2010/11/13

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA CAJANAL: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA AMPARA DERECHOS FUNDAMENTALES Y COMPULSA COPIAS POR PRAVARICATO Y FRAUDE A RESOLUCION JUDICIAL

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA CAJANAL: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA AMPARA DERECHOS FUNDAMENTALES Y COMPULSA COPIAS POR PRAVARICATO Y FRAUDE A RESOLUCION JUDICIAL


REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA PENAL

Magistrado Ponente:
ALBERTO POVEDA PERDOMO
Aprobado Acta N° 0127

TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA

Bogotá, D.C, martes, veintiséis (26) de octubre de dos mil diez (2010).

Radicación 11001310405420100051601
Procedente Juzgado Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito
Accionante ALONSO JOSÉ MURGUEITIO RESTREPO
Accionados Caja Nacional de Previsión Social en liquidación, Fiduprevisora S.A. y
PAP Buenfuturo
Derechos Dignidad, igualdad, debido proceso, derechos adquiridos, seguridad social, subsistencia en condiciones dignas y justas
Decisión Confirma y adiciona la orden de tutela requiriendo al funcionario competente de PAP Buenfuturo para que expida el acto administrativo dentro del término aquí ordenado y una vez ello ocurra lo remita al Gerente Liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación para la firma. Se compulsan copias penales y disciplinarias para los funcionarios de la entidad que desconocieron en forma flagrante lo ordenado en la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca



1. ASUNTO:

Resolver la impugnación presentada por la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación contra la sentencia proferida por el Juzgado Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito que amparó a favor de ALONSO JOSÉ MURGUEITIO RESTREPO, los derechos constitucionales fundamentales de la dignidad, igualdad, debido proceso, derechos adquiridos, seguridad social, subsistencia en condiciones dignas y justas.


2. FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN:

2.1. ALONSO JOSÉ MURGUEITIO RESTREPO identificado con la cédula de ciudadanía N° 17.023.277 de Bogotá, interpone la acción pública al considerar que las demandadas con su proceder desconocen sus derechos constitucionales fundamentales.

2.2. Dice que desde el 2003 afrontó una serie de acciones por vía gubernativa, tutelas y contencioso administrativa, con el objeto de consolidar el derecho a la pensión de jubilación conforme con el artículo 6º del Decreto 546/71.

2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, decidió el proceso contencioso administrativo en fallo de 27 de octubre de 2006, aclarado por auto de 30 de noviembre de 2006 y ejecutoriado el 11 de diciembre de 2006, accediendo a las pretensiones del demandante.

2.4. La Caja Nacional de Previsión Social dio cumplimiento al fallo mediante Resolución N° 00517 de 25 de febrero de 2008 acto administrativo que se encuentra. La pensión reconocida en la decisión administrativa excluye los términos de la Ley 100/93 y debe acogerse al Decreto 546/71, porque el fallo judicial ordenó:

11. Debe quedar claro que límite o tope pensional (25 salarios mínimos legales) establecido en la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005, no se aplica a los pensionados del régimen especial de la Rama Judicial y que se encontraba dentro del denominado régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como sucede en el caso de autos.

2.5. Posteriormente, la accionada profirió la Resolución N° 22417 en desconocimiento de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca porque dispuso que a la pensión debe aplicarse el tope dispuesto en el artículo 2º del Decreto 314 de 1994, aunado a que el cargo desempeñado por el reclamante no está dentro de las excepciones contempladas en la Carta Política y la ley para inaplicar dicho límite.

2.6. Mediante Resolución N° 00517 de 25 de febrero de 2008 la Administración revocó groseramente el fallo del Tribunal suprimiendo aparte esencial materia del mismo. El accionante conoció el acto aclaratorio por oficio PABF-GN-7367 de 10 de junio de 2010.

2.7. Reclamó el amparo de sus derechos con carácter definitivo considerando que la Resolución 22417 de 8 de junio de 2009 y el oficio PABF-GN-7367 de 10 de junio de 2010 se emitieron como actos administrativos formales y de ejecución supuestamente para dar cumplimiento a un acto jurisdiccional –sentencia- que no es objeto de recurso por la vía gubernativa, ni enjuiciables en sí mismos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, careciendo entonces de otro mecanismo de defensa judicial.

