2010/12/18

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA EMITE SENTENCIA DE TUTELA EN LA QUE TRATA LA MORA Y CONGESTION JUDICIAL

SENTENCIA DE TUTELA en la que se abordan los temas de la mora y la congestion judicial. Lo que debe ser materia de reforma a la justicia


REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA PENAL
Magistrado Ponente:
ALBERTO POVEDA PERDOMO
Aprobado Acta N° 148
SENTENCIA DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA

Radicación 11001220400020100313800
Demandante RAFAEL OCTAVIANO GONZÁLEZ TÉLLEZ
Demandado Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá
Derechos Debido proceso
Decisión Niega

Bogotá, D.C., martes, catorce (14) de diciembre de dos mil
diez (2010).

1. VISTOS:
1.1. Resuelve la Sala la acción de tutela presentada por
RAFAEL OCTAVIANO GONZÁLEZ TÉLLEZ contra la Fiscalía Seccional 208
de Bogotá, por la presunta vulneración del debido proceso en el
trámite de una denuncia que formuló en averiguación de los
responsables.

2. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:
2.1. Dijo RAFAEL OCTAVIANO GONZÁLEZ TÉLLEZ que el 8 de
septiembre de 2009 formuló una denuncia penal en averiguación
de responsables por los delitos de falsedad en documento
público, fraude procesal, estafa, captación ilegal de dineros y
urbanismo ilegal.
2.2. El asunto correspondió inicialmente a la Fiscalía 159
Local de Bogotá, pero a partir del 17 de noviembre de 2010 fue
asignado por competencia a la Fiscalía 208 Seccional.
2.3. Consideró el accionante que han pasado más de dos
años desde el momento de presentación de la denuncia sin hasta
la fecha la Fiscalía haya tomado decisiones de fondo, motivo por
el cual consideró que se le está vulnerando su derecho
fundamental al debido proceso por la mora en la toma de
decisiones.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN:
3.1. Mediante auto de 11 de noviembre de 2010 el Juzgado
Sexto Penal del Circuito avocó conocimiento y dispuso correr
traslado a la accionada Fiscalía 159 Local de Bogotá con el fin de
garantizar el derecho de defensa y contradicción, enterándose
con posterioridad que la denuncia se encontraba a disposición de
la Fiscalía 208 Seccional, motivo por el cual ordenó remitir la
actuación al Tribunal.
3.2. La Colegiatura admitió la tutela mediante decisión de 6
de diciembre hogaño y notificó de la acción a la Fiscalía
demandada.

4. RESPUESTA DE LA ACCIONADA:
4.1. La Fiscal 208 Seccional dijo que no ha vulnerado
derechos fundamentales del accionante.
4.2. Señaló que tiene asignadas 7.243 indagaciones, que
cuenta con un asistente judicial y un investigador, motivo por el
cual es imposible dar respuesta inmediata a los asuntos que
están a su cargo.
4.3. Afirmó que en el asunto que ha originado la acción
constitucional, se dispuso escuchar al denunciante para que
ampliara su versión porque no se cuenta con elementos
materiales probatorios.

5. CONSIDERACIONES:
5.1. Competencia: De conformidad con la preceptiva del
artículo 1°, numeral 2 del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es
competente esta Sala para pronunciarse sobre la acción de tutela
promovida por un ciudadano contra la Fiscalía 208 Seccional de
Bogotá.
5.2. La tutela contra autoridades judiciales: El artículo 86
de la Constitución Política consagró la acción de tutela como un
mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para
la protección de los derechos constitucionales fundamentales ante
el menoscabo o la amenaza derivados de acción u omisión
atribuible a las autoridades públicas o a los particulares en las
situaciones específicamente precisadas en la ley.
5.3. La jurisprudencia enseña que la acción de tutela puede
ejercitarse para demandar el amparo de un derecho fundamental
que resulte vulnerado cuando en el curso del proceso el
funcionario judicial actúa y decide de manera arbitraria o
caprichosa, o en aquellos eventos en los cuales la providencia es
emitida desbordando el ámbito funcional o en forma
manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico; esto es,
cuando se configuran las llamadas vías de hecho o causales
objetivas de procedibilidad, bajo la condición de que en tales
circunstancias el afectado no disponga de otro medio judicial
idóneo para abogar por la vigencia de sus derechos
constitucionales, o cuando se interponga como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable.
5.4. Mediante la sentencia de control de constitucionalidad
que se hizo al artículo 185 de la Ley 906 de 2004, se unificaron y
sistematizaron los requisitos de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales. Se dijo por el Tribunal Constitucional
cuáles eran aquellas circunstancias que tienen que estar
presentes para que el juez constitucional pueda entrar a estudiar y
decidir una acción de tutela contra providencias judiciales. Fueron
señaladas las siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela.
5.5. En desarrollo de la línea jurisprudencial que considera
muy excepcional la acción de tutela contra la actividad procesal y
las sentencias judiciales, las autoridades jurisdiccionales han
aceptado que la acción de tutela puede ser el remedio
constitucional contra graves y flagrantes violaciones a los
derechos fundamentales revestidas de una simple apariencia de
legalidad, llegándose a destacar que el amparo inclusive procede
contra las sentencias de tutela de la Corte Constitucional.
5.6. Ahora bien: hecho el reconocimiento de que la acción
de tutela procede de manera excepcional contra providencias
judiciales y únicamente cuando la decisión del juez o fiscal implica
la vulneración grave del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia
constitucional también ha resaltado la necesidad de que las
deficiencias procesales se resuelvan en el contexto natural de los
procesos judiciales regulares porque todos ellos están
adecuadamente dotados de mecanismos que permiten a las
partes e intervinientes reclamar en su interior los errores que allí
puedan producirse.
5.7. Mientras el proceso esté en curso cualquier solicitud de
protección de garantías fundamentales debe hacerse
exclusivamente en ese escenario porque de lo contrario todas las
decisiones provisionales que se tomen en el transcurso de la
actuación penal estarían siempre sometidas a la eventual revisión
de un juez ajeno a ella, como si se tratara de una instancia
superior o adicional a las previstas para el normal
desenvolvimiento de los procesos judiciales.
5.8. Las anteriores afirmaciones son respaldadas por el
Tribunal Constitucional al precisar que
la acción de tutela no procede cuando se está desarrollando un
proceso judicial, en donde las partes han tenido la oportunidad
de proponer los argumentos que, precisamente, motivan la
acción de tutela, y no lo han hecho. Pues, es el juez natural del
proceso el competente para resolverlos2.
5.9. Además, la proyección material del principio de
autonomía de la función jurisdiccional imposibilita deslegitimar o
cuestionar la forma como se ha cumplido el trámite o decidido un
asunto, porque en sede de la acción de tutela no es posible
efectuar una valoración anticipada de un asunto que debe ser
discutido al interior del proceso, puesta ésta acción no es el
escenario natural para intentar discutir si una notificación dentro
de un proceso se hizo con estricto apego a ley o imponer un
criterio particular sobre el punto cuestionado.
5.10. La mora judicial: La morosidad judicial es uno de los
más graves inconvenientes que enfrenta la administración de
justicia, pero en muchas casos ella no depende de los
funcionarios y empleados que están a cargo del asunto sino que
dicha traba emerge como problema endémico del aparato judicial.
5.11. La interpretación sistemática de los artículos 29 y 228
de la Constitución permite establecer el deber de todos los
funcionarios de observar rigurosamente los términos procesales
prescritos para las diferentes actuaciones adelantadas frente al
Estado3. Dicha obligación vincula a todas las autoridades
nacionales de adelantar de manera celera y diligente todos los
asuntos sometidos a su conocimiento4.
5.12. También ha dicho la Corte Constitucional que la mora
judicial
viola el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia cuando la dilación en el trámite de una actuación es
originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de
problemas estructurales de exceso de carga laboral de los
funcionarios, si no en la falta de diligencia y en la omisión
sistemática de sus deberes por parte de los mismos.
5.13. La mora judicial, en términos sencillos, puede ser
definida
como la conducta dilatoria del juez (o delegado fiscal) en resolver
sobre un determinado asunto que conoce dentro de un proceso
judicial, y tiene fundamento en cuanto tal conducta desconozca
los términos de ley y carezca de motivo probado y razonable,
evento en el cual constituiría el obstáculo para el acceso de la
persona a la administración de justicia6.
5.14. De lo anterior se desprende
que no existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino
que ésta debe ser injustificada y estar probada la negligencia de
la autoridad judicial accionada.
5.15. El asunto concreto: Al examinar de manera
específica lo que ha ocurrido con la denuncia penal formulada por
RAFAEL OCTAVIANO GONZÁLEZ TÉLLEZ, se constata objetivamente que
ha transcurrido un término amplio como para que la Fiscalía
General de la Nación tome medidas, como podrían ser imputar,
dar orden de archivo de las diligencias o solicitar preclusión de la
investigación.
5.16. Dos años es normalmente un término razonable para
que la autoridad requirente determine si el asunto tiene relevancia
jurídico penal y, en tal caso, acudir ante los jueces de garantías a
elevar imputación contra los responsables o solicitar la preclusión
de la investigación. Igualmente, dicho plazo es suficiente para
que, en los casos en que ello es posible, profiera orden de archivo
de las diligencias7.
5.17. Pero cuando se constata que una Fiscalía tiene a su
cargo más de 7.000 asuntos y que para su gestión cuenta con un
asistente judicial y un investigador, la conclusión no puede ser
otra que la imposibilidad material de adelantar a un ritmo
adecuado el trámite de las denuncias que allí se reciben.
5.18. Tal situación se hace aún más calamitosa cuando el
interesado no aporta información adicional para facilitar la
actividad investigativa. Si bien es cierto la respuesta estatal frente
al delito no depende ni se supedita al apoyo que brinde la víctima
o el denunciante, la realidad impone que este tipo de sujetos
presten una colaboración decidida para que las investigaciones
tengan posibilidades de éxito, porque de lo contrario la actividad
de indagación no contará con soportes suficientes que permitan
orientarla en uno u otro sentido.
5.19. La Sala llama la atención de las autoridades de todos
los órdenes, porque el sistema acusatorio implementado con la
Ley 906 de 2004 está funcionando con muchas carencias, y el
legislador justifica cambios en el ordenamiento jurídico amparado
en coyunturas que no representan la solución a los problemas que
se han detectado.
5.20. Es evidente que el nuevo Código de Procedimiento
Penal ha servido para resolver prontamente los casos de
flagrancia y que los allanamientos y negociaciones permiten dar
respuesta eficaz a la delincuencia menor.
5.21. Pero la gran delincuencia, la responsable de los más
graves actos de corrupción administrativa así como todos los
acusados por delitos respecto de los cuales el legislador ha
cerrado las puertas para la obtención de rebajas de pena,
subrogados y beneficios, está poniendo al borde del colapso el
sistema. Y lo peor es que no se ven soluciones a la vista.
5.22. Las reformas a la justicia que deberían formularse a
partir de su impacto real en la función pública de administrar
justicia, muchas veces olvidan que los ciudadanos no están
preocupados porque determinadas autoridades tengan unas u
otras competencias, sino en la pronta y cumplida solución a sus
requerimientos de justicia.
5.23. Y ello pasa por el respeto absoluto de la autonomía e
independencia de los jueces y fiscales, postulados que cobran
sentido cuando los graves problemas de congestión y morosidad
reciben una respuesta estatal adecuada.
5.24. La gran mayoría de analistas coinciden en que los
principales problemas de la administración de justicia se centran
en las carencias presupuestales, las que impiden el
nombramiento de una mayor cantidad de funcionarios, empleados
e investigadores, que afronten el reto de proceder ante el
requerimiento ciudadano de justicia en los términos que lo exige
la Constitución.
5.25. Lo expuesto permite concluir que la mora denunciada
por el demandante no es fruto de la indolencia de los funcionarios
a cargo del asunto promovido por GONZÁLEZ TÉLLEZ, sino
consecuencia de las falencias endémicas que padece el aparato
de justicia, acompañadas de la falta de aporte de medios de
conocimiento por el interesado, razón por la cual resulta
improcedente la solicitud de tutela.
5.26. Amén de lo anterior se destaca que la actividad de
indagación-investigación que adelanta la Fiscalía puede ser
sometida a controles ante del juez de garantías, quien está
facultado en un caso concreto para llamar la atención de la
autoridad requirente para que no exceda el término razonable en
el agotamiento de las diferentes etapas que debe agotar en forma
previa a la toma de decisiones (archivar diligencias, imputar o
solicitar la preclusión de la investigación), circunstancia que se
erige en motivo adicional para que se haga improcedente el
amparo presentado.
5.27. En consecuencia, siendo evidente que el accionante,
en esencia, pretende a través de este instrumento censurar las
actuaciones desplegadas por los funcionarios competentes por
fuera de los canales dispuestos por el legislador, se torna
improcedente el amparo solicitado porque el Constituyente no le
otorgó a la acción de tutela el carácter de tercera instancia o de
mecanismo alternativo o paralelo a los procedimientos ordinarios
de defensa judicial.

