2014/04/06

Condena contra la nación por las chuzadas que realizó el DAS al magistrado YESID RAMIREZ BASTIDAS. Todo ocurrió siendo Presidente de la República ALVARO URIBE VELEZ. Texto completo de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

ESCRIBIO EL PROFESOR ANIBAL CHARRY QUE ESTA ES UNA de las muchas condenas contra la nación que vendrán con motivo de la conspiración criminal contra jueces, periodistas y opositores en el perverso gobierno del mesías del Ubérrimo, quien siendo el magín de la estrategia difamadora para vengarse de la Corte Suprema por su patriótica labor depuradora en el caso de la parapolítica, sigue indemne y gozando del favor popular que avala sus desmanes violadores de los derechos humanos para mantenerlo vigente en la política.

 

El fallo expedito e histórico, como correspondía por la magnitud del latrocinio, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, estaba cantado por ser un hecho notorio y por la contundencia de las pruebas aportadas, entre ellas las acusaciones y los acuerdos celebrados con la Fiscalía con varios ex directivos del DAS que confesaron sus fechorías precisando que lo habían hecho de manera dolosa y siguiendo instrucciones del Palacio de Nariño con el fin exclusivo de calumniar para favorecer el régimen de Uribe empeñado en perseguir y deslegitimar a la Justicia, particularmente al magistrado Ramírez quien como presidente de la Sala penal y de la Corte Suprema de Justicia lideró la cruzada justiciera contra el ominoso y sanguinario poder de la parapolítica empeñada en refundar la patria en nombre de Dios y  de las balas asesinas de   la codicia criminal del punible ayuntamiento, por lo cual no se le ha hecho el reconocimiento que se merece a esa Corte grande y valerosa.




 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B



 

Bogotá D. C., abril tres (3) del año dos mil catorce (2014).

 

Magistrado Ponente:
CARLOS ALBERTO VARGAS BAUTISTA
Demandante:
YESID RAMÍREZ BASTIDAS Y OTROS
Demandado:
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD – DAS Y OTROS
Referencia:
Proceso No.  250002326000201000941

 

REPARACIÓN DIRECTA

 

Surtido el trámite procesal sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la sala a dictar sentencia en el proceso ordinario instaurado por YESID RAMÍREZ BASTIDAS, RAQUEL BASTIDAS DE RAMÍREZ, RAQUEL JOHANA, LAURA TATIANA y PEDRO GABRIEL RAMÍREZ BASTIDAS contra el DEPARTAMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD – DAS, UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO – UIAF y PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

 


I. ANTECEDENTES


 

El apoderado judicial de la parte demandante arriba referida, el 15 de diciembre del año 2010, promovió demanda en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), para que se declare la responsabilidad de las entidades ya referidas como demandadas, por los daños producidos por los seguimientos, interceptaciones, asedio, desprestigio realizadas en contra del señor Yesid Ramírez Bastidas y los miembros de su familia.

 

HECHOS

 

Los hechos consignados en la demanda son los que a continuación se sintetizan:

 

1.    El señor Yesid Ramírez Bastidas, abogado, ha tenido una larga carrera de servicio público dedicada a la judicatura que comenzó como Juez Municipal, llegando a ser Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

 

2.    Como consecuencia de su llegada a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, por iniciativa del Gobernador del Huila de la época, así como del Colegio de Jueces y Fiscales de dicho departamento, se convocó y realizó en la ciudad de Neiva, durante los días 9 y 10 de junio de 2006, un homenaje de reconocimiento por su designación como presidente, al que asistieron varios magistrados de las cortes y otras personalidades.

 

3.    Con ocasión de sus funciones como magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Dr. Yesid Ramírez Bastidas participó como ponente o miembro de sala, en varias investigaciones, imposición de medidas de aseguramiento o sanciones penales de personas vinculadas a los sonados escándalos de “parapolítica” y “yidispolitica”, entre otros contra Eric Morris Taboada, Álvaro García Romero, Guillermo Gaviria Zapata, Dief Malof, Mauricio Pimiento y Mario Uribe Escobar.

 

4.    En múltiples ocasiones las providencias suscritas por el Dr. Yesid Ramírez Bastidas y demás miembros de la Sala de Casación Penal, fueron objeto de descalificación pública por parte del Presidente de la República de la época, Dr. Álvaro Uribe Vélez, o de miembros del Gobierno, lo cual fue rechazado de plano por la Corte Constitucional y la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.

 

5.    El disgusto e inconformidad de altos funcionarios del Gobierno de Uribe Vélez con las decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los llevó a organizar una agresiva, sistemática y fraudulenta campaña en contra de los magistrados, en especial los doctores Yesid Ramírez Bastidas, Sigifredo Espinosa y Cesar Julio Valencia Copete, durante los años 2007, 2008 y 2009.

 

6.    La mencionada campaña consistió en hacer averiguaciones en asocio entre la Presidencia de la República, la Unidad de Análisis Financiero y el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, respecto de Dr. Yesid Ramírez Bastidas, para establecer presuntos vínculos de este con narcotraficantes, para así desprestigiar a la Corte.