2.8. Solicitó dejar sin valor ni efecto la Resolución 22417 de 8 de junio de 2009 expedida por la Subgerente de Prestaciones Económicas (e) de la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación y el oficio N° PABF-GN.7367 de 10 de junio de 2010 suscrito por Jaime Villaveces Bahamón. Y que se reintegren inmediatamente las sumas deducidas por concepto de mesadas pensionales, informando lo pertinente al Grupo de Nómina de la Subgerencia de Prestaciones Económicas.


3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

3.1. El Juzgado Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito en fallo de 29 de julio de 2010 amparó los derechos reclamados por ALONSO JOSÉ MURGUEITIO RESTREPO y dejó sin efectos jurídicos la Resolución N° 000517 de 25 de febrero de 2008, la Resolución N° 22417 de 8 de junio de 2009 expedida por la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación y el oficio PABF-GN-7367 de 10 de junio de 2010 de PAP Buenfuturo. Y

3.2. Ordenó a las entidades que en el término de quince (15) días contados a partir de la notificación de la decisión den cumplimiento al fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 27 de octubre de 2006, y corregido en auto de 30 de noviembre de 2006, reliquidando la pensión de vejez en la forma y términos allí indicados.

4. FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN:

4.1. Dentro del término legal la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación impugnó el fallo reclamando la revocatoria dada la actualidad fáctica y jurídica de la entidad, debiendo tener en cuenta el Auto 243 de 2010 de la Corte Constitucional.

4.2. Advierte en relación con la petición elevada por el accionante donde solicita la revocatoria de la Resolución N° 22417 de 8 de junio de 2009 y el oficio GN 7367 de 10 de junio de 2010, que una vez conocida la acción, la entidad requirió al área competente administrada por PAP Buenfuturo mediante oficio N° 138904 para que se pronuncie respecto al trámite dado a la solicitud, toda vez que en virtud del contrato de fiducia mercantil celebrado entre la Previsora S.A. y Cajanal en liquidación asumió la obligación de adelantar los trámites administrativos para el efectivo reconocimiento de los derechos pensionales, y una vez sustanciado por PAP Buenfuturo y completado el proceso de control de calidad, la resolución pasará para la firma del liquidador y así proceder a emitir la respuesta requerida.


5. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

5.1. La tutela tiene como objeto primordial la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados a través de un procedimiento preferente y sumario, mediante el cual es posible establecer si se ha presentado una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en los casos previstos en la ley, causando con ello un agravio a los derechos invocados por el accionante.

5.2. ALONSO JOSÉ MURGUEITIO RESTREPO, interpone la acción pública al considerar que la actuación desplegada por la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación, PAP Buenfuturo y la Fiduciaria La Previsora S.A., desconoce sus derechos fundamentales al no acatar lo ordenado en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, de 27 de octubre de 2006 y aclarada por auto de 30 de noviembre de 2006 , al expedir la Resolución N° 22417 de 8 de junio de 2009 y el oficio de PABF 7367 de 10 de junio de 2010, disminuyendo en su monto la mesada pensional bajo normativas que no le son aplicables al ser favorecido con el régimen de transición.

5.3. Determina la jurisprudencia que la cláusula general del Estado Social de Derecho consagrada en la Constitución -artículo 1º-, exige de la administración el deber de acatar los fallos impartidos por la autoridad judicial, deber que está sustentado en el artículo 4º Fundamental que establece en cabeza de los nacionales y extranjeros la obligación de acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades.

Así mismo la consagración de derechos tales como: a). el acceso a la administración de justicia -artículo 229- que propende para que los ciudadanos tengan a su disposición los mecanismos para demandar en procura de sus derechos y que se les permita obtener una decisión judicial que pueda hacerse efectiva y, b). el debido proceso -artículos 29 y 228- que garantiza que el respectivo proceso se lleve a cabo sin dilaciones injustificadas que tornen nugatorio el derecho demandado, con lo cual se impone una carga a la administración en el sentido de no poder excusarse del cumplimiento de las órdenes que les impartan las autoridades de la República, todo en armonía con la observancia de los principios de moralidad, celeridad, eficacia e imparcialidad consagrados en el artículo 229 de la Carta .

