2013/11/06

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA PROFIERE SENTENCIA DE TUTELA EN EL CASO DE LOS MATRIMONIOS DE PAREJAS DEL MISMO SEXO - Matrimonio entre Elizabeth González Sanabria y Sandra Marcela Rojas Robayo - Matrimonio entre parejas del mismo sexo - PROCURADURIA Y MATRIMONIO ENTRE PAREJAS HOMOSEXUALES



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA SÉPTIMA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil trece (2013).


Magistrado Ponente: MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA.

Proceso No.
11001310304420130055201
Clase:
ACCIÓN DE TUTELA
Accionante:
Procurador Judicial II de la Procuraduría General del Nación – Delegada para Asuntos Civiles-, actuando como Ministerio Público.
Accionado:
JUZGADO 44 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ,D.C..


Sentencia discutida y aprobada en sesión No. 41 de 29 de octubre de 2013.


Decídase la impugnación de la sentencia de 16 de octubre de 2013 proferida por el Juzgado 44 Civil de Circuito de Bogotá – Piloto de la Oralidad.

ANTECEDENTES

El señor “Procurador Judicial II de la Procuraduría General del Nación – Delegada para Asuntos Civiles-, actuando como Ministerio Público” solicitó “Declarar la nulidad de la actuación adelantada por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá, actuación a través de la cual se aceptó la solicitud de matrimonio formulada por la señoras Elizabeth González Sanabria y Sandra Marcela Rojas Robayo”[1]; por cuanto, a su criterio, se configuran unas vías de hecho en el caso en mención, las que se sintetizan en la existencia de un defecto orgánico[2], defecto procedimental absoluto[3], defecto material o sustantivo[4] y desconocimiento del precedente constitucional[5]; los que, en términos generales, se resumen en lo siguiente:

1-.Defecto orgánico[6] en razón a que el juzgado accionado carece de absoluta competencia para conocer de la solemnización del matrimonio de dos personas del mismo sexo, porque el congreso, como lo requirió la sentencia C- 577 de 2001, no aprobó la celebración de uniones matrimoniales de dicha naturaleza.

2-. Defecto procedimental absoluto que “Ocurrió cuando el juez ordenó desarrollar el trámite de un matrimonio de personas del mismo sexo desconoció que la Corte Constitucional en el pluricitado fallo C577 de 2011 le confirió competencia fue para ‘formalizar y solemnizar’ el ‘vínculo contractual’ que existiera entre ellas, jamás para celebrar el contrato solemne de matrimonio [7].

3-. Defecto material o sustantivo “se presenta cuando la operadora judicial aplicó normas inexistentes, pues, se itera, el Congreso de la República, en los debates correspondientes, negó la celebración del matrimonio civil entre personas del mismo sexo” [8].

4-. Desconocimiento del precedente constitucional “Opera el requisito indicado cuando en las decisiones adoptadas la Jueza Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá, desconoció lo señalado por la Corte Constitucional en la parte motiva de la sentencia C – 577 de 2011, al indicar: ‘ El matrimonio como forma de constituir una familia aparece inequívocamente ligado a la pareja heterosexual y la decisión de conferirle un tratamiento expreso a la familia surgida de esta clase de vínculo correspondiente a una determinación que el Constituyente plasmó en la Carta’ [9].

La “Fundación Marido y Mujer”[10], con argumentos similares a los expuestos por la accionante en su petición la coadyuvó; mientras que las contrayentes[11] solicitaron se declarara improcedente el amparo constitucional deprecado por el Ministerio Público, pues, a su criterio, en primer lugar, el accionante carece de legitimación; en segundo término, no se desconoció el derecho al debido proceso, pues en este caso no se cumplen los requisitos contra providencias judiciales y, finalmente, no se presenta ninguna causal de nulidad que afecte la actuación y soporte la solicitud de la Procuraduría General de la Nación.

La señora juez accionada manifestó que no vulneró derecho alguno por cuanto la “discrepancia en la interpretación de la ley y la jurisprudencia, no constituye en manera alguna vía de hecho, (…), pues ello resulta abiertamente contrario a la dispuesto en el artículo 228 Superior, conforme al cual las decisiones judiciales son independientes, públicas, permanentes y en ellas prevalecerá el derecho sustancial” (Corte Constitucional, Sentencia C – 301/93; C-708/96 y C-1002/05, entre otras”)[12], y no “observa que se encuentre bajo ninguno de los argumentos del accionante”.