 

7.    Se averiguó entonces sin previa orden judicial, transacciones cambiarias y en efectivo, actos notariales, registros de salud, compraventa de vehículos y bienes del Dr. Ramírez, así mismo, el DAS interceptó comunicaciones telefónicas, correos electrónicos, y concretamente el homenaje hecho en la ciudad de Neiva y las sesiones de la Corte Suprema de Justicia.

 

8.    La información recolectada ilegalmente y manipulada por las entidades demandadas, fue entregada a la prensa, concretamente a la periodista salud Hernández y a la revista Semana, con el fin de desprestigiar la Corte Suprema de Justicia, presentando una presunta filtración de narcotraficantes en sus decisiones. Ello en ciertos episodios se dio con la manipulación del homenaje hecho en la ciudad de Neiva.

 

9.    Aunado a ello, el Dr. Ramírez fue denunciado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, por parte de ex comisionado de paz Luís Carlos Restrepo, por presuntos nexos con narcotraficantes. Dicha comisión decidió inhibirse y archivar la investigación.

 

10. Posteriormente y descubiertas las maniobras ilegales de las entidades demandadas, se abrió proceso penal en contra de varios servidores públicos implicados en tales hechos, y algunos de ellos han manifestado y puesto en evidencia la intención de desprestigiar a los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sin que existiera fundamento legal para ello. (fols. 7 a 13 c1).

 

PRETENSIONES DE LA DEMANDA[1]

 

“Primera: Declarar administrativa y extracontractualmente a la NACIÓN, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS), UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO (UIAF), Y LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, de los perjuicios materiales e inmateriales, presentes y futuros causados a los demandantes con motivo de los seguimientos, interceptaciones, asedio, desprestigio, entre otras conductas ilegales, realizadas en contra del Doctor YESID RAMIREZ BASTIDAS y miembros de su familia, durante los años 2007, 2008, 2009, y 2010.

 

Segunda: Condenar, en consecuencia a la NACIÓN, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS, UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO (UIAF), Y LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, como reparación del daño ocasionado, a pagar a los actores, o a quien represente legalmente sus derechos los perjuicios de orden material y moral, directos y por representación, actuales y futuros, los cuales se estiman como mínimo en la suma de DOS MIL CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.005.500.000.oo) M/CTE, valor que se discrimina de la siguiente manera:

 

-    Para YESID RAMIREZ BASTIDAS, así:

a)    Por concepto de Daño Moral, lo equivalente a 500 s.m.l.m.v.

b)    Por concepto de Daño a la vida de relación, lo equivalente a 500 s.m.l.m.v.

c)    Por concepto de Daño a la honra, honor y buen nombre lo equivalente a 500 s.m.l.m.v.

d)    Por concepto de Daño a la intimidad personal, lo equivalente a 500 s.m.l.m.v.

e)    Por concepto de Daño a la salud física y mental, lo equivalente a 500 s.m.l.m.v.

f)     Por concepto de Daños materiales en la modalidad de Daño Emergente consistente en los gastos incurridos en servicio de un abogado para su defensa ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, así como su representación judicial en calidad de víctima en múltiples procesos penales, que se estima en DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS.

 

SUBTOTAL que para la fecha de presentación de esta solicitud, equivaldría a MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($1.487.500.000.00)

 

 

-   Para RAQUEL BASTIDAS DE RAMIREZ así:

a)    Por concepto de Daño Moral, lo equivalente a 100 s.m.l.m.v.

b)    Por concepto de Daño a la vida de relación, lo equivalente a 100 s.m.l.m.v.

c)    Por concepto de Daño a la intimidad personal, lo equivalente a 100 s.m.l.m.v.

 

SUBTOTAL DE 300 S.M.L.M.V. , que para la fecha de presentación de esta solicitud, equivaldría a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($154.500.000.oo)

 

 

-   Para RAQUEL YOHANNA RAMÍREZ BASTIDAS así:

 

a)      Por concepto de Daño Moral, lo equivalente a 100 s.m.l.m.v.

b)      Por concepto de Daño a la vida de relación, lo equivalente a 100 s.m.l.m.v.

c)      Por concepto de Daño a la intimidad, lo equivalente a 100 s.m.l.m.v.

 

SUBTOTAL DE 300 s.m.l.m.v., que para la fecha de presentación de esta solicitud, equivaldría a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($154.500.000.00)

 

 

-   Para LAURA TATIANA RAMÍREZ BASTIDAS así:

a)      Por concepto de Daño Moral, lo equivalente a 100 s.m.l.m.v.

b)      Por concepto de Daño a la vida de relación, lo equivalente a 100 s.m.l.m.v.

c)      Por concepto de Daño a la intimidad personal, lo equivalente a 100 s.m.l.m.v.