La Corte Constitucional ha venido afirmando

que un Estado de Derecho como el colombiano, no puede operar si las providencias judiciales no son acatadas por sus destinatarios, o si son dejadas al arbitrio de la mera voluntad de los funcionarios públicos encargados de hacerlas cumplir. Los servidores públicos no pueden tener la potestad de resolver si se cumplen o no a los mandatos del juez, independientemente de las razones que puedan esgrimir en contra, pues el camino para hacerlas valer es el ejercicio de los recursos que el sistema jurídico consagra pero no la renuencia a ejecutar lo ordenado (Resaltado fuera del texto).

Y ha agregado:

La observancia de las providencias ejecutoriadas, además de ser uno de los soportes del Estado Social de Derecho, hace parte del derecho de acceder a la administración de justicia -artículo 229 Superior-. Este se concreta no sólo en la posibilidad de acudir al juez para que decida la situación jurídica planteada, sino en la emisión de una orden y su efectivo cumplimiento; valga decir, en la aplicación de la normatividad al caso concreto.

En tal virtud, cuando la autoridad demandada se rehúsa a ejecutar lo dispuesto en la providencia judicial que le fue adversa, no sólo vulnera los derechos que a través de esta última se han reconocido a quien invocó protección, sino que desacata una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada. Si tales derechos son fundamentales, el desconocimiento de la sentencia que los ampara viola el Ordenamiento Superior, también por esa razón .
...

La exactitud y oportunidad en el cumplimiento de los fallos judiciales resulta esencial para garantizar no solamente el cometido de la persona –que se constituye en su derecho fundamental- de acceder materialmente a la administración de justicia sino para sostener el principio democrático y los valores del Estado de Derecho.
...

El cumplimiento de las sentencias judiciales es parte integrante de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues la circunstancia de una persona a cuyo favor se ha resuelto tiene derecho, garantizado por el Estado, a que lo judicialmente ordenado se cumpla con exactitud y oportunidad .

5.4. Cuando la autoridad pública al momento de ejecutar un fallo de la jurisdicción cuestiona el contenido y resuelve en contravía de lo ordenado, en vez de impugnar la decisión o intenta revivir términos mediante ciertas órdenes en un debate probatorio ya finiquitado, vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia, tornando procedente su protección a través de la acción de tutela.

Así, la Corte ha sostenido que: “...El desconocimiento en cualquier forma del derecho al debido proceso en un trámite administrativo, no sólo quebranta los elementos esenciales que lo conforman, sino que igualmente comporta una vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, del cual son titulares todas las personas naturales y jurídicas (C.P., art. 229), que en calidad de administrados deben someterse a la decisión de la administración, por conducto de sus servidores públicos competentes...” (negrillas fuera de texto).

Uno de los efectos cardinales del debido proceso es imponer a los administrados la carga de observar y de emplear todos los medios procesales que la ley coloca a su alcance para proteger y hacer efectivos sus derechos, cuando por su conducta negligente o descuidada no sólo generan consecuencias desfavorables para ellos mismos, sino que se ven como administrados en una posición de indefensión, por cuanto quedan en la imposibilidad de imputar responsabilidad alguna al Estado y, menos aún, se les va a permite recurrir a la acción de tutela.

En consecuencia, no sólo es un deber de la administración ajustar su actuación a los principios, mandatos y reglas que gobiernan la función pública y que determinan su competencia funcional, para garantizar el derecho fundamental al debido proceso, sino que sobre los hombros de los administrados recae el peso de observar y de utilizar los valiosos mecanismos procesales que el ordenamiento jurídico les otorga, para evitar el riesgo de soportar las consecuencias negativas que de su conducta negligente puedan llegar a derivarse .

5.5. El Juzgado Cuarenta y Tres Penal del Circuito en fallo de tutela de 8 de octubre de 2003 amparó de manera transitoria los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, mínimo vital y seguridad social a ALONSO JOSÉ MURGUEITIO RESTREPO desconocidos por la Caja Nacional de Previsión Social y ordenó que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación y hasta cuando la jurisdicción contencioso administrativa decidiera en forma definitiva reconociera y reliquidara la mesada pensional equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que le corresponda en el último año de servicios desde cuando entró a disfrutar la pensión, dando aplicación integral a lo consignado en el artículo 6º del Decreto 546/71.

