2010/12/18

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA EMITE SENTENCIA DE TUTELA EN LA QUE TRATA LA MORA Y CONGESTION JUDICIAL

SENTENCIA DE TUTELA en la que se abordan los temas de la mora y la congestion judicial. Lo que debe ser materia de reforma a la justicia


REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA PENAL
Magistrado Ponente:
ALBERTO POVEDA PERDOMO
Aprobado Acta N° 148
SENTENCIA DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA

Radicación 11001220400020100313800
Demandante RAFAEL OCTAVIANO GONZÁLEZ TÉLLEZ
Demandado Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá
Derechos Debido proceso
Decisión Niega

Bogotá, D.C., martes, catorce (14) de diciembre de dos mil
diez (2010).

1. VISTOS:
1.1. Resuelve la Sala la acción de tutela presentada por
RAFAEL OCTAVIANO GONZÁLEZ TÉLLEZ contra la Fiscalía Seccional 208
de Bogotá, por la presunta vulneración del debido proceso en el
trámite de una denuncia que formuló en averiguación de los
responsables.

2. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:
2.1. Dijo RAFAEL OCTAVIANO GONZÁLEZ TÉLLEZ que el 8 de
septiembre de 2009 formuló una denuncia penal en averiguación
de responsables por los delitos de falsedad en documento
público, fraude procesal, estafa, captación ilegal de dineros y
urbanismo ilegal.
2.2. El asunto correspondió inicialmente a la Fiscalía 159
Local de Bogotá, pero a partir del 17 de noviembre de 2010 fue
asignado por competencia a la Fiscalía 208 Seccional.
2.3. Consideró el accionante que han pasado más de dos
años desde el momento de presentación de la denuncia sin hasta
la fecha la Fiscalía haya tomado decisiones de fondo, motivo por
el cual consideró que se le está vulnerando su derecho
fundamental al debido proceso por la mora en la toma de
decisiones.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN:
3.1. Mediante auto de 11 de noviembre de 2010 el Juzgado
Sexto Penal del Circuito avocó conocimiento y dispuso correr
traslado a la accionada Fiscalía 159 Local de Bogotá con el fin de
garantizar el derecho de defensa y contradicción, enterándose
con posterioridad que la denuncia se encontraba a disposición de
la Fiscalía 208 Seccional, motivo por el cual ordenó remitir la
actuación al Tribunal.
3.2. La Colegiatura admitió la tutela mediante decisión de 6
de diciembre hogaño y notificó de la acción a la Fiscalía
demandada.

4. RESPUESTA DE LA ACCIONADA:
4.1. La Fiscal 208 Seccional dijo que no ha vulnerado
derechos fundamentales del accionante.
4.2. Señaló que tiene asignadas 7.243 indagaciones, que
cuenta con un asistente judicial y un investigador, motivo por el
cual es imposible dar respuesta inmediata a los asuntos que
están a su cargo.
4.3. Afirmó que en el asunto que ha originado la acción
constitucional, se dispuso escuchar al denunciante para que
ampliara su versión porque no se cuenta con elementos
materiales probatorios.