 

SUBTOTAL DE 300 S.M.L.M.V. , que para la fecha de presentación de esta solicitud, equivaldría a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($154.500.000.oo)

 

 

-   Para PEDRO GABRIEL RAMIREZ BASTIDAS así:

a)    Por concepto de Daño Moral, lo equivalente a 100 s.m.l.m.v.

b)    Por concepto de Daño a ia vida de relación, lo equivalente a 100 s.m.l.m.v.

c)    Por concepto de Daño a la intimidad personal, lo equivalente a 100 s.m.l.m.v.

 

SUBTOTAL DE 300 S.M.L.M.V. , que para la fecha de presentación de esta solicitud, equivaldría a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($154.500.000.oo)

 

 

Tercera: La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del CCA., aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.

 

Cuarta: Condénese a la NACIÓN, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS, UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO (UIAF), Y LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, al pago de las costas y agencias en derecho del proceso.

 

Quinta: Las partes demandadas darán cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA.” (fols. 13 a 15 c1).

 

II ACTUACIÓN PROCESAL

 

El 15 de diciembre del año 2010, la parte actora por conducto de apoderado presentó la demanda ante esta corporación (fols. 6 a 28 c1), siendo admitida por auto del día 24 de febrero del año 2011. (fols. 31 y 32 c1).

 

La demanda fue aclarada y reformada mediante escrito del 8 de marzo del año 2011, en cuanto a la especificación de una de las partes demandadas (UIAF y no Ministerio de Hacienda y Crédito Público), y en lo que atañe a la solicitud de pruebas a decretar. (fols. 34 y 35 c1).  Adicionalmente, el auto admisorio de la demanda fue objeto de recurso de reposición que interpusieran las entidades demandadas.

 

Por auto del 26 de mayo del año 2011, se resolvió el recurso de reposición impetrado por la entidades demandadas, decidiéndose confirmar la decisión controvertida. (fols.70 a 73 c1).

 

A través de proveído del 23 de junio del año 2011, se admitió la aclaración y corrección de la demanda. (fol. 75 c1).

 

Por auto del 10 de noviembre del año 2011, se aceptó el llamamiento en garantía de Andrés Peñate, Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado, José Miguel Narváez, Fernando Tabares, Jorge Alberto Lagos y Carlos Alberto Arzayuz Sánchez. (fols. 152 a 154 c1).

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

 

·         Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

 

El apoderado judicial de dicha entidad, por escrito del 30 de agosto del año 2011, manifestó su oposición a la prosperidad  de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por cuanto consideró que tal entidad actuó bajo los lineamientos legales que la regían.

 

Propuso las siguientes excepciones:

 

v  Caducidad de la acción: Aduciendo que los informes de inteligencia hechos por tal entidad respecto del señor Asencio Reyes, y donde aparece mencionado el Dr. Yesid Ramírez, datan del 29 de julio del año 2008 y 11 de septiembre del mismo año, por cual la acción caducó el 12 de septiembre del año 2010, fecha anterior a la presentación de la solicitud de conciliación.

 

v  Por lo demás, argumentó que la UIAF propicio su actuar de conformidad al ordenamiento jurídico, y que suministró la información que le compete recolectar, a autoridades que la ley facultó para poderla recibir, como el Secretario de la Presidencia de la República, pues cumple labores encomendadas por el mismo Presidente, es decir, siguió el proceder legal. (fols. 83 a 105 c1).

 

  • Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

 

La apoderada Departamento Administrativo de la Presidencia de la República el 30 de agosto de 2011 (fol. 123 a 129 c.1) en la contestación de la demanda indicó que no le es imputable ninguna conducta por inexistencia de algún hecho antijurídico.

 

Propuso como excepciones:

 

v Falta de jurisdicción y competencia: argumentando que el hecho antijurídico se basa en unas declaraciones que realizó el ex presidente de la República Álvaro Uribe Vélez contra el aquí demandante calificadas como injuriosas, pero que no pueden ser de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo ya que el Presidente de la República goza de investidura y solo puede ser juzgado por el Senado de la República previa acusación que formule la Cámara de Representantes, solicitó que el Tribunal se declare inhibido para conocer del proceso. Así mismo, que dichas conductas ya están siendo examinadas por otra jurisdicción.

 

v Ineptitud sustantiva de la demanda por falta de legitimación por pasiva, ya que la Presidencia de la República es un Departamento Administrativo que forma parte del sector central de la administración pública y su objeto es el de asistir al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, prestarle apoyo administrativo, ninguna de ellas relacionadas con la causa petendi. (fols. 123 a 129 c1).

 

·         Departamento Administrativo de Seguridad – DAS.

 

El Departamento Administrativo de Seguridad – DAS mediante escrito del 30 de agosto del año 2011, contestó la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones y aduciendo no constarle los hechos de la demanda, por lo que se atienen a lo demostrado en el proceso.

 

Propuso como excepciones las siguientes:

 

v Ausencia de elementos necesarios para reclamar responsabilidad: Expresando que las conductas ilícitas endilgadas a tal entidad verdaderamente ocurrieron a título personal por los funcionarios de la misma, prueba de ello son las sanciones disciplinarias y penales que se han producido, por lo que no se puede comprometer la responsabilidad del DAS.