DECISIÓN:

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, en
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1°. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional presentada por RAFAEL OCTAVIANO GONZÁLEZ TÉLLEZ.
2°. ADVERTIR que esta decisión puede ser impugnada y
en todo caso será remitida a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
3°. NOTIFICAR a los interesados por el medio mas
expedito.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.
ALBERTO POVEDA PERDOMO
Magistrado
LUIS FERNANDO RAMÍREZ
MAGISTRADO
CONTRERAS RAMIRO RIAÑO RIAÑO
MAGISTRADO

2010/11/13

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA CAJANAL: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA AMPARA DERECHOS FUNDAMENTALES Y COMPULSA COPIAS POR PRAVARICATO Y FRAUDE A RESOLUCION JUDICIAL

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA CAJANAL: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA AMPARA DERECHOS FUNDAMENTALES Y COMPULSA COPIAS POR PRAVARICATO Y FRAUDE A RESOLUCION JUDICIAL


REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA PENAL

Magistrado Ponente:
ALBERTO POVEDA PERDOMO
Aprobado Acta N° 0127

TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA

Bogotá, D.C, martes, veintiséis (26) de octubre de dos mil diez (2010).

Radicación 11001310405420100051601
Procedente Juzgado Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito
Accionante ALONSO JOSÉ MURGUEITIO RESTREPO
Accionados Caja Nacional de Previsión Social en liquidación, Fiduprevisora S.A. y
PAP Buenfuturo
Derechos Dignidad, igualdad, debido proceso, derechos adquiridos, seguridad social, subsistencia en condiciones dignas y justas
Decisión Confirma y adiciona la orden de tutela requiriendo al funcionario competente de PAP Buenfuturo para que expida el acto administrativo dentro del término aquí ordenado y una vez ello ocurra lo remita al Gerente Liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación para la firma. Se compulsan copias penales y disciplinarias para los funcionarios de la entidad que desconocieron en forma flagrante lo ordenado en la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca



1. ASUNTO:

Resolver la impugnación presentada por la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación contra la sentencia proferida por el Juzgado Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito que amparó a favor de ALONSO JOSÉ MURGUEITIO RESTREPO, los derechos constitucionales fundamentales de la dignidad, igualdad, debido proceso, derechos adquiridos, seguridad social, subsistencia en condiciones dignas y justas.


2. FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN:

2.1. ALONSO JOSÉ MURGUEITIO RESTREPO identificado con la cédula de ciudadanía N° 17.023.277 de Bogotá, interpone la acción pública al considerar que las demandadas con su proceder desconocen sus derechos constitucionales fundamentales.

2.2. Dice que desde el 2003 afrontó una serie de acciones por vía gubernativa, tutelas y contencioso administrativa, con el objeto de consolidar el derecho a la pensión de jubilación conforme con el artículo 6º del Decreto 546/71.

2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, decidió el proceso contencioso administrativo en fallo de 27 de octubre de 2006, aclarado por auto de 30 de noviembre de 2006 y ejecutoriado el 11 de diciembre de 2006, accediendo a las pretensiones del demandante.

2.4. La Caja Nacional de Previsión Social dio cumplimiento al fallo mediante Resolución N° 00517 de 25 de febrero de 2008 acto administrativo que se encuentra. La pensión reconocida en la decisión administrativa excluye los términos de la Ley 100/93 y debe acogerse al Decreto 546/71, porque el fallo judicial ordenó:

11. Debe quedar claro que límite o tope pensional (25 salarios mínimos legales) establecido en la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005, no se aplica a los pensionados del régimen especial de la Rama Judicial y que se encontraba dentro del denominado régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como sucede en el caso de autos.

2.5. Posteriormente, la accionada profirió la Resolución N° 22417 en desconocimiento de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca porque dispuso que a la pensión debe aplicarse el tope dispuesto en el artículo 2º del Decreto 314 de 1994, aunado a que el cargo desempeñado por el reclamante no está dentro de las excepciones contempladas en la Carta Política y la ley para inaplicar dicho límite.

2.6. Mediante Resolución N° 00517 de 25 de febrero de 2008 la Administración revocó groseramente el fallo del Tribunal suprimiendo aparte esencial materia del mismo. El accionante conoció el acto aclaratorio por oficio PABF-GN-7367 de 10 de junio de 2010.

2.7. Reclamó el amparo de sus derechos con carácter definitivo considerando que la Resolución 22417 de 8 de junio de 2009 y el oficio PABF-GN-7367 de 10 de junio de 2010 se emitieron como actos administrativos formales y de ejecución supuestamente para dar cumplimiento a un acto jurisdiccional –sentencia- que no es objeto de recurso por la vía gubernativa, ni enjuiciables en sí mismos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, careciendo entonces de otro mecanismo de defensa judicial.

2.8. Solicitó dejar sin valor ni efecto la Resolución 22417 de 8 de junio de 2009 expedida por la Subgerente de Prestaciones Económicas (e) de la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación y el oficio N° PABF-GN.7367 de 10 de junio de 2010 suscrito por Jaime Villaveces Bahamón. Y que se reintegren inmediatamente las sumas deducidas por concepto de mesadas pensionales, informando lo pertinente al Grupo de Nómina de la Subgerencia de Prestaciones Económicas.


3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

3.1. El Juzgado Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito en fallo de 29 de julio de 2010 amparó los derechos reclamados por ALONSO JOSÉ MURGUEITIO RESTREPO y dejó sin efectos jurídicos la Resolución N° 000517 de 25 de febrero de 2008, la Resolución N° 22417 de 8 de junio de 2009 expedida por la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación y el oficio PABF-GN-7367 de 10 de junio de 2010 de PAP Buenfuturo. Y

3.2. Ordenó a las entidades que en el término de quince (15) días contados a partir de la notificación de la decisión den cumplimiento al fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 27 de octubre de 2006, y corregido en auto de 30 de noviembre de 2006, reliquidando la pensión de vejez en la forma y términos allí indicados.

4. FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN:

4.1. Dentro del término legal la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación impugnó el fallo reclamando la revocatoria dada la actualidad fáctica y jurídica de la entidad, debiendo tener en cuenta el Auto 243 de 2010 de la Corte Constitucional.

4.2. Advierte en relación con la petición elevada por el accionante donde solicita la revocatoria de la Resolución N° 22417 de 8 de junio de 2009 y el oficio GN 7367 de 10 de junio de 2010, que una vez conocida la acción, la entidad requirió al área competente administrada por PAP Buenfuturo mediante oficio N° 138904 para que se pronuncie respecto al trámite dado a la solicitud, toda vez que en virtud del contrato de fiducia mercantil celebrado entre la Previsora S.A. y Cajanal en liquidación asumió la obligación de adelantar los trámites administrativos para el efectivo reconocimiento de los derechos pensionales, y una vez sustanciado por PAP Buenfuturo y completado el proceso de control de calidad, la resolución pasará para la firma del liquidador y así proceder a emitir la respuesta requerida.


5. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

5.1. La tutela tiene como objeto primordial la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados a través de un procedimiento preferente y sumario, mediante el cual es posible establecer si se ha presentado una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en los casos previstos en la ley, causando con ello un agravio a los derechos invocados por el accionante.

5.2. ALONSO JOSÉ MURGUEITIO RESTREPO, interpone la acción pública al considerar que la actuación desplegada por la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación, PAP Buenfuturo y la Fiduciaria La Previsora S.A., desconoce sus derechos fundamentales al no acatar lo ordenado en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, de 27 de octubre de 2006 y aclarada por auto de 30 de noviembre de 2006 , al expedir la Resolución N° 22417 de 8 de junio de 2009 y el oficio de PABF 7367 de 10 de junio de 2010, disminuyendo en su monto la mesada pensional bajo normativas que no le son aplicables al ser favorecido con el régimen de transición.

5.3. Determina la jurisprudencia que la cláusula general del Estado Social de Derecho consagrada en la Constitución -artículo 1º-, exige de la administración el deber de acatar los fallos impartidos por la autoridad judicial, deber que está sustentado en el artículo 4º Fundamental que establece en cabeza de los nacionales y extranjeros la obligación de acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades.

Así mismo la consagración de derechos tales como: a). el acceso a la administración de justicia -artículo 229- que propende para que los ciudadanos tengan a su disposición los mecanismos para demandar en procura de sus derechos y que se les permita obtener una decisión judicial que pueda hacerse efectiva y, b). el debido proceso -artículos 29 y 228- que garantiza que el respectivo proceso se lleve a cabo sin dilaciones injustificadas que tornen nugatorio el derecho demandado, con lo cual se impone una carga a la administración en el sentido de no poder excusarse del cumplimiento de las órdenes que les impartan las autoridades de la República, todo en armonía con la observancia de los principios de moralidad, celeridad, eficacia e imparcialidad consagrados en el artículo 229 de la Carta .

La Corte Constitucional ha venido afirmando

que un Estado de Derecho como el colombiano, no puede operar si las providencias judiciales no son acatadas por sus destinatarios, o si son dejadas al arbitrio de la mera voluntad de los funcionarios públicos encargados de hacerlas cumplir. Los servidores públicos no pueden tener la potestad de resolver si se cumplen o no a los mandatos del juez, independientemente de las razones que puedan esgrimir en contra, pues el camino para hacerlas valer es el ejercicio de los recursos que el sistema jurídico consagra pero no la renuencia a ejecutar lo ordenado (Resaltado fuera del texto).

Y ha agregado:

La observancia de las providencias ejecutoriadas, además de ser uno de los soportes del Estado Social de Derecho, hace parte del derecho de acceder a la administración de justicia -artículo 229 Superior-. Este se concreta no sólo en la posibilidad de acudir al juez para que decida la situación jurídica planteada, sino en la emisión de una orden y su efectivo cumplimiento; valga decir, en la aplicación de la normatividad al caso concreto.

En tal virtud, cuando la autoridad demandada se rehúsa a ejecutar lo dispuesto en la providencia judicial que le fue adversa, no sólo vulnera los derechos que a través de esta última se han reconocido a quien invocó protección, sino que desacata una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada. Si tales derechos son fundamentales, el desconocimiento de la sentencia que los ampara viola el Ordenamiento Superior, también por esa razón .
...

La exactitud y oportunidad en el cumplimiento de los fallos judiciales resulta esencial para garantizar no solamente el cometido de la persona –que se constituye en su derecho fundamental- de acceder materialmente a la administración de justicia sino para sostener el principio democrático y los valores del Estado de Derecho.
...