5. CONSIDERACIONES:
5.1. Competencia: De conformidad con la preceptiva del
artículo 1°, numeral 2 del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es
competente esta Sala para pronunciarse sobre la acción de tutela
promovida por un ciudadano contra la Fiscalía 208 Seccional de
Bogotá.
5.2. La tutela contra autoridades judiciales: El artículo 86
de la Constitución Política consagró la acción de tutela como un
mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para
la protección de los derechos constitucionales fundamentales ante
el menoscabo o la amenaza derivados de acción u omisión
atribuible a las autoridades públicas o a los particulares en las
situaciones específicamente precisadas en la ley.
5.3. La jurisprudencia enseña que la acción de tutela puede
ejercitarse para demandar el amparo de un derecho fundamental
que resulte vulnerado cuando en el curso del proceso el
funcionario judicial actúa y decide de manera arbitraria o
caprichosa, o en aquellos eventos en los cuales la providencia es
emitida desbordando el ámbito funcional o en forma
manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico; esto es,
cuando se configuran las llamadas vías de hecho o causales
objetivas de procedibilidad, bajo la condición de que en tales
circunstancias el afectado no disponga de otro medio judicial
idóneo para abogar por la vigencia de sus derechos
constitucionales, o cuando se interponga como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable.
5.4. Mediante la sentencia de control de constitucionalidad
que se hizo al artículo 185 de la Ley 906 de 2004, se unificaron y
sistematizaron los requisitos de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales. Se dijo por el Tribunal Constitucional
cuáles eran aquellas circunstancias que tienen que estar
presentes para que el juez constitucional pueda entrar a estudiar y
decidir una acción de tutela contra providencias judiciales. Fueron
señaladas las siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela.
5.5. En desarrollo de la línea jurisprudencial que considera
muy excepcional la acción de tutela contra la actividad procesal y
las sentencias judiciales, las autoridades jurisdiccionales han
aceptado que la acción de tutela puede ser el remedio
constitucional contra graves y flagrantes violaciones a los
derechos fundamentales revestidas de una simple apariencia de
legalidad, llegándose a destacar que el amparo inclusive procede
contra las sentencias de tutela de la Corte Constitucional.
5.6. Ahora bien: hecho el reconocimiento de que la acción
de tutela procede de manera excepcional contra providencias
judiciales y únicamente cuando la decisión del juez o fiscal implica
la vulneración grave del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia
constitucional también ha resaltado la necesidad de que las
deficiencias procesales se resuelvan en el contexto natural de los
procesos judiciales regulares porque todos ellos están
adecuadamente dotados de mecanismos que permiten a las
partes e intervinientes reclamar en su interior los errores que allí
puedan producirse.
5.7. Mientras el proceso esté en curso cualquier solicitud de
protección de garantías fundamentales debe hacerse
exclusivamente en ese escenario porque de lo contrario todas las
decisiones provisionales que se tomen en el transcurso de la
actuación penal estarían siempre sometidas a la eventual revisión
de un juez ajeno a ella, como si se tratara de una instancia
superior o adicional a las previstas para el normal
desenvolvimiento de los procesos judiciales.
5.8. Las anteriores afirmaciones son respaldadas por el
Tribunal Constitucional al precisar que
la acción de tutela no procede cuando se está desarrollando un
proceso judicial, en donde las partes han tenido la oportunidad
de proponer los argumentos que, precisamente, motivan la
acción de tutela, y no lo han hecho. Pues, es el juez natural del
proceso el competente para resolverlos2.
5.9. Además, la proyección material del principio de
autonomía de la función jurisdiccional imposibilita deslegitimar o
cuestionar la forma como se ha cumplido el trámite o decidido un
asunto, porque en sede de la acción de tutela no es posible
efectuar una valoración anticipada de un asunto que debe ser
discutido al interior del proceso, puesta ésta acción no es el
escenario natural para intentar discutir si una notificación dentro
de un proceso se hizo con estricto apego a ley o imponer un
criterio particular sobre el punto cuestionado.
5.10. La mora judicial: La morosidad judicial es uno de los
más graves inconvenientes que enfrenta la administración de
justicia, pero en muchas casos ella no depende de los
funcionarios y empleados que están a cargo del asunto sino que
dicha traba emerge como problema endémico del aparato judicial.
5.11. La interpretación sistemática de los artículos 29 y 228
de la Constitución permite establecer el deber de todos los
funcionarios de observar rigurosamente los términos procesales
prescritos para las diferentes actuaciones adelantadas frente al
Estado3. Dicha obligación vincula a todas las autoridades
nacionales de adelantar de manera celera y diligente todos los
asuntos sometidos a su conocimiento4.
5.12. También ha dicho la Corte Constitucional que la mora
judicial
viola el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia cuando la dilación en el trámite de una actuación es
originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de
problemas estructurales de exceso de carga laboral de los
funcionarios, si no en la falta de diligencia y en la omisión
sistemática de sus deberes por parte de los mismos.
5.13. La mora judicial, en términos sencillos, puede ser
definida
como la conducta dilatoria del juez (o delegado fiscal) en resolver
sobre un determinado asunto que conoce dentro de un proceso
judicial, y tiene fundamento en cuanto tal conducta desconozca
los términos de ley y carezca de motivo probado y razonable,
evento en el cual constituiría el obstáculo para el acceso de la