 

v Ausencia de imputabilidad: Bajo el mismo razonamiento de la excepción anterior, pues la conducta de sus agentes no puede generarle responsabilidad a la entidad, más aún cuando se trata de la consumación de delitos.

 

v Inexistencia de falla del servicio: En razón a que la entidad no cometió ningún hecho, en tanto estos le son imputables a título personal a sus agentes. (fols.130 a 138 c1).

 

Llamados en garantía.

 

·         Jorge Alberto Lagos y Fernando Alonso Tabares.

 

Los llamados en garantía referidos se encuentran representados por el mismo apoderado judicial, y por lo mismo dieron contestación a la demanda en iguales condiciones, así:

 

Se opusieron a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, y propusieron las siguientes excepciones:

 

v Ausencia de falla en el servicio e inexistencia de culpa grave imputable a los demandados: Aduciendo que las actividades desplegadas por los referidos señores fueron efectuadas conforme a la ley, bajo las normas de inteligencia del DAS.

 

v Caducidad de la acción de reparación directa: Indicando que en la demanda se aducen hechos del año 2007, cuando la revista semana hizo su primera publicación, y desde allí la demanda se encuentra caducada.

 

v Frente al llamamiento en garantía argumentaron que no hay ninguna imputación legal ni fáctica concreta, lo que a su vez presupone la no demostración de la culpa grave, por lo que no es dable endilgarles responsabilidad. (fols. 246 a 256 y 257 a 267 c1).

 

·         Andrés Mauricio Peñate Giraldo.

 

Por escrito del 9 de julio del año 2011, contestó el llamamiento en garantía, pidiendo su exclusión por cuanto no hay ni siquiera prueba sumaria de su presunto actuar doloso o gravemente culposo, de hecho, en la demanda no se menciona su intervención en el origen de la controversia, al punto que ni se adujo que el mismo estuviera en curso de un proceso penal o disciplinario, no hay prueba sumaria para la procedencia del llamamiento en garantía.

 

Indicó que no hay prueba de que el comité de conciliación del DAS haya aprobado su llamamiento en garantía, por lo que este es improcedente. (fols. 234 a 241 c1).

 

III. PRUEBAS

 

1.     Copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de: Raquel Johana Ramírez Bastidas (fol. 1 c.2); Laura Tatiana Ramírez Bastidas (fol. 2 c.2) y Pedro Gabriel Ramírez Bastidas (fol. 3 c.2).

 

2.     Copia auténtica del registro civil de matrimonio celebrado entre Yesid Ramírez Bastidas y Raquel Bastidas (fol. 4 c.2).

 

3.     Original de la constancia del trámite de la conciliación prejudicial celebrada en la Procuraduría 136 Judicial II Administrativa (fol. 5 c.2), y original del acta de la audiencia de conciliación prejudicial llevada a cabo en la Procuraduría 136 Judicial II Administrativa, la cual se presentó el 29 de octubre del año 2010 y se declaró fallida el 3º de noviembre de 2010 (fol. 6 a 10 c.2).

 

4.     Original del certificado de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia del 14 de julio de 2010, en la que se indicó que el doctor Yesid Ramírez Bastidas prestó los servicios como Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva del 1º de agosto de 1985 al 23 de junio del año 2002, y desde tal fecha como Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (fol. 11 c.2).

 

5.     Original del certificado de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia del 21 de julio de 2010, en la que se indicó que el doctor Yesid Ramírez Bastidas fue elegido para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia desde el 1 de octubre de 2002 por un periodo de 8 años (fol. 12 c.2).

 

6.     Original del certificado de la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 15 de julio de 2010, en la que se indicó que mediante acuerdo No. 001 del 16 de enero de 2003 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia designo al doctor Yesid Ramírez Bastidas como presidente para el año 2003 (fol. 13 a 15 c.1).

 

7.     Copia auténtica de la Resolución No. 63 del 15 de julio de 2010, en la que el tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca resolvió “ASOCIARSE al merecido acto de exaltación y reconocimiento que el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali les tributa a los Honorables magistrados CESAR JULIO VALENCIA OPETE, EDUARDO ADOLFO LÓPEZ VILLEGAS y YESID RAMÍREZ BASTIDAS por su labor en la H. Corte Suprema de Justicia” (fol. 16 y 17 c.2). 

 

8.     Copia auténtica de la Resolución No. 0075 del 15 de diciembre de 2006 “Por la cual se otorga la condecoración “Orden Cacique Timanco” al Doctor YESID RAMÍREZ BASTIDAS Presidente de la Corte Suprema de Justicia” (fol. 18 y 19 c.2).

 

9.     Copia auténtica del reconocimiento dado al Magistrado Yesid Ramírez Bastidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 5 de diciembre de 2008 (fol. 20 c.2).

 

10.  Original de las constancias del 11 de octubre de 2010 expedidas por la Jefe del Área de Talento Humano de la Presidencia de la república, en donde consta el tipo de vinculación laboral y cargos desempeñados por los señores Bernardo Moreno Villegas, Jorge Mario Eastman Robledo y Edmundo del Castillo Restrepo (fol. 22 a 24 c.2).