El cumplimiento de las sentencias judiciales es parte integrante de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues la circunstancia de una persona a cuyo favor se ha resuelto tiene derecho, garantizado por el Estado, a que lo judicialmente ordenado se cumpla con exactitud y oportunidad .

5.4. Cuando la autoridad pública al momento de ejecutar un fallo de la jurisdicción cuestiona el contenido y resuelve en contravía de lo ordenado, en vez de impugnar la decisión o intenta revivir términos mediante ciertas órdenes en un debate probatorio ya finiquitado, vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia, tornando procedente su protección a través de la acción de tutela.

Así, la Corte ha sostenido que: “...El desconocimiento en cualquier forma del derecho al debido proceso en un trámite administrativo, no sólo quebranta los elementos esenciales que lo conforman, sino que igualmente comporta una vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, del cual son titulares todas las personas naturales y jurídicas (C.P., art. 229), que en calidad de administrados deben someterse a la decisión de la administración, por conducto de sus servidores públicos competentes...” (negrillas fuera de texto).

Uno de los efectos cardinales del debido proceso es imponer a los administrados la carga de observar y de emplear todos los medios procesales que la ley coloca a su alcance para proteger y hacer efectivos sus derechos, cuando por su conducta negligente o descuidada no sólo generan consecuencias desfavorables para ellos mismos, sino que se ven como administrados en una posición de indefensión, por cuanto quedan en la imposibilidad de imputar responsabilidad alguna al Estado y, menos aún, se les va a permite recurrir a la acción de tutela.

En consecuencia, no sólo es un deber de la administración ajustar su actuación a los principios, mandatos y reglas que gobiernan la función pública y que determinan su competencia funcional, para garantizar el derecho fundamental al debido proceso, sino que sobre los hombros de los administrados recae el peso de observar y de utilizar los valiosos mecanismos procesales que el ordenamiento jurídico les otorga, para evitar el riesgo de soportar las consecuencias negativas que de su conducta negligente puedan llegar a derivarse .

5.5. El Juzgado Cuarenta y Tres Penal del Circuito en fallo de tutela de 8 de octubre de 2003 amparó de manera transitoria los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, mínimo vital y seguridad social a ALONSO JOSÉ MURGUEITIO RESTREPO desconocidos por la Caja Nacional de Previsión Social y ordenó que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación y hasta cuando la jurisdicción contencioso administrativa decidiera en forma definitiva reconociera y reliquidara la mesada pensional equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que le corresponda en el último año de servicios desde cuando entró a disfrutar la pensión, dando aplicación integral a lo consignado en el artículo 6º del Decreto 546/71.

5.6. En observancia de la decisión se expidió la Resolución N° 6952 de 28 de noviembre de 2003 reliquidándose y aumentándose la pensión de cuatro millones novecientos cuarenta y nueve mil doscientos noventa y cuatro pesos con veintinueve centavos ($4.949.294.29) -reconocida en Resolución N° 17917 de 1º de septiembre de 2003- a seis millones quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos con cuarenta y ocho centavos ($6.575.494.48) efectiva a partir de 1º de noviembre de 2002.

5.7. Presentada la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el 27 de octubre de 2006 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, declaró la nulidad parcial de la Resolución N° 17917 de 11 de septiembre de 2003 a través de la cual la Caja Nacional de Previsión Social efectuó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a MURGUEITIO RESTREPO, al no aplicar integralmente el Decreto 546/71. Por ello dispuso que al efectuar la reliquidación debía incluir todos los factores salariales tomando el 75% de la asignación mensual más elevada que hubiera devengado en el último año de servicio 2001–2002, así mismo, las sumas a las que se refería la providencia se ajustarían al valor de conformidad con lo establecido en la parte motiva del fallo.

Mientras el numeral 11 de la decisión fue enfático en consignar que el límite o tope pensional de veinticinco (25) salarios mínimos legales establecido en la Ley 100/93, la Ley 797/03 y el Acto Legislativo 01/05, no aplica a los pensionados del régimen especial de la Rama Judicial que se encontraban dentro del denominado régimen de transición de la Ley 100/93, como es el caso del accionante.

5.8. Para efectos de dar cumplimiento al fallo administrativo la Caja Nacional de Previsión Social expidió la Resolución N° 000517 de 25 de febrero de 2008, reliquidando la pensión de vejez por nuevos factores salariales en cuantía de seis millones quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos con cincuenta centavos ($6.575.494.54) efectiva a partir de 1º de noviembre de 2002.

5.9. No obstante mediante Resolución N° 22417 de 8 de junio de 2009 la Subgerente de Prestaciones Económicas (e) procedió a aclarar la Resolución N° 000517 de 25 de febrero de 2008, al observar que se presentó un error involuntario por parte de la entidad al reliquidar la pensión de vejez en un monto de $6.575.494.50, sin aplicar el tope dispuesto en el artículo 2º del Decreto 314/94 , máxime cuando el cargo desempeñado por el peticionario no se encontraba dentro de las excepciones contempladas en la Carta Política y en la ley para no aplicar dicho límite pasando a seis millones ciento ochenta mil pesos ($6.180.000), haciéndola efectiva a partir de 1º de noviembre de 2002 de conformidad con lo ordenado en el fallo administrativo al cual se estaba dando cumplimiento, pero condicionada a demostrar el original o copia auténtica de retiro del servicio.

5.10. Finalmente en oficio PABF-GN-7367 el Gerente de PAP Buenfuturo informa a ALONSO JOSÉ MURGUEITIO RESTREPO que en estricto cumplimiento al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en aplicación a la Resolución N° 22417, que lo incluyó en nómina general de pensionados del mes de junio de 2010, aclarando que con la disminución en el valor de la mesada pensional que venía recibiendo no se genera el pago de retroactivo, por tanto, la mesada pensional a partir de esa fecha será de nueve millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con setenta y tres centavos ($9.445.464.73).

5.11. La pregunta que surge ante la actuación desplegada por la Caja Nacional de Previsión Social al expedir la Resolución 22147 de 8 de junio de 2009, es si la administración tiene la potestad de revocar sus propios actos sin la autorización previa y escrita del particular afectado. La respuesta es negativa porque para que opere tal figura debe sujetarse a lo ordenado en los artículos 73 y 74 del Código Contencioso Administrativo.

5.12. La jurisprudencia sostiene de manera pacífica y reiterada (T-347/94, T-355/95 y T-134/96, T-315/96, T-827/99 y T-1131/01) que la administración no puede en forma unilateral revocar actos de carácter particular y concreto que reconozcan derechos en favor de los administrados sin el consentimiento previo y escrito de éstos:

…, los actos administrativos expresos expedidos por la administración que reconocen un derecho subjetivo no son revocables por ésta sino en los términos ya indicados (arts. 73, inciso 1 del C.C.A.). En tal virtud cuando la administración observe que un acto de esta naturaleza es contrario a la Constitución o la ley debe proceder a demandar su propio acto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (art. 149 inciso 1 del C.C.A.), pero no podrá revocarlo directamente.” (T- 347 de 1994).

La Sentencia T-355/95 explicitó la necesidad de la aceptación por parte del afectado:

Cabe recordar que expresamente el artículo 73 de C.C.A. establece que “Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica particular y concreta o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular”. Como vemos se trata de una renuncia por parte del administrado, que se constituye en una clara declinación por parte del interesado de los derechos que el acto le confiere. Es clara esta disposición y en consecuencia resulta violatorio de toda la normatividad pretender desconocer lo que allí la norma prescribe" (negrillas y subraya fuera de texto)

La sentencia T-315/96 referida precisamente a la revocación directa de los actos administrativos, por su parte, reiteró:

Esta prerrogativa con que cuenta el particular, como lo ha expuesto la Corte a través de sus distintas salas de revisión, tiene como objetivos, entre otros, evitar que la administración, en uso de ciertos poderes y aduciendo una serie de necesidades, desconozca derechos subjetivos cuya modificación o desconocimiento requiere de la anuencia de su titular, pues, sólo él, por la misma naturaleza del derecho, puede renunciarlo. Si la administración no logra obtener ese consentimiento debe buscar la intervención del aparato jurisdiccional, que decide si es posible modificar o desconocer los derechos reconocidos al particular.

Se busca, así, darle algún equilibrio a las relaciones que surgen entre la administración y el particular, asegurándole a éste que aquélla no modificará o desconocerá sus derechos, sin el agotamiento previo de ciertos requisitos. Se evitan así decisiones que asalten la buena fe del titular del derecho y rompan la seguridad jurídica.

Los requisitos mencionados son: el consentimiento del titular del derecho y, en su defecto, la intervención de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Intervención que se logra cuando la administración demanda su propio acto, es decir, la obligación de demandar corresponde al ente administrativo y no al particular” (negrillas fuera de texto) .

5.13. Con fundamento en lo expuesto razón le asiste a la instancia cuando amparó los derechos reclamados por el actor, al constatar su conculcación cuando la entonces Subgerente de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social modificó motu propio la situación ya consolidada del actor, sin fundamento legal bajo la figura de la “aclaración”, produciendo realmente una revocatoria directa del acto administrativo, el cual está revestido de legalidad al haber sido emitido cumpliendo estrictamente la orden impartida por una autoridad judicial, pasando por alto que la normatividad en la que se fundamentó no aplicaba al accionante y respecto de la cual hizo pronunciamiento expreso el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, como se citó en precedencia.

5.14. La forma como ha actuado la administración constituye una clara conculcación de los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso porque en apariencia se cumple un fallo judicial, creando en realidad una inseguridad jurídica que lejos está de cohonestar la Sede en su labor constitucional y que impone señalar los correctivos mediante la orden de amparo que se impartirá.

5.15. La Caja Nacional de Previsión Social en liquidación en su momento debió interponer los recursos que tenía a su alcance contra el fallo proferido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que el competente se pronunciara sobre esa supuesta irregularidad y no guardar silencio, permitiendo que la decisión cobrara ejecutoria y, luego, en vez de dar cumplimiento al mismo procedió a su antojo debiendo responsabilizarse de su propia incuria y desidia.

5.16. Como corolario de lo anterior se modificará la orden de tutela en el sentido de dejar sin vigencia la Resolución N° 22417 de 8 de junio de 2009 expedida por la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación al igual que el oficio PABF-GN-7367 de 10 de junio de 2010 suscrito por el Gerente de PAP Buenfuturo.

5.17. Consecuente con ello dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión el Gerente de PAP Buenfuturo, o el funcionario encargado bajo su directa responsabilidad, deberá expedir el acto administrativo siguiendo sin cuestionamiento las directrices del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en sentencia de 27 de octubre de 2006, aclarada mediante auto de 30 de noviembre de 2006.

5.18. Una vez ello ocurra lo remitirá INMEDIATAMENTE al Gerente liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación para que suscriba el acto administrativo y tome las medidas necesarias para que se incluya en nómina lo relacionado con la reliquidación pensional. Del cumplimiento del mandato deberá informarse al juez de instancia, de lo contrario se harán acreedores a las sanciones establecidas en el Decreto 2591 de 1991.

5.19. Se dispondrá compulsar copias disciplinarias y penales con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la conducta en que pudieron incurrir -prevaricato por acción y fraude a resolución judicial- Betty Elisa Salazar Gutiérrez, quien fungió como Subgerente de Prestaciones Económicas – Encargada de la Caja Nacional de Previsión Social al suscribir la Resolución 22417 de 8 de agosto de 2009, al igual que la abogada sustanciadora Diana P. Dávila H. y el revisor jurídico Manuel A. Ramírez.

Situación similar se hará en relación con Jaime Villaveces Bahamón -Gerente de PAP Buenfuturo-, Elizabeth Niño Rodríguez -Directora de Nómina- y Andrés Felipe Chaparro Silva, respecto a la expedición del oficio N° PABF-GN-7367 de 10 de junio de 2010.

