la Sentencia mediante la cual casó (absolvió al Banco de la República de todas las pretensiones que habían sido formuladas en su contra) la Sentencia del Tribunal Superior, que había ordenado al Banco de la República conceder a favor de un señor una pensión mensual vitalicia sin consideración a su edad, atendiendo lo establecido en la Convención Colectiva. Se alegó la vulneración de los principios de favorabilidad laboral y de igualdad. La Corte examinó si se configura una vulneración del derecho fundamental al debido proceso, cuando el juez de la causa aprecia una convención colectiva del trabajo ignorando su naturaleza de acto solemne y fuente formal del derecho laboral, y en franco desconocimiento de los valores, principios y derechos constitucionales. La Corte Constitucional al conceder la tutela para la protección de los derechos al debido proceso y a la igualdad de trato, señaló que la convención colectiva como acto jurídico regulador de las relaciones entre el patrono y sus empleados sindicalizados, comparte íntegramente la definición de acto solemne, con sus características de aseguramiento de los acuerdos a que llegan las partes, la precisión de los derechos adquiridos, la claridad y la conservación de los mismos. Por ello la existencia de un derecho convencional no puede acreditarse por otro medio probatorio diferente a la misma convención, pues su naturaleza y las características propias de los actos solemnes lo impiden. La Corte reiteró que no toda discrepancia interpretativa -defecto sustantivo- conlleva, prima facie, a la ocurrencia de una vía de hecho. El principio de autonomía e independencia judicial, pilar fundamental del Estado social de derecho, no permite que por vía de la acción de tutela se controviertan las decisiones judiciales con la simple excusa de que el criterio adoptado por el operador jurídico no es compartido por las partes o por el fallador que lo revisa. De hecho, las posibles diferencias de interpretación, sustentadas en un principio de razón suficiente, no pueden ser calificadas como vías de hecho pues, en realidad -lo ha dicho este Tribunal-, la eventual disparidad de criterios sobre un mismo asunto no implica por ella misma un desconocimiento grosero de la juridicidad, sino una consecuencia humana del ejercicio del derecho. Según lo ha dicho la jurisprudencia:

Manifestó que la Corte ha señalado que la autonomía e independencia judicial, como manifestación de la facultad que tiene el operador jurídico para interpretar las normas jurídicas, no es absoluta. Ella encuentra limites claros en la propia institucionalidad y en el orden jurídico. Así, la función judicial, analizada desde la perspectiva del conjunto de atribuciones y potestades reconocidas por la ley a los órganos encargados de administrar justicia, tiene necesariamente que desarrollarse dentro del marco de la Constitución Política, como la única forma de garantizarle a los coasociados la convivencia, el trabajo, la igualdad, la libertad, la justicia y la paz, y de procurar hacer efectivo el propósito Superior de asegurar un orden político, económico y social justo. En este sentido, los mandatos contenidos en los artículos 228 y 230 del Estatuto Superior, en los que se dispone que la administración de justicia es autónoma y que los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, deben ser armonizados y conciliados con el artículo 1° de la Carta que propugna por la promoción y protección de la dignidad humana, con el artículo 2° del mismo ordenamiento que le impone a todos los órganos del Estado, incluidas las autoridades judiciales, la obligación de garantizar los derechos, deberes y libertades de todas las personas residentes en Colombia, y con el artículo 13 Superior que consagra, entre los presupuestos de aplicación material del derecho a la igualdad, la igualdad frente a la ley y la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades públicas.

Así, es cierto que al juez de la causa le corresponde fijarle el alcance a la norma que aplica, pero no puede hacerlo en oposición a los valores, principios y derechos constitucionales, de manera que, debiendo seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aquél que en todo se ajuste a la Carta política. La autonomía y libertad que se le reconoce a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar los textos jurídicos, no puede entonces comprender, en ningún caso, aquellas manifestaciones de autoridad que supongan un desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas. Según lo ha expresado la propia jurisprudencia, toda trasgresión a esta regla Superior en el curso de un proceso constituye una vía de hecho judicial, la cual debe ser declarada por el juez constitucional cuando no existan otros medios de impugnación para reparar esta clase de actuaciones ilegítimas, contrarias a los postulados que orientan la Constitución Política. En el ámbito de los conflictos de trabajo, por ejemplo, la Corte ha sido enfática en sostener que, so pretexto de interpretar el alcance de las normas jurídicas, no le es dable al operador jurídico desconocer las garantías laborales reconocidas a los trabajadores por la Constitución Política y las leyes, ni tampoco actuar en contradicción con los principios superiores que lo amparan como son, entre otros, los de igualdad de trato y favorabilidad. En este sentido, puede afirmarse que el Estatuto Superior se ha preocupado por garantizar un mínimo de derechos a los trabajadores, los cuales no pueden ser ignorados, disminuidos o transgredidos por las autoridades públicas y, en particular, por los jueces y magistrados de la República en su función constitucional de aplicar y valorar el alcance de la ley.

Desde esta perspectiva, cuando se trata de aplicar una convención colectiva, en atención a su valor normativo y a su carácter de acto solemne, lo que le compete el juez laboral es interpretarla de acuerdo al contenido material de su texto y, en caso de duda, optar por la interpretación que resulte más favorable al trabajador. Es incuestionable que un proceder contrario a esta exigencia, que no encuentre fundamento en un principio de razón suficiente, configura una vía de hecho en cuanto implica un desconocimiento flagrante de los derechos fundamentales del trabajador, en especial el del debido proceso (C.P. art. 29). A este respecto, recuérdese que la convención es plena prueba de la norma que contiene y si la misma puede conducir a equívocos, es deber imperativo del funcionario judicial interpretarla a la luz de los principios de igualdad y favorabilidad consagrados en el Texto Constitucional (arts. 13 y 53). Ante las posibles dudas que pueden surgir sobre el sentido y alcance de una norma convencional, y frente a las diversas interpretaciones que de la misma se formulen, es deber del juez priorizar aquella que interprete en mejor medida los derechos laborales. Así, el hecho de que la Corte Suprema de Justicia haya alterado el valor normativo de la preceptiva convencional objeto de la litis, y sin un fundamento razonable y válido hubiese modificado su propia jurisprudencia en contravía de los intereses y derechos del demandante, conlleva una flagrante violación de los principios de igualdad de trato y favorabilidad en materia laboral. Si el derecho a la igualdad exige como presupuesto de aplicación material, el que las autoridades dispensen la misma protección y trato a quienes se encuentren bajo idéntica situación de hecho, no cabe duda que éste se transgrede cuando un mismo órgano judicial modifica sin fundamento sólido el sentido de sus decisiones en casos que se muestran sustancial y fácticamente iguales. Por todo lo expuesto, concluyó que la Corte Suprema de Justicia violó el debido proceso e incurrió en vía de hecho por defecto fáctico al desconocer la naturaleza ad solemnitatem de la convención colectiva; y en vía de hecho por defecto sustantivo, al desconocer el valor de la convención colectiva como fuente formal del derecho y no aplicar los principios de igualdad de trato y favorabilidad en la interpretación de la norma convencional que regulaba la situación jurídica objeto del litigio.

T-1223/01

Sobre el carácter excepcional de la acción de tutela contra las vías de hecho judiciales, recordó esta providencia:

La Corte Constitucional al establecer los fundamentos generales de la doctrina constitucional sobre las vías de hecho judiciales que condicionan la procedibilidad de la tutela, reafirma aún más la naturaleza subsidiaria de la misma, pues sólo puede ser utilizada de manera excepcional, cuando la providencia judicial vulnere o amenace los derechos fundamentales de las personas y no existan medios de defensa judicial que permitan contrarrestar la situación o existiendo éstos, no resulten idóneos para efectos de asegurar su protección, o cuando sea indispensable hacer uso de la modalidad transitoria ante la evidencia de un perjuicio irremediable. En ese orden de ideas, para la Corte la vía de hecho en general “constituye un abuso de poder, un comportamiento que se encuentra desvinculado de fundamento normativo alguno, un acto que traduce la negación de la naturaleza reglada de todo ejercicio del poder constituido. La vía de hecho desconoce que en un Estado constitucional, a excepción del constituyente originario, todos los poderes son limitados y que esos límites vienen impuestos por la Carta Política y por la ley pues éstos desarrollan valores, principios y derechos que circunscriben los ámbitos del poder y que determinan los espacios correlativos de ejercicio de los derechos fundamentales”.

Desde la perspectiva de la vía de hecho judicial el amparo de tutela que se otorga persigue corregir la arbitrariedad y el abuso del poder en que incurre una autoridad judicial cuando profiere la decisión con desconocimiento de los principios, valores y demás mandatos constitucionales, en cuanto a partir de ello se genera una violación o amenaza de los derechos fundamentales de las personas cobijadas por esa actuación. El objetivo se convierte en recobrar la vigencia del ordenamiento jurídico de esa forma quebrantado, cuando no sea factible obtener tal reparación dentro de la misma instancia judicial, en donde la actuación irregular ha tenido lugar, o en la de un superior a través de los recursos legalmente establecidos con esa finalidad y restituir a los titulares de los derechos fundamentales en el ejercicio de los mismos. Efectivamente, en un Estado social de derecho como el nuestro, sustentado en la eficacia de los derechos y de las libertades públicas de las personas, los jueces en sus decisiones deben someterse al “principio de legalidad”. Apartarse de los parámetros que dicho principio les demarca para ajustar su actuación, podría concluir en decisiones arbitrarias y caprichosas que permitirían a los jueces constitucionales erigidos en jueces de tutela entrar a revisarlas en aspectos sustanciales, a fin de constatar la existencia de situaciones irregulares configuradoras de una vía de hecho, dentro de los términos y requisitos establecidos en la jurisprudencia reiterada de esta Corte:

“A este respecto, la Corte ha indicado que hay lugar a la interposición de la acción de tutela contra una decisión judicial cuando (1) la decisión impugnada se funda en una norma evidentemente inaplicable (defecto sustantivo); (2) resulta incuestionable que el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión (defecto fáctico); (3) el funcionario judicial que profirió la decisión carece, en forma absoluta, de competencia para hacerlo (defecto orgánico); y, (4) el juez actuó completamente por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental). En criterio de la Corte “esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto judicial”. Revisadas las decisiones pertinentes, parece claro que, implícita o expresamente, cada vez que esta Corporación confiere un amparo constitucional contra una sentencia judicial, lo hace fundada en uno de estos cuatro posibles defectos.”.

En consecuencia, es equivocado pensar que la acción de tutela puede asumirse como un medio de defensa judicial paralelo al sistema de jurisdicciones y competencias ordinarias y especiales, procedimientos, acciones y recursos dispuestos por el ordenamiento jurídico para resolver los asuntos litigiosos que surjan en la vida jurídica de las personas y del mismo Estado. En efecto, el propósito con el que fue creada permite una intervención extraordinaria y excepcional del juez constitucional en los asuntos de competencia de otros jueces, con el fin de armonizar la decisión judicial constitutiva de una vía de hecho y el ordenamiento constitucional vulnerado por la misma, mediante la aplicación directa de los mandatos constitucionales, en aras de la protección de la vigencia y supremacía de éstos al igual que de los derechos fundamentales de las personas. De manera que, para la Corte cuando en el ordenamiento jurídico existe un medio de defensa judicial idóneo y apto para solicitar la protección del derecho fundamental vulnerado o amenazado con la acción u omisión de la respectiva autoridad, el amparo constitucional resulta improcedente. En efecto la Corte ha sostenido que “tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes”. Por lo tanto, permitir que la acción de tutela tenga cabida con respecto de procesos en curso o ya finalizados en los cuales se tienen establecidos medios idóneos y aptos de defensa judicial, desconoce el mandato del artículo 86 superior y desnaturaliza la acción de tutela.

Sentencia SU.1300/01

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Valoración de pruebas e interpretación de normas. Valor normativo del precedente constitucional. Enriquecimiento ilícito de particular

La Sala Plena entró a determinar si las sentencias proferidas por el Juez Regional, el Tribunal Nacional y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, constituyen “vías de hecho”, para lo cual se planteó los siguientes problemas jurídicos: ¿Se violaron en los fallos acusados los principios de legalidad del delito, de no retroactividad de la ley penal y de favorabilidad, al condenar a una persona por el delito de enriquecimiento ilícito de particular? La interpretación del tipo penal de enriquecimiento ilícito de particulares alegada por el peticionario a lo largo del proceso penal y en el escrito de tutela, según la cual la conducta es típica si y sólo si el enriquecimiento se obtiene de una persona condenada penalmente por un hecho ilícito, es la interpretación que ha debido aplicarse al caso concreto? Es ésta la interpretación que se deriva de la sentencia C-127/93? ¿Si los hechos relatados por el peticionario con respecto al decreto y la práctica del testimonio y al traslado de la prueba, constituyen una violación a los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y la contradicción de la prueba. La Corte debe abordar dos tipos de problemas.

La Corte Constitucional reiteró que por Sentencia C-543/1992, se declararon inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, normas que consagraban la posibilidad de interponer acción de tutela contra providencias judiciales y fallos ejecutoriados. Sin embargo, agregó, en la misma sentencia se admitió excepcionalmente la procedencia de la tutela contra providencias judiciales en tres situaciones: el incumplimiento y falta de diligencia de los términos procesales que delimitan el curso de un proceso, cuando exista una “vía de hecho” y cuando la providencia judicial pueda causar un perjuicio irremediable. A partir de éste primer fallo, la Corte Constitucional ha consolidado la línea jurisprudencial sobre las “vías de hecho”, entendiendo como tales aquellas actuaciones arbitrarias que el funcionario judicial desarrolla dentro de la dirección y sustanciación de un proceso. La jurisprudencia ha construido la siguiente definición: Las vías de hecho son aquellas actuaciones que carecen de fundamento objetivo, obedecen a la sola voluntad o capricho del funcionario judicial y que tienen como consecuencia la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales de la persona. Se ha precisado también que la providencia que constituye una vía de hecho, “prima facie pareciera reflejar los mandatos contenidos en el ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados”. También se establecieron una suerte de causales para la existencia de vías de hecho: “una providencia judicial constituye una vía de hecho cuando (1) presente un grave defecto sustantivo, es decir, cuando se encuentre basada en una norma claramente inaplicable al caso concreto; (2) presente un flagrante defecto fáctico, esto es, cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado; (3) presente un defecto orgánico protuberante, el cual se produce cuando el fallador carece por completo de competencia para resolver el asunto de que se trate; y, (4) presente un evidente defecto procedimental, es decir, cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones. En suma, una vía de hecho se produce cuando el juzgador, en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad, actúa en franca y absoluta desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico.”

La jurisprudencia constitucional ha sido particularmente cuidadosa en evaluar la existencia de vías de hecho cuando se trata de valoración de las pruebas e interpretación de las normas, considerando que en estos ámbitos está especialmente comprometida la autonomía funcional de los jueces y la independencia en las decisiones judiciales. En materia de pruebas, se ha considerado que la tutela procede “cuando se observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia”. En la misma sentencia se precisa cuándo la evaluación probatoria es irracional: “No se adecua a este desideratum la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o de la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente”. En Sentencia se indicó: “Cuando un juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada procede la acción de tutela”. Y en similar sentido se pronunció la Corte al señalar: “La falta de consideración de un medio probatorio que determina el sentido de un fallo, constituye una vía de hecho susceptible de control por vía de tutela”. En el campo de la interpretación jurídica, la Corte ha adoptado también un criterio restrictivo al evaluar la existencia de vías de hecho. En Sentencia se dijo: “Por tanto, mientras se apliquen las disposiciones pertinentes, independientemente de si otros jueces comparten o no la interpretación acogida por el fallador, no existe la vía de hecho, sino una vía de derecho distinta, en sí misma respetable si no carece de razonabilidad. Esta, así como el contenido y alcances de la sentencia proferida con ese apoyo, deben ser escrutados por la misma jurisdicción y por los procedimientos ordinarios, a través de los recursos que la ley establece y no, por regla general, a través de la acción de tutela”. Y se precisó en otra decisión lo siguiente: “Obsérvese que los defectos calificados como vía de hecho son aquellos que tienen una dimensión superlativa y que, en esa misma medida, agravian el ordenamiento jurídico. Los errores ordinarios, aún graves, de los jueces in iudicando o in procedendo, no franquean las puertas de este tipo de control que, por lo visto, se reserva para los que en grado absoluto y protuberante se apartan de los dictados del derecho y de sus principios y que, por lo tanto, en la forma o en su contenido traslucen un comportamiento arbitrario y puramente voluntarista por parte del juez que los profiere.” También se señaló:“Diferente es el caso de la ostensible aplicación indebida de una norma, en cuya virtud se pretende lograr que los hechos quepan en ella, aun contra toda evidencia. Allí puede darse la vía de hecho, como lo ha admitido esta Corte, si por haberse forzado arbitrariamente el ordenamiento jurídico se han quebrantado o se amenazan derechos constitucionales fundamentales.". En conclusión, no procede la tutela por diferencia en las interpretaciones y sólo excepcionalmente cabe en las circunstancias antes indicadas.

Igualmente la Corte Constitucional reiteró su jurisprudencia sobre el valor normativo de los precedentes constitucionales en materia de control abstracto de constitucionalidad. La Corte Constitucional ha dicho reiteradamente, desde sus comienzos, que las decisiones de la Corporación que hacen tránsito a cosa juzgada constitucional son fuente formal de Derecho, y constituyen doctrina constitucional obligatoria. En la construcción de la teoría de la obligatoriedad de los precedentes judiciales, la Corte Constitucional ha usado los conceptos de Decisum, ratio decidendi, y obiter dicta, para determinar qué partes de la decisión judicial constituyen fuente formal de derecho. El decisum, la resolución concreta del caso, la determinación de si la norma debe salir o no del ordenamiento jurídico en materia constitucional, tiene efectos erga omnes y fuerza vinculante para todos los operadores jurídicos. La ratio decidendi, entendida como la formulación general del principio, regla o razón general que constituyen la base necesaria de la decisión judicial específica, también tiene fuerza vinculante general. Los obiter dicta o "dichos de paso", no tienen poder vinculante , sino una "fuerza persuasiva" que depende del prestigio y jerarquía del Tribunal, y constituyen criterio auxiliar de interpretación. En el mismo sentido, en la sentencia C-037 de 1996 la Corte admitió que "tendrían fuerza vinculante los conceptos consignados en la parte motiva que guarden una relación estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva; en otras palabras, aquella parte de la argumentación que se considere absolutamente básica, necesaria e indispensable para servir de soporte directo a la parte resolutiva de las sentencias y que incida directamente en ella. En Sentencia anterior la Corte Constitucional entendió que el fundamento del carácter vinculante general de la ratio decidendi de las decisiones judiciales, es que los jueces deben fundar sus decisiones, no en criterios ad-hoc, caprichosos o coyunturales, sino en principios generales, o en reglas universales que han adoptado en casos anteriores, o que estarían dispuestos a aplicar en casos semejantes en el futuro. El juez debe hacer justicia en el caso concreto pero de conformidad con el derecho vigente, por lo cual tiene el "deber mínimo" de precisar la regla general o el principio que sirve de base a su decisión concreta. Se precisa en la Sentencia referida que "en realidad son los jueces posteriores, o el mismo juez en casos ulteriores, quienes precisan el verdadero alcance de la ratio decidendi de un asunto, de suerte que la doctrina vinculante de un precedente 'puede no ser la ratio decidendi que el juez que decidió el caso hubiera escogido sino aquella que es aprobada por los jueces posteriores'". El juez que decide el caso no puede caprichosamente atribuir el papel de ratio decidendi a cualquier principio o regla sino que únicamente tienen tal carácter aquellas consideraciones normativas que sean realmente la razón necesaria para decidir el asunto.

En el caso específico encontró la Corte Constitucional que la interpretación cuya aplicación pretende el peticionario a su caso, no tiene fundamento legal, ni jurisprudencial alguno. Observó la Corte que la concepción del delito de enriquecimiento ilícito de particulares como delito derivado, que se adoptó en el fallo de constitucionalidad de 1993, no implica, desde ningún punto de vista, la tesis que formula por el actor, según la cual la persona de la cual se obtiene el enriquecimiento debe haber sido condenada penalmente por el delito fuente, con anterioridad al momento de la recepción del dinero, los bienes o servicios que constituyen el incremento patrimonial. La Sala concluyó que la supuesta regla que pretende hacer valer el peticionario en el caso, no pasa de ser un obiter dicta o "dicho de paso", que carece de valor normativo. Además, la interpretación que hace el actor del ingrediente normativo del tipo penal no se desprende de la jurisprudencia constitucional. La Corte consideró que la exigencia de la sentencia judicial condenatoria previa del delito del cual se deriva el enriquecimiento ilícito de particulares formulada en la sentencia de constitucionalidad de 1993, significaba que para la condena de una persona por este delito, se requiere la existencia de una sentencia previa en la que se determine la ocurrencia del delito del cual se deriva el enriquecimiento, y no que la sentencia previa deba existir al momento de la comisión de los hechos que dan lugar a la imputación del delito de enriquecimiento ilícito. Es decir, para que se tipifique el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, aún dentro de la interpretación de la Corte en el fallo C-127/93, NO se requiere que la persona de la cual se recibe el dinero, los bienes o servicios que constituyen el enriquecimiento, esté condenada penalmente por un delito, verbigracia el de narcotráfico, en el momento en que se obtenga el incremento patrimonial no justificado. Del análisis anterior resultó que en la sentencia condenatoria proferida contra el peticionario, confirmada en segunda instancia por el Tribunal Nacional y avalada finalmente por la Corte Suprema de Justicia en sede de casación, no se aplicó retroactivamente ninguna regla de derecho, ni se violó el principio de legalidad. La Corte concluyó señalando que en la sentencia condenatoria no se violaron los derechos fundamentales del peticionario, pues como se demostró, fue juzgado conforme a ley preexistente al acto que se le imputó, no se aplicó retroactivamente ninguna regla de derecho, ni se impidió la publicidad ni la contradicción de las pruebas.

T-1306/01

EFICACIA DE LA CASACION PARA LA PROTECCION DE DERECHOS FUNDAMENTALES. DEBER DE PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN CASACION. VIA DE HECHO POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO

Los problemas jurídicos a resolver consistieron en determinar si el Tribunal Superior, Sala Laboral, incurrió en vía de hecho la proferir un fallo en contravía de la jurisprudencia unificada de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, negándole en consecuencia el derecho a pensión al accionante. Y si la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurrió en vía de hecho al haber reconocido expresamente que el actor tenía derecho al reconocimiento de pensión de jubilación y, sin embargo no haber casado la sentencia en virtud de errores en la técnica de casación. La Corte Constitucional confirmó el fallo del Consejo Superior de la Judicatura y en consecuencia tuteló los derechos al debido proceso y al mínimo vital del actor, dejando sin efectos la Sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y disponiendo que se profiera Sentencia de reemplazo siguiente los lineamientos señalados en la parte motiva de esta decisión.