 

11.  Original de las certificaciones del 25 de octubre de 2010 expedidas por la Subdirectora Administrativa y Financiera (E) de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero, en donde certificó el tiempo de vinculación laboral, cargos desempeñados y servicios prestados por Mario Aranguren Rincón, Luis Eduardo Daza Giraldo y Astrid Liliana Pinzón (fol. 26 a 28 c.2), así mismo indicó que respecto al señor Juan Carlos Rivera Cubillos, nunca había laborado en la UAIF (fol. 25 c.2).   

 

12.  Original de la respuesta a la petición radicada ante la Procuraduría General de la Nación en la que se indicó el listado de los procesos disciplinarios en contra de algunos de los aquí llamados en garantía del 15 de octubre de 2010 (fol. 31 a 33 c.2).

 

13.  Copia auténtica de sendas actas de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en la que se indicó por parte del los Magistrados Yesid Ramírez Bastidas y Sigifredo Espinosa Pérez que la Corte estaba siendo objeto de seguimientos y escrito en tal sentido radicado en la Dirección Nacional de Investigaciones de la Procuraduría General de la Nación del 2 de abril de 2009 (fol. 34 a 48 c.2).

 

14.  Copia auténtica de la repuesta a la petición instaurada por el abogado actor ante la Fiscalía 8 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en la que se informó el estado de los procesos penales de algunos de los sujetos acá llamados en garantía (fol. 49 a 136 c.2).

 

15.  Copia simple de varios comunicados de prensa publicados en la página web de la Presidencia de la República del año 2007 y 2008 (fol. 137 a 151 c.2).

 

16.  Copia simple de la publicación de la Revista Semana de abril 28 a mayo 5 de 2008 en la que se incluyó el artículo “El mecenas de la justicia” (fol. 146 a 148 c.2), junto con varias publicaciones de tal revista. (c3).

 

17.  Respuesta a oficio que diera el periódico El Tiempo allegando copia auténtica de la columna denominada “La paja en el ojo ajeno” (fol. 151 y 152 c.2).

 

18.  Copia simple de diversas publicaciones en medios de comunicación escritos respecto de los hechos que originan la presente controversia (fol. 153 a 180 c.2).

 

19.  Original de la historia clínica psiquiátrica del doctor Yesid Ramírez Bastidas elaborada por el médico psiquiatra Oswaldo Matta Santacruz, junto con la atención medica prestado por otros galenos en diferentes especialidades (fol. 183 a 203 c.2).

 

20.  Copia simple del oficio con fecha de 13 de septiembre de 2010 emanado de la Organización de los estados Americanos en las que se adoptan medidas cautelares a favor del doctor Yesid Ramírez Bastidas (fol. 204 ay 205 c.2).

 

21.  Copia simple de la renuncia a diversas comisiones otorgadas por la Corte Suprema de Justicia al doctor Yesid Ramírez Bastidas por razones de seguridad (fol. 206 a 211 c.2).

 

22.  Original del contrato de prestación de servicios suscrito por el doctor Yesid Ramírez Bastidas con el abogado Hugo Quintero Bernate para que lo representara en los procesos penales adelantados contra los funcionario del DAS (fol. 212 c.2).

 

23.  Respuesta a oficio de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en la que allego copia auténtica de las decisiones adoptadas en relación con el doctor Yesid Ramírez Bastidas (fol. 221 a 277 c.2).

 

24.  Original de las certificaciones del 8 de octubre de 2013 expedidas por el Coordinador Grupo Administración de Personal del DAS, en donde certificó el tiempo de vinculación laboral y cargos desempeñados por Jorge Alberto Lagos León, Fernando Alonso Tabares Molina, Germán Albeiro Ospina Arango, Alba Luz Flórez Gelvez, Martha Inés Leal Llanos, María del Pilar Hurtado (fol. 282 a 288 c.2).

 

25.  Copia auténtica del interrogatorio del señor Germán Albeiro Ospina Arango dentro del proceso penal No. 1100160001022010 (fol. 1 a 27 c.4).

 

26.  Copia auténtica del proceso penal No. 110016000102 2009 00002, adelantado por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS contra María del Pilar Hurtado y otros (fols. 1 a 494 c.5 y 1 a 516 c.6).

 

27.  Testimonio rendido por la señora Alba Luz Flórez Gelvez, ex – funcionaria del DAS, quien depuso sobre las labores de inteligencia que realizó y que vinculaban a la Corte Suprema de Justicia. (fols.376 a 383 c1).

 

28.  Interrogatorio de parte absuelto por el Dr. Yesid Ramírez Bastidas, quien contestó las preguntas realizadas respecto al presunto seguimiento ilegal del que fue objeto. (fols. 384 a 386 c1).

 

29.  Informe bajo juramento rendido por Eberto Salomón Rodríguez Hernández, Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de justicia, quien depuso sobre su amistad con el Dr. Ramírez Bastidas y la afección de este por los hechos que originan el presente asunto. (fols. 406 a 411 c1).