5.20. De igual forma se ordenará que el Juez Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito ejerza vigilancia sobre la determinación anterior, requiriendo de la Fiscalía informes periódicos en caso de existir mérito para la investigación penal, los cuales deberá suministrar al accionante con el objeto de constatar el estado de la actuación y le informará que de ser su interés podrá ser reconocido como víctima en dicho trámite.

5.21. Para la notificación de la presente determinación se procederá de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y su reglamentario el 306 de 1992.



A mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D.C., en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución,

RESUELVE:

1º. MODIFICAR el numeral primero de la sentencia en el sentido de dejar sin vigencia la Resolución N° 22417 de 8 de junio de 2009 expedida por la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación al igual que el oficio PABF-GN-7367 de 10 de junio de 2010 suscrito por el Gerente de PAP Buenfuturo.

Consecuente con ello, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión el Gerente de PAP Buenfuturo, o el funcionario encargado bajo su directa responsabilidad, deberá expedir el acto administrativo siguiendo sin cuestionamiento las directrices del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en sentencia de 27 de octubre de 2006, aclarada en auto de 30 de noviembre de 2006.

Una vez ello ocurra lo remitirá INMEDIATAMENTE al Gerente liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación para que suscriba el acto administrativo y tome las medidas necesarias para que se incluya en nómina lo relacionado con la reliquidación pensional. Del cumplimiento del mandato deberá informarse al juez de instancia, de lo contrario se harán acreedores a las sanciones establecidas en el Decreto 2591 de 1991.

2º. COMPULSAR copias disciplinarias y penales con destino a la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la conducta en que pudieron incurrir -prevaricato por acción y fraude a resolución judicial- Betty Elisa Salazar Gutiérrez, quien fungió como Subgerente de Prestaciones Económicas – Encargada de la Caja Nacional de Previsión Social y suscribió la Resolución 22417 de 8 de agosto de 2009, al igual que la abogada sustanciadora Diana P. Dávila H. y el revisor jurídico Manuel A. Ramírez.

Situación similar se hará en relación con Jaime Villaveces Bahamón -Gerente de PAP Buenfuturo- Elizabeth Niño Rodríguez -Directora de Nómina- y Andrés Felipe Chaparro Silva, respecto a la expedición del oficio N° PABF-GN-7367 de 10 de junio de 2010.

El Juez Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito ejercerá vigilancia sobre la determinación anterior, requiriendo de la Fiscalía informes periódicos en caso de existir mérito para la investigación penal, los cuales deberá suministrar al accionante con el objeto de constatar el estado de la actuación y le informará que de ser su interés podrá ser reconocido como víctima en dicho trámite.

3º. En todo lo demás CONFIRMAR el fallo impugnado.

4°. REMITIR copia de esta decisión al Juzgado de Instancia para que dé cumplimiento a lo ordenado.

5º. ENVIAR la tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ALBERTO POVEDA PERDOMO
MAGISTRADO
LUIS FERNANDO RAMÍREZ CONTRERAS
MAGISTRADO
RAMIRO RIAÑO RIAÑO
MAGISTRADO

2010/09/11

UNA CORTE EJEMPLAR. Editorial del diario EL NUEVO SIGLO (07/09/2010)

EDITORIAL EL NUEVO SIGLO
"UNA CORTE EJEMPLAR"
Septiembre 7 - 2010

EL NUEVO SIGLO.COM
Martes, 07 de septiembre de 2010


Una Corte ejemplar
*Se impuso a las maniobras bajas


*Justicia hasta las últimas consecuencias


A medida que transcurren las investigaciones y los implicados piden Principio de Oportunidad, aceptación de cargos y sentencias anticipadas, el tema del espionaje a la Corte Suprema de Justicia, como a otros protagonistas de la vida nacional, se torna cada vez más escabroso. Parece confirmarse que existió, según ha dicho el ex jefe de Contrainteligencia del DAS, una maniobra criminal con la que se buscaba recabar información de modo ilícito para armarles escándalos a los Magistrados y usar a ciertos periodistas de caja de resonancia. El asunto, desde luego, ha trascendido todo el ámbito político para situarse en el plano de la criminalidad a través de un magno concierto para delinquir.


No se trata ya sólo de interceptaciones telefónicas ilegales, sino de infiltrar escoltas, detectives, policías y servidoras domésticas, sobornados con dineros públicos, para cercar a los Magistrados, lo mismo que grabar las sesiones plenarias de la Corte. Una trapisonda de marca mayor que se mueve entre la gravedad de los hechos y la sordidez de los mismos. Se trataba no sólo de violar la reserva del sumario permanentemente, fotocopiando los casos de la parapolítica y similares, con intenciones protervas, sino igualmente derivar cualquier resquicio de información que permitiera quitarle majestad a la Corte, romperle las vértebras a su legitimidad y mostrarla como una pandilla de delincuentes.


Como era previsible, no encontraron absolutamente nada de calado. Lo que demuestra, ciertamente, que los Magistrados son tan pulcros como integérrimos. Se dedicaron, entonces, a menudencias tan ridículas como el regalo de un reloj o un viaje de homenaje a Neiva, pues al no hallar nada de importancia, quisieron hacer de episodios minúsculos cabezas de proceso inicuas.


Ante semejante afrenta, que paulatinamente se viene conociendo en toda su dimensión espuria, la Corte salvó su integridad y se movió dentro de los cánones que aconsejaban las circunstancias. Ahora se entiende con mayor claridad por qué tuvo que afincarse, no sólo en la Corte Penal Internacional, sino en los organismos respectivos de las Naciones Unidas y la jurisdicción global. Muy pocas veces, en el mundo, se ha dado el caso de que los más altos Magistrados del país fueran espiados desde el Ejecutivo por adelantar cabalmente sus funciones y sacar avante la Justicia. Queda, desde luego, en los anales universitarios y las cátedras universales este episodio dentro del cual, sin embargo, triunfan la verdad y la probidad por sobre lo deleznable e ilícito.


Vistas las dificultades internas en que andaba la Corte Suprema, se comprende, también, por qué era difícil ponerse de acuerdo en la elección de Fiscal General, lo mismo que avanzar en los casos pendientes de la parapolítica y otros de igual impacto. Es claro, no obstante, que el Fiscal interino ha actuado como uno de los mejores operarios que ha tenido ese Despacho y para nada le han afectado las diligencias. Por el contrario, sus últimas movidas, cambiando algunos Fiscales Delegados, seguramente redundarán en la profundización de las investigaciones y la buena mancorna que ha sabido mantener con la Corte, como debe ser.


Ahora que el país conoce, igualmente, todo lo que se fraguaba en contra del máximo Tribunal de la Justicia Ordinaria, tendrá la Corte que renovar bríos para no dejar cabos sueltos en tantas indagaciones que están pendientes. Recuperada la institucionalidad de los zarpazos, ella podrá consolidarse aún más en la medida en que la Corte termine tantas investigaciones a su cargo. Lo mismo que la Fiscalía General deberá acelerar, como lo viene haciendo, todo lo referente al malévolo espionaje y tantas otras aristas con los que casi se llevan por delante lo que en Colombia se llamaba el Estado de Derecho.


Seguir rodeando la Corte y la Justicia por parte del grueso de la opinión del país será el mejor homenaje de desagravio a quienes se han comportado como patriotas ejemplares.

2010/05/04

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CASA FALLO DEL TRIB UNAL DE IBAGUE EN ASUNTO DE CAPTURAS MASIVAS. En la sentencia demandada el Tribunal cometio graves errores en la apreciación de la prueba. SE ESTABLECEN REGLAS PARA DAR CREDIBILIDAD AL TESTIMONIO DE LOS DESMOVILIZADOS DE LA GUERRILLA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:
YESID RAMÍREZ BASTIDAS
Aprobado Acta N°

Bogotá, D. C., cuatro (04) de mayo de dos mil diez (2010).

VISTOS:

Resuelve la Sala el recurso de casación interpuesto por el defensor de PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO contra la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, por medio de la cual la condenó, junto con otras personas, como coautora responsable del delito de rebelión.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:

1. Mediante denuncia presentada por OMAIRA HERNÁNDEZ AGUILAR e informes de policía judicial se enteró a la Fiscalía General de la Nación que PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO y otras personas colaboraban con una facción del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), haciendo parte de las milicias que tienen como centro de operaciones el Departamento del Tolima.

De la procesada se dijo que aprovechando su calidad de Promotora de Salud del Corregimiento San Juan de la China, ubicado en jurisdicción del Municipio de Ibagué, colaboraba con el Frente Tulio Varón suministrándoles fármacos, prestándoles los primeros auxilios a guerrilleros heridos, inscribiendo a los miembros del grupo en el Sisbén, transportando armas y municiones y custodiando tales materiales en el centro de salud.

2. Luego de ejecutado el procedimiento de “capturas masivas” , PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO fue indagada el 7 de septiembre de 2004 y al momento de resolvérsele la situación jurídica por parte de la Fiscalía Dieciséis Seccional de Ibagué, el 23 del mismo mes y año, le fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva como posible coautora responsable del delito de rebelión, soportándose la decisión en las declaraciones de JOSÉ OTONIEL GONZÁLEZ PINZÓN, OLGA LUCÍA QUINTÍN QUINTERO, MAXIMINO RIVERA LOAIZA y EDWIN GUILLERMO ZAMORA HERNÁNDEZ. La medida cautelar se suspendió por el avanzado estado de embarazo de la procesada y una solicitud de revocatoria presentada contra la misma fue negada .

3. Cumplido el ciclo instructivo y cerrada la investigación, el 8 de marzo de 2005 la Fiscalía Dieciséis Seccional de Ibagué profirió en contra de la procesada resolución acusatoria como coautora del delito de rebelión, decisión contra la cual se presentaron los recursos de reposición y apelación.

4. El 11 de abril de 2005 se desató el recurso de reposición disponiéndose a favor de varios procesados la preclusión de la investigación y confirmándose el pliego de cargos respecto de los demás.

5. El recurso de apelación correspondió resolverlo al Fiscal Cuarto Delegado ante el Tribunal Superior de Ibagué, quien en resolución de 31 de mayo de 2005 confirmó la acusación contra PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO y otros procesados, amén de declarar una nulidad parcial respecto de ERNESTO NIETO y ordenar la preclusión de la investigación a favor de JOSÉ ROMÁN NIETO OSPITIA.

6. El juicio contra PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO, RAMIRO LOZANO RUBIO, GILDARDO MEDINA SÁNCHEZ, JOSÉ HOVER LOZANO RUBIO, MYRIAM LOZANO RUBIO, CÉSAR ANTONIO FLÓREZ OROZCO y GUILLERMO SUÁREZ VILLALBA, correspondió tramitarlo al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué y, el 19 de diciembre de 2005, una vez cumplidas las audiencias preparatoria y de juzgamiento, condenó a RAMIRO LOZANO RUBIO, JOSÉ HOVER LOZANO RUBIO y GUILLERMO SUÁREZ VILLALBA como autores responsable del delito de rebelión y absolvió a PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO, CÉSAR ANTONIO FLÓREZ OROZCO, GILDARDO MEDINA SÁNCHEZ y MYRIAM LOZANO RUBIO.

7. Respecto de la procesada PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO el a quo señaló que las declaraciones de JOSÉ OTONIEL GONZÁLEZ GIRALDO PINZÓN, OLGA LUCÍA QUINTÍN VAQUERO y EDWIN GUILLERMO ZAMORA HERNÁNDEZ, no permitían obtener certeza sobre la responsabilidad de la acusada, resultando su situación similar a lo ocurrido con MAGDA MAYERLY OSPITIA MONTOYA, Corregidora de San Juan de la China, de modo que la colaboración prestada al grupo guerrillero no fue voluntaria, apareciendo sí demostrada en el proceso la causal excluyente de responsabilidad prevista en el artículo 32-8 del Código Penal .