La Corte Constitucional al recordar la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, señaló que el procedimiento no es, en principio, ni debe llegar a ser impedimento para la efectividad del derecho sustancial, sino que debe tender a la realización de los derechos sustanciales al suministrar una vía para la solución de controversias sobre los mismos. Cuando surge un conflicto respecto de un derecho subjetivo, es el derecho procesal el que entra a servir como pauta válida y necesaria de solución de la diferencia entre las partes. Se debe tener siempre presente que la norma procesal se debe a la búsqueda de la garantía del derecho sustancial. Teniendo en claro la prevalencia que en la administración de justicia debía tener el derecho sustancial, el constituyente de 1991 lo estableció como principio de la administración de justicia en el artículo 228 al consagrar que en las actuaciones de la administración de justicia “prevalecerá el derecho sustancial”. La Constitución consagra el respeto de los derechos fundamentales, lo cual implica que esta protección debe prevalecer sobre normas procesales que de ser aplicadas conducirían la negación de los mismos. Respecto de la naturaleza del recurso de casación la Corte Constitucional señaló que si bien esta Corporación ha estimado que la casación debe conservar su naturaleza de recurso extraordinario, no convirtiéndose en una tercera instancia al conocer de nuevo de los hechos, como se haría en el caso de la apelación, sino limitándose “a verificar si los enunciados normativos contenidos en la regla jurídica han sido interpretados o aplicados correctamente por el juez de instancia y si en esta labor creadora de la vida del derecho, también propia y natural de los jueces funcionalmente inferiores, no se ha incurrido en violación de la ley sustancial”. Este motivo hace razonable la existencia de causales de casación, pero sin que la rigurosidad de las mismas llegue al extremo de hacer inocuo un derecho sustancial. Queda entonces claro que, de hallar que el juez de instancia sí incurrió en un error de aplicación, apreciación o interpretación de la norma sustancial que se alega, y más aún cuando la Sala de Casación reconoce la existencia de un derecho fundamental merecedor de protección, es deber de ésta el casar pronunciándose de fondo sobre el caso en concreto para garantizar el derecho.

Si bien una de las funciones de la casación es la unificación de jurisprudencia a nivel nacional, la cual se da en pro del interés público y en cuanto tal tiene trascendental importancia, no se debe pasar por alto que también es función prioritaria el control de legalidad y constitucionalidad de las sentencias para que de esta manera se puedan proteger derechos subjetivos del casacionista. Por tal motivo la Corte declaró inexequible la norma que contemplaba la procedencia de casación una vez ejecutoriada la sentencia en materia penal porque si bien se podía llegar a una unificación de jurisprudencia, se estaría permitiendo en muchos casos la perpetuación de la vulneración de derechos materiales en muchos casos de índole fundamental. También hizo alusión al derecho a la seguridad social en pensiones como fundamental, en conexidad con otros derechos fundamentales, para señalar que el oportuno reconocimiento del derecho a pensión se configura en medio garante del mínimo vital de la mayoría de la población que recibe una mesada. El respeto a la pensión de jubilación en sus facetas de reconocimiento, pago oportuno, proporcionalidad a lo aportado durante la vida laboral y reajuste de las mesadas es por tanto uno de los mínimos por el que el Estado colombiano a través de sus instituciones debe propender. Consideró que la casación constituye un medio idóneo para la protección de derechos fundamentales. Agregó que sin limitarla únicamente al área penal, es y debe ser mecanismo idóneo para la protección de los derechos fundamentales de los casacionistas. En consecuencia, las diversas salas de casación deben actuar en pro de la realización y respeto de los derechos fundamentales de los recurrentes si, al realizar el examen de los cargos del recurrente, observan que en el fallo de instancia recurrido se incurrió en vulneración de tales derechos. La Corte reiteró la función protectora de los derechos fundamentales que tienen los magistrados en casación al declarar constitucional el artículo 228 del Código de Procedimiento Penal que consagra que la Sala de casación penal "(...) podrá casar la sentencia cuando sea ostensible que la misma atenta contra las garantías fundamentales". Partiendo de la naturaleza de derecho fundamental que puede llegar a tener la pensión de jubilación y del deber de protección de derechos fundamentales que tienen las salas de casación de la Corte Suprema de Justicia, es válido afirmar que de encontrarse en una sentencia que se ha sometido a juicio de legalidad una vulneración de tal derecho fundamental éstas deben actuar en pro de la protección de tal derecho, mas aún si se recuerda que en materia laboral la Constitución del 91 estableció una especial protección al trabajador por la posición de subordinación en la cual se encuentra frente al patrón.

Manifestó la Corte Constitucional la existencia de vía de hecho por exceso ritual manifiesto en el recurso extraordinario de casación y omisión consciente del deber de protección de derechos fundamentales en la decisión de este recurso. Indicó que si en el desarrollo de su labor como Tribunal de Casación, la Corte Suprema evidencia, de los cargos formulados por el recurrente –así estos carezcan de la técnica respectiva- o derivado del análisis de los mismos, una vulneración de derechos fundamentales, es su deber, en virtud de la reconocida eficacia de la casación para la protección de derechos fundamentales, hacer efectivo el amparo de tales derechos en la sentencia de casación. Al actuar, la Corte Suprema así no contraría la naturaleza dispositiva de la casación en virtud de que se ciñe a lo pedido por el casacionista, a pesar de los eventuales errores de técnica. Se garantiza igualmente el derecho de defensa de las partes en cuanto el pronunciamiento sigue ligado a los cargos formulados en la demanda de casación, frente a los cuales existe una oportunidad procesal de pronunciamiento por parte de la contraparte. No obstante, si observa una vulneración del núcleo esencial de los derechos fundamentales o se encuentra frente a un derecho que por mandato constitucional sea irrenunciable, deberá proveer la protección a los mismos así no haya existido un cargo del cual se derive tal vulneración. La naturaleza irrenunciable de tales derechos prima sobre el carácter dispositivo que en términos generales tiene la casación. Esta doctrina no exige el abandono de la naturaleza excepcional de la casación. Este recurso extraordinario conserva su carácter excepcional al continuar restringido su acceso a los casos que taxativamente consagre la ley; igualmente, al ser sus causales taxativas y al existir un límite en la cuantía para recurrir. También, porque se trata de un estudio de la legalidad de la sentencia que se recurre, lo que hace limitada la valoración del caso para el tribunal de casación –particularmente en el aspecto probatorio- . Finalmente, en virtud de que tiene como función primordial la sistémica que conlleva la unificación de jurisprudencia a nivel nacional y la nomofilaxis o protección de la realización del derecho objetivo.

T-1334/01

VIA DE HECHO DENTRO DEL PROCESO DE REINTEGRO POR FUERO SINDICAL. NINGUN TRABAJADOR AMPARADO POR DICHA GARANTIA PUEDE SER DESPEDIDO, NI DESMEJORADO, NI TRASLADADO SIN QUE PREVIAMENTE SE HAYA PROCEDIDO A LEVANTAR EL FUERO SINDICAL MEDIANTE LA SOLICITUD QUE AL EFECTO DEBE ELEVAR EL EMPLEADOR ANTE EL JUEZ DEL TRABAJO

Se instauró acción de tutela al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, trabajo, libre asociación sindical, sindicalización en especial el fuero sindical y acceso a la administración de justicia, al incurrirse en vía de hecho en el momento de dictar la sentencia dentro del proceso especial de reintegro por fuero sindical. En su condición de empleado público inscrito en carrera administrativa estuvo afiliado al Sindicato. Manifiesta que la entidad decidió terminar en forma unilateral la relación laboral, en razón a la supresión de la Planta de Personal. Que al momento de ordenarse el retiro definitivo del servicio, en su condición de directivo del Sindicato gozaba de fuero sindical, sin que se procediera a levantarle dicho fuero a fin de que el retiro del servicio se realizara en legal forma. Que el Tribunal Superior en segunda instancia consideró que frente a la supresión del cargo como causa legal de retiro del servicio no procede el levantamiento del fuero sindical, dado que esta “supresión del cargo por reestructuración” no se encuentra dentro de las causas que deben ser objeto de calificación legal y levantamiento del fuero por parte del juez laboral. De otra parte, ante la supresión (del cargo) de la Planta de Personal el reintegro se torna absolutamente imposible por haber quedado fenecidos los cargos y por lo tanto el fallo se haría ilusorio por no poder cumplirse. La Corte Constitucional al conceder el amparo de los derechos de asociación y libertad sindical, fuero sindical y debido proceso del actor señaló que la garantía del fuero sindical se encuentra consagrada a nivel constitucional en el artículo 39 de la Carta Política. Es de la esencia del fuero sindical, el que ningún trabajador (sea particular o servidor público) amparado por dicha garantía puede ser despedido, ni desmejorado, ni trasladado sin que previamente se haya procedido a levantar el fuero sindical mediante la solicitud que al efecto debe elevar el empleador ante el juez del trabajo, con la finalidad exclusiva de que este proceda a calificar la existencia de justa causa para el despido, desmejoramiento o traslado. De no ser así, la garantía del fuero sindical resultaría nugatoria para este tipo de trabajadores, situación que conllevaría la vulneración de los derechos fundamentales de asociación, libertad sindical y fuero sindical dado que este último no es cosa distinta a un derecho derivado de aquellos, todos consagrados constitucionalmente. De no levantarse el respectivo fuero sindical, no podrá considerarse legal el retiro del servicio, ni el desmejoramiento, ni el traslado y de ahí que proceda para el primer caso la acción de reintegro y pago de salarios dejados de percibir, a efectos de que se proceda por el patrono a solicitar el permiso o autorización para el retiro previa calificación judicial de la causa. De considerar el juez del trabajo que existe justa causa, levantará el fuero concediendo el permiso al patrono para despedir, desmejorar o trasladar al trabajador; en caso contrario, lo negará y no levantará el fuero sindical lo que implica que el patrono no podrá despedir, ni desmejorar, ni trasladar al trabajador.

En el presente caso tenemos que el actor tiene la calidad de empleado público y se encuentra inscrito en carrera administrativa, para cuyo evento, la misma ley consagra en forma expresa la obligación para la entidad estatal de levantar el fuero sindical previamente al retiro del servicio, cuando quiera que se trate de un empleado aforado y sin que se prevea excepción alguna. Es así como el artículo 147 del Decreto 1572 de 1998 reglamentario de la Ley 443 de 1998 establece que “Para el retiro del servicio de empleado de carrera con fuero sindical, por cualquiera de las causales contempladas en la ley, debe previamente obtenerse la autorización judicial correspondiente”. Por lo tanto, no es válida la afirmación del juez de segunda instancia en el sentido de indicar que frente a la causa legal de supresión del cargo no procede la calificación judicial. Se considera que si bien toda causa legal de retiro del servicio de un servidor público constituye una justa causa, esta no puede ser calificada motu propio por la entidad estatal, sino que en virtud de la garantía constitucional del fuero sindical, se debe solicitar la calificación judicial de esa justa causa, al juez laboral a fin de que se pueda proceder a la desvinculación del servidor público en forma legal; de lo contrario, dicha omisión generaría una vulneración al debido proceso y a los derechos de asociación, libertad y fuero sindical, para cuya protección no debe acudirse a la acción de tutela sino al mecanismo judicial idóneo y eficaz establecido por la ley, como lo es la acción de reintegro. En el presente caso, se observó que existe norma expresa que ordena al empleador en el caso de empleados de carrera administrativa obtener la calificación judicial previa a la desvinculación ante las autoridades del trabajo, razón por la cual de no obtenerse esta se estaría vulnerando el derecho al debido proceso, siendo del caso, mediante la acción de reintegro obtener éste a fin de que se proceda al levantamiento del fuero sindical, pues dicho reintegro nunca podría tener efectos definitivos. En relación con el reintegro de los servidores públicos con ocasión del retiro del servicio por supresión del empleo se considera que en el presente caso, la función no desapareció sino se trasladó a otro nivel, pasando a ser desarrollada por el nivel Departamental al suprimirse en el Municipal, por lo tanto, tratándose del Estado como empleador y al trasladarse la función de un nivel territorial a otro, procedía el reintegro en criterio de esta Sala, como acertadamente lo ordenó el juez de primera instancia. En el presente caso se observa que evidentemente el Despacho Judicial demandado ignoró la norma especial y aplicable al caso en cuestión como lo es el artículo 147 del decreto 1572 de 1998, constituyéndose una vía de hecho por defecto sustantivo, pues este no se refiere sólo al hecho de basar la decisión en una norma no aplicable, sino también en ignorar la norma aplicable al caso en cuestión. Por lo tanto, la demandada incurrió en vía de hecho al proferir su decisión de segunda instancia dentro de la acción especial de reintegro por fuero sindical, debiendo conceder la acción de tutela, razón por la cual se declarará la nulidad de la decisión de segunda instancia y se ordenará proferir el fallo correspondiente.

T-020/02

IDENTIFICACION E INDIVIDUALIZACION DEL SINDICADO Y VINCULACION AL PROCESO PENAL. DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA

Se manifestó incurrir en vías de hecho: la primera consiste en graves irregularidades en el proceso de identificación e individualización que llevan a establecer un nexo causal inexistente entre el señor y el homicidio por el cual fue condenado. La segunda, por violación del derecho de defensa porque procesado careció de abogado defensor durante la etapa instructiva y nunca fue notificado de su vinculación al proceso, del cual solamente tuvo conocimiento cuando fue aprehendido para cumplir la condena. La Corte Constitucional tuteló el derecho fundamental al debido proceso y el derecho a la defensa declarando la nulidad de la sentencia condenatoria y de todo lo actuado desde la resolución por medio de la cual se declaró persona ausente en adelante y ordenando que s a partir de la notificación del fallo, la Fiscalía delegada ante los juzgados penales del circuito de Bogotá, vincule mediante indagatoria al señor y tome las decisiones que en derecho correspondan frente a la libertad del procesado garantizando una adecuada defensa.

Señaló que desde sus primeros pronunciamientos, esta Corporación ha compartido el criterio jurídico según el cual las decisiones judiciales que ponen fin a una actuación judicial, en principio, hacen tránsito a cosa juzgada. Es así como la sentencia C-543 de 1992, declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, normas que consagraban la posibilidad de presentar tutela contra providencias judiciales y fallos ejecutoriados. No obstante lo anterior, como excepción a la regla general existe la posibilidad de que el juez de tutela proteja a las personas de aquellas decisiones judiciales en las cuales se observen ostensibles y manifiestas situaciones de carácter, sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental que atenten contra el orden jurídico erigiendo lo que se ha denominado “vía de hecho”. Frente a la vía de hecho no es posible mantener incólume el principio de la cosa juzgada según lo recuerda la jurisprudencia Constitucional:“ A este respecto, la Corte ha indicado que hay lugar a la interposición de la acción de tutela contra una decisión judicial cuando (1) la decisión impugnada se funda en una norma evidentemente inaplicable (defecto sustantivo); (2) resulta incuestionable que el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión (defecto fáctico); (3) el funcionario judicial que profirió la decisión carece, en forma absoluta, de competencia para hacerlo (defecto orgánico); y, (4) el juez actuó completamente por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental). En criterio de la Corte “esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto judicial”.

Aunque la identificación e individualización del señor corresponde con la de la persona recluida en prisión, reconoce que sí existe negligencia de parte de la Fiscalía delegada, para procurar la captura y vinculación personal al proceso de quien había designado como autor probable. No es aventurado concluir que en los hechos que hoy se revisan el señor nunca fue buscado durante el proceso por las autoridades judiciales y de policía y por lo tanto mal podría predicarse renuencia a comparecer u ocultamiento de la acción de la justicia. También se observa que contrario al deber permanente de búsqueda del procesado, el juzgado Penal del Circuito de Bogotá de manera indolente envía comunicación notificando la sentencia al condenado a una dirección que ni siquiera aparece en el expediente, pues es muy distinta. Por tanto, si la inasistencia del sindicado al proceso proviene de una causa imputable al Estado, es viable que se solicite el amparo a través de la acción de tutela de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, siempre y cuando se demuestre que las entidades demandadas incurrieron en irregularidades sustanciales que vulneraron su derecho al debido proceso: “Situación diferente se presenta cuando el procesado no se oculta, y no comparece debido a que las autoridades competentes no han actuado en forma diligente para informar al sindicado la existencia del proceso, pues frente a este hecho, el procesado cuenta con la posibilidad de solicitar, en cualquier momento, la nulidad de lo actuado y, si ya se ha proferido sentencia definitiva ejecutoriada, puede acudir a la acción de tutela, siempre y cuando las acciones y recursos legales no sean eficaces para restablecerle el derecho fundamental que se le ha vulnerado.” Lo que se censura son las tibias actuaciones subsiguientes para localizar y aprehender al procesado cuya búsqueda se redujo a librar telegramas a una dirección en la cual se sabía que no vivía, a pesar de tener bases testimoniales que daban luces sobre el lugar en que se encontraba durante los meses subsiguientes al hecho luctuoso. En el caso que se revisa no solamente se vulneró la defensa privada o material del sindicado, sino que se coartó la defensa pública o formal que le es propia al defensor de oficio. A pesar de que la resolución por medio de la cual se declaró persona ausente al señor, designó al doctor ZZ, este nunca tomó posesión del cargo y menos realizó ninguna actividad defensiva hasta cierto momento. Prácticamente todo el proceso de instrucción estuvo huérfano de controversia u oposición de las determinaciones tomadas por la Fiscalía delegada ante los Juzgado Penales del Circuito, quien sin ningún recato, incumplió con lo establecido en el artículo 356 vigente para la época y profirió decisiones de fondo (resolución que resolvió la situación jurídica) dirigiendo comunicaciones al doctor quien nunca fue sujeto procesal y menos ejerció alguna actividad en favor del señor. Por el contrario manifestó en memorial presentado a la Fiscalía demandada que hacía más de un año que se encontraba retirado del ejercicio profesional y domiciliado fuera de la ciudad de Bogotá. El agotamiento de los estadios del proceso por parte de la Fiscal fue formalmente legal, pero esa legalidad solamente fue un manto que encubrió la actuación arbitraria seguida por el ente acusador, en detrimento del principio de contradicción que es consustancial con la idea de proceso.