5.6. En observancia de la decisión se expidió la Resolución N° 6952 de 28 de noviembre de 2003 reliquidándose y aumentándose la pensión de cuatro millones novecientos cuarenta y nueve mil doscientos noventa y cuatro pesos con veintinueve centavos ($4.949.294.29) -reconocida en Resolución N° 17917 de 1º de septiembre de 2003- a seis millones quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos con cuarenta y ocho centavos ($6.575.494.48) efectiva a partir de 1º de noviembre de 2002.

5.7. Presentada la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el 27 de octubre de 2006 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, declaró la nulidad parcial de la Resolución N° 17917 de 11 de septiembre de 2003 a través de la cual la Caja Nacional de Previsión Social efectuó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a MURGUEITIO RESTREPO, al no aplicar integralmente el Decreto 546/71. Por ello dispuso que al efectuar la reliquidación debía incluir todos los factores salariales tomando el 75% de la asignación mensual más elevada que hubiera devengado en el último año de servicio 2001–2002, así mismo, las sumas a las que se refería la providencia se ajustarían al valor de conformidad con lo establecido en la parte motiva del fallo.

Mientras el numeral 11 de la decisión fue enfático en consignar que el límite o tope pensional de veinticinco (25) salarios mínimos legales establecido en la Ley 100/93, la Ley 797/03 y el Acto Legislativo 01/05, no aplica a los pensionados del régimen especial de la Rama Judicial que se encontraban dentro del denominado régimen de transición de la Ley 100/93, como es el caso del accionante.

5.8. Para efectos de dar cumplimiento al fallo administrativo la Caja Nacional de Previsión Social expidió la Resolución N° 000517 de 25 de febrero de 2008, reliquidando la pensión de vejez por nuevos factores salariales en cuantía de seis millones quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos con cincuenta centavos ($6.575.494.54) efectiva a partir de 1º de noviembre de 2002.

5.9. No obstante mediante Resolución N° 22417 de 8 de junio de 2009 la Subgerente de Prestaciones Económicas (e) procedió a aclarar la Resolución N° 000517 de 25 de febrero de 2008, al observar que se presentó un error involuntario por parte de la entidad al reliquidar la pensión de vejez en un monto de $6.575.494.50, sin aplicar el tope dispuesto en el artículo 2º del Decreto 314/94 , máxime cuando el cargo desempeñado por el peticionario no se encontraba dentro de las excepciones contempladas en la Carta Política y en la ley para no aplicar dicho límite pasando a seis millones ciento ochenta mil pesos ($6.180.000), haciéndola efectiva a partir de 1º de noviembre de 2002 de conformidad con lo ordenado en el fallo administrativo al cual se estaba dando cumplimiento, pero condicionada a demostrar el original o copia auténtica de retiro del servicio.

5.10. Finalmente en oficio PABF-GN-7367 el Gerente de PAP Buenfuturo informa a ALONSO JOSÉ MURGUEITIO RESTREPO que en estricto cumplimiento al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en aplicación a la Resolución N° 22417, que lo incluyó en nómina general de pensionados del mes de junio de 2010, aclarando que con la disminución en el valor de la mesada pensional que venía recibiendo no se genera el pago de retroactivo, por tanto, la mesada pensional a partir de esa fecha será de nueve millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con setenta y tres centavos ($9.445.464.73).

5.11. La pregunta que surge ante la actuación desplegada por la Caja Nacional de Previsión Social al expedir la Resolución 22147 de 8 de junio de 2009, es si la administración tiene la potestad de revocar sus propios actos sin la autorización previa y escrita del particular afectado. La respuesta es negativa porque para que opere tal figura debe sujetarse a lo ordenado en los artículos 73 y 74 del Código Contencioso Administrativo.