8. La decisión del juzgador de primera instancia fue apelada por la defensa de los condenados en busca de su absolución y por la fiscalía con el propósito de obtener la condena de PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO y GILDARDO MEDINA SÁNCHEZ.

9. El Tribunal Superior de Ibagué, a través del fallo recurrido en casación, expedido el 8 de septiembre de 2009, revocó la absolución de PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO y la condenó a las penas de 72 meses de prisión y multa de 100 salarios mínimos legales mensuales, al considerarla coautora del delito de rebelión. En lo demás se confirmó lo resuelto por el juzgado.

El ad quem desestimó los argumentos del juez de primera instancia y consideró que la prueba aportada al proceso era suficiente para demostrar la responsabilidad de la procesada y descartar la causal eximente de responsabilidad aducida .

10. El defensor de la procesada presentó recurso de casación contra el fallo de segunda instancia, el que fe concedido por el Tribunal y en término presentada la correspondiente demanda, razón por la cual el asunto fue remitido a esta Corporación.


LA DEMANDA:

Primer cargo: Con base en la causal tercera se acusó la sentencia de haber sido proferida en un juicio viciado por violación del derecho de defensa.

Afirmó el defensor que no tuvo ninguna oportunidad de interrogar a los testigos de cargos porque los mismos nunca comparecieron a ampliar sus versiones, lo que ocurrió porque premeditadamente esquivaron el contrainterrogatorio.

Por lo anterior consideró que la irregularidad afecta la actuación desde la etapa instructiva, razón por la que pidió que se anule el proceso desde el cierre de investigación.

Segundo cargo: Alegó la causal primera al presentarse una violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho derivado de falso raciocinio.

Señaló que las declaraciones que sirvieron de soporte al fallo de condena fueron vertidas por reinsertados o desmovilizados, quienes comparecieron al proceso movidos por dádivas, coerción y beneficios jurídicos y económicos. Agregó que tales testimonios fueron recepcionados previa preparación de los deponentes por parte de servidores adscritos a organismos de seguridad del Estado.

Cuestionó que el Tribunal le haya dado credibilidad a OMAIRA HERNÁNDEZ AGUILAR, cuando la misma reconoció trabajar como informante de la Policía Nacional, lo que rompe el argumento de naturalidad y espontaneidad de su exposición.

Señaló que el ad quem omitió valorar las retractaciones de los testigos que hicieron parte de la subversión y que ahora trabajan en organismos de inteligencia estatal.

Controvirtió lo referente a JOSÉ OTONIEL GONZÁLEZ PINZÓN porque a pesar de reclamarse como exguerrillero, en realidad nunca lo fue, como lo reconoció la Fiscalía.

Destacó la incoherencia de los testigos acusadores porque ni siquiera se pusieron de acuerdo en el nombre del guerrillero que supuestamente era el amante de la procesada. Resaltó que a pesar del papel relevante que le dan a la actuación a favor de las FARC de PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO, ni siquiera la mencionaron los acusadores en sus primeras declaraciones sino que la refirieron en exposiciones posteriores.

Resaltó que los testigos que ponderaron el buen comportamiento familiar y social de la acusada, la existencia de una relación con una pareja permanente y estable, así como su alarma por la sindicación que se le hizo, como ocurrió con el Párroco de San Juan de la China y una funcionaria de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fueron tachados de interesados y de poca credibilidad sin ningún sustento.

Concluyó que la desatención de las reglas de la sana crítica llevó a que el Tribunal inobservara la existencia de un complot entre autoridades y reinsertados de las FARC, lo que impidió aplicar el artículo 238 del Código de Procedimiento Penal y la consiguiente sentencia absolutoria a favor de la procesada.

Tercer cargo: Con base en la causal primera de casación adujo una violación indirecta de la ley sustancial por falta de aplicación de la regla que impone absolver las dudas en favor del acusado.

Señaló que las pruebas aportadas al proceso no tienen la fuerza necesaria para soportar la sentencia de condena decretada, porque de las mismas lo único que surge es incertidumbre sobre la responsabilidad de PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO.

Argumentó que en asuntos como el presente, en el que aparecen testimonios sospechosos, se debe reconocer la existencia del principio referido al in dubio pro reo.

Concluyó reclamando que se case la sentencia y se absuelva la acusada.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO:

Luego de que la Sala declarara la demanda ajustada en sus aspectos formales el Procurador Primero Delegado para la Casación Penal rindió concepto , así:

Cargo primero: Señaló que no le asiste razón al libelista porque, si bien el principio de contradicción es un elemento integral del derecho de defensa, no se limita a la posibilidad de contrainterrogar a los testigos en tanto los mismos pueden ser rebatidos mediante otras pruebas.

Recordó que en la sistemática procesal de 2000 la apreciación probatoria se rige por el principio de permanencia, de donde se tiene que si un sujeto procesal no participó en la recolección de la misma y posteriormente no es posible que se reciba de nuevo o se amplíe, se establece la posibilidad de desvirtuarla con nuevas pruebas y su crítica en los espacios previos a la adopción de las decisiones de fondo.

Cargo segundo: Expresó que no podía prosperar el cargo porque el censor se limitó a exponer su particular punto de vista sin demostrar los postulados de la sana crítica vulnerados.

Señaló que no se demostró que los testimonios de cargo hubiesen sido manipulados, y que la posible relación sentimental entre un policial que coordinó las actividades investigativas y la fiscal del caso, no se ata a elemento de juicio alguno dirigido a vincular procesalmente de manera injusta a PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO.

Resaltó que las alegadas malas relaciones entre la testigo OLGA LUCÍA QUINTÍN QUINTERO y la procesada no aparecen demostradas porque de ello solamente hizo alusión esta última.

En referencia a que la acusada tenía varios amantes destaca que solamente OLGA LUCÍA QUINTÍN QUINTERO hizo mención a “Miller”, sin que aparezcan otras versiones en el proceso como lo señala el demandante.

Dijo que el Tribunal acertó al considerar probada la participación delictiva de PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO en el delito de rebelión porque los testigos fueron concordantes cuando le atribuyeron la ejecución de unas actividades específicas por cuenta de la guerrilla, como tramitar el Sisbén o prestar asistencia sanitaria a sus integrantes, comprarles medicinas y entregarles información relevante para el accionar subversivo.

Tercer cargo: Consideró que el reproche erigido en la falta de aplicación de la regla que ordena resolver a favor del sindicado toda duda tampoco debe prosperar, porque carece de sustento al no ser precisados y discutidos los elementos probatorios objeto de equivocada apreciación probatoria.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

1. Primer cargo: El censor expresó que se había vulnerado el derecho de defensa al impedirse en el curso del proceso que se interrogara por parte de la defensa a los testigos de cargo.

1.1. La Sala observa que los principales testigos de cargo fueron recogidos en la indagación preliminar, momento procesal en el que, bien se sabe, se pretende establecer la existencia del delito y los posibles responsables, razón que ontológicamente impide la presencia de la defensa en tanto no se ha determinado quienes son los eventuales responsables del punible que se investiga.

1.2. Es cierto que el principio de contradicción adquiere plenitud en materia de testigos y lo ideal -en aras de la más fina protección material y técnica del derecho de defensa- sería que en todo caso se tuviera certeza de poder contrainterrogarlos personal y directamente, por parte del imputado y su defensor, pero dicho anhelo choca en veces con la realidad, que enseña muchas excepciones, como cuando el testigo fallece, enferma, desaparece, cambia de lugar de residencia o se halla en el extranjero o por cualquier razón le es imposible asistir al debate directo y personal .

1.3. Además, como lo recordó el Agente del Ministerio Público, la jurisprudencia ha precisado que el ejercicio del derecho de contradicción no se funda exclusivamente en la posibilidad de contrainterrogar, su espectro es mucho más amplio, por cuanto incluye presentar otros medios en oposición a los esgrimidos en contra, impugnar las decisiones que valoran los elementos de juicio, entre otras opciones, que también comportan el cabal ejercicio del contradictorio, posibilidades que fueron exploradas por la parte defensiva en este caso .

1.4. En el presente asunto resulta evidente que la defensa de manera diligente solicitó pruebas, interrogó testigos, elaboró alegaciones en cada momento procesal y en general intervino a favor de la procesada, lo que permite concluir que ejerció cabalmente el derecho de defensa e hizo manifiesto el principio de contradicción que le es propio.

El cargo no prospera.

2. Segundo cargo: Este reparo se contrae a considerar que el ad quem incurrió en una violación indirecta de la ley por error de hecho por falso raciocinio, modalidad de dislate que se estructura cuando una prueba legal y regularmente allegada a la actuación -pese a ser apreciada por el fallador en su exacta dimensión fáctica-, al asignarle el mérito persuasivo transgrede los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia.

2.1. El error por desconocimiento de las reglas de la sana crítica propuesto por el libelista, como atinadamente lo describió el Procurador Delegado, quedó limitado a una exposición sobre el particular punto de vista del postulante del cargo y su confrontación con las valoraciones del juez colegiado de segundo grado.

2.2. Omitió el demandante establecer las reglas de la experiencia, de la lógica o de la ciencia que se pudieron vulnerar o desconocer en cada uno de los reproches que elaboró respecto de cuestiones apenas comentadas o aludidas de manera accidental en el proceso, como la posible relación sentimental de un investigador con la fiscal acusadora, las disputas entre testigos de cargos y la procesada, o las afirmaciones sobre los amantes de esta.

2.3. Para acreditar la existencia de un falso raciocinio, lo ha dicho de manera reiterada la jurisprudencia de la Sala, era menester que el libelista demostrara que los razonamientos probatorios con fundamento en los cuales se edificó la decisión se apartan ostensiblemente de la razón y sus conclusiones obedecen tan solo al capricho o liberalidad del fallador, de donde resulta imposible hablar de falso raciocinio cuando simplemente se presenta una apreciación probatoria que no se comparte .

El cargo se desestima.

3. Tercer cargo: Está soportado en la inaplicación del principio procesal que obliga a absolver cuando existen dudas sobre la responsabilidad del procesado.

3.1. Contrariamente a lo expuesto y concluido por el Delegado de la Procuraduría, el demandante en el reproche denunciado con fundamento en la causal primera de casación, cuerpo segundo, aun cuando no observó un lenguaje ortodoxo para identificar los vicios, depurada su argumentación de algunas imprecisiones, alcanza a articular la proposición de errores típicos de aquella senda de violación .

3.2. El estudio que sigue se concentrará en (i) establecer los hechos demostrados, (ii) resaltar lo expresado por el ad quem, enseguida se procederá a (iii) analizar y valorar las pruebas cuestionadas para fijar lo que se deriva de ellas, consideradas en su conjunto y en forma particular, e inmediatamente (iv) se determinará la existencia de la duda probatoria alegada.

3.3. Para determinar la procedencia del cargo se tendrá en cuenta la prueba aportada al proceso, la que a juicio de la Sala permite afirmar que en el sub examine están demostrados sin discusión los siguientes hechos:

(i). En el corregimiento de San Juan de la China, jurisdicción del municipio de Ibagué, Tolima, desde mediados de los años noventa empezaron a hacer presencia hombres armados que se identificaron como miembros de las FARC-EP .

(ii). Los hombres armados precisaron a la comunidad de San Juan de la China y se conoció por las autoridades que hacían parte de las columnas guerrilleras Tulio Varón, Jacobo Prías Álape y Frente XXI .

(iii). Todos los miembros de la agrupación ilegal se denominan guerrilleros, pero propiamente dichos son guerrilleros quienes se encuentran conviviendo en campamentos y exhiben uniformes policiales o militares y armas, los que les permiten ser reconocidos por las comunidades en donde ejercen influencia; y otros miembros del grupo armado ilegal que actúan en la clandestinidad son los milicianos y los afiliados del PC3, encargados de prestar una colaboración esencial en cuestiones de logística e inteligencia al grupo rebelde y del desarrollo político del aparato de poder; y un tercer grupo es el de los auxiliadores, responsables de labores más accesorias y menos esenciales en los propósitos del grupo irregular .