T-080/02

VIOLACION DEL PRINCIPIO NO REFORMATIO IN PEJUS
Le corresponde a la Corte determinar si la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia incurrió en una vía de hecho judicial, al resolver el recurso extraordinario de casación sin haber tenido en cuenta la garantía procesal fijada en el artículo 31-2 de la Constitución Política, en la que se prohíbe al superior agravar la pena del condenado cuando éste actúa como apelante único. La Corte Constitucional al conceder al peticionario la tutela del derecho fundamental al debido proceso por el desconocimiento de la garantía constitucional que constituye la prohibición de la reformatio in pejus, señaló que dentro del núcleo esencial del derecho al debido proceso y como una garantía fundamental del derecho a la defensa, se encuentra el principio de la no “reformatio in pejus”, vigente en el ordenamiento jurídico colombiano por expreso mandato del artículo 31 constitucional. La no reformatio in pejus o prohibición de la reforma peyorativa, es una institución jurídica a través de la cual se busca limitar y controlar a las instancias judiciales superiores en la aplicación de su poder sancionatorio. Así, el funcionario de segundo grado, que por competencia le corresponda conocer de un recurso de apelación, no podrá hacer más gravosa la situación del condenado cuando éste sea apelante único. De este modo, se le garantiza al imputado que, en tanto los demás sujetos procesales no apelen la decisión, la revisión de la Sentencia sólo se surte en torno a los aspectos que le hayan sido desfavorables y dentro de los parámetros fijados por él en las pretensiones.
La prohibición de la reforma peyorativa, lo ha dicho esta Corporación, comporta una clara “manifestación del principio de congruencia, según el cual las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo”, de manera que, “Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, [cuando actúa como apelante único] constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem” (SU.327/95). Ello implica, necesariamente, que la situación jurídica del recurrente puede ser mejorada por el superior, o incluso mantenida en los términos de la providencia impugnada, pero un ningún caso agravada, pues tal proceder desbordaría el ámbito de competencia funcional que, en virtud de la aplicación del principio constitucional en cuestión, se le ha reconocido a la autoridad judicial. Dicho en otros términos, por la vía del recurso de apelación, la competencia del juez tiene un alcance restrictivo si el condenado hace uso exclusivo del derecho de impugnación. Así las cosas, el artículo 31 de la Carta Política, al consagrar la prohibición según la cual “El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”, le otorgó al régimen de impugnación el carácter de garantía fundamental de defensa, descartando cualquier posibilidad de que, por esa vía judicial, el condenado pudiera sufrir un menoscabo de su situación jurídica, mayor a la que motivó o justificó la interposición del recurso. Un entendimiento distinto de la institución, llevaría al condenado a tener que soportar el riesgo de un posible aumento de la pena impuesta en primera instancia, desestimulando su interés por recurrir y, en consecuencia, haciendo nugatorio el ejercicio de los derechos al debido proceso y a la defensa, proyectados por el artículo 29 Superior en la posibilidad que tiene todo sindicado “a impugnar la sentencia condenatoria”.
Cabe precisar que la garantía constitucional de la no reformatio in pejus es aplicable no solo al juez de segunda instancia que conoce del recurso de apelación, sino también a la autoridad judicial a quien se le asigna la función de ejercer el control de legalidad de las decisiones judiciales, esto es, al tribunal de casación. Esta Corporación, al interpretar el alcance del inciso segundo del artículo 31 de la Constitución Política, ha sido enfática en señalar que la prohibición según la cual “el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”, se extiende también a la labor desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, pues dicha institución, cuando opta por casar una decisión y dictar la respectiva sentencia sustitutiva, funge como tribunal de instancia y se convierte en Juez “superior”, siendo este último la autoridad a la que hace expresa referencia la norma constitucional citada. La vinculación de la Corte Suprema de Justicia a la prohibición de la reforma peyorativa, no pretende deslegitimar o hacer inoperante su función como tribunal de casación. En realidad, lo ha dicho esta Corporación, lo que se persigue con la incorporación del precitado principio al trámite de casación, es hacer plenamente efectivas las garantías constitucionales que son aplicables al proceso de configuración de la pena, concretamente, cuando la Corte Suprema adquiere competencia para proferir un nuevo fallo. La aplicación del principio de no agravación dentro del trámite del recurso extraordinario de casación, además de encontrar un claro fundamento de principio en el artículo 31 Superior, aparece expresamente desarrollado en el artículo 215 del actual Código de Procedimiento Penal, al prescribir éste que: “Cuando se trate de sentencia condenatoria no se podrá agravar la pena impuesta, salvo que el fiscal, el Ministerio Público o la parte civil, cuando tuvieren interés, la hubieren demandado.” .
En este orden de ideas, atendiendo los mandatos constitucionales y legales sobre la materia, el superior - entiéndase juez de segunda instancia o casación -, ex-officio, no está facultado para empeorar la condena impuesta al impugnante cuando éste ostenta la calidad de apelante único. Una actitud contraria, colocaría al recurrente en manifiesta indefensión, reflejada en la imposibilidad de conocer y controvertir las razones que el ad quem tuvo para modificar la decisión de instancia, desconociéndose su derecho de defensa y, por contera, el debido proceso. Esta Corporación, en ejercicio de su función de guardiana “de la integridad y supremacía de la Constitución” (C.P. art. 241), en reiterada jurisprudencia, se ha encargado de establecer una línea doctrinal uniforme en torno al tema, concluyendo “que la garantía constitucional que prohíbe la reformatio in pejus no admite excepciones cuando el condenado es apelante único, pues sólo así se garantiza la efectividad del artículo 31 de la Carta y del principio de certeza jurídica en el fallo” (SU.1553/00). A juicio de la Corte, la incorporación de esta garantía en la parte dogmática de la Constitución, sin que a ese mismo nivel se hubieren previsto restricciones sobre su alcance, le otorga a dicho instituto un efecto imperativo y prevalente frente a otros principios constitucionales, resultando contraria a su propia naturaleza jurídica - medio de defensa- cualquier interpretación que desfavorezca los intereses del condenado, y que desborde el ámbito de competencia funcional reconocida por el propio precepto a las autoridades judiciales llamadas a ejercer el control de legalidad.
Para la Corte, es claro que la defensa del interés público y la preservación del principio de legalidad, no radica en cabeza del condenado ni le corresponde a éste asumir su carga. De acuerdo con lo establecido en la Constitución y las leyes, es el propio Estado, a través del Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación, el llamado a proteger y garantizar la efectividad de los derechos, valores e intereses de la comunidad - frente a las actuaciones judiciales -, debiendo cumplir su función dentro de los términos y condiciones previamente establecidos por el ordenamiento jurídico, evitando con ello que su inactividad o tardía participación pueda afectar el núcleo esencial de otras garantías constitucionales de alcance individual y subjetivo como es la prevista en el artículo 31-2 Superior. No sobra precisar que la posición asumida por esta Corporación en relación con el alcance del artículo 31-2 Superior, se convierte en criterio obligatorio para todas las autoridades judiciales a quienes les compete interpretar y aplicar la norma. Inicialmente, por cuanto la misma constituye doctrina constitucional integradora, emanada de la aplicación directa del propio Estatuto Superior. Pero además, por cuanto tales pautas de interpretación forman parte de una línea jurisprudencial uniforme y coherente que, por provenir del órgano de cierre de la jurisdicción y hacer parte de la ratio decidendi de sus fallos, “funge como auténtica dentro del ordenamiento jurídico colombiano”. En lo que corresponde a esto último, ya la Corte había señalado que “si hay discrepancia sobre el sentido de una norma constitucional, entre el juez ordinario (dentro del cual, para estos efectos, hay que incluir al de casación) y la Corte Constitucional, es el juicio de ésta el que prevalece, tal como se desprende, con toda nitidez, del fallo C-083 de 1995. En el mismo sentido, precisó recientemente, que “...la función de la Corte, en materia de derechos constitucionales, consiste en lograr ‘la unidad interpretativa de la Constitución’ (C-600/98), razón por la cual se ha entendido que la doctrina constitucional en la materia es obligatoria, en especial, la ratio decidendi (SU.047/99), que construye el precedente judicial (T-1265/00)” (SU.062/01). Los jueces que integran la jurisdicción ordinaria, dentro de los cuales se cuenta a la Corte Suprema de Justicia, están en la obligación de aplicar el principio de la no reformatio in pejus, consagrado en el artículo 31 de la Carta, de la forma en que éste resulte más garantista a los intereses jurídicos del condenado, por ser él quien detenta la titularidad del derecho subjetivo previsto en la norma. Cualquier interpretación contraria a este postulado, que conlleve un desconocimiento flagrante del Estatuto Superior e implique un desafío de la doctrina constitucional sobre la materia, “permite que la jurisdicción constitucional exija el respeto por los principios de supremacía constitucional y de eficacia de los derechos fundamentales” (SU.1553/00). En otras palabras, la aplicación del artículo 31-2 Superior, por fuera de los cánones establecidos en la preceptiva constitucional citada y en contra de lo dispuesto por el intérprete autorizado de la Carta, constituye una vía de hecho que puede ser declarada en sede de tutela, cuando no existan otros medios de defensa judicial que garanticen el restablecimiento efectivo de los derechos fundamentales afectados. Ello, por cuanto el desconocimiento del precedente constitucional, en últimas, se traduce en un desconocimiento directo de la Carta Política. Cualquier decisión judicial que se aparte de los efectos constitucionales reconocidos al principio de la no reformatio in pejus, en el sentido de que en ningún caso es admisible la agravación de la condena de quien actúa como apelante único, antes que constituir una actuación legítima, ubicada en el campo de la interpretación y presuntamente amparada por el principio de autonomía judicial, es por esencia un proceder arbitrario, resultado de la inobservancia deliberada de disposiciones constitucionales interpretadas con autoridad por la Corte Constitucional y constitutivo de una vía de hecho. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no tenía competencia para aumentar la pena impuesta al actor, en razón a que éste actuó como apelante único, tanto en la segunda instancia como en sede de casación. De acuerdo con los elementos de juicio aportados al proceso, ninguno de los demás sujetos procesales, Ministerio Público, Fiscalía o parte civil, manifestó su interés por impugnar, recurrir o demandar en casación el fallo condenatorio. Por ello, la providencia atacada, a juicio de la Corte y contrario a lo sostenido por los jueces de instancia, constituye una clara vía de hecho sustantiva en cuanto desconoce el artículo 31 de la Carta Política y la doctrina constitucional que resulta aplicable a la garantía de la no reformatio in pejus. La vía de hecho se configura por el rompimiento deliberado del equilibrio procesal ya que, procediendo en forma contraria al mandato constitucional según el cual “el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”, el tribunal de casación incrementó la condena impuesta al demandante por los jueces penales de instancia. Ello, evidentemente, conlleva una flagrante ruptura de la parcialidad del juez y desfigura el fallo, pues éste último no fue el resultado de una correcta y debida administración de justicia. Como quiera que la irregularidad en que incurrió la entidad demandada implica una violación del debido proceso y del derecho de defensa, que no puede ser remediada por la jurisdicción ordinaria, la Corte Constitucional, con fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política que prescribe “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas” y el artículo 306 del C.P.P. que consagra como causal de nulidad “La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso”, decretará la nulidad de la providencia por medio de la cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió agravar la pena impuesta.

SU.159/02

Procedencia en forma estrictamente excepcional de la acción de tutela

La doctrina constitucional establecida por esta Corte, ha señalado con claridad que la acción de tutela procede contra las providencias judiciales, en forma estrictamente excepcional, cuando aquellas configuren una vía de hecho. Este es un concepto elaborado por la jurisprudencia para referir aquellas actuaciones judiciales en las que el juez que decide un conflicto jurídico asume una conducta que contraría de manera evidente el ordenamiento vigente violando derechos fundamentales. Tal comportamiento puede traducirse en (1.) la utilización de un poder concedido al juez por el derecho para un fin no previsto en las disposiciones legales (defecto sustantivo), (2.) en el ejercicio de una atribución por un órgano que no es su titular (defecto orgánico), (3.) en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal a partir de pruebas válidas (defecto fáctico), o (4.) en la actuación por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental). Esta carencia sustancial de poder o de desviación del otorgado por la ley, revelan (i.) una manifiesta desconexión entre lo establecido en el ordenamiento y la voluntad del funcionario judicial (que aparejará su descalificación como acto judicial) y (ii.) una clara violación de los derechos fundamentales de quien sufre las consecuencias del acto arbitrario. Ahora bien: el recurso de amparo que se intenta contra las vías de hecho judiciales -cuando sea procedente ante la ausencia de otro medio de defensa judicial o como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, se endereza a garantizar el respeto al debido proceso (artículo. 29 C.P.) y el derecho de acceso a la justicia (artículo 229 C.P.). La revisión de una decisión judicial en sede de tutela, por la presunta existencia de una vía de hecho, en cierta forma, y en algún grado, limita los principios que garantizan la autonomía e independencia de los funcionarios judiciales (artículo. 228 C.P.); sin embargo, el principio de independencia judicial se funda en la necesaria relación de obediencia y acatamiento que en todo momento ha de observar el juez frente al ordenamiento jurídico, el cual constituye, como lo expresa la Constitución, la fuente de sus poderes y el fundamento de sus decisiones. La independencia judicial no significa autonomía para desconocer los derechos constitucionales fundamentales. La especialidad de las jurisdicciones no justifica dejar de aplicar el derecho común a todas ellas que es el derecho constitucional. Pero no cualquier irregularidad del juez constituye una vía de hecho. Corresponde en este caso analizar si lo alegado por el actor en efecto sucedió y si ello representa una vía de hecho.

La Corte Constitucional ha señalado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i.) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii.) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii.) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv.) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador. Respecto de la presunta existencia de una vía de hecho sustentada en la constatación de un defecto procedimental, la Corte ha señalado que, cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones, está actuando “en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad”. Así, por vía de ejemplo, está viciado todo proceso en el que se pretermiten eventos o etapas señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de todas las garantías que se le reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, (i.) puedan ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea necesario -, ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita su participación en el mismo y (iii.) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles notificadas.

La existencia de un defecto fáctico que convierte a una decisión judicial en una vía de hecho es un asunto al que ya se ha referido esta Corporación al constatarse que “el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado”. Si bien el juzgador goza de un amplio margen para valorar el material probatorio en el cual ha de fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, “inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (arts. 187 C.P.C y 61 C.P.L)”, dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria; su actividad evaluativa probatoria implica, necesariamente, la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas. Así, los defectos fácticos pueden agruparse en dos clases. La primera, la dimensión omisiva, comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. La segunda, la dimensión positiva, abarca la valoración de pruebas igualmente esenciales que el juzgador no puede apreciar, sin desconocer la Constitución. Por eso, en lo que respecta a la dimenión omisiva, “no se adecua a este desideratum, la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba” que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración, cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. En lo relativo a la dimensión positiva, el defecto fáctico se presenta generalmente cuando aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.). Al respecto, resulta particularmente ilustrativo recordar la jurisprudencia de la Corte Constitucional en este punto específico, pues, en materia penal, aún en el evento en el que en el conjunto de pruebas sobre las que se apoya un proceso penal se detecte la existencia de una ilícitamente obtenida, los efectos de esta irregularidad son limitados. Para la Corte, “el hecho de que un juez tenga en cuenta dentro de un proceso una prueba absolutamente viciada, no implica, necesariamente, que la decisión que se profiera deba ser calificada como vía de hecho”. Así, “sólo en aquellos casos en los que la prueba nula de pleno derecho constituya la única muestra de culpabilidad del condenado, sin la cual habría de variar el juicio del fallador, procedería la tutela contra la decisión judicial que la tuvo en cuenta, siempre y cuando se cumplan, por supuesto, los restantes requisitos de procedibilidad de la acción”. De tal manera que la incidencia de la prueba viciada debe ser determinante de lo resuelto en la providencia cuestionada. Finalmente, la Corte debe advertir, en concordancia con su propia jurisprudencia, que sólo es factible fundar una acción de tutela cuando se observa que de una manera manifiesta aparece arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”.

T-1057/02

VIA DE HECHO POR REFORMA DEL FALLO DE TUTELA DURANTE EL TRAMITE DEL DESACATO

Corresponde determinar si el Juzgado Promiscuo del Circuito durante el conocimiento de la consulta por desacato está habilitado para modificar fallos de tutela ejecutoriados en debida forma; asimismo, deberá establecer quién es autoridad pública para efectos de las ordenes impartidas en virtud de esta acción constitucional; por último, deberá establecerse que tratamiento debe impartírsele a quien desacata una orden judicial de tutela. Al respecto, la Corte consideró:

La procedencia de la acción tutela contra providencias judiciales, incluso las que versen sobre esa misma acción, en nuestro ordenamiento jurídico es de carácter excepcional. Acorde con la jurisprudencia constitucional sólo se admite cuando se está en presencia de una vía de hecho, esto es, ante una actuación judicial carente de fundamento objetivo, que obedece a la sola voluntad o capricho del juez y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos de la persona. Conforme a lo anterior la jurisprudencia constitucional acepta que hay vía de hecho en providencias judiciales cuando en ellas se evidencia alguna de las siguientes irregularidades: (i) un defecto orgánico (falta de competencia del juez que conoce del caso); (ii) un defecto fáctico (cuando resulta que el apoyo probatorio en que se basó el juez para tomar su decisión es totalmente inadecuado); (iii) un defecto sustancial (desconocimiento de la normatividad aplicable); o (iv) un defecto procedimental (inaplicación de las formas propias de cada juicio que conlleve una afectación del derecho sustancial).

En el primer de los eventos anotados existe vía de hecho por defecto orgánico, cuando se configura falta de competencia del juez que conoce del caso. La competencia, que ha sido definida como el grado o la medida de la jurisdicción, tiene por finalidad delimitar el campo de acción, función o actividad que corresponde ejercer a una determinada entidad o autoridad pública, haciendo efectivo de esta manera el principio de seguridad jurídica. Este principio representa un límite para la autoridad pública que administra justicia, en la medida que las atribuciones que le son conferidas sólo las podrá ejercer en los términos que la Constitución y la ley establecen (C.P., art. 121). Cualquier extralimitación de la esfera de competencia atribuida a un juez constituye un atentado contra el Estado de Derecho, deslegitima la justicia y produce desconfianza de los ciudadanos en las autoridades públicas. Por tal motivo, el ordenamiento jurídico consagra un mecanismo de control idóneo para corregir tales actuaciones irregulares de las autoridades judiciales, como es el caso de la acción de tutela. Cabe anotar, que esta acción sólo puede afectar la firmeza de las providencias judiciales si éstas son verdaderas vías de hecho, es decir, cuando contienen errores groseros y burdos que, en el fondo, impliquen que no sean sino meras apariencias de decisiones judiciales.

Momentos procedimentales para reformar los fallos de tutela. El Decreto Extraordinario 2591 de 1991 contempla el trámite de la acción constitucional de tutela, encontrándose en él los momentos en los cuales pueden ser confirmados o revocados los fallos proferidos durante su trámite. En primer lugar, el citado ordenamiento admite de forma expresa que el fallo puede ser impugnado. Esta norma atribuye al juez de segunda instancia la facultad de “confirmar” o “revocar” el fallo de primera instancia, de donde se desprende que el juez que conoce de la impugnación está habilitado para introducir, si es del caso, las modificaciones que estime pertinentes para proteger los derechos fundamentales alegados. Otro de los momentos en que pueden introducirse cambios a los fallos de instancia en el procedimiento de tutela, surge de la “eventual revisión” atribuida a la Corte Constitucional. Los artículos 86 inciso 2° y 241 numeral 9 de la Constitución contemplan esa posibilidad, desarrollada por el artículo 35 del Decreto 2591. Por fuera de estos eventos no existen otros en los cuales los jueces puedan modificar los fallos de tutela, pues cualquier cambio efectuado por otros cauces representa un quebrantamiento de las “formas propias” aplicable a esta acción constitucional, que se convierte en una actuación arbitraria que como tal debe ser retirada del ordenamiento jurídico. Esta situación se da, por ejemplo, cuando el juez que conoce la consulta de la sanción impuesta por desacatar una orden de tutela, desbordando el cauce del incidente, entra a conocer y valorar las situaciones analizadas en los fallos de tutela, lo que atenta contra el debido proceso, por representar una vía de hecho, es decir una actuación arbitraria, grosera y burda.

Quién es autoridad pública para efectos de la tutela. Sobre este aspecto la Corte Constitucional ha precisado que por autoridad pública debe entenderse todas aquellas personas que están facultadas para ejercer poder de mando o decisión en nombre del Estado, veamos lo que ha dicho la Corte:

“Del artículo anterior (se refiere al 86 C.P.) se desprende que la acción de tutela tiene dos destinatarios a saber: la autoridad pública de forma general y el particular de forma excepcional.

“La autoridad pública se define como la destinataria principal de la acción de tutela, debido a que la finalidad del mencionado mecanismo de protección de derechos fundamentales está determinada por la desproporción entre el Estado y la persona. Conforme a lo expuesto, es necesario determinar el evento en que la autoridad es pública, lo cual se presenta cuando el poder del que dispone proviene del Estado, de conformidad con las instituciones que lo rigen. Subjetivamente hablando, la expresión autoridad sirve para designar a quien encarna y ejerce esa potestad. Para el acceso a mecanismos judiciales concebidos para la defensa de los derechos fundamentales, como es el caso de la acción de tutela entre nosotros, por "autoridades públicas" deben entenderse todas aquellas personas que están facultadas por la normatividad para ejercer poder de mando o decisión en nombre del Estado y cuyas actuaciones obliguen y afecten a los particulares”.

Medidas que puede adoptar el juez en caso de desacato a la orden de amparo. El Decreto–Extraordinario 2591 de 1991 incluye un régimen sancionatorio para efectos de asegurar el cumplimiento inmediato de los fallos de tutela. En efecto, el artículo 52 dispone:

“La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

“La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción”.

Las sanciones de arresto y multa contempladas en esta norma buscan el cumplimiento inmediato de las ordenes impartidas durante el trámite de la acción de tutela, con el fin de lograr la protección de los derechos fundamentales amenazados o conculcados. Dichas sanciones pueden ser aplicadas previo cumplimiento del debido proceso.

El caso concreto. En efecto, las órdenes impartidas por el Juzgado Promiscuo Municipal en su fallo de 2002, tienen como destinatario al Alcalde Municipal de ese municipio y no al municipio como persona jurídica, como de manera equivocada lo aduce la Juez Promiscua del Circuito en sus consideraciones. Siendo este uno de los motivos por los cuales se confirmará el fallo de tutela objeto de revisión. El Juzgado Promiscuo del Circuito incurrió en vía de hecho al modificar el fallo de tutela durante el trámite de la consulta de la sanción por desacato. Como quedó indicado, los fallos de tutela sólo pueden ser modificados durante el trámite de la impugnación o en la eventual revisión que realiza la Corte Constitucional. En consecuencia, modificar un fallo por fuera de estos dos momentos desconoce de manera manifiesta las formas propias aplicables a la acción de tutela, y por ende el debido proceso, por cuanto se afecta el principio de la competencia y de legalidad que regulan los artículos 1°, 29 y 121 de la Constitución Política. En el presente caso la Juez promiscuo del Circuito, motu proprio, durante el conocimiento de la consulta de la sanción por desacato modificó la orden impartida al Alcalde. Así, en su providencia de 17 de junio de 2002, amplío a noventa días el plazo establecido para la adecuación del Palacio Municipal y traslado del Comando de Policía, que había sido fijado por el Juez Promiscuo en treinta días, según consta en el numeral 2° del fallo del 19 de marzo de 2002. Proceder que quebranta de manera protuberante y manifiesta el ordenamiento jurídico, constituyendo a la vez una ostensible vía de hecho.

La sanción impuesta al alcalde por desacato es procedente. Quedó demostrado por el Juez de instancia el incumplimiento de la orden de tutela impartida para que se trasladara el Comando de Policía del primer piso del edificio donde reside la peticionaria al Palacio Municipal, lugar donde venía funcionando. El Alcalde dejó vencer este término, desechando la posibilidad de contestar los cargos formulados, de pedir pruebas, de acompañar los documentos y pruebas anticipadas que se encontraran en su poder con el objeto de ejercer el derecho de defensa de manera diligente y oportuna, brindándole al juez la oportunidad de contar con más elementos de análisis para formar su juicio. La desidia y negligencia mostrada por dicho servidor público lo hacen responsable de las consecuencias adversas que se determinen, porque de acuerdo con el principio Nemo auditur propiam turpitudinem allegans, a nadie le es dado alegar a su favor su propia torpeza o culpa, y por tanto, debe ser responsable de las consecuencias derivadas de su conducta procesal.

T-1123/02

RECHAZO DE DEMANDA LABORAL POR ASPECTOS FORMALES QUE DESCONOCE EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD LABORAL RESPECTO DE UNOS PENSIONADOS

Procedencia excepcional de la tutela contra providencia judicial. Vía de Hecho. Procedencia excepcional contra autos interlocutorios. Es reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en el sentido de afirmar la improcedencia de la acción de tutela contra de providencias judiciales, ello en razón de que este mecanismo es de carácter eminentemente subsidiario y no ha sido establecido para remplazar o sustituir los procedimientos ordinarios existentes, ni como medio alternativo, adicional o complementario de éstos, su propósito se circunscribe a la protección efectiva de los derechos fundamentales cuando no existe otro medio de defensa judicial o en el evento de existir éste, se utilice solo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. No obstante, ha de señalarse que la acción de tutela resulta excepcionalmente procedente contra providencias judiciales en todos aquellos casos en los que “la actuación de la autoridad judicial carezca de fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud arbitraria y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que se ha denominado como "vía de hecho". En tal sentido conviene recordar lo afirmado por esta Corporación en la Sentencia No. T-224/92 donde se afirmó que la tutela procede también contra autos interlocutorios siempre que con éstos se vulnere o ponga en peligro derechos fundamentales de las partes. La vía de hecho se puede configurar en los casos que exista un defecto orgánico -por carencia absoluta de competencia del juez que conoce del caso-, un defecto fáctico -por desconocimiento de los hechos probados por el acervo probatorio-, un defecto sustancial -por desconocimiento de la normatividad aplicable, o un defecto procedimental -por inaplicación de las formas propias de cada juicio que afecten que conlleve una afectación del derecho sustancial -. Estas vías de hecho judiciales son impugnables por la vía de la tutela por cuanto en general vulneran el debido proceso (CP art 29) y el acceso a la justicia CP art. 229). En efecto, si se armoniza lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política, que ordena que el debido proceso se debe aplicar a todas las actuaciones judiciales con lo dispuesto por el artículo 229 Superior, que señala que es derecho de toda persona natural o jurídica el de acceder a la administración de justicia, ha de concluirse que esta forma de acceso incluye la oportunidad de recibir tratamiento justo por parte de los jueces y magistrados, lo cual implica la prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P.) y la oportunidad de defenderse.

La vía de hecho en materia de interpretación judicial. La Corte Constitucional ha sostenido también que no toda discrepancia interpretativa -defecto sustantivo- conlleva prima facie a la ocurrencia de una vía de hecho, pues el principio de autonomía e independencia judicial, no autoriza para que por vía de tutela se controviertan las decisiones judiciales con el argumento de que el criterio adoptado por el operador jurídico no es compartido por las partes o por el fallador que lo revisa. De esta manera las muy posibles y factibles diferencias de interpretación, no pueden ser calificadas per se como vías de hecho pues, en realidad la pluralidad de criterios sobre un mismo asunto no implica en sí misma un desconocimiento de la juridicidad, sino una consecuencia lógica del ejercicio del derecho. Lo dicho, sin embargo, no es óbice para que la Corte haya precisado en relación con la autonomía e independencia judicial que tiene el operador jurídico para interpretar las normas jurídicas, que ésta no es absoluta, pues la misma encuentra sus límites en el orden jurídico. Así entonces, la función judicial, analizada desde la perspectiva del conjunto de atribuciones y potestades reconocidas por la ley a los órganos encargados de administrar justicia, tiene necesariamente que desarrollarse dentro del marco de la Constitución Política, como la única forma de garantizarle a los coasociados la convivencia, el trabajo, la igualdad, la libertad, la justicia y la paz, y de procurar hacer efectivo el propósito superior de asegurar un orden político, económico y social justo.