         La primera instancia, después de citar apartes de la sentencia T- 293 de 2013, referente a la interpretación del artículo 277 de la Carta Política, en la cual se dice que “Por lo tanto, considera la Sala que la Procuraduría General de la Nación o sus agentes están legitimados para interponer acciones de tutela, cuando ello sea necesario para el cumplimiento de sus funciones constitucionales en protección del interés general, del patrimonio público y los intereses de la sociedad”[13], concedió el amparo a los derechos reclamados, fundamentado, en primer lugar, en que la Procuraduría General de la Nación a través de sus Procuradores Delegados de conformidad con las funciones que la misma constitución le asigna se encuentra plenamente habilitada para interponer acciones de tutela.

         En segundo término, en que ni la ley ni la jurisprudencia facultan o autorizan al juez la celebración de la institución del matrimonio civil para aquellas parejas del mismo sexo que se unen con el fin de vivir juntos y en ese orden quieren solemnizar ese vínculo contractual[14].

Las señoras Adriana Elizabeth González Sanabria y Sandra Marcela Rojas Robayo, por intermedio de apoderado judicial, impugnaron la decisión con los mismos argumentos que había defendido la decisión cuestionada[15].
CONSIDERACIONES

Bien pronto se advierte que la solicitud de amparo constitucional debe ser decidida en sentido desfavorable y por ende, prospera la revocatoria de la sentencia que profirió el a quo, habida cuenta que el accionante, en su condición de “Procurador Judicial II de la Procuraduría General del Nación – Delegada para Asuntos Civiles-, actuando como Ministerio Público”, aunque invoque lo dispuesto en los artículos 227 -7 de la Constitución Política y 45 del Decreto 262 de 2000, carece de legitimación en la causa por activa (artículo 10 del Decreto 2591 de 1991).

En efecto, la Procuraduría no plantea  que  a las contrayentes  les fueron vulnerados sus derechos fundamentales, la petición se refiere a “Declarar la nulidad de la actuación adelantada por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá, actuación a través de la cual se aceptó la solicitud de matrimonio formulada por la señoras Elizabeth González Sanabria y Sandra Marcela Rojas Robayo”[16]; de lo cual se deduce que el accionante en ejercicio de las funciones de “ministerio público” pretenda ejercer un control de legalidad de las decisiones de los jueces y por esa vía, la supuesta protección del derecho fundamental al debido proceso.

Aunado a lo anterior, si lo que pretende el accionante es que se declare la nulidad sustancial del “matrimonio” celebrado entre Elizabeth González Sanabria y Sandra Marcela Rojas Robayo, sin que al respecto tome partido la Sala, tal objetivo cuenta en el ordenamiento con el proceso de “nulidad y divorcio de matrimonio civil y de la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso” en los términos del numeral 1º del artículo 5 del Decreto 2272 de 1989, modificado por el artículo 7 de la Ley 25 de 1992.

En conclusión, no es viable la protección constitucional que reclamó el señor Procurador Judicial II de la Procuraduría General del Nación – Delegada para Asuntos Civiles-, actuando como Ministerio Público”, coadyuvada por la “Fundación Marido y Mujer”, pues por un lado, carece de legitimación y por el otro, en caso de la nulidad, existen otros mecanismos de defensa judicial.

En consecuencia, se revocará la sentencia impugnada y se negarán las pretensiones.

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Séptima de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero. Conforme  a lo dicho se revoca la sentencia de fecha y procedencia preanotadas y en su lugar,  se niega el amparo solicitado.

Segundo. Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más expedito.

Tercero. Remítase el expediente de esta acción a la Corte Constitucional para su eventual revisión.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


Los magistrados,

MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA
(Rad. 11001310304420130055201)
GERMÁN VALENZUELA VALBUENA
(Rad. 11001310304420130055201)
ÓSCAR FERNANDO YAYA PEÑA
(Rad. 11001310304420130055201)



[1] Ver folio 24
[2] Ver folio 18 del cuaderno uno
[3] Ver folio 19 ibídem
[4] Ver folio 19 ibídem
[5] Ver folio 20 ibídem
[6] Ver folio 18 ibídem
[7] Ver folio 19 ibídem
[8] Ver folio 19 ibídem
[9] Ver folio 20 ibídem
[10] Ver folios 111 y siguientes, ibídem
[11] Ver folio 65 ibídem
[12] Ver folio 31 ibídem anterior
[13] Ver página 130 y siguientes. Sentencia de primera instancia.
[14] Ver folio 139 ibídem anotación 11
[15] Ver folio 151 y siguientes.
[16] Ver folio 24

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