(iv). La Estación de Policía instalada en San Juan de la China fue atacada y con motivo de ello retirada la presencia permanente que la Policía Nacional tenía en la zona .

(v). La estancia de los irregulares y la realización constante de actividades por parte de los mismos, su “domiciliación” permanente y el control e imposición de sus reglas de convivencia, llevó a que los vecinos de San Juan de China aceptaran con resignación que vivían en un área calificada como “zona roja” .

(vi). La presente investigación se inició con base en la denuncia formulada por OMAIRA HERNÁNDEZ AGUILAR y los informes rendidos por diferentes autoridades, los cuales fueron producto de labores de inteligencia e investigativas que incluyeron entrevistas a desertores o desmovilizados del grupo irregular y a algunas de sus víctimas . La declaración de la citada OMAIRA fue recibida el 7 de noviembre de 2002 y en el curso de ella no hizo mención alguna a PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO .

(vii). La primera noticia procesal que existe sobre una persona llamada PATRICIA GIRALDO como miliciana y promotora de salud la da JOSÉ OTONIEL GONZÁLEZ PINZÓN el 23 de abril de 2004 . Posteriormente se habla de Patricia N. como enfermera vinculada al grupo ilegal con la función de atender a los compañeros heridos. El desmovilizado JHONYS JOSÉ ELLES IMITOLA dijo:

Distinguí a PATRICIA es combatiente de base, es la enfermera del TULIO VARÓN, ella es acuerpadita, blanquita, cabello indio, como de 1.64 de estatura, tenía 19 años de edad ,

y MAXIMINO RIVERA LOAIZA, quien la describe con rasgos similares a los que narraron GONZÁLEZ PINZÓN y OLGA LUCÍA, dice que ella es la Corregidora .

(viii). El GAULA informó que existía una tal Magnory que se desempeñaba como enfermera de la guerrilla . Y el CTI señaló que MAGNORY LOZANO OVIEDO era la encargada de atender a los guerrilleros heridos .

(ix). El informe policial 176, de 26 de marzo de 2004, sustentado en estudios de inteligencia hace una extensa relación de supuestos colaboradores de la guerrilla de las FARC.

(x). Las declaraciones de JOSÉ OTONIEL GONZÁLEZ PINZÓN, OMAIRA GIRALDO PINZÓN y OLGA LUCÍA QUINTÍN VAQUERO, son las únicas aportadas al proceso que dan cuenta de la colaboración de PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO con el grupo armado ilegal FARC y que fueron tomadas como sustento del fallo de condena .

(x).a-. Se cuestiona que los declarantes JOSÉ OTONIEL GONZÁLEZ PINZÓN y EDWIN GUILLERMO ZAMORA HERNÁNDEZ, hayan sido en alguna época guerrilleros. Su calidad de desertores o desmovilizados de las FARC o de desplazados queda en entredicho por la mismas autoridades al certificar que tales personas no figuran en sus listas de guerrilleros, desmovilizados, desertores o informantes .

(x).b-. OLGA LUCÍA QUINTÍN VAQUERO afirmó que PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO era la mujer de alias “Miller”, jefe de finanzas de la columna guerrillera Tulio Varón , en tanto su compañero JOSÉ OTONIEL GONZÁLEZ PINZÓN informó que la procesada andaba con alias “Gerardo” .

(x).c.- De JOSÉ OTONIEL GONZÁLEZ PINZÓN y OLGA LUCÍA QUINTÍN VAQUERO se dijo que eran unos vividores, ladrones profesionales, malas pagas , que trabajaron en la región como partijeros, que utilizaron la guerrilla para coaccionar a ciudadanos de la región y que nunca se les conoció un vínculo con el grupo armado ilegal . También se informó que estuvieron en la región hasta mitad del año 2003, que OLGA LUCÍA dijo que habían matado a JOSÉ OTONIEL, luego de lo cual se desaparecieron .

(x).d-. Mediante oficio de 10 de diciembre de 2004 la Policía Nacional con sede en Ibagué certificó que OLGA LUCÍA QUINTÍN VAQUERO y LETICIA ALEJANDRA ORTIZ HERNÁNDEZ no aparecían registradas en las bases de datos como colaboradoras contra los grupos subversivos , lo que fue corroborado por las autoridades policiales de Manizales y Armenia .

(xi). Los otrora levantados en armas y ahora desmovilizados LUIS ALFONSO NARANJO CASTELLANOS, JHONYS JOSÉ ELLES IMITOLA, WILLIAM LOMBANA CASTILLO, LEYER GARCÍA MURILLO, ARLEY GARCÍA MURILLO, JOSÉ FERNEY GÓMEZ VILLAMIL, así como las presuntas víctimas LETICIA ALEJANDRA ORTIZ HERNÁNDEZ, JORGE SAÚL SANTOS SALAMANCA y MARGIE NATALY AMPUDIA SUÁREZ, no mencionaron en sus declaraciones ni vincularon con grupos ilegales a PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO, a pesar de haber manifestado que sus actividades ilegales y legales las desplegaron en San Juan de la China .

(xii). Las declaraciones de los testigos de cargo fueron generales e imprecisas en la primera oportunidad que se les recibió. Posteriormente ampliaron y entraron en detalles sobre los nombres completos de las personas que colaboraban con el grupo armado ilegal e inclusive de memoria entregaron datos sobre las placas de vehículos utilizados para el efecto .

(xiii). LETICIA ALEJANDRA ORTIZ HERNÁNDEZ contó que OMAIRA HERNÁNDEZ AGUILAR, su progenitora, mantiene relaciones amorosas con un investigador policial de apellido NORMAZA. Agregó en su declaración que dicho agente de la autoridad le manifestó

que tenía que declarar contra todos ellos (refiriéndose a los procesados de San Juan de la China) y me dijo que si no los conocía que el me decía los nombres y que los metiera en la declaración .


(xiv). Dijo el desmovilizado LUIS ALFONSO NARANJO CASTELLANOS, alias “Edwin” y apodado Chiquitín, que “a uno de guerrillero raso no lo dejan” tener contacto con los milicianos , y a pesar de mencionar a varias personas como colaboradoras de la guerrilla no hizo cita alguna de PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO . Respecto de la obtención de medicamentos contó que los compraban en las farmacias de LUIS MORENO .

(xv). MARTHA CECILIA ROZO, BLANCA JANETH GONZÁLEZ, DIANA ROCÍO CARDONA, MYRIAM AMINTA GARZÓN y GIOVANNY MORENO, expresaron que la procesada era una persona dedicada a servir a la comunidad, que no le conocían vínculo alguno con grupos irregulares y que tenía un hogar que compartía con su compañero permanente JORGE ALBEIRO OSORIO CASTILLO , datos que son corroborados en términos generales por agricultores, ganaderos, comerciantes, conductores, profesores y vecinos de San Juan de la China .

(xvi). La procesada narró en su indagatoria que OLGA LUCÍA QUINTÍN VAQUERO maltrataba a uno de sus hijos menores y que por ello le hizo un llamado de atención para que mejorara su conducta porque de lo contrario la reportaría al Bienestar Familiar, hecho que fue corroborado con las declaraciones de MARTHA CECILIA ROZO ALBA , BLANCA YANETH GONZÁLEZ y ÓSCAR JOSÉ MILLÁN SILVA .

(xvii). Los informantes o desmovilizados EDWIN GUILLERMO ZAMORA HERNÁNDEZ , LEYER GARCÍA MURILLO y ARLEY GARCÍA MURILLO , se retractaron de sus afirmaciones iniciales y terminaron afirmando que respecto de sus acusaciones iniciales realmente no les constaba nada, y aclararon que las personas señaladas como colaboradores de la guerrilla en realidad también eran víctimas del conflicto, que los procesados habían sido señalados como colaboradores de la guerrilla por el simple hecho de vivir en su zona de influencia.

3.4. El Tribunal consideró que PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO prestaba una colaboración voluntaria a la guerrilla y por tanto no existió la denomina insuperable coacción ajena. Y señaló:

Nótese que JOSÉ OTONIEL GONZÁLEZ PINZÓN -fl. 91 cdno. 2, OMAIRA HERNÁNDEZ AGUILAR -fl. 110 cdno. 2- y OLGA LUCÍA QUINTÍN BAQUERO -fl. 116 cdno. 2-, incriminan a PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO, a quien conocen como la promotora de salud de San Juan de la China y como colaboradora de la guerrilla, señalando que se ocupaba de tramitar el SISBEN a guerrilleros, de prestarles asistencia en salud a quienes lo requieran, como igualmente de atender a sus heridos en combate. Destaca JOSÉ OTONIEL GONZÁLEZ PINZÓN: “ella en asuntos de medicinas las compra aquí en Ibagué porque se le facilita, lo mismo con los secuestros, ella utiliza las visitas que hace a las casas y la información que recibe la pasa a los campamentos, se trata con WALTER, con JHON JAIRO, con la MOROCHA y RICARDO cuando estaban vivos, de aquí de Ibagué les ha entrado armamento y municiones…”.

Igualmente enfatiza OLGA LUCÍA QUINTÍN BAQUERO, recuerda “…ella anda con la guerrilla para arriba y para abajo, ella era la mujer de MILLER el FINANCIERO del Tulio Varón. Esta vieja hace inteligencia acá en Ibagué, como trabaja en el SISBEN se le facilita, en el centro de salud se queda la guerrilla, desde que no haya tropa…”.

Deviene contundente el señalamiento que estos testigos hacen de PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO como asidua colaboradora del grupo subversivo refiriendo de manera categórica y circunstanciada su rol dentro de esta organización, dando cuenta de que su actuación resultaba protagónica dentro de las escenas descritas, por lo que contrario a lo aducido por el a quo, su responsabilidad en el delito no tiene duda .


3.5. Los razonamientos anteriores producidos por el juez colegiado no tuvieron en cuenta la serie de cuestionamientos e incertidumbres que generan las declaraciones y posteriores ampliaciones de testimonio rendidas por JOSÉ OTONIEL GONZÁLEZ PINZÓN, OMAIRA HERNÁNDEZ AGUILAR y OLGA LUCÍA QUINTÍN BAQUERO, confrontadas entre sí y frente al resto de pruebas acopiadas en la instrucción por la Fiscalía y en el juicio ante el a quo.

(i). No se explica, y seguramente por ello no se hace mención, que la denunciante OMAIRA HERNÁNDEZ AGUILAR no aludió en su denuncia, de 7 de noviembre de 2002, a PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO, y que fue en posteriores diligencias que con asombrosa capacidad de evocación -por lo poco creíble- la vincula con el grupo armado ilegal.

Y no se puede decir que en esa primera oportunidad no hubo motivo o razón para hacer referencia a la procesada porque cuando se refirió a las afiliaciones de guerrilleros al Sisbén, informó que de ello se encargaban Luis N. y ALFONSO SUÁREZ. Fue en declaración muy posterior cuando afirmó que la acusada realizaba tales trámites a favor de la guerrilla.

En esas exposiciones posteriores tiene que registrarse como sospechoso que la denunciante precisa nombres de personas que en la primera ocasión no recordó, extendió la lista de colaboradores o milicianos de la guerrilla detallando cada una de sus actividades ilícitas, justificó su colaboración con la justicia como mero cumplimiento de un deber ciudadano y negó recibir cualquier tipo de colaboración o dádivas por parte de entidad gubernamental alguna.