Ha de entenderse entonces, que lo establecido por los artículos 228 y 230 de la Constitución Política acerca de la autonomía de la administración de justicia y de que los jueces, en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley, debe armonizarse con lo dispuesto por otras reglas constitucionales como los artículo 1° de la Constitución Política que propugna por la promoción y protección de la dignidad humana y por el artículo 2° Superior, que le impone a todos los órganos del Estado, incluidas las autoridades judiciales, la obligación de garantizar los derechos, deberes y libertades de todas las personas residentes en Colombia, y con el artículo 13 Constitucional, que establece entre los presupuestos de aplicación material del derecho a la igualdad, la igualdad frente a la ley y la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades públicas. Así las cosas resulta cierto, que si bien al juez de conocimiento le corresponde fijar el alcance a la norma que aplica, no puede hacerlo en contradicción con los valores, principios y derechos constitucionales, de manera que debiendo elegir entre dos o más entendimientos posibles, debe acoger aquél que se ajuste más a la Constitución Política.

Igualmente cabe destacar en este punto, que en lo que hace relación a los conflictos de índole laboral, la Corte ha sido enfática en sostener que, so pretexto de interpretar el alcance de las normas jurídicas “no le es dable al operador jurídico desconocer las garantías laborales reconocidas a los trabajadores por la Constitución Política y las leyes, ni tampoco actuar en contradicción con los principios superiores que lo amparan como son, entre otros, los de igualdad de trato y favorabilidad.” Lo anterior es comprensible si se tiene en cuenta que el Ordenamiento Superior se ha preocupado por garantizar un mínimo de derechos a los trabajadores, los cuales no pueden ser ignorados, disminuidos o transgredidos por las autoridades públicas y, en particular, por los jueces y magistrados de la República en su función constitucional de aplicar y valorar el alcance de la ley. En estos casos ha manifestado la Corte, la autonomía judicial para interpretar los mandatos legales pasa a ser muy relativa pues “el juez puede interpretar la ley que aplica, pero no le es dable hacerlo en contra del trabajador, esto es, seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquel que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica.”

Prevalencia del derecho sustancial sobre las formas. Teniendo en claro la prevalencia que en la administración de justicia debía darse al derecho sustancial, el constituyente de 1991 estableció como principio de la administración de justicia en el artículo 228 que en las actuaciones de la administración de justicia “prevalecerá el derecho sustancial.” En ese orden de ideas cabe señalar que con el nuevo ordenamiento constitucional, el procedimiento no debe constituirse en un impedimento para la efectividad del derecho sustancial, sino que por el contrario debe propender por la realización de los derechos sustanciales al suministrar una vía para la solución de las controversias; en tal medida, cuando surge un conflicto respecto de un derecho subjetivo, es el derecho procesal el que debe entrar a servir como pauta válida y necesaria en la solución de la diferencia entre las partes, pues con la norma procesal se debe buscar la garantía del derecho sustancial. Ello es así, por cuanto con el artículo 228 de la C. P., se ha constitucionalizado el principio de interpretación según el cual, la ley procesal debe interpretarse teniendo en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. La nueva hermenéutica que impone la Constitución se inspira en el propósito de incorporar a todas las disposiciones jurídicas los postulados del estado social de derecho y el instrumento para alcanzar este objetivo no puede ser otro que el juez.En armonía con lo señalado, el art. 4º del C.P.C. precisa que al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial y las dudas que surjan en la interpretación de las normas de ese código, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa, y se mantenga la igualdad de las partes. Esta Corporación en la Sentencia T-1306 de 2001, hizo hincapié en el deber de protección de los derechos fundamentales de las personas y censuró el exceso en el celo de las ritualidades, cuando estas vayan en detrimento de garantizar el derecho sustancial.

Conclusiones previas al fallo. Como quedó demostrado en las consideraciones previas a este fallo, el artículo 228 de la Constitución Política, ordena que en las decisiones judiciales prevalecerá el derecho sustancial. Ello es así, porque no se puede concebir un estado de derecho sin garantía efectiva de los derechos de las personas. El respeto a la dignidad humana y al trabajo consagradas en el ordenamiento Superior, le dan un contenido material y no simplemente formal al estado de derecho, el cual no puede mirarse exclusivamente bajo la óptica del “exclusivo imperio de las leyes”. Así las cosas se estima que en el examen de cualquier acto jurisdiccional, no debe ignorarse dar prevalencia el derecho sustancial constituye el fin principal de la administración de justicia (art. 228 CN). La validez de una decisión judicial de carácter procesal debe necesariamente juzgarse a partir del problema de fondo de derecho sustantivo a cuya resolución ella se enderece. Lo anterior es válido en razón de que el estado social de derecho, exige la protección y el respeto a la persona humana y en tal medida no se puede mantener la vigencia y eficacia de actos jurisdiccionales lesivos de los derechos y garantías de las personas constitucionalmente establecidos. La propia concepción del Estado de derecho no se agota en la proclamación formal de los derechos de las personas sino que se configura a partir de su efectiva realización. Además debe tenerse en cuenta que específicamente el artículo 29 de la C. P. garantiza que el debido proceso el cual se aplicará a toda clase de actuaciones tanto las administrativas como las judiciales y en esta última esta incluída la que hace relación con la debida representación procesal. Que igualmente los artículos 228 y 229 de la Constitución Política atribuyen a las personas el derecho fundamental de acceso efectivo a la administración justicia.

La autonomía que la Constitución Política le reconoce a las autoridades encargadas de impartir justicia (arts. 228 y 230), debe ser siempre armonizada y conciliada con las garantías incorporadas en los artículos 13 y 53 del mismo ordenamiento que le reconocen a todas las personas, en particular a los trabajadores, los derechos a “recibir la misma protección y trato de las autoridades” y a ser favorecidos “en caso de duda en la interpretación y aplicación de las fuentes formales del derecho”. Una vez establecida la norma jurídica que resulte aplicable al asunto materia de controversia, surge para el funcionario judicial competente responsable de su aplicación, la obligación constitucional de interpretar la misma en el sentido que resulte más favorable al trabajador y ante las posibles dudas que pueden surgir sobre el sentido y alcance de una norma, y frente a las diversas interpretaciones que de la misma se formulen, es deber del juez elegir aquella que interprete en mejor medida los derechos laborales. En este sentido debe recordarse, que la Constitución consagra el respeto de los derechos fundamentales, lo cual implica que esta protección debe prevalecer sobre normas procesales que de ser aplicadas conducirían la negación de los mismos. Igualmente se estima, que a los jueces les corresponde apreciar, interpretar y aplicar las leyes y demás normas, conforme a los dictados de las reglas y principios consagrados en la Constitución, buscando además que sus decisiones sean justas, dado que ellas son uno de los instrumentos del Estado para asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (CP art. 2), lo expresado está en armonía con lo dispuesto por el artículo 228 de la Carta que expresa que. "...Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial....". Por último debe tenerse en cuenta que el juez como autoridad judicial responsable del proceso debe adelantar el mismo con criterios de proporcionalidad y de razonabilidad, en relación con los hechos y circunstancias, que le sirvan de causa.

Resolución. Precisan los demandantes que los autos acusados, negaron la admisión de la demanda por formalismos que no establece la ley, y que en consecuencia, con estos se violaron los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, y aducen que como ya transcurrió el plazo de cuatro (4) meses señalado por la Corte Constitucional para presentar la demanda ante la vía ordinaria, están imposibilitados para presentar la misma nuevamente; de tal manera que el trabajo de más de 20 años y todos los esfuerzos que han realizado por hacer valer sus derechos habrían sido en vano, lo cual, sin lugar a dudas les causa un perjuicio irremediable. Resulta claro que de conformidad con lo afirmado por las partes y de las pruebas que obran en el expediente, la apoderada de la parte demandante cumplió con los requisitos exigidos por el Juzgado Dieciocho accionado, salvo el relativo a anexar los poderes dirigidos al juez laboral y es éste el hecho que precisamente motivó el proceso de tutela de la referencia y el cual habrá de analizarse a continuación:

- A este respecto, debe señalarse que de conformidad con los criterios que se dejaron consignados previamente, se considera que en el asunto bajo estudio al exigirse con rigurosidad que los poderes fueran dirigidos al juez laboral, se desconoció la prevalencia que en la administración de justicia debe darse al derecho sustancial de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 228 de la Constitución Política.

- Para el caso concreto se estima, que el juez laboral al abordar el caso de la referencia, debió en aplicación del principio de favorabilidad que consagra la Constitución, optar por una interpretación que resultara más favorable a los actores, quienes como se sabe son personas mayores pensionados, que durante varias décadas dedicaron todos sus esfuerzos al trabajo y que por lo tanto tiene derecho a reclamar un tratamiento justo como es el de poder acceder a la administración de justicia.

-Un proceder contrario a esta exigencia no encuentra fundamento en un principio de razón suficiente y configura una vía de hecho en cuanto implica un desconocimiento flagrante de los derechos fundamentales de los actores, en especial el del debido proceso y al acceso a la administración de justicia (C.P. art. 29 y 228).

- En el caso sujeto a análisis aparece claro, que lo relevante es que los poderes conferidos a la apoderada de los demandantes, le fueron otorgados por los actores (pensionados) para que instaurara ante la justicia ordinaria la acción correspondiente con el fin de que se declarara la responsabilidad subsidiaria de la sociedad matriz controlante, para el caso la Federación Nacional de Cafeteros, Fondo Nacional del Café con los pasivos de la entidad de la sociedad controlada, o sea, la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A, en liquidación obligatoria.

-Que ello es lo sustancial o fundamental, sin que por lo tanto, se considere que el hecho de dirigir los poderes al Juez Civil del Circuito "Reparto” sea necesario repetirlos para que sean expresamente dirigidos al Juez Laboral, pues para el caso, el encabezamiento del poder no le resta nada a la manifestación expresa de la voluntad que implica el haber otorgado el poder para un propósito definido como es lograr la efectividad en el pago de sus pensiones y de esta manera se estima entonces, que la ausencia de tal formalidad, no desvirtúa la esencia de la acción propuesta, ni existe duda alguna sobre la pretensión de los demandantes, entonces no hay razón para no haber admitido la demanda, pues como bien lo señala la apoderada de la parte accionante, el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil y la Ley 446 de 1998 contemplan la remisión de la demanda al juez competente, sin precisar que deban adecuarse los poderes otorgados para incoarla.

-En el presente caso y habida consideración de los argumentos esbozados anteriormente, habrá de reconocerse que se hace necesario con miras a la prevalencia del Derecho sustancial, que se atempere la rigidez de la exigencia de presentar los poderes dirigidos al Juez Laboral y se otorgue a los actores la posibilidad del amparo judicial extraordinario, en procura de salvaguardar sus derechos fundamentales.

- Ello es así, pues si bien se considera que la demanda para su admisión debe cumplir con unos requerimientos esenciales, se estima que una vez cumplidos estos -como en efecto ocurre en el caso concreto-, la denegación de la admisión de la demanda, por el solo hecho de no haber dirigido los poderes al juez laboral, se torna en una vía de hecho pues se priva a la parte demandante del derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la justicia.

- Un principio de elemental justicia, indica que en dicha circunstancia no deben ser sancionados los demandantes (pensionados), con la eliminación de toda posibilidad de hacer valer sus derechos fundamentales y que, mereciendo ellos, la protección especial del Estado impuesta por la Constitución procede la tutela, máximo si se tiene en cuenta que como es obvio, los actores no cuentan con otro medio judicial de defensa diferente a la tutela, por cuanto, no tienen como controvertir las actuaciones realizadas por los organismos judiciales accionados.

-En este sentido es oportuno recordar, que si bien es cierto la acción de tutela en principio no es procedente contra providencias judiciales, hay que aclarar, que ella es viable en algunos caso, como cuando no obstante que el afectado ha hecho uso de los medios de defensa judiciales ordinarios hasta agotarlos, no ha obtenido la efectiva protección de sus derechos constitucionales amenazados o vulnerados y en tal medida no dispone "de otro medio de defensa judicial" en tal circunstancia podrá entonces perseguir la protección a través de la acción de tutela. Ello es válido, entre otras razones, por cuanto la Constitución Política ve en el respeto a la dignidad humana y la consiguiente efectividad de los derechos fundamentales el valor fundante y el fin esencial del estado.

-La seguridad jurídica no puede construirse ni mantenerse a costa de la violación o desconocimiento de los derechos fundamentales y el juez que profiere una providencia judicial que desconozca o viole los derechos fundamentales obra por fuera de sus competencias e incurre en arbitrariedad. La jurisdicción del Estado como todo poder público no puede ejercerse para desconocer o violar sus derechos fundamentales. Para el caso concreto se estima que con la tesis de la inimpugnabilidad constitucional de las sentencias, acogida por la Corte Suprema de Justicia, se impide rectificar el curso desviado de la función jurisdiccional cuando ésta, en lugar de afianzar el estado social de derecho, directamente lo vulnera.

T-012/03

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra acciones u omisiones judiciales

En la sentencia C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), citada como precedente aplicable al caso por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, se estudió la constitucionalidad de los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, normas que regulaban el ejercicio de la acción de tutela contra senten¬cias judiciales. En esta sentencia se resolvió declarar inexequibles las disposiciones acusadas, por considerar que desconocían las reglas de competencia fijadas por la Constitución Política y afectaban el principio de seguridad jurídica. No obstante, la decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional no fue absoluta, pues matizó sus efectos al prever casos en los cuales, de forma excepcional, la acción de tutela es procedente contra actuaciones que aunque en apariencia estuvieran revestidas de formas jurídicas, en realidad implicaran una vía de hecho. Al respecto dijo la Sala Plena en la sentencia C-543 de 1992,

“(…) nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los térmi¬nos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un per¬juicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991). En hipótesis como éstas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia.”

Esta decisión ha sido interpretada por la jurisprudencia constitucional la cual ha venido desarrollando el tema. Así, en la sentencia T-079 de 1993, se consideró, con base en la sentencia C-543 de 1992, lo siguiente:

“Una actuación de la autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible del control constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona.

Carece de fundamento objetivo la actuación manifiestamente contraria a la Constitución y a la Ley. La legitimidad de las decisiones estatales depende de su fundamentación objetiva y razonable. El principio de legalidad rige el ejercicio de las funciones públicas (CP art. 121), es condición de existencia de los empleos públicos (CP art. 122) y su desconocimiento genera la responsabilidad de los servidores públicos (CP arts. 6, 90). Una decisión de la autoridad no es constitucional solamente por el hecho de adoptarse en ejercicio de las funciones del cargo. Ella debe respetar la igualdad de todos ante la ley (CP art. 13), principio que le imprime a la actuación estatal su carácter razonable. Se trata de un verdadero límite sustancial a la discrecionalidad de los servidores públicos, quienes, en el desempeño de sus funciones, no pueden interpretar y aplicar arbitrariamente las normas, so pena de abandonar el ámbito del derecho y pasar a patrocinar simple y llanamente actuaciones de hecho contrarias al Estado de Derecho que les da su legitimidad.”

Las distintas Salas de Revisión de la Corte Constitucional, atendiendo a la fuerza vinculante de los fallos de constitucionalidad erga omnes, deciden entonces aplicar en los casos concretos el precedente establecido por la Sala Plena en la sentencia C-543 de 1992. Así, por ejemplo, puede citarse la sentencia T-158 de 1993, en la que la Sala Novena de Revisión de la Corte decidió confirmar la decisión de la Sala Civil del Tribunal Superior de Popayán de conceder el amparo de tutela solicitado por el accionante en razón a que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, se quebrantó el derecho fundamental del debido proceso al negar el recurso de apelación exigiéndose un requisito inexistente en el Código de Procedimiento Civil. Al respecto también es preciso citar la sentencia T-173 de 1993, en la que, con ponencia del magistrado José Gregorio Hernández Galindo –ponente de la sentencia C-543 de 1992–, se consideró lo siguiente,

“Siendo providencias judiciales los actos contra los cuales se intentó la acción, se impone verificar la procedencia de ésta, que no es general sino excepcional, a la luz de las normas fundamentales.

Según la doctrina de la Corte, expresada en varias de sus decisiones, particularmente en la Sentencia No. C-543 proferida por la Sala Plena el 1º de octubre de 1992, la acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección que haga efectivos los mandatos constitucionales en defensa de la persona.

"Así, pues -ha concluido la Corte-, la tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria".

Ha agregado que, por tanto, "...en nuestro sistema pugna con el concepto mismo de esta acción la idea de aplicarla a procesos en trámite o terminados, ya que unos y otros llevan implícitos mecanismos pensados cabalmente para la guarda de los derechos, es decir, constituyen otros medios de defensa judicial" que, a la luz del artículo 86 de la Constitución, excluyen por regla general la acción de tutela".

No obstante, la regla general de la que se viene tratando no es absoluta y, por tanto, admite excepciones que han sido reconocidas y precisadas por la Corte Constitucional en la misma sentencia referida y en fallos posteriores.

En ese orden de ideas, la violación flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque pretenda cubrirse con el manto respetable de la resolución judicial, puede ser atacada mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los presupuestos contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro medio al alcance del afectado para la defensa de su derecho.” (Acento fuera del texto)

Esta doctrina constitucional ha sido precisada y reiterada en varias sentencias de unificación proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional. Por ejemplo, recientemente en la sentencia SU-1184 de 2001, se dijo,

“La Corte Constitucional ha construido una nutrida línea de prece¬dentes en materia de tutela contra providencias judiciales, bajo las condiciones particulares de lo que se ha denominado la vía de hecho. No es de interés para este proceso en particular hacer un recuento de dicha línea de precedentes. Baste considerar que sus elementos básicos fueron fijados en la sentencia T-231 de 1994, en la que se señaló que existe vía de hecho cuando se observan algunos de los cuatro defectos: sustantivo, orgánico, fáctico y procedimental.”

Por lo tanto, coincide parcialmente ésta Sala de Revisión de la Corte Constitucional con la Sala de Casación Laboral en reconocer la obligatoriedad que tienen en el sistema jurídico colombiano las sentencias de constitu¬cionalidad, específica¬mente la sentencia C-543 de 1992, pero no comparte el criterio según el cual en dicha sentencia se decidió que era contrario a la Constitución Política de 1991 el que proceda una acción de tutela contra una actuación judicial, incluso cuando esta configure una vía de hecho, o conlleve la amenaza de un perjuicio irreme¬diable. Esta Sala de Revisión subraya que el artículo 86 de la Constitución dice que la tutela procede cuando los derechos fundamentales “resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Los jueces son autoridades públicas y sus providencias constituyen su principal forma de acción. Además, la Corte Constitucional en sus salas de revisión y en su Sala Plena ha reiterado que la tutela sí procede contra providencias judiciales cuando éstas constituyen vías de hecho. No desconoce esta Sala de Revisión que una sentencia, como cualquier texto, es objeto de interpretación. Empero, quien interpreta con autoridad las sentencias de la Corte Constitucional es la propia Corte Constitucional, así como esta Corporación ha reconocido que quién interpreta con autoridad las sentencias de la Corte Suprema de Justicia es la propia Corte Suprema de Justicia, en razón a que su doctrina relativa al alcance de las leyes en el ámbito de su competencia como “máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria” (artícu¬lo 234 C.P.), constituye un derecho viviente.

Ahora bien, la jurisprudencia ha indicado en varias oportunidades los casos excepcionales en que el amparo procede la acción de tutela, indicando que se configura una vía de hecho cuando se presen¬ta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (1) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (2) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (3) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolu¬tamente, de competencia para ello; y, (4) defecto procedimental que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento establecido. En criterio de la Corte “esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto judicial.

SU.120/03

Negativa de indexación de la primera mesada pensional

En primer lugar esta decisión recordó: Esta Corporación en reiterada jurisprudencia ha considerado que, en principio, contra las decisiones judiciales no procede la acción de tutela y que de éstas se predica su obligatoriedad incondicional, como quiera que cuando el órgano judicial aplica la voluntad abstracta de la ley a un caso concreto se supone que lo hace con sujeción estricta a la Constitución Política, porque a los jueces y a los tribunales les compete acatar la Carta, y lograr su aplicación en los hechos, las relaciones sociales y las acciones de los poderes públicos. De manera que cuando la regla del sometimiento de las decisiones judiciales al ordenamiento constitucional se quiebra, porque la solución que el juez resolvió imponer al asunto sometido a su consideración no concuerda con los dictados de la Constitución Política, puede decirse que su legalidad es solo aparente, y que el juez constitucional debe intervenir, porque la ausencia de juridicidad impone que las sentencias no puedan ser definitivas. Ahora bien, debido al reconocimiento del principio de la cosa juzgada judicial, no como valor absoluto sino como elemento que infunde seguridad a la realización de la justicia, la jurisprudencia constitucional creó la doctrina de las vías de hecho con el fin de restringir la intervención del juez de tutela a aquellos asuntos que han sido definidos por el órgano jurisdiccional sin sujetarse al imperio de la ley.

Así las cosas, esta Corte recuerda como la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en decisión del 17 de septiembre de 1992, M.P. Alberto Ospina Botero, al considerar la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata “a un derecho constitucional fundamental, mediante un procedimiento preferente y sumario, o sea sin dilaciones,” que opera “sin exigirle al actor de la referida acción un exceso de formalismos que no se compadecen con el instituto”, encontró pertinente distinguir las decisiones judiciales sujetas a los cánones constitucionales de aquellas que por la inobservancia de la Carta constituyen vías de hecho. Dijo esa Corte:

“1.-Ciertamente la acción de tutela resulta procedente para deprecar la protección de los derechos fundamentales, dentro de los cuales se encuentra el debido proceso, tal como, con fundamento en la Constitución, se haya desarrollado por medio de la ley.

1.1.- Sin embargo, esta procedencia resulta excepcional, tal como cuando, entre otras, dicha violación constituya una vía de hecho judicial.

1.1.1.- Lo primero obedece a que se trata de un derecho fundamental que en su propia regulación garantiza la prevención (vrg. notificaciones, intervención de apoderados judiciales, etc.), corrección (vrg. objeciones, recursos; etc.) y saneamientos (vrg. nulidades, convalidaciones, etc.) de violaciones o amenazas del mencionado derecho, lo que, desde luego, al impedir o superar las mismas, conducen, de por sí, a la impertinencia e inutilidad de la referida acción de tutela. De allí que, conforme a la presunción general de legalidad y validez de las actuaciones judiciales, debe entenderse por lo general que las actuaciones procesales, incluyendo las sentencias, se ajustan a derecho.

Con todo, también reitera la Sala la posibilidad de la procedencia de la acción de tutela cuando el funcionario judicial, por fuera del marco constitucional y legal del debido proceso, realice actuaciones que con la apariencia de sujeción al mismo ordenamiento constituyan procederes arbitrarios, esto es, vías de hecho judiciales” –se destaca -.

De modo que la jurisprudencia constitucional tiene definido que constituyen vías de hechos las decisiones judiciales caprichosas, arbitrarias e irrazonables, doctrina que aplicada a la labor de interpretación judicial comporta infirmar las decisiones en las que el juez elige la norma aplicable o determina su manera de aplicación i) contraviniendo o haciendo caso omiso de los postulados, principios y valores constitucionales, ii) imponiendo criterios irracionales o desproporcionados, iv) sin respetar el principio de igualdad, y v) en desmedro de los derechos sustantivos en litigio. Entonces los jueces y los tribunales son autónomos e independientes para elegir la norma aplicable, para determinar como será aplicada, y para establecer la manera como habrán de llenarse los vacíos legislativos encontrados con el fin de resolver en derecho el asunto sometido a su consideración; pero en esta labor no les es dable apartarse de los hechos, dejar de valorar las pruebas regular y oportunamente aportadas, y desconocer las disposiciones constitucionales, porque la justicia se administra en relación con los hechos debidamente probados, y los contenidos, postulados y principios constitucionales son criterios hermenéuticos de forzosa aplicación –artículos 6°, 29 y 230 C.P.-.