 

30.  Testimonio rendido por German Albeiro Ospina Arango, quien depuso sobre los que le consta dada su intervención en los hechos que originan la controversia. (fols. 419 a 424 y 453 a 459 c1).

 

31.  Informe bajo juramento rendido por el señor Juan Carlos Motta Vargas, quien depuso sobre su conocimiento y amistad con el Dr. Ramírez Bastidas. (fols. 447 a 451 c1).

 

32.  Interrogatorio de parte absuelto por Jorge Alberto Lagos León y Fernando Alonso Tabares Molina, quienes depusieron sobre las cosas que les constan en relación con el seguimiento realizado a la Corte Suprema de Justicia. (fols.460 a 468 y 478 a 485 c1).

 

33.  Testimonio rendido por Andrés Felipe Sáenz Mora, quien depuso sobre el tema objeto de controversia. (fols. 471 a 476 y 478 a 480c1).

 

34.  Respuesta a oficio que diera la casa editorial El Tiempo, allegando al plenario copia auténtica del artículo ‘Uribe defiende a su hijo Tomas y arremete contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Yesid Ramírez”’. (fols. 498 a 500 c1).

 

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

 

Por auto del veintisiete (27) de noviembre del año 2013 y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 210 del C.C.A modificado por el Decreto 2304 de 1989, modificado por el artículo 59 de la Ley 446 de 1998, se ordenó traslado a las partes por el término de 10 días, proveído que ante recurso de reposición fue confirmado mediante similar del 29 de enero de la actual calenda.  (fols. 520 a 523 c.1).

 

Parte Actora.

 

Por escrito de febrero 19 del año 2014, la parte demandante presentó sus alegatos de conclusión, reiterando los mismos planteamientos esbozados en la demanda, y solicitando no dar prosperidad a las excepciones propuestas por las entidades demandadas. (fols. 503 a 547 c1). Adicionalmente allegó varios documentos, los cuales serán analizados sobre su aporte posteriormente.

 

Parte demandada. (La Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República).

 

Por escrito de noviembre 28 del año 2013, dicha entidad presentó sus alegatos de conclusión, reiterando los mismos planteamientos esbozados en la contestación de la demanda. (fols. 487 a 496 c1).

 

Parte demandada. (Departamento Administrativo de Seguridad - DAS).

 

Por escrito del 10 de febrero del año 2014, el apoderado judicial de la entidad mencionada presentó sus alegatos de conclusión, quien reiteró lo expuesto en la respectiva contestación de la demanda. (fols. 525 a 545 c1).

 

Parte demandada. (Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero).

 

Dicha entidad presentó sus alegatos de conclusión el 18 de diciembre del año 2013, manifestando que la entidad actuó bajo los lineamientos de ley. (fols.525 a 545 c1)

 

Llamado en garantía (Andrés Peñate Giraldo).

 

Por escrito del 18 de febrero del actual año, dicha parte procesal allegó sus alegatos de conclusión, reiterando extensamente lo manifestado en la contestación al llamamiento en garantía y la demanda. (fols. 457 a 476 c1l).

 

Llamados en garantía (Jorge Alberto Lagos y Fernando Alonso Tabares.)

 

Mediante escrito del 18 de febrero del año 2014, dichas personas que son llamadas en garantía presentaron alegatos de conclusión, aduciendo que las actuaciones de inteligencia y contrainteligencia se hicieron conforme a la ley, sin que pueda existir reproche. (fols. 477 a 502 c1).

 

Sin concepto del Ministerio Público.

 

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

PRESUPUESTOS PROCESALES

 

JURISDICCIÓN.

 

De lo plasmado en nuestra Constitución Política en lo referente a la estructura de la Rama Judicial, claro es que se instituyó el conocimiento de las controversias que pueden suscitar al interior de los habitantes del Estado, y de estos contra el mismo, a diversas autoridades con exclusividad dada por el conocimiento de cada especialidad, es decir, que respecto de la naturaleza del conflicto y de la de los intervinientes en el, la Constitución definió que autoridad judicial ha de dirimir la respectiva disputa judicial.

 

Así las cosas, en lo que se refiere a la jurisdicción Contencioso Administrativa, para el caso que ocupa la atención de la sala, fue el artículo 82 del Decreto 01 de 1984, el que instituyó el objeto de la jurisdicción, el cual a su vez fue objeto de varias reformas como se evidenciará en el siguiente aparte jurisprudencial.

 

“Adicionalmente, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, que a su vez fue modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006, prescribe que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas.

 

En efecto, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2007, define el objeto de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:

 

“Artículo 1°. El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, quedará así:

             

“Artículo 82. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.

 

“Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de Gobierno.

 

“La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura, no tendrán control jurisdiccional”. (Negrillas fuera de texto)

 

“Artículo 2. Derógase el artículo 30 de la Le y 446 de 1998 y las demás normas que le sean contrarias.