Frente a lo dicho por esta testigo juega un decisivo papel que milita en contra de su credibilidad la relación amorosa que por la época mantenía con un servidor público de apellido NORMAZA, vinculado a la Policía Nacional, encargado de adelantar las actividades de inteligencia contra el grupo subversivo, y que de acuerdo con lo expresado por LETICIA ALEJANDRA ORTIZ HERNÁNDEZ, hija de OMAIRA, se entrevistó con las declarantes y les ofreció darles toda la información que él tenía para involucrar en el delito de rebelión a numerosos vecinos de San Juan de la China .

Y tampoco resultó cierto que OMAIRA con su colaboración para con la justicia solamente buscara el bien común porque al hacer parte de las personas protegidas por la autoridad estaban recibiendo algunos beneficios autorizados por la ley, los que negó haber obtenido seguramente creyendo que con ello perdía valor su dicho, situación que produce como efecto el derrumbe de su credibilidad justamente porque al mentir en materia tan ostensible poco se puede aceptar del resto de sus manifestaciones.

Y si a lo anterior se ata que LETICIA ALEJANDRA contó que junto con su mamá tenían la intención de tener como fuente de ingresos su colaboración con el Ejército, el CTI y la fiscalía, la espontaneidad, autonomía y carencia de interés de sus testimonios pierde todo soporte, haciéndose sospechoso y carente de valor lo expuesto por OMAIRA HERNÁNDEZ AGUILAR.

(ii). En cuanto a la valoración del testimonio rendido por OLGA LUCÍA QUINTÍN BAQUERO, se presentan circunstancias similares a las expuestas en precedencia que llevan a darle poco crédito a la acusación que hace contra PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO.

De un lado afecta gravemente la credibilidad de la deponente el haber afirmado que la procesada era amante de alias Miller, porque en el proceso se estableció que PATRICIA DEL SOCORRO tiene una relación estable con JORGE ALBERTO OSORIO CASTILLO, de quien para la época de las acusaciones esperaba un hijo. Esto indica que en su testimonio OLGA LUCÍA se apegó estrictamente a un libreto que le fue entregado por alguien interesado en las resultas del proceso, o que simplemente está mintiendo sobre lo que dice saber de la procesada o, en últimas, que se refiere a otra persona y por tanto la acusada no es la responsable de los hechos delictivos que le atribuye.

La última de las hipótesis planteadas cobra fuerza cuando se constata que según informe del CTI MAGNORY LOZANO OVIEDO era la encargada de atender a los guerrilleros heridos, y en lo declarado por JHONYS JOSÉ ELLES IMITOLA, para quien “Patricia” era una combatiente de base .

Y el problema previo que existió entre OLGA LUCÍA y PATRICIA DEL SOCORRO, derivado del maltrato que la testigo le propinaba a uno de sus hijos menores , se convirtió en motivo de animadversión de la primera para con la segunda, erigiéndose tal hecho en pauta que mengua la veracidad de lo declarado por quien resultó siendo testigo de merito para el Tribunal. Y,

(iii). Respecto de la veracidad de lo narrado por JOSÉ OTONIEL GONZÁLEZ PINZÓN las dudas son mayores.

De una parte, es el único testigo que a lo largo del proceso señala que la procesada se uniformaba de guerrillera -con botas y pistola-, afirmación que resulta en un todo contraevidente para alguien que supuestamente cumple la función de miliciano, porque para cumplir dicha actividad debe proceder de manera clandestina, ocultando la identidad y guardando un perfil muy bajo.

Igualmente, todo indica que este personaje nunca hizo parte de la organización guerrillera que tiene entre sus zonas de influencia el corregimiento de San Juan de la China, porque quienes lo conocieron dan cuenta de su condición de partijero y agricultor, su mala reputación por no pagar las deudas, su condición de mal vecino, su ánimo pendenciero al levantar falsas imputaciones para obtener réditos con la guerrilla, y, lo más importante, el consenso existente en torno a que nunca lo vieron portando armas o uniformes que permitieran identificarlo como partícipe directo de las actividades de una organización ilegal, escenario que se refuerza con las contradictorias certificaciones expedidas por diferentes autoridades. De lo anterior lo que se vislumbra es la presencia de una persona que se aprovecha de las condiciones de orden público que aún afectan muchas zonas rurales del país, y que, en busca de solucionar su calamitosa situación, acude ante las autoridades para obtener beneficios a cuenta de declaraciones testimoniales falsas.

3.6. La Sala precisa que en asuntos como el presente, para poder obtener una aproximación a la verdad utilizando como medio las declaraciones de quienes se proclaman como guerrilleros desertores, desmovilizados o informantes, es menester tener presente la clandestinidad, compartimentación y verticalidad que imperan como reglas esenciales para la subsistencia de los grupos guerrilleros .

Es bien sabido que a través de la historia las organizaciones guerrilleras han tenido el secreto como arma principal que impide o dificulta el accionar del Estado para su destrucción, sometimiento o desarticulación, de modo que resulta ser la confidencialidad la más exitosa de las estrategias de combate que les permite preservar su organización, entre otras. Y en tal propósito no solamente ocultan su estructura de los contradictores sino de la misma población civil

La clandestinidad cumple un papel de protección hacia afuera, impidiendo que la ubicación física de la organización sea conocida por el Estado. Y la compartimentación, que opera como medida de carácter interno, busca preservar la clandestinidad: la verdad siempre aparece fraccionada, es conocida únicamente en la medida de la participación individual del combatiente-miliciano, en el desarrollo de las tareas. En caso de acciones exitosas por parte del Estado, se garantiza que el daño no sea total sino parcial, lo que significa que, por ejemplo, la detención de uno de sus miembros no afecta a otras instancias o células, permaneciendo intactas para continuar desarrollando toda su actividad criminal clandestina.

Lo anterior lleva a que se mire con reserva a los testigos que en su exposición declaran sobre todos los asuntos de la organización clandestina, tales como vías utilizadas para el aprovisionamiento y obtención de víveres, fuentes humanas que satisfacen las necesidades logísticas, vehículos utilizados para la movilización de los miembros de la organización, identidad de los milicianos que haciendo parte de la población civil contribuyen con la causa, civiles que simpatizan o colaboran con el accionar de los irregulares, personal entrenado para atender los primeros auxilios de los ilegales heridos y suministro de armas y municiones .

Al examinar lo narrado por los testigos que le sirvieron al Tribunal para hacer el juicio de responsabilidad en contra de la procesada se desconoció el contexto, se desatendieron los principios que imperan en el desarrollo de las actividades clandestinas que ejecutan las organizaciones guerrilleras y se aceptó como cierto lo que resulta imposible a la luz de la experiencia: ninguno de los proclamados desmovilizados que declararon ante la justicia estaba en capacidad de tener toda la información que suministraron, lo que refuerza la hipótesis que derrumba sus exposiciones: fueron entrenados o aconsejados para que testificaran lo que narraron en el presente proceso.

La única condición para llegar a tener por ciertas o verídicas unas declaraciones testimoniales rendidas por desmovilizados, reinsertados o exguerrilleros sin mando o carentes de responsabilidades superiores , cuando sus exposiciones empece de ser tan extensas y coincidentes en tanto detalle, nombres y datos en general, la daría el hecho de que los individuos hayan estado adscritos a la misma célula o escuadra subversiva, cuestión que no aparece establecida en el proceso y que brilla por su ausencia, lo que unido a la puesta en entredicho de la antigua condición de guerrillero o que no se haya confesado la pertenencia al grupo armado ilegal, hace que los testigos resulten sencillamente increíbles o cuando menos muy sospechosos.

3.7. Los hechos que la Corte declaró como demostrados permiten establecer que el Tribunal erró en sus valoraciones probatorias porque privilegió unas declaraciones carentes de coherencia y vertidas por testigos sospechosos, interesados en el éxito de la tarea emprendida por las autoridades dirigida a mostrar resultados frente a la delincuencia organizada, desestimando la copiosa prueba testimonial aportada que impide la obtención de certeza sobre la responsabilidad de la procesada en el delito materia de acusación.

3.8. De lo anterior se sigue que el análisis que hizo el ad quem al problema jurídico planteado no pasó de ser una artificiosa argumentación que descuidó examinarlo desde el contexto y frente a la totalidad del acervo, porque ninguna duda cabe al observar los hechos probados que los testimonios de cargo no sirven para superar mínimos niveles de incertidumbre sobre la vinculación de la procesada con el delito materia de acusación.

3.9. La prueba aportada al proceso no catapulta la existencia de certeza alguna sobre la participación y responsabilidad de la procesada en actividades contrarias al orden constitucional y legal vigente; al contrario, todo indica que las actividades que ha tenido que realizar PATRICIA DEL SOCORRO a favor del grupo armado ilegal que opera en San Juan de la China, se han producido gracias a la capacidad de intimidación de los hombres armados y al miedo que ellos producen sobre los miembros de la comunidad, quienes al verse desprotegidos de una acción efectiva del Estado y con el propósito de preservar su vida, integridad personal y bienes, se ven compelidos a cumplir las órdenes que se dan desde el avasallador poder de las armas que exhiben los ilegales.

3.10. En síntesis, y como quedó evidenciado en los párrafos supra, el ad quem mediante una estimación probatoria viciada se equivocó al indicar que los medios de prueba unívocamente señalaban a la procesada como responsable del delito de rebelión al militar en las filas de una organización levantada contra el régimen constitucional y legal vigente, porque la apreciación fidedigna e integral de aquellos no permite arribar a esa conclusión, resultando perentorio, entonces, como lo indicó el fallador de primer grado, favorecer a PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO con la consecuencia impuesta por la aplicación del principio de in dubio pro reo, dado que la presunción constitucional de inocencia que la cobija no puede ser removida con los elementos de convicción obrantes en el proceso, motivo por el que la sentencia condenatoria de segunda instancia será casada, dejando vigente el fallo absolutorio de primer grado .

3.11. La consecuencia de lo reseñado es casar la sentencia demandada y dejar como fallo de reemplazo el proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué, de 19 de diciembre de 2005. De acuerdo con lo expuesto se absuelve a PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO del cargo de rebelión materia de la acusación que en su contra elevara la Fiscalía General de la Nación, decisión que impone cancelar la orden de captura que existe en su contra.

A mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y parcialmente de acuerdo con el criterio de la Procuraduría,


RESUELVE:


1°. CASAR el fallo demandado, en el sentido de revocar la sentencia condenatoria proferida en contra de PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO.


2°. CONFIRMAR, en consecuencia, el fallo absolutorio de primera instancia proferido a su favor por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué.


3°. Por la secretaría de esta Corporación, cancélese la orden de captura vigente en contra de PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO.

4°. DECLARAR que contra la presente sentencia no proceden recursos.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.
MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ

TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria.