Es más, esta Corte tiene definido que en razón de la autonomía y libertad de acción que se desprende del artículo 230 constitucional, los jueces y tribunales no pueden, por ningún motivo, aplicar la voluntad abstracta de la ley al caso concreto desconociendo los derechos fundamentales de las personas involucradas en sus decisiones, porque la normativa constitucional atinente a tales derechos prevalece respecto de la que organiza la actividad estatal y determina las distintas funciones de las autoridades públicas. Otro aspecto que la jurisprudencia constitucional destaca, en aras de que la autonomía e independencia de los jueces en la resolución de los casos particulares sometidos a su consideración sea entendida dentro del contexto constitucional que la establece, es el papel que la interpretación judicial cumple en el acatamiento de las normas, entre éstas de las constitucionales, porque –sin desconocer que los asociados se encuentran sujetos en primer término a la ley- no se puede negar que los asociados perciben y acatan el ordenamiento desde la perspectiva en que éste es aplicado por los jueces y los tribunales.

Ahora, la Sentencia T-815/04, recogió las subreglas fijadas por la Corte a este respecto, veamos:

En múltiples oportunidades, esta Corporación ha estudiado el problema de la posible vulneración de los derechos fundamentales de los pensionados a quienes les ha sido liquidada su mesada pensional sin la actualización del monto de la misma. La Sala realizará un breve recuento de las providencias que se han ocupado del tema. En último lugar, se determinará si, de conformidad con la ratio decidendi de tales providencias, es necesario conceder el amparo en el caso concreto.

En la sentencia SU-120 de 2003, la Corte estudió las demandas de tutela interpuestas por diversos pensionados, quienes tras haber agotado los recursos a su disposición en jurisdicción ordinaria, no obtuvieron por tal medio la indexación de su primera mesada. Alegaban los demandantes que en casos iguales en lo relevante al suyo, la Sala Laboral de la Corte Suprema había reconocido el derecho a la actualización pensional. Solicitaron, entonces, que fueran amparados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y a la favorabilidad. Recordó esta Corporación en esa oportunidad que, cuando existe más de una fuente formal aplicable a una situación jurídica concreta, en atención a la prescripción del artículo 53 superior, debe preferirse aquella que beneficie en mayor medida al trabajador (principio de favorabilidad). De igual manera, recordó esta Corporación que el principio pro operario es fuente de derecho y, por tanto, debe ser aplicada por el operador judicial al momento de dirimir litigios laborales no expresamente regulados por el ordenamiento, en tanto debe propender por la defensa de la parte más débil de la relación laboral. Con fundamento entonces en estas reglas de interpretación, consideró la Sala que se cumple de manera más óptima el fin central de las normas protectoras laborales, el equilibrio de las relaciones de trabajo, inclinando la balanza a favor del extremo más débil: el trabajador.

Respecto de este primado hermenéutico en punto de la indexación de la primera mesada pensional, la Corte destacó que: i) no existe norma que regule expresamente cuál debe ser la base de liquidación pensional para las personas que han sido retiradas o se han retirado voluntariamente del servicio sin haber llegado a la edad requerida; ii) no hay norma alguna que ordene concretamente la indexación de este tipo de pensiones; iii) ningún precepto prohíbe específicamente la actualización de la primera mesada pensional a esta suerte de extrabajadores. No obstante, anotó esta Corporación, el artículo 53 superior consagra expresamente el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones y, además, diversas disposiciones normativas denotan la preocupación del legislador por evitar la pérdida de poder adquisitivo de las mismas. Es deber del Juez, de conformidad con esta providencia, comportarse ante el vacío normativo en materia laboral como lo habría hecho el legislador de haber regulado la hipótesis no normada expresamente. Debe subsanar el juez la omisión legislativa, continúa la Sala, acudiendo a los postulados laborales constitucionales y legales, los cuales indican que lo más equitativo es reconocer el derecho a la indexación del promedio de salarios percibidos durante el último año de servicios y el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios o rentas sobre los cuales el afiliado cotizó durante los diez años anteriores al cumplimiento del lleno de los requisitos. Concluyó esta Corporación que, en atención a las fuentes auxiliares de derecho contempladas en el artículo 230 constitucional, la definición de la actualización en estas hipótesis no puede ser arbitraria. Indicó que, criterios como la equidad llevan al operador jurídico a descartar las desigualdades que se derivan de los vacíos normativos.

En la sentencia T-663 de 2003, la Corte revisó las decisiones de tutela adoptadas con ocasión de la petición de amparo de varios pensionados a quienes, en casación, les fue negada su solicitud de indexación. Consideró esta Corporación, que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia debe optar en la aplicación del derecho por aquella interpretación que respete la prescripción constitucional de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y debe unificar en consecuencia la jurisprudencia nacional sobre el punto. Reiteró, en igual sentido, las consideraciones y la decisión adoptadas en la sentencia de unificación respecto del derecho a la actualización y concluyó que:

“En la sentencia SU-120 de 2003, la Corte Constitucional ha fijado su línea jurisprudencial en relación con el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia para decidir en los conflictos de trabajo con ocasión de la indexación de la primera mesada pensional.

Fueron razones fundadas en la ocurrencia de vías de hecho por parte de las autoridades judiciales y que admiten la intervención del juez constitucional; en la observancia de la igualdad y la confianza legítima en la aplicación de la ley; en la sujeción de los jueces a la doctrina probable, a la observancia de los postulados Superiores sobre el principio de favorabilidad y del principio pro operario; a los alcances de las disposiciones que regulan la pensión de jubilación; a la aplicación de los principios de equidad, la jurisprudencia y los principios generales del derecho y en la atribución constitucional de la Corte Suprema de Justicia de unificar la jurisprudencia nacional del trabajo, las que condujeron a la Corte Constitucional a conceder la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y seguridad social y del principio constitucional de favorabilidad a los entonces accionantes y, por la semejanza de situaciones, serán los mismos fundamentos que reiterará esta Sala para decidir en el proceso de revisión de los expedientes de la referencia.

En la sentencia T-1169 de 2003, la Corte retomó las consideraciones expuestas al respecto en la sentencia de unificación. Indicó la Sala que cuando deba determinarse la procedencia de la indexación pensional, es indispensable estudiar la necesidad de mantener el valor adquisitivo de las pensiones, y el equilibrio en las relaciones de trabajo, de acuerdo con lo prescrito en los artículos 53 y 230 de la Carta. Recalcó así mismo que:

“Al decidir sobre la procedencia de indexar la primera mesada pensional, los jueces no pueden desconocer la necesidad de mantener el equilibrio en las relaciones de trabajo y el valor adquisitivo de las pensiones como lo indican los artículos 53 y 230 de la Carta Política. Y tampoco pueden apartarse del querer legislador, para quien ha sido una preocupación constante regular el monto y la oportunidad de los reajustes pensionales. De manera que si el juzgador no opta por lo expuesto, sino que decide resolver sobre la indexación de la primera mesada pensional acudiendo a soluciones que no consultan los criterios auxiliares de la actividad judicial, hacen necesaria la intervención del Juez constitucional para restablecer los derechos fundamentales mínimos de los trabajadores.”

En la sentencia T-606 de 2004, la Corte estudió el caso de una ciudadana a quien, en primera instancia, el Juez Laboral le reconoció el derecho a percibir una pensión mensual de jubilación, pero denegó la pretensión de indexación de la primera mesada. La entidad condenada a pagar la prestación vitalicia recurrió y posteriormente presentó recurso de casación contra tal decisión, pretensión que no prosperó ni ante el Tribunal, ni ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente. Luego de agotado así el procedimiento ordinario, la pensionada presentó acción de tutela contra la decisión del juzgado, por considerar que la misma desconocía el precedente constitucional sentado en la sentencia SU-120 de 2003. En esta oportunidad la Corte consideró que, dado que la actora no había agotado los medios de defensa ordinarios, la petición de amparo se tornaba improcedente en el caso concreto. Recordó esta Corporación que los jueces ordinarios también tienen el deber de velar por la integridad de los derechos fundamentales en sus actuaciones. En ese sentido, continuó, los ciudadanos no pueden activar la acción de tutela para subsanar su falta impulso procesal. Es entonces, ante los jueces laborales que deben plantearse las controversias que se susciten con ocasión del derecho a indexación de la primera mesada pensional. Sólo si, resaltó la Sala, luego de agotados todos los medios ordinarios de defensa, el operador judicial es renuente a acatar la jurisprudencia de unificación constitucional y legal, es procedente el amparo. Finalmente, advirtió esta Corporación que:

“(E)n los asuntos resueltos en las sentencias SU-120 de 2003 y T-663 de 2003 la Corte concedió el amparo de los derechos subjetivos de los actores bajo el supuesto de que tales personas agotaron las instancias decisorias respectivas dentro de la jurisdicción ordinaria mediante la interposición oportuna del recurso ordinario de apelación y del extraordinario de Casación. Lo que significa que las personas que resultaron amparadas en sus derechos desarrollaron una conducta procesal activa durante el proceso ordinario, y después de finalizado éste, ante la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial, acudieron a la acción de tutela como mecanismo subsidiario para la protección de los derechos fundamentales. Situación que como ha sido demostrado a lo largo de la presente sentencia dista de ser similar a la de la señora Palacio de Ortiz”.

10. Esta última consideración que descarta la no aplicabilidad del precedente de la sentencia SU-120 de 2003 al caso de la señora Palacio de Ortiz tiene un telón de fondo claro que es importante que la Corte destaque con suficiencia, y es que la efectividad de los derechos fundamentales y la vigencia de la Constitución son, en primer lugar, un imperativo mandato para los jueces ordinarios, en la medida en que es esa la sede primordial para la protección de los derechos. Esto explica por qué el Constituyente definió la acción de tutela con el signo de la subsidiariedad, y por qué una comprensión distinta partiendo de la idea del valor normativo de la Constitución no podría aceptarse en el diseño institucional del Estado, donde el juez ordinario está llamado a jugar un papel protagónico en la vigencia del Estado Social de Derecho y en la protección de los derechos fundamentales”.

En suma, la Corte ha señalado que, para determinar la procedibilidad de la acción de tutela en punto de la indexación de la primera mesada pensional debe establecerse si (i) el actor empleó todos los medios de defensa ordinarios para obtener la satisfacción de su pretensión, (ii) si los jueces de conocimiento desconocieron el precedente constitucional al respecto y el de unificación ordinario constitucionalizado, y (iii) si no existen otros medios de defensa judicial a su alcance.

SU.1159/03

Procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias que resuelvan un recurso extraordinario especial de revisión contra una sentencia de pérdida de la investidura de un Congresista

En la sentencia C-543 de 1992, la Corte Constitucional decidió que, salvo en aquellos casos en que se haya incurrido en una vía de hecho, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales. A esta regla se suma el carácter subsidiario que siempre tiene la acción de tutela, puesto que según el artículo 86 de la Constitución Política, esta vía sólo procede “cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”. Así, teniendo en cuenta que salvo las excepciones debidamente establecidas, contra toda providencia judicial en principio proceden recursos, es preciso concluir que la posibilidad de que proceda una acción de tutela contra una providencia judicial es en realidad excepcional. Por tanto, una acción de tutela procede en contra de una providencia judicial en dos eventos, (i) cuando no exista otro medio de defensa judicial idóneo para proteger los derechos fundamentales y la actuación judicial acusada constituya una vía de hecho o (ii) cuando se emplee como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable en materia de derechos fundamentales.

Con relación a la existencia del otro medio de defensa, la Corte ha señalado que éste debe cumplir con ciertas exigencias; no cualquier mecanismo judicial puede excluir la procedibilidad de la acción de tutela. La decisión constitucional de otorgarle carácter subsidiario a la acción de tutela da prelación a los procedimientos diseñados específicamente para resolver cada cuestión, siempre y cuando esto no implique desproteger los derechos fundamentales. Por tanto, si una persona invoca la protección de sus derechos fundamentales, y el medio de defensa judicial con que cuenta para tal fin no le ofrece la posibilidad de salvaguardar sus garantías básicas como se lo permite la acción de tutela, ésta última procede como mecanismo principal de defensa de los derechos fundamentales. De acuerdo con lo establecido por la Corte, el análisis que debe hacer el juez, conlleva determinar en relación con cada caso, si el diseño específico del recurso alternativo es idóneo en concreto, no en abstracto, como medio de defensa judicial principal, excluyendo así la acción de tutela.

Con relación a las decisiones de pérdida de investidura, se ha planteado el siguiente problema jurídico: ¿procede una acción de tutela contra una sentencia en la que se declara la pérdida de investidura de un congresista, por aparente violación del derecho fundamental al debido proceso, a pesar de que en este caso se cuenta con el recurso extraordinario especial de revisión?

La jurisprudencia constitucional reiteradamente ha indicado que no procede la tutela. Ha considerado que el recurso extraordinario especial de revisión creado por el Legislador (Ley 144 de 1994) salvaguarda los derechos fundamentales de los congresistas, al permitirles recurrir la decisión mediante la cual fue decretada la pérdida de su investidura. Esta cuestión fue resuelta dentro de este proceso por la Corte Constitucional, en la primera ocasión en que le correspondió estudiar el proceso de la referencia. En aquella oportunidad la Corte revisó el fallo de tutela de primera instancia mediante el cual el Tribunal Superior de Bogotá había negado la acción de tutela interpuesta por el Senador Ricaurte Losada Valderrama en contra de la sentencia de septiembre 7 de 1994, en la que el Consejo de Estado había decretado la pérdida de su investidura. Con relación a la inexistencia de otro medio de defensa judicial, la sentencia (T-193 de 1995) sostuvo lo siguiente,

“Tampoco este requisito para la procedencia de la tutela está presente en el sub-lite; tal y como lo reconoce el actor, el artículo diecisiete de la Ley 144 de 1994 (cuya constitucionalidad no se cuestiona), establece que: “Son susceptibles del Recurso Extraordinario Especial de Revisión, interpuesto dentro de los cinco (5) años siguientes a su ejecutoria, las sentencias mediante las cuales haya sido levantada la investidura de un Parlamentario, por las causales establecidas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, y por las siguientes: a) Falta del debido proceso; b) Violación del derecho de defensa; c)...”

Del análisis anterior esta Sala concluye que en el caso sometido a revisión, la actuación del Consejo de Estado estuvo fundada legal¬mente, no obedeció a la voluntad subjetiva o capricho de la autoridad, no vulneró los derechos fundamentales del procesado, y existe otra vía de defensa judicial; es decir, no se da ninguno de los requisitos concurrentes exigidos por la jurisprudencia de la Corte para que proceda la tutela en contra de la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 7 de septiembre de 1994.”

Esta decisión fue temporalmente modificada por la jurisprudencia constitucional, por cuanto consideró que el otro medio de defensa judicial (el recurso extraordinario especial de revisión) había resultado “inane” hasta tanto no estuviera debidamente regulado, garantizando así, un medio de protección idóneo para la defensa de los derechos fundamentales que pudiesen verse afectados en un proceso de pérdida de investidura de un congresista. No obstante, en sentencia de unificación (SU-858 de 2001) la Sala Plena de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que la Ley 446 de 1998 había llenado los vacíos normativos que existían con relación a la competencia, decidió que dentro del proceso de pérdida de investidura de los congresistas existe un medio de defensa idóneo para la protección del derecho al debido proceso y como resultado del cual el afectado puede obtener la restitución total de su derecho, o abrir la vía para la obtención de una reparación patrimonial compensatoria. Esta decisión, que ya ha sido reiterada, se tomó con base a las siguientes consideraciones,

“La particular naturaleza de este recurso extraordinario, que la ley define como especial, lo constituye en mecanismo adecuado para la defensa de los derechos fundamentales que resulten lesionados en un proceso de pérdida de investidura, por cuanto, como lo ha sostenido la Corte, tratándose de un proceso de única instancia, la ley ha previsto como causal de revisión una con rango constitucional, como es la violación del debido proceso, con el objeto de que, para la protección de los derechos fundamentales del condenado, se le brinde la oportunidad de controvertir la sentencia. En general, el recurso extraordinario de revisión no es una vía para que el afectado por una sentencia nuevamente plantee las cuestiones que fueron dilucidadas en el curso del proceso. El ámbito de la revisión está estrictamente demarcado por las causales taxativamente enunciadas en la ley. De manera que, por fuera de esas causales, el afectado no puede pretender la reapertura de controversias ya superadas. No obstante, en el Recurso Extraordinario Especial de Revisión que la ley ha previsto para la pérdida de la investidura, la causal de violación del debido proceso claramente permite que en sede de revisión se controviertan los asuntos, que no obstante haber sido planteados durante el trámite de la instancia, comporten una decisión violatoria del debido proceso.”

¿procede una acción de tutela contra una sentencia que resolvió un recurso extraordinario especial de revisión en contra de un fallo que declaró la pérdida de investidura de un congresista, por violación del derecho fundamental al debido proceso? Para dar respuesta a esta pregunta, la Corte pone de presente dos consideraciones. La primera de ellas es que no existe un medio de defensa judicial frente a la sentencia que resuelve el recurso extraordinario especial de revisión. Entonces, la acción de tutela procedería contra la sentencia que resuelve el recurso contra la sentencia que decretó la pérdida de la investidura, si ésta incurre en una vía de hecho y afecta los derechos fundamentales del congresista. La segunda consideración es que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela no procede en contra de la sentencia que decreta la pérdida de la investidura, puesto que el recurso extraordinario especial de revisión constituye un medio de defensa judicial idóneo para la protección de los derechos fundamentales de los congresistas, en especial el derecho al debido proceso. En efecto, dicho recurso extraordinario especial procede por las siguientes causales: “(a) falta del debido proceso; (b) violación del derecho de defensa”, además de las establecidas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo.

En ese orden de ideas, la excepcionalidad de la procedencia de la acción tutela en contra de sentencias judiciales que incurran en una vía de hecho, es aún mayor cuando la sentencia acusada tuvo por objeto resolver un recurso extraordinario especial de revisión. En estos casos la tutela procede (i) cuando se alegue una vía de hecho que específicamente tenga origen en el fallo que resuelve el recurso extraordinario especial de revisión, o en el proceso de revisión en sí mismo considerado; (ii) cuando se alegue una vía de hecho que ocurrió durante el proceso de pérdida de investidura, que fue invocada en el recurso extraordinario especial de revisión, pero cuyo análisis por parte del Consejo de Estado acerca de la violación del derecho fundamental contradice la Constitución o la jurisprudencia constitu¬cional aplicable; y (iii) cuando se trate de una vía de hecho que ocurrió en el proceso de pérdida de investidura pero que, o bien no podía ser alegada mediante un recurso en contra de la sentencia de pérdida de investidura, o bien fue alegada pero el Consejo de Estado la dejó de lado por completo y no la analizó o lo hizo desconociendo el derecho claramente aplicable.

Así pues, se reitera lo dicho anteriormente por la Corte: el recurso extraordinario especial de revisión es el medio adecuado para controvertir una vía de hecho en el trámite de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. Por tal razón, los cargos que se tengan en contra de la sentencia que resuelva la pérdida de la investidura deben ser presentados en sede de revisión y no pueden ser guardados estratégicamente para ser invocados luego en un proceso de tutela. La acción de tutela procede residualmente cuando el Consejo de Estado en sede de revisión, foro judicial señalado por la Constitución y la ley para resolver dichas controversias, ha desconocido en sus actuaciones judiciales los derechos fundamentales de algún Senador o Representante a la Cámara en los términos antes mencionados. Las partes deben presentar sus alegatos en contra de las decisiones judiciales durante el transcurso del proceso, y mediante las vías ordinarias diseñadas para ello; como se dijo, no es aceptable guardar argumentos estratégicamente con el fin de presentarlos únicamente ante el juez de tutela, pretendiendo cambiar así el “foro judicial” designado por el propio Constituyente para resolver las controversias con relación a los procesos de pérdida de investidura.

Podría objetarse que las garantías que ofrece el procedimiento a los congresistas no son suficientes, debido a que se trata de un breve proceso de única instancia. Considera la Corte que la objeción no es procedente. Debido a la importancia del procedimiento de pérdida de investidura, el Constituyente de 1991 le confío la competencia al Consejo de Estado, precisamente como una forma de asegurar el debido proceso de los congresistas. Como lo aclararon algunos delegatarios en la Asamblea Nacional Constituyente, no contemplar dos instancias en el proceso de pérdida de investidura no implica un desconocimiento del derecho al debido proceso de los congresistas. La forma de garantizar en este proceso es que el juicio se adelantará de acuerdo a las formas jurídicas establecidas, y con el debido respeto por los derechos fundamentales del congresista acusado, es atribuyéndole la competencia al Consejo de Estado, no mediante el principio de las dos instancias. En otras palabras, mientras que a una persona sindicada en un proceso penal se le garantiza el respeto a sus derechos fijando la competencia para conocer del caso en un juez municipal y en un juez de circuito, por ejemplo, la Constitución le garantiza a los congresistas sus derechos al confiar los casos de pérdida de investidura al Consejo de Estado. No obstante, como se indicó, no sólo se garantiza el derecho de los congresistas al fijar la competencia del proceso en cabeza del Consejo de Estado, el más alto juez de lo contencioso adminis¬trativo; actualmente esta Corporación puede volver a conocer el proceso en sede del recurso extraordinario especial de revisión.

T-1232/03

Correspondió a la Corte determinar si el Consejo de Estado incurrió en vía de hecho y, por ende, si vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso al ejercicio de cargos y funciones públicas, de ejercicio y control del poder político, al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión, al despojar de su investidura de Senador de la República y posteriormente al confirmar esa decisión, al resolver el recurso extraordinario de revisión instaurado por el afectado

La protección de los derechos ante el mismo juez que los viola. Una vez agotados los mecanismos ordinarios de defensa y si la violación persiste la tutela es procedente. La Constitución otorgó a la acción de tutela un carácter subsidiario, lo que implica que deba utilizarse previamente a la vía judicial correspondiente (civil, penal, administrativa, etc.). Existe, por otro lado, el deber de cada juez dentro de cada proceso ordinario de velar por la observancia y protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, es posible que el juez ordinario no garantice dentro del proceso correspondiente los derechos fundamentales o, lo que es más grave, que sea el propio juez quien en el proceso ordinario los viole. Cuando se ha utilizado las instancias ordinarias de defensa, con las acciones y recursos previstos en ella para la defensa de los derechos fundamentales y persiste la amenaza o violación contra ellos, la acción de amparo constitucional se constituye en el único y eficaz mecanismo de protección de tales derechos. Pues, el agotamiento de las vías ordinarias de defensa comporta la no existencia de otros medios de protección, lo que habilita la utilización de la acción de tutela, en los términos del artículo 86 de la Constitución Política, según el cual la acción de amparo procede cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial.