5.12. La jurisprudencia sostiene de manera pacífica y reiterada (T-347/94, T-355/95 y T-134/96, T-315/96, T-827/99 y T-1131/01) que la administración no puede en forma unilateral revocar actos de carácter particular y concreto que reconozcan derechos en favor de los administrados sin el consentimiento previo y escrito de éstos:

…, los actos administrativos expresos expedidos por la administración que reconocen un derecho subjetivo no son revocables por ésta sino en los términos ya indicados (arts. 73, inciso 1 del C.C.A.). En tal virtud cuando la administración observe que un acto de esta naturaleza es contrario a la Constitución o la ley debe proceder a demandar su propio acto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (art. 149 inciso 1 del C.C.A.), pero no podrá revocarlo directamente.” (T- 347 de 1994).

La Sentencia T-355/95 explicitó la necesidad de la aceptación por parte del afectado:

Cabe recordar que expresamente el artículo 73 de C.C.A. establece que “Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica particular y concreta o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular”. Como vemos se trata de una renuncia por parte del administrado, que se constituye en una clara declinación por parte del interesado de los derechos que el acto le confiere. Es clara esta disposición y en consecuencia resulta violatorio de toda la normatividad pretender desconocer lo que allí la norma prescribe" (negrillas y subraya fuera de texto)

La sentencia T-315/96 referida precisamente a la revocación directa de los actos administrativos, por su parte, reiteró:

Esta prerrogativa con que cuenta el particular, como lo ha expuesto la Corte a través de sus distintas salas de revisión, tiene como objetivos, entre otros, evitar que la administración, en uso de ciertos poderes y aduciendo una serie de necesidades, desconozca derechos subjetivos cuya modificación o desconocimiento requiere de la anuencia de su titular, pues, sólo él, por la misma naturaleza del derecho, puede renunciarlo. Si la administración no logra obtener ese consentimiento debe buscar la intervención del aparato jurisdiccional, que decide si es posible modificar o desconocer los derechos reconocidos al particular.

Se busca, así, darle algún equilibrio a las relaciones que surgen entre la administración y el particular, asegurándole a éste que aquélla no modificará o desconocerá sus derechos, sin el agotamiento previo de ciertos requisitos. Se evitan así decisiones que asalten la buena fe del titular del derecho y rompan la seguridad jurídica.

Los requisitos mencionados son: el consentimiento del titular del derecho y, en su defecto, la intervención de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Intervención que se logra cuando la administración demanda su propio acto, es decir, la obligación de demandar corresponde al ente administrativo y no al particular” (negrillas fuera de texto) .

5.13. Con fundamento en lo expuesto razón le asiste a la instancia cuando amparó los derechos reclamados por el actor, al constatar su conculcación cuando la entonces Subgerente de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social modificó motu propio la situación ya consolidada del actor, sin fundamento legal bajo la figura de la “aclaración”, produciendo realmente una revocatoria directa del acto administrativo, el cual está revestido de legalidad al haber sido emitido cumpliendo estrictamente la orden impartida por una autoridad judicial, pasando por alto que la normatividad en la que se fundamentó no aplicaba al accionante y respecto de la cual hizo pronunciamiento expreso el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, como se citó en precedencia.

5.14. La forma como ha actuado la administración constituye una clara conculcación de los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso porque en apariencia se cumple un fallo judicial, creando en realidad una inseguridad jurídica que lejos está de cohonestar la Sede en su labor constitucional y que impone señalar los correctivos mediante la orden de amparo que se impartirá.

5.15. La Caja Nacional de Previsión Social en liquidación en su momento debió interponer los recursos que tenía a su alcance contra el fallo proferido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que el competente se pronunciara sobre esa supuesta irregularidad y no guardar silencio, permitiendo que la decisión cobrara ejecutoria y, luego, en vez de dar cumplimiento al mismo procedió a su antojo debiendo responsabilizarse de su propia incuria y desidia.

5.16. Como corolario de lo anterior se modificará la orden de tutela en el sentido de dejar sin vigencia la Resolución N° 22417 de 8 de junio de 2009 expedida por la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación al igual que el oficio PABF-GN-7367 de 10 de junio de 2010 suscrito por el Gerente de PAP Buenfuturo.

5.17. Consecuente con ello dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión el Gerente de PAP Buenfuturo, o el funcionario encargado bajo su directa responsabilidad, deberá expedir el acto administrativo siguiendo sin cuestionamiento las directrices del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en sentencia de 27 de octubre de 2006, aclarada mediante auto de 30 de noviembre de 2006.