persona a la administración de justicia6.
5.14. De lo anterior se desprende
que no existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino
que ésta debe ser injustificada y estar probada la negligencia de
la autoridad judicial accionada.
5.15. El asunto concreto: Al examinar de manera
específica lo que ha ocurrido con la denuncia penal formulada por
RAFAEL OCTAVIANO GONZÁLEZ TÉLLEZ, se constata objetivamente que
ha transcurrido un término amplio como para que la Fiscalía
General de la Nación tome medidas, como podrían ser imputar,
dar orden de archivo de las diligencias o solicitar preclusión de la
investigación.
5.16. Dos años es normalmente un término razonable para
que la autoridad requirente determine si el asunto tiene relevancia
jurídico penal y, en tal caso, acudir ante los jueces de garantías a
elevar imputación contra los responsables o solicitar la preclusión
de la investigación. Igualmente, dicho plazo es suficiente para
que, en los casos en que ello es posible, profiera orden de archivo
de las diligencias7.
5.17. Pero cuando se constata que una Fiscalía tiene a su
cargo más de 7.000 asuntos y que para su gestión cuenta con un
asistente judicial y un investigador, la conclusión no puede ser
otra que la imposibilidad material de adelantar a un ritmo
adecuado el trámite de las denuncias que allí se reciben.
5.18. Tal situación se hace aún más calamitosa cuando el
interesado no aporta información adicional para facilitar la
actividad investigativa. Si bien es cierto la respuesta estatal frente
al delito no depende ni se supedita al apoyo que brinde la víctima
o el denunciante, la realidad impone que este tipo de sujetos
presten una colaboración decidida para que las investigaciones
tengan posibilidades de éxito, porque de lo contrario la actividad
de indagación no contará con soportes suficientes que permitan
orientarla en uno u otro sentido.
5.19. La Sala llama la atención de las autoridades de todos
los órdenes, porque el sistema acusatorio implementado con la
Ley 906 de 2004 está funcionando con muchas carencias, y el
legislador justifica cambios en el ordenamiento jurídico amparado
en coyunturas que no representan la solución a los problemas que
se han detectado.
5.20. Es evidente que el nuevo Código de Procedimiento
Penal ha servido para resolver prontamente los casos de
flagrancia y que los allanamientos y negociaciones permiten dar
respuesta eficaz a la delincuencia menor.
5.21. Pero la gran delincuencia, la responsable de los más
graves actos de corrupción administrativa así como todos los
acusados por delitos respecto de los cuales el legislador ha
cerrado las puertas para la obtención de rebajas de pena,
subrogados y beneficios, está poniendo al borde del colapso el
sistema. Y lo peor es que no se ven soluciones a la vista.
5.22. Las reformas a la justicia que deberían formularse a
partir de su impacto real en la función pública de administrar
justicia, muchas veces olvidan que los ciudadanos no están
preocupados porque determinadas autoridades tengan unas u
otras competencias, sino en la pronta y cumplida solución a sus
requerimientos de justicia.
5.23. Y ello pasa por el respeto absoluto de la autonomía e
independencia de los jueces y fiscales, postulados que cobran
sentido cuando los graves problemas de congestión y morosidad
reciben una respuesta estatal adecuada.
5.24. La gran mayoría de analistas coinciden en que los
principales problemas de la administración de justicia se centran
en las carencias presupuestales, las que impiden el
nombramiento de una mayor cantidad de funcionarios, empleados
e investigadores, que afronten el reto de proceder ante el
requerimiento ciudadano de justicia en los términos que lo exige
la Constitución.
5.25. Lo expuesto permite concluir que la mora denunciada
por el demandante no es fruto de la indolencia de los funcionarios
a cargo del asunto promovido por GONZÁLEZ TÉLLEZ, sino
consecuencia de las falencias endémicas que padece el aparato
de justicia, acompañadas de la falta de aporte de medios de
conocimiento por el interesado, razón por la cual resulta
improcedente la solicitud de tutela.
5.26. Amén de lo anterior se destaca que la actividad de
indagación-investigación que adelanta la Fiscalía puede ser
sometida a controles ante del juez de garantías, quien está
facultado en un caso concreto para llamar la atención de la
autoridad requirente para que no exceda el término razonable en
el agotamiento de las diferentes etapas que debe agotar en forma
previa a la toma de decisiones (archivar diligencias, imputar o
solicitar la preclusión de la investigación), circunstancia que se
erige en motivo adicional para que se haga improcedente el
amparo presentado.
5.27. En consecuencia, siendo evidente que el accionante,
en esencia, pretende a través de este instrumento censurar las
actuaciones desplegadas por los funcionarios competentes por
fuera de los canales dispuestos por el legislador, se torna
improcedente el amparo solicitado porque el Constituyente no le
otorgó a la acción de tutela el carácter de tercera instancia o de
mecanismo alternativo o paralelo a los procedimientos ordinarios
de defensa judicial.

DECISIÓN:

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, en
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1°. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional presentada por RAFAEL OCTAVIANO GONZÁLEZ TÉLLEZ.
2°. ADVERTIR que esta decisión puede ser impugnada y
en todo caso será remitida a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
3°. NOTIFICAR a los interesados por el medio mas
expedito.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.
ALBERTO POVEDA PERDOMO
Magistrado
LUIS FERNANDO RAMÍREZ
MAGISTRADO
CONTRERAS RAMIRO RIAÑO RIAÑO
MAGISTRADO

1 comment:

Lío said...

ENTONCES QUE REINE LA IMPUNIDAD PORQUE AL APARATO ESTATAL, COMO LO RECONOCE, LE QUEDO GRANDE... ENTONCES HAGAMONOS JUSTICIA POR PROPIA MANO Y NO JODAMOS MAS COLOCANDO DENUNCIAS QUE NO CONDUCEN A NADA...