De suerte, que si por la vía del medio ordinario de defensa, y en los recursos en ella previstos, se alegó la vulneración de un derecho fundamental, es válido aducir esos mismos hechos en la acción de tutela, al ser ellos, precisamente, los que dan cuenta de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. No puede aducirse como razón de la improcedencia de la tutela en estos casos, que como ya se analizaron y debatieron esos hechos en el procedimiento ordinario, no es posible volver a plantear esos mismos hechos. Por cuanto, lo que hace viable esta acción constitucional es la no existencia de mecanismos idóneos y eficaces de defensa. Luego si de después de intentada esa vía ordinaria la violación persiste o se mantiene es completamente válido acudir a la acción de tutela, para proteger los mismos derechos que fueron desatendidos en la vía judicial correspondiente y que su juez no quiso proteger. Además, la Corte estima que negar la procedencia de la tutela en estos casos, comporta negar que el juez, como autoridad pública, puede vulnerar los derechos fundamentales. Y esta vulneración, también puede producirse al final del proceso, esto es, una vez agotados todos los recursos que la vía ordinaria previa. Luego, predicar la improcedencia de la acción de amparo en estos eventos, implica recortar y desnaturalizar esta acción, puesto que si en una actuación judicial, así sea definitiva, si incurre en una vía de hecho, y no existe otra vía de defensa la tutela procede como mecanismo de defensa, tal como ya lo tiene definido la consolidada jurisprudencia que sobre esta materia ha vertido esta Corporación desde sus inicios.

En este orden de ideas, la Corte considera que la procedencia de la acción de tutela se justifica, aún más, cuando los recursos en la vía ordinaria deben ejercerse ante al mismo juez. En este sentido, quien no ha protegido un derecho fundamental o lo ha violado es muy difícil que confiese su violación, pues nadie confiesa que no protegió o vulneró un derecho, y mucho menos en un incidente especial, decidido por el mismo juez que los vulneró. Así, el proceso “ordinario” se muestra exiguo en garantías, haciendo procedente, con mayor razón, la acción constitucional de tutela, por resultar precaria la defensa del derecho fundamental en este evento, pues, es evidente la depreciación de las garantías procesales en estas circunstancias, por la disminución de la imparcialidad del juez que debe decidir sobre su propia actuación, por no tener superior jerárquico. Para esta Corporación es viable entrar en el análisis de fondo del presente caso, habida consideración que el actor no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial y ejerció esa medio de defensa en medio de limitaciones insalvables. En efecto, si bien utilizó el único recurso previsto en la vía judicial correspondiente, como es el recurso extraordinario de revisión, no logró el amparo solicitado. Lo que hace procedente la tutela en este evento, por dos razones, la primera, es que por tratarse de una decisión judicial definitiva, no existe mecanismo de defensa judicial distinto a la acción de amparo constitucional, para lograr la protección de los derechos que dice vulnerados. Que haya expuesto por esa vía, los y hechos y razones que ahora intenta, no le impide acudir a la acción de tutela, porque ella está prevista para la protección inmediata y eficaz de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, incluidos los jueces, sin importar que la decisión con la que vulnera o amenaza un derecho fundamental sea definitiva.

La segunda razón, es que el recurso extraordinario de revisión en caso de pérdida de investidura de los congresistas debe ejercerse ante la misma autoridad que supuestamente vulneró el derecho fundamental, por cuanto, como quedó dicho, quien no ha protegido un derecho fundamental o lo ha violado es muy difícil que confiese su violación, pues nadie confiesa que no protegió o vulneró un derecho, y mucho menos al resolver un recurso especial como es la pérdida de investidura de un alto servidor del Estado, como es un congresista. Por tanto, ejercer el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales en estas condiciones precarias, hace más evidente que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales puede persistir después de su utilización, lo que justifica aún más, la procedencia de la acción de tutela. Adicionalmente la Corte considera que el recurso extraordinario de casación, equivalente en los procesos de pérdida de investidura al recurso de revisión, es resuelto por un juez distinto a aquél a quien correspondía velar por la protección del derecho fundamental. Por tanto, la garantía de imparcialidad está garantizada por tratarse de juez distinto. Sin embargo, cuando las diversas Salas de la Corte Suprema de Justicia no protegen tales derechos, o incurren ellas mismas en su amenaza o violación, la Corte Constitucional ha estimado que la acción de tutela es procedente así se trate de sentencias judiciales definitivas y del máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria. Análogos razonamientos caben en el caso del recurso extraordinario de revisión en los eventos de pérdida de investidura, pues la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado está en igual predicamento.

Alcance de la causal de pérdida de investidura contemplada en el inciso 1° del artículo 180 de la Constitución: la prohibición a los congresistas de desempeñar cargos o empleos públicos o privados no les impide desarrollar cualquier oficio o actividad. En ese orden, los oficios o labores que no involucren vínculos jurídicos contractuales o legales y reglamentarios no están cubiertos por la referida prohibición. Así, bien puede un congresista, por afición, realizar actividades o labores de pintor, o de músico, o dedicarse al cuidado de las plantas, o de sus hijos o de sus nietos, u otras labores, sin ningún vínculo de dependencia contractual con nadie en el orden laboral, casos en los cuales a nadie se ocurriría pensar que se desempeña un cargo. Afirmar lo contrario supondría coartar el libre desarrollo de la personalidad de las personas que desarrollan el oficio de congresista, que para poder cumplir esas tareas tendrían que renunciar a actividades propias de toda persona, pues, éstas quedarían cubiertas por esa prohibición. De suerte que por muy alta y ponderada que sea la función legislativa, no puede pretender desnaturalizar al ser humano, impidiéndole que satisfaga necesidades e intereses propios de su condición. Además, es imposible privarlos de ciertos oficios, labores o actividades, que por más que se busque garantizar su dedicación exclusiva a la labor de congresista, es inevitable que las cumpla. Por tanto, sólo los oficios que supongan vínculos laborales pueden considerarse que constituyen la prohibición a los congresistas de desempeñar cargos o empleos públicos o privados, contenida en el numeral 1° del artículo 180 de la Constitución Política.

En la Asamblea Nacional Constituyente tampoco se otorgó un alcance omnicomprensivo a la causal de pérdida de investidura por desempeñar empleo público o privado. La Corte Constitucional concluye que todo cargo o empleo implica un oficio, pero no todo oficio implica cargo o empleo.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se incurre en vías de hecho. Esta Corte desde sus inicios ha reiterado la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se incurra en vías de hecho. En efecto, con la expedición del Decreto 2591 de 1991, en su artículo 11, se establecía la posibilidad de instaurar acciones de tutela contra providencias judiciales, en las condiciones antes anotadas. Disposición que fue retirada del ordenamiento jurídico al proferirse la sentencia C–543 de 1992, con ponencia del doctor José Gregorio Hernández Galindo, pero dejó abierta la posibilidad de acudir a la protección constitucional contra providencias judiciales, cuando en estas se incurra en vías de hecho. A partir de ese momento, esta Corte ha construido una muy sólida jurisprudencia, en que se ha distinguido claramente las clases de defectos en que se puede incurrir al proferirse una decisión judicial. Fue así como esta Corporación en la sentencia SU – 1185 de 2001, manifestó:

“En punto a su configuración material, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la vía de hecho judicial adquiere tal carácter, siempre que la actuación procesal se encuentre incursa en un defecto orgánico, sustantivo, fáctico o procedimental. Según la propia hermenéutica constitucional, se presenta un defecto orgánico cuando la autoridad que dirige el proceso y profiere la decisión de fondo, no tiene competencia para ello. Asimismo, el defecto sustantivo se configura cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea por que perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado. Por su parte, el defecto fáctico tiene lugar cuando las pruebas que han sido aportadas al proceso resultan inadecuadas para tomar la decisión, ya sea por ineptitud jurídica o por simple insuficiencia material. Finalmente, los defectos procedimentales se originan en una manifiesta desviación de las formas propias del juicio que conduce a una amenaza o vulneración de los derechos y garantías de alguna de las partes o de los demás sujetos procesales con interés legítimo”.

En cuanto a la vía de hecho por error sustantivo, esta Corporación también ha sostenido que se puede incurrir en él por una indebida interpretación de una determinada disposición normativa. Partiendo del supuesto de que si bien los jueces gozan de autonomía e independencia para interpretar las normar, esta facultad no es absoluta, como no lo son los “poderes en el Estado de Derecho”, puesto que él está limitado por el respeto de los principios y valores cuya realización pretende el orden jurídico en su integridad. De suerte que las interpretaciones que vulneran los derechos fundamentales de los individuos, no merecen el amparo y respeto prodigado por el orden jurídico, por lo que debe ser retirada del mismo, mediante los mecanismos de protección pertinentes. En la sentencia antes citada, esta Corte, sobre la vía de hecho en materia de interpretación, sostuvo:

“Es cierto que al juez de la causa le corresponde fijarle el alcance a la norma que aplica, pero no puede hacerlo en oposición a los valores, principios y derechos constitucionales, de manera que, debiendo seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aquél que en todo se ajuste a la Carta política. La autonomía y libertad que se le reconoce a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar los textos jurídicos, no puede entonces comprender, en ningún caso, aquellas manifestaciones de autoridad que supongan un desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas. Según lo ha expresado la propia jurisprudencia, toda trasgresión a esta regla Superior en el curso de un proceso constituye una vía de hecho judicial, la cual debe ser declarada por el juez constitucional cuando no existan otros medios de impugnación para reparar esta clase de actuaciones ilegítimas, contrarias a los postulados que orientan la Constitución Política”.

Por su parte, en la sentencia C-1026 de 2001, sobre la interpretación que de las normas jurídicas debe hacer el juez, se expresó:

“Si los jueces, por una parte, son los encargados de hacer efectivos los derechos y libertades individuales, y por otra, son los que realizan la labor de aplicación del derecho positivo a la realidad social, entonces puede afirmarse que respecto de ellos, el principio de legalidad cobra una dimensión hermenéutica de gran importancia, en la medida en que durante el desarrollo cabal de sus funciones deben realizar varios ejercicios interpretativos, tanto de la ley, como de las circunstancias fácticas sobre las cuales habrán de decidir. Ahora, es claro que a partir del tránsito constitucional de 1991, con el reconocimiento (en el artículo 4 Superior) del valor normativo intrínseco de la Carta, esa labor de interpretación se debe conducir según los cauces que ha trazado la doctrina constitucional, especialmente en lo relativo a la protección de los derechos fundamentales; en efecto, sólo en la medida en que la labor hermenéutica del juez se ajuste a los dictados constitucionales, puede afirmarse que respeta el principio de legalidad.

“6- De allí se derivan varias consecuencias. Una, el que parte integral de las funciones que compete desarrollar a los jueces es la labor de interpretación, sea de la Constitución, la ley o de otras providencias judiciales. Dos, que las interpretaciones que se salgan notoriamente de los límites que traza la doctrina constitucional, constituyen vías de hecho susceptibles de ser atacadas por vía de la acción de tutela, cuando con ellas se pone en riesgo la vigencia de los derechos fundamentales. Tres, que en todo caso, los funcionarios judiciales mantienen la autonomía que es propia de sus funciones, sin que tal autonomía pueda justificar el desacato de lo dispuesto por el Constituyente, derivando en arbitrariedad.

“7- Está, así, establecido jurisprudencialmente que existen algunos mandatos de índole hermenéutica para los funcionarios judiciales. ¿Cuáles son esas reglas?

“En primer lugar, tal y como se ha reiterado en varias oportunidades, está el principio de interpretación conforme, según el cual todos los mandatos del ordenamiento jurídico se deben interpretar de forma tal que su sentido guarde coherencia con las disposiciones constitucionales. Ello implica varias cosas: primero, que toda interpretación que no sea conforme a la Constitución, debe ser descartada; segundo, que ante dos interpretaciones posibles de una norma, el juez se debe inclinar por aquella que, en forma manifiesta, resulte más adecuada a los mandatos superiores; tercero, que en caso de dos o más interpretaciones que sean, en principio, igualmente constitucionales, el juez, en ejercicio de su autonomía funcional, deberá escoger en forma razonada aquella que considere mejor satisface los dictados del constituyente en el caso concreto.

“8- También esta Corte ha señalado que la autonomía que la Carta "reconoce a la interpretación legal o judicial tiene como límite la arbitrariedad y la irrazonabilidad de sus respectivos resultados" (sentencia C-301/93); esto es, los frutos del ejercicio hermenéutico deben ser razonables. En este sentido, expresó la Corporación que "cuando el efecto de la interpretación literal de una norma conduce al absurdo o a efectos contrarios a la finalidad buscada por la propia disposición, es obvio que la norma, a pesar de su aparente claridad, no es clara, porque las decisiones de los jueces deben ser razonadas y razonables. El intérprete tiene entonces que buscar el sentido razonable de la disposición dentro del contexto global del ordenamiento jurídico-constitucional conforme a una interpretación sistemática-finalista” (sentencia C-011/94)”.

La igualdad es un derecho que se reconoce a todas las personas sin distingos de ninguna naturaleza ya sea por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión opinión política o filosófica. La Constitución prohíbe tratos desiguales a personas que se encuentren ante supuestos de hechos iguales. De manera que hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual, a fin de preservar la igualdad. El Juez Constitucional como garante de la integridad y supremacía de la Constitución y, por ende, de los derechos fundamentales de los individuos, debe resguardar la aplicación irrestricta de este derecho, retirando, ya sea por la vía del control abstracto de inconstitucionalidad o de la revisión de los fallos de tutela, las actuaciones de las autoridades que proporcionen a las personas tratos discriminatorios, así como las que establezcan privilegios a su favor, con el propósito indeclinable de mantener la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales. Obligación que corresponde, además, a todas las autoridades públicas.

T-027/04

Está demostrado que el Juez accionado condenó al actor a 28 meses de prisión por hechos que éste no cometió y aunque acepta la situación, insiste en mantener la condena y la consiguiente orden de captura, hasta que resuelva en contrario el juez de revisión

El actor no puede ser obligado a iniciar una acción de revisión, con miras a que el Estado pueda enmendar los errores cometidos dentro de la investigación y definición de la causa criminal que lo condenó por una conducta que no cometió, porque el nombrado es titular del derecho inalienable a la libertad, y la acción de tutela fue establecida para restablecerlo, en forma inmediata. Como el Juez Quince Penal del Circuito condenó al actor sin verificar la identidad de quien realizó la conducta punible y aunque acepta su error insiste en mantener la decisión, la sentencia de instancia será revocada, para en su lugar anular el proceso en cuestión, en lo atinente al actor –salvo el material probatorio recaudado-, porque la acción de revisión, además de tratarse de un trámite que el aludido no está obligado a soportar, no le proporciona la protección inmediata que su situación requiere.

T-205/04

En los casos de reestructuración de pasivos de entidades públicas, la Administración tiene el deber de acudir previamente ante el juez laboral cuando quiera que sea necesario suprimir un cargo que viene siendo ocupado por un trabajador aforado

Contra las decisiones arbitrarias y caprichosas de los funcionarios judiciales que sin fundamento objetivo y razonable contradigan los parámetros constitucionales con la consecuente vulneración de derechos fundamentales, se podrá formular el amparo de tutela con la debida demostración del yerro en el que se incurrió en la providencia judicial. A la Corte le corresponderá verificar la existencia del vicio alegado por el accionante, sin que por ello se dé lugar a una intromisión arbitraria en la esfera de competencia del juez de conocimiento; pero no podrá definir la cuestión litigiosa de forma concluyente. El examen se limitará a constatar la existencia de situaciones irregulares desde una perspectiva sustantiva, fáctica, orgánica o procedimental, y una vez advertidos, adoptar las medidas que le están dadas expedir en la órbita de su competencia constitucional. En los casos de reestructuración de pasivos de entidades públicas, la Administración tiene el deber de acudir previamente ante el juez laboral cuando quiera que sea necesario suprimir un cargo que viene siendo ocupado por un trabajador aforado. Así pues, el funcionario judicial determinará si el proceso de reestructuración constituye o no una justa causa para levantar la garantía constitucional del fuero a un dirigente sindical. No tramitar previamente una autorización judicial para despedir al trabajador aforado, incluso en los casos de reestructuración de pasivos, constituye una omisión que genera una vulneración al debido proceso y a los derechos de asociación, libertad y fuero sindicales.

T-778/04

Causales especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Como ha sido suficientemente reiterado, la acción de tutela procede contra providencias judiciales en circunstancias excepcionales. Estas circunstancias han sido definidas, dentro de la dogmática de la acción de tutela, como una serie de causales especiales de procedibilidad que se han desarrollado como una forma de conciliar los propósitos de protección de los derechos fundamentales con el ámbito de protección de los principios constitucionales de autonomía funcional de los jueces y seguridad jurídica. Bajo esta directriz se ha concluido que la protección de los derechos fundamentales por la vía de la acción de tutela, con ocasión de la actividad jurisdiccional, debe estar sometida a un régimen especial de procedibilidad.

Para ello la jurisprudencia constitucional ha consolidado la doctrina de los requisitos especiales de procedibilidad para valorar la viabilidad o no de la acción de tutela en estos casos. La idea de estos requisitos especiales tiene su origen en uno de los elementos estructurales de la doctrina jurisprudencial de la vía de hecho judicial conocida como la “teoría de los defectos”. Ahora bien, su definición como requisitos especiales de procedibilidad sólo aparece a partir de la sentencia T-441 de 2003, reiterada en las sentencias, T-461 T-462, T-589 y T-685 de 2003. En dichas oportunidades la Corte redefinió los llamados “defectos” bajo la idea de que los mismos constituyen causales especiales de procedibilidad. De esta manera los tradicionales defectos (orgánico, procedimental, fáctico y sustantivo) han sido comprendidos como parte integrante del régimen de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Finalmente, y a partir de la experiencia jurisprudencial de la Corte sobre el punto, a estas causales se han sumado otras: el error inducido; la decisión inmotiva, el desconocimiento del precedente y la violación directa de la Constitución. Estas causales fueron definidas en la sentencia T-462 de 2003 como sigue:

“En primer lugar, se encuentran los casos en los cuales la violación de la Constitución y la afectación de derechos fundamentales es consecuencia del desconocimiento de normas de rango legal o infralegal, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes. Estas situaciones corresponden a los denominados por la Jurisprudencia constitucional defectos sustantivo, orgánico y procedimental como circunstancias que afectan la juridicidad de las providencias judiciales.

En segundo lugar, se encuentran aquellos casos en los que la vulneración de los derechos fundamentales se presenta con ocasión de problemas severos relacionados con el soporte probatorio de los procesos, como cuando se omiten la práctica o el decreto de pruebas, o cuando se presenta una indebida valoración de las mismas por juicio contraevidente o porque la prueba es nula de pleno derecho. Estas situaciones han sido definidas por la Corte como vicios de las providencias conocidos como constitutivas de un defecto fáctico.

A partir de la identificación de estos defectos se definió originariamente el concepto de vía de hecho judicial y se construyó una dogmática más o menos comprensiva de las hipótesis de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, teniendo siempre como punto de referencia el concepto de vía de hecho. Sin embargo, de la evolución jurisprudencial en la materia a estas hipótesis vendrían a sumarse otras que han venido a incorporar el nuevo listado de causales de procedibilidad en comento.

Así, en tercer lugar, se encuentran las situaciones en las cuales la violación de los derechos fundamentales por parte del funcionario judicial es consecuencia de la inducción en error de que es víctima por una circunstancia estructural del aparato de administración de justicia, lo que corresponde a lo que la jurisprudencia ha denominado vía de hecho por consecuencia.

En cuarto lugar, se encuentran las situaciones en las cuales la providencia judicial presenta graves e injustificados problemas en lo que respecta a la decisión misma y que se contraen a la insuficiente sustentación o justificación del fallo y al desconocimiento o la inadvertencia del precedente judicial en la materia.

En quinto lugar, se encuentran las situaciones en las cuales el juez incurre en una violación directa de la Constitución y desconoce el contenido de los derechos fundamentales de alguna de las partes. Se trata de los casos en los cuales la decisión del juez se apoya en la interpretación de una disposición en contra de la Constitución o cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución siempre que se presente solicitud expresa de su declaración, por alguna de las partes en el proceso.”

Por estas razones, es inaceptable la tesis expuesta por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según la cual, no procede la acción de tutela contra providencias judiciales.

T-1189/04

La vía de hecho por la omisión de notificación al procesado privado de la libertad

En diversos pronunciamientos esta Corporación ha señalado que la omisión de las autoridades judiciales en notificar debidamente las actuaciones del proceso constituye una violación al debido proceso de tal gravedad, que da lugar a una nulidad procesal que, de no ser declarada, implica la configuración de una vía de hecho. Esto por cuanto la falta de notificación impide al procesado ejercer su derecho de defensa. Nuevamente se ha configurado lo que jurisprudencia ha venido en llamar una“vía de hecho consecuencial”, originada por la negligencia del Estado en el cumplimiento de su deber de mantener actualizada y circulando la información relativa a la privación de la libertad de las personas que están siendo investigadas o juzgadas por el aparto judicial.

T-039/05

Jurisprudencia constitucional sobre la procedencia de la tutela con respecto a providencias judiciales que configuren vías de hecho

En la sentencia C-543 de 1992, citada como precedente aplicable al presente caso por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, normas que regulaban el ejercicio de la acción de tutela contra sentencias judiciales, por considerar que desconocían las reglas de competencia fijadas por la Constitución Política y afectaban el principio de seguridad jurídica. No obstante, contrario a lo que afirma la Sala de Casación Laboral, la decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional no se adoptó en términos absolutos, y previó casos en los cuales, de forma excepcional, la acción de tutela es procedente contra actuaciones que aunque en apariencia estuvieran revestidas de formas jurídicas, en realidad implicaran una vía de hecho. Al respecto dijo la Sala Plena en la sentencia C-543 de 1992,

“(…) nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991). En hipótesis como éstas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia.”

Las distintas Salas de Revisión de la Corte Constitucional, atendiendo a la fuerza vinculante de los fallos de constitucionalidad erga omnes, han aplicado en casos concretos el precedente recientemente citado. Así, por ejemplo, puede citarse la sentencia T-158 de 1993, en la que la Sala Novena de Revisión de la Corte decidió confirmar la decisión de la Sala Civil del Tribunal Superior de Popayán de conceder el amparo solicitado por el accionante en razón a que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, se quebrantó el derecho fundamental del debido proceso al negar el recurso de apelación exigiéndose un requisito inexistente en el Código de Procedimiento Civil. Otro ejemplo se encuentra en la sentencia T-173 de 1993, en la que se consideró que “la violación flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque pretenda cubrirse con el manto respetable de la resolución judicial, puede ser atacada mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los presupuestos contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro medio al alcance del afectado para la defensa de su derecho.”

Esta doctrina constitucional también ha sido precisada y reiterada en varias sentencias de unificación proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional. Por ejemplo, en la sentencia SU-1184 de 2001, se dijo lo siguiente:

“La Corte Constitucional ha construido una nutrida línea de precedentes en materia de tutela contra providencias judiciales, bajo las condiciones particulares de lo que se ha denominado la vía de hecho. No es de interés para este proceso en particular hacer un recuento de dicha línea de precedentes. Baste considerar que sus elementos básicos fueron fijados en la sentencia T-231 de 1994, en la que se señaló que existe vía de hecho cuando se observan algunos de los cuatro defectos: sustantivo, orgánico, fáctico y procedimental.”