 

“Parágrafo. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, se mantiene la vigencia en materia de competencia, de las Leyes 142 de 1994, 689 de 2001 y 712 de 2001.” (Negrillas fuera de texto)

 

La norma legal transcrita, al definir el objeto de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, determinó que a la misma le compete juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas”, en lugar de “juzgar las controversias y litigios administrativos”, como disponía el anterior artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.[2]

 

Ahora, en el presente asunto el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República aduce que existe falta de jurisdicción, por cuanto en los hechos que originan la controversia intervino el Presidente de la República de la época (Álvaro Uribe Vélez), y la facultad constitucional para investigarlo recae en el Congreso de la república (Acusación Cámara de Representantes e Investigación Senado de la República) (Art. 174 C.N.).

 

Para resolver ello, indiscutiblemente necesario es tocar aspectos de la legitimación en la causa por pasiva del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, frente a lo cual el H. Consejo de Estado ha dicho:

 

“…lo define el artículo 56 de la Ley 489 de 1998, la Presidencia de la República “estará integrada por el conjunto de servicios auxiliares del Presidente de la República y su régimen será el de un Departamento Administrativo”.

 

En este orden de ideas, y bajo el entendido que las actuaciones del Presidente de la República requieren de los servicios administrativos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, es éste último órgano el llamado a actuar en el proceso judicial y a responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que puedan ocasionar las decisiones del Jefe del Estado o sus actuaciones…

 

Por otra parte, la entidad demandada en el presente proceso es la Nación y el Presidente de la República –como Jefe de Estado, del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa–, tanto por las funciones y competencias que le son propias como por el puesto que ocupa en la organización administrativa del Estado, con sus actuaciones y decisiones representa a la Nación y puede comprometer su responsabilidad patrimonial, al tiempo que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República también forma parte de la estructura orgánica y administrativa de la Nación y cuenta con facultades para representarla, en cuanto persona jurídica de Derecho Público, en los procesos en los cuales deba intervenir como parte.” ”[3]

 

Así las cosas, queda claro que frente a los actos del Presidente de la República en lo que atañe a responsabilidad de la institución, ha de responder el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y de contera, la sala encuentra que la competencia exclusiva que recae en el Congreso de la República se circunscribe a la responsabilidad personal del Presidente, como bien lo sería la penal o disciplinaria, pero se repite, la responsabilidad patrimonial como institución del Gobierno está dada al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por lo que la jurisdicción competente para conocer de las controversias que comprometan a tal entidad es la Contencioso Administrativa, como bien se definió en el auto admisorio de la demanda, de modo que tal excepción no está llamada a prosperar.

 

PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN

Considera la sala que la acción de reparación directa impetrada por el apoderado judicial de la parte actora, prevista en el artículo 86 del C.C.A., es procedente, toda vez que se solicita declarar la responsabilidad de las entidades demandadas por el presunto seguimiento irregular y con fines ilegítimos que se hizo a la Corte Suprema de Justicia – Sala Penal, y concretamente al Dr. Yesid Ramírez Bastidas, situaciones que se enmarcan en hechos de las entidades accionadas.

 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA

 

La legitimación en la causa ha sido definida por la jurisprudencia, como la titularidad de los derechos de acción y de contradicción.

A su turno ha sido clasificada en legitimación de hecho y material, la primera de ellas referida al interés conveniente y proporcionado del que se da muestra al inicio del proceso, la segunda objeto de prueba y que le otorgará al actor la posibilidad de salir avante en las pretensiones solicitadas, previo análisis de otras condiciones.

 

Sobre este punto ha expuesto el H. Consejo de Estado:

 

“(…) Varios y reiterados han sido los pronunciamientos de la Sección Tercera tendientes a diferenciar los dos aspectos medulares de la figura de la legitimación en la causa. Así ha dicho que en la reparación directa, la legitimación en la causa está dada por la condición de damnificado del demandante, hablándose de legitimación de hecho, originada en la simple alegación de esa calidad en la demanda, como lo prevé el artículo 86 del C. C. A., al señalar “la persona interesada podrá”, siendo entonces ese interés mínimo, suficiente para accionar y para proponerlo en la instancia procesal de inicio del juicio, en contraste con el presupuesto de sentencia favorable de las pretensiones que constituye la legitimación material, la cual se desprende de la prueba efectiva de la condición de damnificado, que le permitirá a quien demandó obtener, con la satisfacción de otros supuestos, la favorabilidad de las pretensiones. Puede ocurrir entonces que la afirmación de hecho en la demanda y a términos del artículo 86 del C. C. A, de que la parte demandante se crea “interesada” (legitimación de hecho en la causa) no resulte cierta en el proceso, y por lo tanto no demuestre su legitimación material en la causa (…)”[4]

 

De otro lado el Código Contencioso Administrativo al referirse sobre los anexos que debe contener toda demanda, prevé que debe también acompañarse el documento idóneo que acredite el carácter con el que el actor se presenta al proceso (art. 139).

 

Legitimación en la causa por activa:

 

- Yesid Ramírez Bastidas: Se encuentra legitimado en la causa por activa de hecho, en razón a que es presuntamente el directo afectado con la actuación de las entidades demandadas, de lo cual dan cuenta los testimonios practicados en el proceso.