____________________

Notas de pie de pagina:


Actividad estratégica contra los grupos armados ilegales promovida y defendida por el Gobierno Nacional, pero criticada por diferentes organismos internacionales que las calificaron de violatorias de garantías y derechos fundamentales.
Por el mismo delito también fueron acusados GABRIEL PEÑA MONCADA, JOSÉ VIDAL PEÑA MONCADA, RAMIRO LOZANO RUBIO, GILDARDO MEDINA SÁNCHEZ, ÁNGEL MARÍA MORENO MELO, LUIS EDISON MORENO PRIETO, JOSÉ HOVER LOZANO RUBIO, JOSÉ ROMÁN, NIETO OSPITIA, MYRIAM LOZANO RUBIO, CÉSAR ANTONIO FLÓREZ OROZCO, ERNESTO NIETO y GUILLERMO SUÁREZ VILLALBA. Y se precluyó la investigación a los procesados PEDRO JESÚS MARTÍNEZ, ALEXANDER NIETO TRIANA, DARNELLY BONILLA CASTRO, DAVID HEREDIA GUERRERO, MAGNORY LOZANO OVIEDO, RAMIRO DE JESÚS OSPINA HURTADO, MAGDA MAYERLY OSPITIA MONTOYA, ÉDGAR CUELLAR IBÁÑEZ, MIGUEL CUÉLLAR IBÁÑEZ, SEBASTIÁN HEREDIA MARTÍNEZ y JOSÉ MILLÁN SILVA.
Resolución de 21 de diciembre de 2004 (Folios 105 a 108 del cuaderno 8°).
Fueron favorecidos con tal pronunciamiento LUIS EDINSON MORENO PRIETO, ÁNGEL MARÍA MORENO MELO, GABRIEL PEÑA MONCADA Y JOSÉ VIDAL PEÑA MONCADA (Folios 26 a 60 del cuaderno 11).
Folios 22 y siguientes del fallo proferido por el Juzgado.
Hizo referencia exclusiva a los testimonios de JOSÉ OTONIEL GONZÁLEZ PINZÓN, OLGA LUCÍA QUINTÍN VAQUERO y EDWIN GUILLERMO ZAMORA HERNÁNDEZ (folios 49 a 51 del fallo demandado).
Folios 44 a 51 de la sentencia del Tribunal.
Auto de 5 de febrero de 2010.
Recibido en la secretaría de la Sala el 25 de marzo de 2010.
Véase: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 2 de octubre de 2001, radicación 15286.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 3 de agosto de 2005, radicación 22290.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencias de casación de 26 de junio de 2002, radicación 11451 y 10 de noviembre de 2005, radicación 23451, entre otras.
Se retoman las expresiones utilizadas por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de casación de 2 de diciembre de 2008, radicación 29091.
Así lo indican los diferentes informes rendidos por las autoridades militares, policiales y de policía judicial que hacen parte del presente proceso.
Informe del CTI de 4 de agosto de 2004, folios 48 y siguientes, c.o. 4.
Véanse las declaraciones de LEYER GARCÍA MURILLO (folios 214-224 c.o. 1), quien indica que los milicianos y miembros del Partido Comunista Colombiano Clandestino son secretos o trabajan bajo cubierta, no se conocen entre sí y sus identificaciones solamente son conocidos por los comandantes, y de LUIS ALFONSO NARANJO (folio 46 c.o. 3), quien señala que a los guerrilleros rasos no les es permitido tener contacto con los milicianos. Y lo informado por LETICIA ALEJANDRA ORTIZ HERNÁNDEZ (folio 216 c.o. 6) y OMAIRA HERNÁNDEZ AGUILAR (folio 207 c.o. 6), quienes explican las diferencias y actividades que desarrollan unos y otros miembros de la subversión.
Hechos ocurridos el 30 de marzo de 1998 (Véase el reporte periodístico de los folios 95 y 96 del c.o. 3).
ÁNGEL MARÍA MORENO MELO dijo que San Juan de la China es zona roja (folio 120 c.o. 8) y JORGE VIDAL PEÑA MONCADA (folio 81 c.o. 8) contó que desde la toma del puesto policial los guerrilleros se convirtieron en la autoridad del lugar. LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ MOLANO señaló que allí es normal venderle bienes a los miembros de la guerrilla (folio 24 c.o. 7) y PASTOR SANDOVAL expresó que la guerrilla los reunía para advertirles que ellos mandaban en la región (folio 77, c.o. 7). El CTI indicó que “los habitantes de dicha región deben convivir y regirse por las órdenes que dictan estos delincuentes” (folio 8 c.o. 3).
Así lo indica expresamente la resolución acusatoria (folio 188 y s.s. c.o. 9). Y a folios 2 a 12 del c.o. 3 se dice que han aportado información las siguientes personas: OMAIRA HERNÁNDEZ AGUILAR (desplazada certificada por el Programa de Protección a Víctimas y Testigos), LETICIA ALEJANDRA ORTIZ HERNÁNDEZ (hija de la antes citada), OLGA LUCÍA QUINTÍN BAQUERO (desplazada por la subversión), JOSÉ OTONIEL (compañero de la antes citada, desmovilizado de la guerrilla), MÁXIMO RIVERA LOAIZA (desplazado), LEYER GARCÍA MURILLO (desmovilizado, instructor político de la subversión), ARLEY GARCÍA MURILLO (desmovilizado), JOSÉ FERNEY GÓMEZ VILLAMIL (desmovilizado), JORGE RAÚL SANTOS SALAMANCA (desplazado), MARGIE NATALY AMPUDIA SUÁREZ (desplazada), LUIS ALFONSO NARANJO (desmovilizado) y JHONYS JOSÉ ELLES IMITOLA (desmovilizado).
Folios 1-8 c.o. 1.
Folios 89-92 c.o. 1.
Ampliación de declaración de rendida por JHONYS JOSÉ ELLES IMITOLA el 31 de agosto de 2004, folio 145 c.o. 3. En el informe policial 176, de 26 de marzo de 2004, se habla de Patricia N., Promotora de Salud (folios 29 y 43 c.o. 1). El policial PEDRO NEL ORJUELA CASAS dijo que la referencia de “Patricia” la dio JOSÉ OTONIEL GONZÁLEZ PINZÓN (f. 62 c.o. 1)
Folio 119 c.o. 1, y agrega que su papá se llama PEDRO NEL. (folio 120 c.o. 1).
Folio 81 c.o. 6.
Folio 245 c.o. 8.
Fallo del Tribunal, folios 59-50.
ANA DOLORES MONTOYA GONZÁLEZ dijo que nunca se enteró que los citados fueran desplazados (folio 174 c.o. 8)
Mediante oficio de 9 de diciembre de 2004 un oficial del Batallón Rooke de Ibagué informó que las citadas personas no figuran como informantes o colaboradores (f. 255 c.o. 7); en el mismo sentido el 21 de agosto de 2004 certificó el CTI (Primero a folios 55-60 c.o. 4 y luego a folios 84-89 c.o. 4). Fue sólo hasta el 18 de enero de 2005 que se informó por el Ministerio de Defensa que JOSÉ OTONIEL GONZÁLEZ PINZÓN era desmovilizado desde el 22 de agosto de 2003 (folios 182-185 c.o. 8).
Folio 116-117 c.o. 1.
Folio 134 c.o. 1.
ÓSCAR JOSÉ MILLÁN SILVA contó que no le pagaron unos muebles que le mandaron a hacer y que al cobrarles lo amenazaron con la guerrilla (folios 293-298 c.o. 8).
Declaraciones de RAFAEL HUMBERTO RENGIFO DONADO (folios 49 y 262 del c.o. 7) y ANA DOLORES MONTOYA GONZÁLEZ (folio 174 c.o. 8), entre otras.
Véase la declaración de ÓSCAR JOSÉ MILLÁN SILVA, folios 293-294 c.o. 8.
Folio 52 c.o. 8.
Folio 72 c.o. 8.
Folio 92 c.o. 8.
OMAIRA HERNÁNDEZ AGUILAR en su detallada denuncia de 7 de noviembre de 2002, recibida en la Sección de Policía Judicial Sijin, de Ibagué, no hizo mención alguna a PATRICIA DEL SOCORRO (Folios 291 a 298 c.o. 8). Y EDWIN GUILLERMO ZAMORA HERNÁNDEZ en su ampliación de testimonio de 5 de octubre de 2004 afirmó que no le constaba ninguna actividad ilícita realizada por la procesada (Folio 152 c.o. 5).
Así ocurre, por ejemplo, con OMAIRA HERNÁNDEZ AGUILAR (diligencia de 27 de octubre de 2004, folios 200-213 c.o. 6), LETICIA ALEJANDRA ORTIZ HERNÁNDEZ (diligencia de 27 de octubre de 2004, folios 214-218 c.o. 6), JOSÉ OTONIEL GONZÁLEZ PINZÓN (declaración de 23 de abril de 2004, folios 89-92 c.o. 1) OLGA LUCÍA QUINTÍN VAQUERO (declaración de 30 de abril de 2004, folios 112-117 c.o. 1), JOSÉ FERNEY GÓMEZ VILLAMIL (declaración de 3 de agosto de 2004, folios 255-257 c.o. 1) y JORGE SAÚL SANTOS SALAMANCA (declaración de 10 de agosto de 2004, folios 263-266 c.o. 1).
Folio 289 c.o. 8.
Folio 46 c.o. 3.
Folios 45 a 51 c.o. 3.
Folios 276 a 277, c.o. 4.
Información corroborada por los datos civiles de la procesada consignados en las diligencias de captura (folio 258 c.o. 3) y en la indagatoria (folio 18 c.o. 8).
Véanse las declaraciones de ÁNGELA ROSA GONZÁLEZ PEÑUELA (folio 28 c.o. 7), NELLY PEÑUELA GONZÁLEZ (folio 30 c.o. 7), MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ CORTÉS (folio 41 c.o. 7) NUBIA SOFÍA HERRERA ROMERO (folios 42 y 45 c.o. 7), LUIS EDUARDO DÍAZ AGUILLÓN (folio 52 c.o. 7), GREGORIO CHÍA NIÑO (folio 55 c.o. 7) y BENJAMÍN PÁEZ POLANÍA (folio 274 c.o. 6), entre otros.
Folio 115 c.o. 8.
Folios 117-118 c.o. 8.
Narró que un hijo de OLGA LUCÍA llegó azotado con ortiga y le dio posada una noche, llevando el menor al otro día a donde PATRICIA DEL SOCORRO, la promotora de salud (folios 293-294 c.o. 8)
Declaración de 5 de octubre de 2004, folios 149 y s.s. c.o. 5.
Declaración de 7 de septiembre de 2005, folios 10 y s.s. c.o. 2 del juicio.
Declaración de 15 de septiembre de 2005, folios 57 y s.s. c.o. 2 del juicio.
Folios 49 y 50 de la sentencia de segunda instancia.
Resulta cuestionable observar que el aleccionamiento de testigos por parte de servidores públicos vinculados a los organismos de seguridad del Estado no es un hecho aislado ni poco frecuente, como se desprende del fallo proferido el 16 de marzo de 2004 por el Juzgado Penal del Circuito de Guamo, Tolima (Folios 199 a 227 del c.o. 10).
Folio 245 c.o. 8.
Folio 145 c.o. 3.
Destaca la Sala que, contrario a lo que afirma el Procurador Delegado, en el proceso sí existe evidencia sólida y veraz sobre el antecedente que se describe. Véase el punto 3.2. (xvi).
Todas las organizaciones guerrilleras de filiación marxista-leninista-maoista se rigen por tales principios organizativos. Para citar un solo ejemplo, el investigador CÉSAR AUGUSTO CASTAÑO señala que el Partido Comunista Colombiano Clandestino “PC3 en su naturaleza es cerrado, sus militantes deben pasar por un riguroso proceso de selección, con la obligación de mantener siempre un bajo perfil… Basta observar sus estatutos para comprender su… estructura… de carácter clandestino y compartimentado… Las mismas Farc definen al Movimiento Bolivariano, como un movimiento amplio, sin reglamentos, sin discriminación… Su base la constituyen núcleos clandestinos” («Dos estructuras funcionales», en http://www.semana.com/noticias-opinion-on-line/dos-estructuras-funcionales/105962.aspx (26/04/2010).
La declaración de LEYER GARCÍA MURILLO, guerrillero detenido en una cárcel, es bastante descriptiva sobre el particular.
La información plena de las actividades desplegadas por individuos pertenecientes a los grupos ilegales ni siquiera la pueden suministrar sus jefes más importantes. Como prueba de ello obsérvese que los cabecillas de los grupos paramilitares han solicitado reunirse en las cárceles con personal subalterno que hizo parte de sus estructuras ilegales para reconstruir el accionar de la organización armada ilegal, y eso que tales aparatos de poder por contar con el patrocinio, solidaridad o aquiescencia de agentes estatales no practicaban con total severidad las reglas de clandestinidad y compartimentación, como sí ocurre con los grupos guerrilleros.
Las valoraciones que ahora se hacen coinciden en lo sustancial con lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en la sentencia de 2 de diciembre de 2008, radicación 29091.