5.18. Una vez ello ocurra lo remitirá INMEDIATAMENTE al Gerente liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación para que suscriba el acto administrativo y tome las medidas necesarias para que se incluya en nómina lo relacionado con la reliquidación pensional. Del cumplimiento del mandato deberá informarse al juez de instancia, de lo contrario se harán acreedores a las sanciones establecidas en el Decreto 2591 de 1991.

5.19. Se dispondrá compulsar copias disciplinarias y penales con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la conducta en que pudieron incurrir -prevaricato por acción y fraude a resolución judicial- Betty Elisa Salazar Gutiérrez, quien fungió como Subgerente de Prestaciones Económicas – Encargada de la Caja Nacional de Previsión Social al suscribir la Resolución 22417 de 8 de agosto de 2009, al igual que la abogada sustanciadora Diana P. Dávila H. y el revisor jurídico Manuel A. Ramírez.

Situación similar se hará en relación con Jaime Villaveces Bahamón -Gerente de PAP Buenfuturo-, Elizabeth Niño Rodríguez -Directora de Nómina- y Andrés Felipe Chaparro Silva, respecto a la expedición del oficio N° PABF-GN-7367 de 10 de junio de 2010.

5.20. De igual forma se ordenará que el Juez Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito ejerza vigilancia sobre la determinación anterior, requiriendo de la Fiscalía informes periódicos en caso de existir mérito para la investigación penal, los cuales deberá suministrar al accionante con el objeto de constatar el estado de la actuación y le informará que de ser su interés podrá ser reconocido como víctima en dicho trámite.

5.21. Para la notificación de la presente determinación se procederá de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y su reglamentario el 306 de 1992.



A mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D.C., en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución,

RESUELVE:

1º. MODIFICAR el numeral primero de la sentencia en el sentido de dejar sin vigencia la Resolución N° 22417 de 8 de junio de 2009 expedida por la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación al igual que el oficio PABF-GN-7367 de 10 de junio de 2010 suscrito por el Gerente de PAP Buenfuturo.

Consecuente con ello, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión el Gerente de PAP Buenfuturo, o el funcionario encargado bajo su directa responsabilidad, deberá expedir el acto administrativo siguiendo sin cuestionamiento las directrices del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en sentencia de 27 de octubre de 2006, aclarada en auto de 30 de noviembre de 2006.

Una vez ello ocurra lo remitirá INMEDIATAMENTE al Gerente liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación para que suscriba el acto administrativo y tome las medidas necesarias para que se incluya en nómina lo relacionado con la reliquidación pensional. Del cumplimiento del mandato deberá informarse al juez de instancia, de lo contrario se harán acreedores a las sanciones establecidas en el Decreto 2591 de 1991.

2º. COMPULSAR copias disciplinarias y penales con destino a la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la conducta en que pudieron incurrir -prevaricato por acción y fraude a resolución judicial- Betty Elisa Salazar Gutiérrez, quien fungió como Subgerente de Prestaciones Económicas – Encargada de la Caja Nacional de Previsión Social y suscribió la Resolución 22417 de 8 de agosto de 2009, al igual que la abogada sustanciadora Diana P. Dávila H. y el revisor jurídico Manuel A. Ramírez.

Situación similar se hará en relación con Jaime Villaveces Bahamón -Gerente de PAP Buenfuturo- Elizabeth Niño Rodríguez -Directora de Nómina- y Andrés Felipe Chaparro Silva, respecto a la expedición del oficio N° PABF-GN-7367 de 10 de junio de 2010.

El Juez Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito ejercerá vigilancia sobre la determinación anterior, requiriendo de la Fiscalía informes periódicos en caso de existir mérito para la investigación penal, los cuales deberá suministrar al accionante con el objeto de constatar el estado de la actuación y le informará que de ser su interés podrá ser reconocido como víctima en dicho trámite.

3º. En todo lo demás CONFIRMAR el fallo impugnado.

4°. REMITIR copia de esta decisión al Juzgado de Instancia para que dé cumplimiento a lo ordenado.

5º. ENVIAR la tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ALBERTO POVEDA PERDOMO
MAGISTRADO
LUIS FERNANDO RAMÍREZ CONTRERAS
MAGISTRADO
RAMIRO RIAÑO RIAÑO
MAGISTRADO