Esta Corporación ha determinado, así mismo que “cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos constitucionales de la persona”, por lo cual sus actuaciones, manifiestamente contrarias a la Constitución y a la Ley, no son providencias judiciales sino en apariencia. En realidad son vías de hecho, frente a las cuales procede la tutela, siempre y cuando se cumplan los otros requisitos procesales señalados por la Constitución, a saber que se esté vulnerando o amenazando un derecho fundamental, y la persona no cuente con otro medio de defensa judicial adecuado. Así, al respecto ha dicho esta Corporación:

"No es la apariencia de una decisión, sino su contenido, lo que amerita la intangibilidad constitucionalmente conferida a la autonomía funcional del juez. Hay que distinguir entre providencias judiciales y las vías de hecho. Las primeras son invulnerables a la acción de tutela en cuanto corresponden al ejercicio autónomo de la decisión judicial y respecto de las cuales existen, dentro del respectivo proceso, los medios de defensa judiciales establecidos por el ordenamiento jurídico. Las segundas son apariencias de providencias judiciales que vulneran los derechos básicos de las personas. De suerte que la violación de la Constitución Política por parte de la autoridad judicial puede ser atacada mediante la acción de tutela, siempre y cuando se cumplan los presupuestos contemplados en el artículo 86 de la Carta y no exista otro medio de defensa judicial para la adecuada protección del derecho fundamental lesionado."

Estas vías de hecho judiciales son impugnables por la vía de la tutela por cuanto, en general, vulneran el debido proceso (CP art 29) y el acceso a la justicia (CP art. 229). En efecto, el derecho al debido proceso se aplica a todas las actuaciones judiciales (art. 29 C.P.) y es desarrollo del derecho de toda persona natural o jurídica para acceder a la administración de justicia (art. 229 C. P.); esta forma de acceso incluye la oportunidad de recibir tratamiento justo por parte de los jueces y magistrados, lo cual implica la prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P.) y la oportunidad de defenderse, es decir, que la justicia valore las pruebas y los razonamientos pertinentes. Así, la Corte ha dicho que "la vía de hecho judicial, en la forma y en el fondo, equivale a la más patente violación del derecho a la jurisdicción".

No obstante lo anterior, las vías de hecho no siempre dan lugar a la acción de tutela, porque, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, para que proceda la acción contra providencias que presentan en su contenido el vicio de las vías de hecho, deben concurrir los siguientes requisitos:

Que la conducta del agente carezca de fundamento legal. Dado que la ley es el principio de toda actuación que realice cualquier autoridad pública, ésta no puede, por ende, extralimitarse en el ejercicio de sus funciones.

Que la acción obedezca a la voluntad subjetiva de quien desempeña la autoridad judicial. La Corte ha dicho que dado que en sistema jurídico colombiano, la determinación subjetiva del juez no produce efectos jurídicos, sino que debe obedecer a la objetividad legal para que su acto este totalmente legitimado. Lo anterior no quiere decir que el Juez no cuente con la potestad de interpretar las normas adecuándolas a las circunstancias reales y concretas. Sin embargo, “lo que nunca puede hacer es producir efectos jurídicos con base en su voluntad particular, ya que sólo la voluntad general determina el deber ser en el seno de la comunidad, donde prima el interés general.

Que tenga como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales, de manera grave e inminente. La actitud ilícita del juez debe violar los derechos y el orden legal grave e inminentemente, para de esta manera justificar la acción inmediata por parte del Estado para que no se produzca el efecto ilícito. La inminencia debe entenderse como “la evidente probabilidad de una consecuencia negativa e ilícita producida por la actuación judicial.”

Que no exista otra vía de defensa judicial, o que, existiendo, se interponga la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o que el examen particular que realice el juez de tutela verifique que la otra vía, en cuanto a su eficacia, no es la más adecuada para la protección inmediata del derecho fundamental violado o amenazado.

Recientemente la Corte ha anotado que la expresión “vía de hecho” no pretende descalificar la conducta del juzgador, lo cual es importante recordarlo en el presente caso habida cuenta de que el lenguaje empleado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, al conceder la tutela, con acierto sitúa la vía de hecho en el plano del control de validez de las providencias judiciales. Sobre la terminología en estas materias ha dicho la Corte Constitucional:

“(…) el concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente acción de tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional. La Corte ha decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en los que originalmente se fundaba la noción de vía de hecho. Actualmente no “(…) sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desbor¬da en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución.” En este caso (T-1031 de 2001) la Corte decidió que la acción de tutela procede contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al caso o cuando “su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados”

“Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a remplazar “(…) el uso conceptual de la expresión vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad.” Así, la regla jurisprudencial se redefine en los siguientes términos,

“Por lo anterior, todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales) es constitucional¬mente ad¬mi¬sible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución.”

“Esta posición fue reiterada recientemente en la sentencia T-200 de 2004, caso en el que se confirmó la decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de conceder una tutela por haberse incurrido en una “vía de hecho”. ”


Ahora, del año 2004, resulta pertinente recordar algunos autos de la Sala Plena de la Corte Constitucional en lo correspondiente al no trámite de las acciones de tutela contra providencias judiciales y su no cumplimiento, veamos:

A-004 de 2004

No admisión a trámite por las Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia de las acciones de tutela que se interponen contra providencias judiciales de dichas Salas

Procedencia de la acción de tutela respecto de cualquier autoridad pública. El artículo 86 de la Constitución Política dispone, sin excepción alguna, que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública; y que, en todo caso, se remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en concordancia con lo previsto en el numeral 9 del artículo 241 ibídem. que le asigna como función a la Corte Constitucional la de revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991 reglamentario de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, y que tiene fuerza de ley, dispone que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este decreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial por vía de hecho. Siguiendo lo previsto en el artículo 86 de la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional ha reiterado en innumerables sentencias, tanto de constitucionalidad como de tutela, que ésta procede contra providencia judicial por vía de hecho como garantía de la protección efectiva de los derechos fundamentales de todas las personas y ante la importancia de obtener decisiones unánimes con los parámetros constitucionales. Con el fin de reglamentar el reparto de las acciones de tutela, el Presidente de la República expidió el Decreto 1382 de 2000, que dispone en el numeral 2 del artículo primero que, lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, será repartido a la misma Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4º del mismo decreto.

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Desconocimiento de conformidad con los tratados internacionales y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no admisión a trámite de las acciones de tutela que se interponen contra providencias judiciales de las Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia. CORTE CONSTITUCIONAL. Deber de impedir violación advertida

Si la Constitución Política (art. 86), el Decreto 2591 de 1991 (art. 1º), y el Decreto Reglamentario 1382 de 2000, establecen que la tutela procede contra cualquier autoridad pública y no solo en contra de las autoridades administrativas, y así lo han reiterado la Corte Constitucional en sus sentencias sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales por vía de hecho y el Consejo de Estado en la sentencia anteriormente citada, es evidente que lo resuelto por las diferentes Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia al no admitir a trámite las acciones de tutela que interponen las personas contra providencia judicial proferida por una Sala de dicha Corporación, les vulnera su derecho constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia (C.N., art. 229) y a obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales, de conformidad con los Tratados Internacionales (Convención Americana de Derechos Humanos, art. 25), y las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-11/90, OC-16/99). Le corresponde por lo tanto a la Corte Constitucional, como máximo órgano de la Jurisdicción Constitucional, impedir que continúe la violación advertida, dado que las solicitudes de tutela en los casos en que las diferentes Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia resuelven no admitir su trámite, no pueden quedar sin solución alguna. Pese a lo anterior, no es posible, como regla general, que la respectiva Sala de Selección disponga lo pertinente sin que las tutelas hubieren surtido el trámite propio de las instancias.

ACCION DE TUTELA. Competencia para conocimiento. ACCION DE TUTELA. Accionantes pueden acudir ante cualquier juez en esta situación incluida otra Corporación de igual jerarquía. DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Posibilidad de acudir ante cualquier juez en esta situación incluida otra Corporación de igual jerarquía ante desconocimiento

En estos casos entonces, con fundamento en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991, que dispone que son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud, y con el fin de que las personas logren que se pueda disponer lo pertinente en relación con la revisión de dichas acciones de tutela, los accionantes tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluida otra Corporación de igual jerarquía, solicitando la tutela del derecho fundamental que consideran violado. Es claro que el juez escogido por el actor o actores no podrá suscitar conflicto de competencia con la Corte Suprema de Justicia pues es la autoridad que ya con anterioridad ha resuelto no admitir su trámite. Tampoco podrá negarse la tutela respectiva con fundamento en la temeridad o mala fe del accionante, por cuanto para estos casos, al no existir una decisión de fondo, la vulneración sobreviniente del derecho de acceso a la administración de justicia justifica la nueva interposición de la acción de tutela. Finalmente, es necesario dar un tratamiento igual a otros ciudadanos que puedan encontrarse en la misma situación aquí advertida. Por ello, para los casos en que exista la misma situación de vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y la no tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales, los ciudadanos tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluyendo una Corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar mediante una acción de tutela la protección del derecho fundamental que consideran violado con la actuación de una Sala de casación de la Corte Suprema de Justicia.

Auto 010 de 2004

Intervención y adopción de decisiones directamente por la Corte Constitucional que aseguren el cumplimiento de sus fallos ante renuencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia

La jurisdicción constitucional. Objetivos y funcionamiento. De acuerdo con la doctrina especializada , la creación de una jurisdicción constitucional, y es ésta la razón de su institucionalización en un gran número de países del mundo, incluido por supuesto Colombia, responde a la necesidad de controlar y limitar el ejercicio del poder político en beneficio de la normatividad de la Constitución y, especialmente, al propósito inaplazable e imperioso de garantizar el ejercicio legítimo de los derechos humanos fundamentales que han sido declarados y sancionados por la Carta y por el propio orden internacional, los cuales constituyen, sin lugar a dudas, la base de toda comunidad organizada, de la paz, de la convivencia pacífica y de la justicia. La jurisdicción constitucional no es consecuencia de un simple capricho jurídico o académico, sino básicamente el resultado de la evolución de procesos políticos y necesidades sociales específicas, que han encontrado en ella el mecanismo de afianzamiento de una nueva forma de Estado de libertad, o el dispositivo de perfeccionamiento jurídico de una democracia consolidada. Por su intermedio se busca conformar un sistema de defensa de la Constitución, impidiendo que la violación directa de la misma o el desconocimiento de sus reglas pase inadvertido o quede sin explicación alguna. Dicha jurisdicción, no es cosa distinta que una consecuencia necesaria y obvia del carácter normativo de la Carta - pilar fundamental del proceso político y de la vida social -, llamada a dirimir las controversias que se susciten entre los ciudadanos y el Estado a través de la aplicación de la justicia constitucional.

En este sentido se han expresado, entre otros, el tratadista Pablo Lucas Verdú , al sostener que a través de la jurisdicción constitucional se cumple y garantiza el orden fundamental, ya que se aplican a casos concretos las normas constitucionales, se precisa y aclara el ámbito de aplicación de dichas normas, se asegura la observancia de la ley superior que prevalece sobre la norma ordinaria y, en gran medida, se va conformando e integrando el derecho constitucional. También el profesor Mauro Cappelletti ha destacado la importancia de la jurisdicción constitucional en el sistema jurídico contemporáneo, afirmando que las declaraciones de derechos dejan de ser simples proclamaciones filosóficas y retóricas, cuando su aplicación efectiva y real se le confía a órganos independientes de los poderes políticos. Coincidiendo con el alcance que le ha fijado la doctrina nacional e internacional, en reciente pronunciamiento esta Corporación se refirió a la jurisdicción constitucional, como “aquella que esta instituida para asegurar el respeto de las normas básicas constitucionales, tanto las orgánicas como las dogmáticas y, por supuesto, las tendientes a la convivencia pacífica y a la garantía de los derechos fundamentales”; lo que implica a su vez, “asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos (leyes, sentencias, actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principios y derechos” .

No sobra recordar que la justicia constitucional encuentra su origen remoto en el sistema anglonorteamericano de control difuso, inicialmente en Inglaterra con la Sentencia de la Corte de 1610 presidida por sir Edward Coke, en la que se dio aplicación preferente al derecho común fundamental -common law- sobre el derecho secundario o legal -statutary law-; y posteriormente en Estados Unidos con la sentencia de 1803 del Tribunal Supremo, donde a iniciativa del juez federal John Marshall se tomó la decisión de inaplicar una ley por resultar contraria a la Constitución Norteamericana. Esto último se conoce como el principio de la “Judicial Review” o derecho de los jueces a controlar la constitucionalidad de la las leyes, el cual, aun cuando no estaba consagrado expresamente en la Constitución Federal de 1877, de acuerdo con el citado fallo sí estaba implícito en dos de sus preceptos: en el artículo III, Secc. 2, al consagrar éste que “El poder judicial se extenderá a todos los casos, en derecho y equidad, que surjan bajo esta Constitución...”; y en el artículo VI, secc. 2, cuando dispone que “esta constitución...será la suprema ley del país... y los jueces de cada Estado estarán obligados a observarla...” .

En Europa, dentro de la concepción moderna de constitucionalismo, por supuesto que la institución fue objeto de grandes avances y desarrollo. Si bien el Estado liberal y la soberanía parlamentaria imperantes en ese continente retrasaron el surgimiento de la justicia constitucional, a finales del siglo XIX, con ocasión de la aparición de los Estados confederados europeos, surgió la idea de instituir un tribunal especial que resolviera sobre la validez de las leyes estatales que entraran en contradicción con la normatividad confederada; idea que se vio fortalecida más adelante por el paradigma kelseniano - plasmado en la Constitución Austriaca de 1920- de crear un tribunal constitucional a la manera de legislador negativo, encargado de asegurar la supremacía del Estatuto Fundamental en cada país - control concentrado -. A mediados del siglo XX, en la Europa de entreguerras, la concepción de un órgano especial de constitucionalidad mantuvo vigencia pero con modificaciones estructurales, debido a la crisis institucional generada por los movimientos de corte fascista, quienes en ejercicio de su poder político y militar incurrieron en el desconocimiento sistemático de los derechos humanos. Con este último antecedente, la justicia constitucional en Europa se consolido como guardiana de la Constitución, pero no sólo desde la perspectiva de ejercer un control abstracto sobre los poderes públicos, sino también como garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Ahora bien, dentro del contexto que la identifica como el instrumento de equilibrio de poderes y como el medio eficaz de hacer efectivo los derechos fundamentales, en Colombia, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 91, como órgano supremo de dicha jurisdicción se encuentra la Corte Constitucional, con fundamento en el artículo 241 de la Carta que le ha confiado a ella “la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”. En cumplimiento de ese objetivo, la norma citada le asigna competencia exclusiva y excluyente para ejercer el control abstracto de constitucionalidad de los actos reformatorios de la Constitución y de las leyes en sentido formal y material - entre otras competencias -, y para ejercer un control concreto mediante la revisión eventual de las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos fundamentales y de los directamente conexos con ellos. Acorde con una interpretación armónica y sistemática de la Constitución Política (arts. 86, 88, 89, 237 y 241) y de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996 y Ley 585 de 2000), la jurisprudencia de esta Corporación viene sosteniendo que, desde el punto de vista estrictamente funcional, la jurisdicción constitucional no solo esta integrada por la Corte Constitucional, que en todo caso se constituye en el máximo tribunal de esa jurisdicción, sino también por el Consejo de Estado -que en forma residual ejerce un control abstracto de constitucionalidad dentro de la llamada acción de nulidad por inconstitucionalidad- y por todos los jueces y corporaciones de justicia que tienen a su cargo el conocimiento de las acciones de tutela y de las demás acciones y recursos que han sido estatuidas para hacer efectivos los derechos constitucionales.

En lo que se refiere específicamente al mecanismo de amparo y protección de los derechos fundamentales, es decir, a la acción de tutela, ésta se ejerce y desarrolla a través de la jurisdicción constitucional, la cual, como ya se mencionó, por expresa disposición superior la integran todos los jueces de la República (art. 86), quienes a su vez “son jerárquicamente inferiores a la Corte Constitucional”, por cuanto dicho Tribunal actúa como órgano límite o de cierre de esa jurisdicción, a través de la revisión de las decisiones judiciales que por la vía del amparo se profieran; atribución que ejerce la Corte en forma libre y discrecional “con el fin de unificar la jurisprudencia sobre la materia y de sentar bases sólidas sobre las que los demás administradores de justicia se puedan inspirar al momento de pronunciarse acerca de los derechos fundamentales dentro del ordenamiento jurídico colombiano”

Los fallos de tutela. Su cumplimiento y el procedimiento para hacerlos efectivos. Según lo ha venido señalando esta Corporación, aun cuando el artículo 86 Superior le otorgue a la acción de tutela un carácter subsidiario y residual frente a los medios ordinarios de defensa, la misma se constituye en el principal y más efectivo mecanismo de protección de los derechos constitucionales fundamentales y de los directamente conexos con éstos, no solo por el hecho de haber sido concebida con el propósito específico de garantizar la vigencia efectiva de tales derechos, sino además, por las condiciones especiales que el ordenamiento jurídico le ha reconocido para asegurar su eficaz ejercicio y desarrollo. La consagración de la acción de tutela, como medio judicial especial para la defensa de los derechos y libertades fundamentales de los nacionales y extranjeros en Colombia, ha venido a constituir, sin lugar a dudas, una de las innovaciones y de los logros más importantes atribuidos a la reforma constitucional de 1991. Las condiciones en que ha sido concebida buscan garantizar que, en forma ágil y oportuna, el funcionamiento del Estado se de dentro de las pautas trazadas por la voluntad constituyente, evitando que las autoridades públicas utilicen el poder para servir a intereses que no sean los propios de la comunidad y de cada uno de sus miembros, desconociendo las garantías ciudadanas reconocidas por la Constitución.

Como es sabido, por disposición del constituyente, el objeto de la acción de tutela se concentra en brindar una protección “inmediata” de los derechos fundamentales, cuando éstos han sido violados o amenazados por “cualquier autoridad pública” o por los particulares en los casos que determine la ley. Examinada desde esa óptica, comporta el medio judicial expedito para salvaguardar tales garantías del uso arbitrario del poder, sin que resulte relevante la autoridad de la cual procede la afectación - administrativa, legislativa o judicial -, ya que el amparo constitucional es predicable de todos los servidores del Estado sin excepción, e incluso, según se expresó, de ciertos particulares. Para cumplir su finalidad, la propia Constitución Política (art. 86) establece como reglas básicas, las siguientes: (i) que el procedimiento que corresponde a esta acción sea preferente y sumario; (ii) que la acción pueda ser interpuesta directamente por la persona afectada o por quien actúe a su nombre; (iii) que pueda promoverse en todo momento y lugar ante cualquier juez de la República, incluyendo los altos tribunales - con excepción de la Corte Constitucional -; y (iv) que sea fallada por la autoridad judicial competente dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud. Igualmente, prevé el precitado ordenamiento (v) que en caso de accederse a la tutela, la decisión debe consistir en una orden para que aquel respecto de quien se ha interpuesto el amparo actúe o se abstenga de hacerlo; y (vi) que el fallo es de inmediato cumplimiento, sin perjuicio de que pueda ser impugnado y posteriormente sometido al trámite de la Revisión eventual ante la Corte Constitucional.

De acuerdo con tal régimen jurídico y teniendo en cuenta el objetivo que persigue el recurso de amparo constitucional, es claro que las órdenes contenidas en las decisiones de tutela, dirigidas a la protección de los derechos, tienen que acatarse y cumplirse sin excepción. La autoridad o el particular que haya sido declarado responsable de la amenaza o violación, debe cumplir la orden encaminada a la protección de los derechos fundamentales en los términos que lo indique la sentencia y en el plazo allí señalado. El incumplimiento de la decisión conlleva una violación sistemática de la Carta. Por una parte, en cuanto frusta la consecución material de los fines esenciales del Estado, como son la realización efectiva de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta, el mantenimiento de la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (Preámbulo, arts. 1° y 2°). Y por la otra, en cuanto dicha omisión contraría, además de las normas constitucionales que regulan la acción de tutela y el derecho infringido, también aquellas que reconocen en el valor de la justicia y en los derechos al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, pilares fundamentales del modelo de Estado Social de Derecho (arts. 29, 86 y 230).

Tratándose de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, su violación se consuma en estos casos, en razón a que el incumplimiento del fallo de tutela no permite consumar el objetivo propuesto con su consagración constitucional, cual es “el compromiso estatal de lograr, en forma real y no meramente nominal, que a través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden jurídico y se protejan las garantías personales que se estiman violadas” . En ese mismo marco, el desconocimiento de una sentencia de tutela que se encuentre en firme, sea dictada por el juez de instancia o por la Corte Constitucional en Revisión, también contraviene notablemente el valor de la cosa juzgada constitucional y con ello la seguridad jurídica que le es inmanente, ya que la omisión de su cumplimiento afecta la garantía de confianza que tienen los ciudadanos sobre cuál ha de ser la actuación de las autoridades o de los particulares frente a situaciones derivadas de la aplicación del derecho vigente; particularmente, de la aplicación del derecho emanado directamente de la Constitución Política.

Según lo ha sostenido esta Corporación , la garantía del cumplimiento de las órdenes a través de las cuales se concede el amparo de derechos fundamentales amenazados o violados, ya sea que provenga de los jueces de instancia o de la propia Corte Constitucional, además de tener un claro fundamento constitucional, también encuentra un hondo respaldo en el derecho internacional sobre derechos humanos. Así, por citar tan sólo algunos ejemplos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 2°) y la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 25), incorporados al orden interno mediante las Leyes 74 de 1968 y 16 de 1972, respectivamente, además de exigirle a los Estados partes la implementación de un recurso sencillo, efectivo y breve que ampare los derechos fundamentales, también los obliga a “garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”. Cabe destacar que, en Colombia, para el efectivo cumplimiento de los fallos de tutela, el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de esta acción, ha establecido un procedimiento específico y concordante con el espíritu de las normas constitucionales que regulan la materia (arts. 86 y 241), pues, en palabras de la Corte, “no tendría sentido que en la Constitución se consagraran derechos fundamentales si, aparejadamente, no se diseñaran mecanismos por medio de los cuales dichos derechos fuesen cabal y efectivamente protegidos.”

En esa línea, el artículo 3° del citado estatuto se refiere a los principios que gobiernan el trámite de la acción de tutela, señalándose que ésta debe desarrollarse con arreglo a los principios de “publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia”; los cuales a su vez - lo dijo esta Corporación- “guardan una relación directa con la orden urgente que debe dar una sentencia cuando reconoce que se ha violado un derecho fundamental” , y además, en virtud de la informalidad, permiten la utilización por parte del juez de “procedimientos no registrados, siempre y cuando apunten a que se haga efectivo el derecho material” . Por su parte, los artículos 23, 27 y 52 del mismo decreto se refieren al contenido que deben tener los fallos de tutela, a las garantías de su cumplimiento y a las sanciones derivadas de su eventual inobservancia.

En ese orden, El primero (art. 23) establece que cuando la solicitud vaya dirigida contra una acción de autoridad, el fallo que concede la tutela tendrá por objeto “garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho, y volver al estado anterior a la violación, cuando fuere posible”. Asimismo, destaca que si lo impugnado es la denegación de un acto o una omisión, el fallo tendrá que ordenar su realización o desarrollar la acción adecuada, y en caso de que la autoridad no expida el acto administrativo, el juez deberá disponer lo necesario “para que el derecho sea libremente ejercido sin más requisitos”. En el evento de tratarse de una actuación material, o de una amenaza, le impone al juez el deber de ordenar su inmediata cesación así como evitar toda nueva amenaza, violación, perturbación o restricción. En su último inciso, la norma le otorga competencia al juez para que, de todas maneras, establezca los demás efectos del fallo según las condiciones imperantes en el asunto sometido a juicio.

El segundo (art. 27) dispone que una vez proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio lo deberá cumplir sin demora, precisando que si ello no ocurre, el juez debe dirigirse al superior del responsable para que lo haga cumplir y abra el respectivo proceso disciplinario en su contra. Si el superior no procede conforme a lo ordenado, la norma le permite a la autoridad judicial ordenar que se abra proceso disciplinario en su contra y “adopta[r] directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo”, pudiendo sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que den cumplimiento al fallo. Prevé el precepto en cita que, en todo caso, “el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”.

Finalmente, el tercero (art. 52) se ocupa del incidente de desacato, ordenando que quien incumple la orden judicial de tutela será sancionado “con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales…”; sanción que debe imponer el mismo juez de amparo mediante trámite incidental, y que será consultada al superior jerárquico quien le compete decidir dentro de los tres días siguientes si cabe revocar o no la sanción.

Es de precisarse, siguiendo el contenido de los anteriores preceptos, que la garantía y efectividad del cumplimiento de las sentencias de tutela exigen del juez constitucional la adopción de todas las medidas que sean conducentes para obtener la protección real y efectiva de los derechos fundamentales afectados, lo cual debe hacer sin perjuicio de las sanciones que imponga a las autoridades incumplidas por haber incurrido en desacato. De acuerdo con la interpretación constitucional, “resulta perfectamente posible y válido que se adopten las medidas indispensables para garantizar el cumplimiento efectivo de una sentencia de tutela, sin entrar a analizar si es predicable responsabilidad subjetiva de la autoridad que presuntamente incumple una orden tendiente a la protección de los derechos fundamentales” . Y es que, si bien en forma paralela al cumplimiento de la decisión cabe iniciar el tramite de desacato, este último procedimiento no puede desconocer ni excusar la obligación primordial del juez constitucional, cual es la de hacer cumplir integralmente la orden judicial de protección. Como lo afirmó esta Corporación en la Sentencia T-458 de 2003, “el trámite del cumplimiento [del fallo] no es un prerrequisito para el desacato, ni el trámite de desacato es la vía para el cumplimiento. Son dos cosas distintas el cumplimiento y el desacato. Puede ocurrir que a través del trámite de desacato se logre el cumplimiento, pero esto no significa que la tutela no cumplida sólo tiene como posibilidad el incidente de desacato.” Las diferencias entre cumplimiento y desacato fueron fijadas por la Corte en la Sentencia T-744 de 2003, en los siguientes términos:

“i) El cumplimiento es obligatorio, hace parte de la garantía constitucional; el desacato es incidental, se trata de un instrumento disciplinario de creación legal.

ii) La responsabilidad exigida para el cumplimiento es objetiva, la exigida para el desacato es subjetiva.

iii) La competencia y las circunstancias para el cumplimiento de la sentencia se basan en los artículos 23 y 27 del decreto 2591 de 1991. La base legal del desacato está en los artículos 57 y 27 del mencionado decreto. Es decir que en cuanto el respaldo normativo, existen puntos de conjunción y de diferencia.

iv) El desacato es a petición de parte interesada, el cumplimiento es de oficio, aunque

v) Puede ser impulsado por el interesado o por el Ministerio Público.”

Así, independientemente de las sanciones a que haya lugar, la autoridad judicial a quien corresponde velar por la eficacia y efectividad de la orden de tutela, esta en la obligación -irrenunciable- de adelantar todas las gestiones pertinentes y de agotar cada uno de mecanismos judiciales que ofrece el ordenamiento jurídico, para lograr el objetivo de protección inmediata a que hace referencia específica el artículo 86 Superior. El cumplimiento y el desacato son en realidad dos instrumentos jurídicos diferentes, que a pesar de tener el mismo origen -la orden judicial de tutela- y tramitarse en forma paralela, en últimas persiguen distintos objetivos: el primero, asegurar la vigencia de los derechos fundamentales afectados, y el segundo, la imposición de una sanción a la autoridad que ha incumplido el fallo. En consecuencia, tratándose del cumplimiento de la sentencia, el juez analizará en cada caso concreto si se acató la orden de tutela o no, de manera que si la misma no ha sido obedecida o no lo ha sido en forma integral y completa, aquél mantiene la competencia hasta lograr su cabal y total observancia, aun a pesar de estar agotado el incidente de desacato.

Autoridad competente para hacer cumplir los fallos de tutela. La Corte Constitucional está en capacidad de hacer cumplir directamente sus ordenes cuando las mismas no han sido acatadas. Interpretando el contenido de los artículos 37 y 52 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional viene sosteniendo que, como principio general, es competencia de los jueces de primera instancia velar por el cumplimiento de los fallos de tutela, aplicando el procedimiento y las medidas descritas en los artículo 23, 27 y 52 del precitado estatuto, aun en los casos en que la decisión es tomada por el juez de segundo grado o por la Corte Constitucional en sede de revisión. Las razones para afirmar la competencia del a quo en el cumplimiento del fallo de tutela y en el tramite del incidente de desacato, fueron suficientemente explicadas por este Tribunal en el Auto 136A de 2002. En dicha providencia se sostuvo que uno de los motivos tiene que ver con la plena eficacia de la garantía procesal del grado jurisdiccional de consulta, en la medida en que el incidente de desacato prevé una sanción y la consecuente revisión automática por el superior de quien la ordenó, procedimiento que sería nugatorio si el que la impone no tiene superior jerárquico. El segundo se relaciona con el principio de igualdad material, pues si la competencia se determina por las circunstancias del caso concreto, habilitándose al juez que profirió la orden de amparo, se generaría un trato diferencial para las partes ya que mientras en unos casos la competencia estaría en el juez de primera instancia, en otros estaría en el de segunda e incluso en la propia Corte Constitucional. Finalmente, la tercera causa esta basada en el desconocimiento del principio de inmediación que también irradia el proceso de tutela, en el entendido que cuando la competencia para tramitar el desacato recae en el ad quem, éste no se encuentra del todo vinculado con el trámite de la acción.

No obstante lo anterior, ha aclarado la jurisprudencia que el hecho de haberse radicado en cabeza del juez de primera instancia la competencia para velar por el cumplimiento del fallo y tramitar el desacato, no significa, en manera alguna, que la Corte Constitucional no este en capacidad de hacer cumplir directamente sus ordenes cuando las mismas no han sido acatadas. En estas circunstancias especiales, “la Corte conserva una competencia preferente, similar a la de la Procuraduría General de la Nación en el campo disciplinario” , de forma tal que se encuentra plenamente habilitada para intervenir en el cumplimiento y obedecimiento de sus propias decisiones, “ora porque el juez a quien le compete pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia dictada por ella no adopta las medidas conducentes al mismo, ya porque el juez de primera instancia ha ejercido su competencia y la desobediencia persiste” . Considerando que la eficacia de las garantías individuales constituye un principio fundante en el modelo de Estado social de derecho, y a su vez un factor legitimante de las decisiones judiciales y del acceso a la justicia, la Corte Constitucional, como guardiana de la integridad y supremacía de la Carta Política, se encuentra obligada a adoptar las medidas que sean necesarias para impedir que tales garantías resulten del todo nugatorias y se queden sin la respectiva protección judicial.

En su condición de máximo Tribunal de la jurisdicción constitucional y órgano de cierre de la misma, la Corte “[t]iene la supremacía cuando funcionalmente se ejercita dicha jurisdicción por los jueces y magistrados” , por lo que mantiene competencia para hacer efectivas sus propias decisiones. En ese entendido, lo dijo la Corporación en la Sentencia C-802 de 2002 y lo reiteró luego en la Sentencia SU-1158 de 2003, ninguna autoridad perteneciente a la misma jurisdicción constitucional puede desconocer la competencia del órgano que la Constitución señala como garante de su eficacia en todos los órdenes, y menos de entrar a suscitar conflictos de competencias en asuntos propios y exclusivos de esa jurisdicción. Como órgano límite, en ejercicio de la supremacía no solo funcional sino también jerárquica, puede entonces la Corte adoptar medidas adicionales para proteger efectivamente los derechos por ella tutelados, dando aplicación a los artículos 3° y 27 del precitado Decreto 2591 de 1991, que ordenan desarrollar el proceso de tutela con base en los principios de prevalencia del derecho sustancial, celeridad y eficacia, y que le permiten al juez constitucional, en este caso a la Corte, “manten[er] la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”.

Es de señalarse que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la Corte esta en capacidad de ejercer la competencia siempre que se cumplan las siguientes condiciones: “(i) [que] se trate del incumplimiento de una sentencia emitida por la Corte Constitucional en virtud de la cual conceda el amparo solicitado - en teoría puede ser una confirmación -, (ii) [que] resulte imperioso salvaguardar la supremacía e integridad del ordenamiento constitucional y (iii) [que] la intervención de la Corte sea indispensable para la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados” . En ejercicio de esa competencia, la Corte es autónoma, tanto para determinar la oportunidad en la cual interviene, es decir, si lo hace antes o después del juez de primera instancia, como para definir que tipo de medidas son las adecuadas al propósito de dar cumplimiento al fallo. Ello, “porque de constatarse el desacato la consecuencia sería la sanción del sujeto desobediente más no necesariamente la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados” . Como ya se ha expresado con insistencia, la efectividad de los derechos conculcados se logra en ciertos eventos a través de la adopción de medidas adicionales a la sanción por desacato, al ser este incidente insuficiente para hacer cumplir la orden proferida por el órgano límite de control Constitucional.

CORTE CONSTITUCIONAL RESPECTO DE SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA- Intervención y adopción de decisiones que aseguren cumplimiento de sus fallos ante renuencia de alta corporación de justicia. SENTENCIA DE REEMPLAZO O DECISION COMPLEMENTARIA. Procedencia si no existe otra forma de hacer cumplir lo ordenado en fallo de tutela. RESTABLECIMIENTO DE LA VIGENCIA DE LA DECISIÓN REEMPLAZADA CON LA PROVIDENCIA DECLARADA NULA EN VÍA DE TUTELA

Atendiendo a las condiciones fijadas, es preciso anotar que una de las situaciones en las cuales este tribunal se encuentra plenamente habilitado para adoptar por sí mismo las decisiones que aseguren el cumplimiento de sus fallos, se presenta en los casos en que la autoridad judicial renuente a obedecer la decisión es una alta corporación de justicia; generalmente, respecto de acciones de tutela que se promueven en contra de algunas de sus decisiones por haber incurrido en vía de hecho, negándose aquellas a modificar el pronunciamiento en los términos señalados por la Sentencia de Revisión. En estos eventos, la intervención del tribunal constitucional se torna indispensable, pues es conocido por todos que las altas cortes no tienen superior jerárquico en su respectiva jurisdicción y, por tanto, no encuentran en el juez de tutela de primera instancia el funcionario idóneo para conminarlas al cumplimiento de la decisión desobedecida, y tampoco el competente para tramitar el correspondiente incidente de desacato.

Siguiendo la línea de interpretación fijada por la doctrina constitucional , cuando la Corte tiene conocimiento en relación con el incumplimiento de la sentencia, “puede solicitar nuevamente el expediente o los expedientes que contienen las sentencias de tutela que la Corporación haya proferido, para hacer cumplir su fallo, tomando determinaciones que cobijan inclusive a intervinientes que han citado dentro del expediente de tutela a fin de que no se quede escrita la protección al derecho fundamental” .Y dentro de las medidas a adoptar en estos casos, se cuentan la de proceder a dictar una sentencia de reemplazo si no existe otra forma de hacer cumplir lo ordenado , o en su defecto, la de tomar una decisión complementaria al fallo incumplido que haga cesar la violación de los derechos fundamentales, como puede ser, sin modificar lo ya resuelto, la de dejar en firme la decisión judicial que fue revocada por la alta Corporación de justicia en ejercicio de su competencia funcional, cuando a juicio de la Corte Constitucional aquella interprete en debida forma el criterio sentado en la respectiva sentencia de Revisión y garantice la protección de los derechos conculcados por la alta Corporación.

Esta última opción encuentra antecedentes específicos en el derecho comparado y concretamente en el derecho español. Ciertamente, con ocasión del recurso de amparo constitucional promovido contra una sentencia del Tribunal Supremo que puso fin a un proceso de filiación y pruebas biológicas, el Tribunal Constitucional Español, en la Sentencia del 7 de enero de 1994, resolvió anular la decisión de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y dejar en firme la sentencia proferida por su inferior jerárquico, la Audiencia Provincial. En el fundamento jurídico octavo de la citada providencia, luego de advertir la violación por parte de la providencia del Tribunal Supremo, sostuvo el órgano de control constitucional que una manera de garantizar el derecho de la demandante a un proceso sin dilaciones indebidas, era perfilar el fallo de amparo de tal manera que sólo se anularan aquellas decisiones judiciales que directa e inequívocamente habían infringido el derecho fundamental reclamado, restableciendo los efectos de aquella que garantizaba su ejercicio. En cuanto llegó a la conclusión que ello ocurría solo en el caso de la sentencia del Tribunal Supremo, tomó la decisión advertida: anular el fallo del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria y dejar en firme el que había sido revocado por éste.

Al margen de lo anterior, en procura de hacer realidad la orden de protección incumplida por una alta corporación de justicia, también en nuestro derecho interno se ha acudido al expediente de reestablecer la vigencia de la decisión reemplazada con la providencia declarada nula en vía de tutela. Recientemente, a propósito del incumplimiento de la Sentencia T-1306 de 2001, que dejó sin efectos un fallo de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y le ordenó a ésta dictar sentencia de reemplazo, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca, en su condición de juez de tutela de primera instancia, mediante proveído del 22 de mayo de 2002, decidió “DECLARAR VIGENTE formal y materialmente la sentencia del juzgado 6° Laboral del Circuito de la ciudad de Bogotá, del 10 de febrero de 1999...”; en el entendido que ésta interpretaba en debida forma el contenido de la sentencia de amparo desacatada. Invocándose una presunta vía de hecho, contra la decisión del Consejo Seccional se formuló acción de tutela, la cual fue finalmente denegada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-1158 de 2003, al considerar que esa autoridad judicial se limitó cumplir con su deber constitucional de hacer efectiva la orden dada por el máximo órgano de la jurisdicción constitucional.

Por lo tanto, tratándose de las acción de tutela por vía de hecho, con el fin de hacer cumplir sus órdenes y de asegurar la vigencia de los derechos fundamentales, se repite, es posible que la Corte Constitucional, e incluso el juez de tutela de primera instancia, adopten como medida de cumplimiento la de adicionar la sentencia de Revisión que no es acatada por una alta corporación, manteniendo incólume la decisión que ordenó anular la providencia incursa en la vía de hecho, y procediendo a declarar conforme a la Constitución y debidamente ejecutoriado el fallo de instancia, en caso de que éste sea consecuente con los criterios descritos por el tribunal constitucional en la decisión desacatada. En este supuesto, cuando la orden de protección es dictada por la Corte Constitucional, la mencionada medida de cumplimiento puede ser adoptada directamente en la Sentencia, o con posterioridad a la misma según lo determinen las circunstancias fácticas del caso.

DERECHOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES. Preservación en forma real y efectiva ante negativa a cumplir la decisión del juez constitucional. Ahora bien, sin perjuicio de que la medida adoptada sea la de dictar una sentencia de reemplazo o la de proferir decisión complementaria al fallo incumplido, el propósito de la misma es exclusivamente el de preservar en formal real y efectiva los derechos constitucionales fundamentales que vienen siendo desconocidos por la corporación judicial que se niega a cumplir la decisión del juez constitucional. Bajo ese entendido, en cualquier de los casos el juez de tutela actúa dentro del marco de la jurisdicción constitucional, sin necesidad de asumir competencias que le son propias a las autoridades de otras jurisdicciones y, concretamente, de aquella que no acata la decisión. Obsérvese como, si el juez constitucional es competente para revisar la aplicación del derecho por parte de los tribunales ordinarios cuando la solicitud de tutela tenga por objeto actuaciones u omisiones judiciales, en la medida en que éstas resulten arbitrarias o irrazonables y afecten garantías fundamentales, resulta válido que éste, también en la aplicación jurisdiccional de la Constitución y dentro del marco de sus atribuciones, adopte los correctivos pertinentes, tanto para impedir que la aludida arbitrariedad o irrazonabilidad continúe lesionando los derechos invocados, como para asegurar su total reivindicación cuando la orden de protección no es obedecida por la autoridad responsable.

Auto 045 de 2004

Solicitudes relacionadas con el Auto de Sala Plena del 17 de febrero de 2004, por el cual se complementó la Sentencia SU-1185 de 2001

SENTENCIAS DE TUTELA. Cumplimiento y acatamiento sin excepción. JUEZ DE TUTELA. garantía y efectividad del cumplimiento de las sentencias de amparo exigen una actuación de doble vía. CUMPLIMIENTO Y DESACATO DE TUTELA. Distinción

Según lo ha venido explicando esta Corporación, a partir del objetivo que persigue la acción de tutela, y que se concreta en la defensa y protección inmediata de los derechos fundamentales, constituye un imperativo constitucional el que las decisiones que se adopten en desarrollo de tales procesos deban cumplirse y acatarse sin excepción. En ese propósito, el Decreto 2591 de 1991 (arts. 23, 27 y 52), desarrollando las disposiciones superiores que se refieren al mecanismo de amparo (arts. 86 y 241), ha diseñado un procedimiento específico que busca garantizar el efectivo cumplimiento de sus fallos. Conforme con las directrices trazadas en el Decreto 2591 de 1991, la garantía y efectividad del cumplimiento de las sentencias de amparo exigen del juez constitucional una actuación de doble vía: (i) la primera, de naturaleza objetiva y consustancial a la vigencia del mecanismo de amparo, la cual se concreta en la adopción de todas las medidas que sean necesarias para lograr la protección real y efectiva de los derechos fundamentales protegidos por la orden judicial (arts. 23 y 27); y (ii) la segunda, esencialmente subjetiva, materializada en la imposición de sanciones a las autoridades o particulares que se hayan resistido a su cumplimiento, lo que incluye tramitar el respectivo incidente de desacato (arts. 37 y 52).

En torno a estas dos actuaciones, en reciente decisión la Corte precisó que el cumplimiento del fallo y el desacato “son en realidad dos instrumentos jurídicos diferentes, que a pesar de tener el mismo origen -la orden judicial de tutela- y tramitarse en forma paralela, en últimas persiguen distintos objetivos: el primero, asegurar la vigencia de los derechos fundamentales afectados, y el segundo, la imposición de una sanción a la autoridad que ha incumplido el fallo” . Bajo esa premisa, en la misma providencia se sostuvo que, “si bien en forma paralela al cumplimiento de la decisión cabe iniciar el trámite de desacato, este último procedimiento no puede desconocer ni excusar la obligación primordial del juez constitucional, cual es la de hacer cumplir integralmente la orden judicial de protección” . Por ello, sin perjuicio de que se sancione o no al funcionario obligado a obedecer el fallo, el juez constitucional tiene el deber de asegurar su total cumplimiento si ello no ha ocurrido por vía del desacato, ya que en ciertos eventos la efectividad de los derechos conculcados se logra “a través de la adopción de medidas adicionales a la sanción por desacato, al ser este incidente insuficiente para hacer cumplir la orden proferida…”

CORTE CONSTITUCIONAL Mantiene competencia para hacer efectivas sus propias decisiones. Aun cuando en principio la jurisprudencia constitucional ha radicado en cabeza del juez de tutela de primera instancia la competencia para velar por el cumplimiento de los fallos y para tramitar el incidente de desacato, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, la propia doctrina de esta Corporación viene sosteniendo que la Corte Constitucional, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, y como máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional, mantiene competencia para hacer efectivas sus propias decisiones, y en ese orden, para adoptar las medidas adicionales tendientes a garantizar la vigencia de los derechos fundamentales por ella protegidos en cada caso concreto. De este modo, aun cuando continúa en cabeza del a quo la competencia para imponer las sanciones que genere el incumplimiento de las decisiones de la Corte, cuando ello es insuficiente para asegurar su plena observancia, esta última se encuentra habilitada para imponer los correctivos adicionales que se requieran en pro de lograr el objetivo de cumplimiento.

Aplicando estos criterios al caso concreto, cabe recordar que, mediante Auto del 17 de febrero de 2004, y dentro del propósito de lograr el obedecimiento de la Sentencia SU-1185 de 2001, la Corte decidió declarar conforme a la Carta y debidamente ejecutoriada, la Sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá . Visto el informe remitido considera la Corte que la entidad pública no ha dado estricto cumplimiento a la orden proferida por esta Corporación en el Auto del 17 de febrero de 2004. Por tanto, sin perjuicio del incidente de desacato que deba tramitar la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca como juez de tutela de primera instancia, esta Corporación mantiene competencia para pronunciarse al respecto, ya que aun no ha sido posible garantizar la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad de trato del accionante, amparados por la Corte en la Sentencia SU-1185 de 2001.

Auto 141 B de 2004.

Sentencia SU-120/03. Solicitud de cumplimiento de la decisión adoptada para resolver las acciones de tutela instauradas contra la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia

JUEZ DE TUTELA. Competencia para restablecimiento real y efectivo de los derechos fundamentales de los asociados. El artículo 86 de la Constitución Política confiere al Juez constitucional la competencia que demanda el restablecimiento real y efectivo de los derechos fundamentales de los asociados, quebrantados por acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares -en los casos que la norma señala-, y el Decreto 2591 de 1991 enuncia algunas de las medidas que pueden tomarse “para garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho”, y a su vez sancionar a quien se abstiene de cumplir con las órdenes de restablecimiento. Por ello en reiterada jurisprudencia esta Corporación ha distinguido las medidas destinadas a restablecer los derechos conculcados, mediante acciones dirigidas a que cesen efectivamente los actos o actuaciones que dan lugar a la conculcación, de las indemnizaciones costas y sanciones, así que “resulta perfectamente posible y válido que se adopten las medidas indispensables para garantizar el cumplimiento efectivo de una sentencia de tutela, sin entrar a analizar si es predicable responsabilidad subjetiva de la autoridad que presuntamente incumple una orden tendiente a la protección de los derechos fundamentales” .

Dentro del anterior contexto, sin perjuicio de las competencias de otras autoridades para aplicar las medidas sancionatorias previstas en el Decreto 2591 de 1991 y resolver sobre responsabilidades, indemnizaciones y costas, esta Corporación se ha concentrado, en los casos de incumplimiento de sus decisiones, en las medidas que hacen cesar la conculcación, y ha reiterado que éstas pueden tomarse “hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza” –artículo 27-. Ahora bien, son varias las alternativas que se desprenden de las facultades de restablecimiento que confieren al juez de tutela el artículo 86 de la Carta y el Decreto 2591 de 1991, entre ellas la adición de la decisión inicial, a fin de darle pleno efecto a la vinculación de quienes no quedaron expresamente incursos en las consecuencias que acarrea el incumplimiento, estando comprometidos con la conculcación y por ende con el acatamiento irrestricto e incondicional de las órdenes emitidas.

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