- Raquel Bastidas: Se encuentra legitimada en la causa por activa, en razón de su calidad de cónyuge del señor Yesid Ramírez Bastidas, de lo cual da cuenta la copia auténtica del respectivo registro civil de matrimonio. (fol. 4 c2).

- Raquel Johana, Laura Tatiana y pedro Gabriel Ramírez Bastidas: Se encuentran legitimados en la causa por activa, en razón a que se encuentra demostrada su calidad de hijos del señor Yesid Ramírez Bastidas, lo cual se prueba con los registros civiles de nacimiento de los mismos. (fols. 1 a 3 c2).  

 

POR PASIVA.-

 

-       La Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Departamento Administrativo de Seguridad  - DAS y la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero, se encuentran legitimadas en la causa por pasiva de hecho, en atención a que son las entidades contras las que se imputa la generación del daño alegado. Su legitimación material será analizada con posterioridad.

 

-       Andrés Peñate, José Miguel Narváez, Fernando Tabares, Jorge Alberto Lagos, Carlos Alberto Arzayuz Sánchez, se encuentran legitimados en la causa por pasiva de hecho, en razón al llamamiento en garantía con fines de repetición, en tanto fueron admitidos y notificados del mismo. Su legitimidad como imputación material será objeto de análisis posteriormente.

 

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.

 

Debe aducir esta colegiatura, que la institución jurídica de la caducidad tiene por finalidad otorgarle al Estado estabilidad en sus actuaciones jurídicas (hechos – omisiones), cerrando así toda posibilidad de debate o controversia jurisdiccional respecto de las decisiones que el mismo haya tomado, o de los hechos u omisiones que el mismo haya generado.

 

Además de ello, el fenómeno de la caducidad ha sido implantado como un medio de sanción para quienes pretenden ejercer extemporáneamente el derecho de acción, en uso de alguna de las acciones contencioso administrativas que consagra la ley; esto en el entendido de que quien pretenda le sea reconocido un derecho, que cree le pertenece, debe ejercitar la acción dentro del plazo fijado por la ley, es decir es una carga que le asiste, pues de ello depende que su derecho se le sea reconocido, en caso de asistirle. Por tal razón, ha de decirse que el efecto tajante e inequívoco de la caducidad, es que quien crea que le asiste un derecho que deba ser reconocido por la jurisdicción administrativa, pierda toda posibilidad de acudir a ella, dado que se ha impetrado la acción tardíamente, lo que genera consecuencialmente la imposibilidad de seguir un proceso judicial con las garantías constitucionales y legales que nuestro ordenamiento jurídico consagra para ello.

 

Es por ello, que en lo concerniente a las acciones que debe conocer la Jurisdicción Contencioso Administrativo, el legislador consagró de manera expresa y particular el término de caducidad que frente a las mismas se debe aplicar, lo cual se corrobora con la observancia del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, y es el mismo estatuto, el que plasma las excepciones que frente al fenómeno jurídico de la caducidad se deben tener en cuenta.

 

Así las cosas, para la acción de reparación directa, en su numeral séptimo se dijo, que la misma caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. Y no plasmó excepción alguna frente al cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa (Apartándonos del caso de desaparición forzada por no ser relevante en caso bajo estudio), por lo que ha de decirse, que en todo caso debe computarse el mismo, atendiendo como primera medida, la fecha de ocurrencia del hecho, la omisión o demás circunstancias que dan origen a la acción de reparación directa.

 

Sabido es, que el término de caducidad se empieza su cómputo por mandato legal desde el día siguiente del hecho o la omisión respectiva, y en múltiples ocasiones ello va ligado al momento en que se hace evidente la circunstancia fáctica que origina la reclamación judicial, es decir, que consolida el daño. Frente a ello, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones del H. Consejo de Estado:

 

“La Sección ha destacado la relación existente entre el conteo del término de caducidad, la naturaleza del daño y el momento en que el mismo se configura, a partir de lo cual ha señalado[5]:

 

“3.1. El término de caducidad que se contabiliza a partir de la ocurrencia del daño (“fecha en que se causó el daño”)

 

 La  identificación de la época en que se configura el daño, ha sido un tema problemático, toda vez que no todos los daños se constatan de la misma forma en relación con el tiempo; en efecto, hay algunos, cuya  ocurrencia se verifica en un preciso momento, y otros, que se extienden y se prolongan en el tiempo. En relación con los últimos, vale la pena llamar la atención a la frecuente confusión entre daño y perjuicio que se suele presentar; de ninguna manera, se puede identificar un daño que se proyecta en el tiempo como por ejemplo la fuga constante de una sustancia contaminante en un río, con los perjuicios que, en las más de las veces, se desarrollan e inclusive se amplían en el tiempo, como por ejemplo, los efectos nocivos para la salud que esto puede producir en los pobladores ribereños..                      

 

En desarrollo de esto, la doctrina ha diferenciado entre (1) daño instantáneo o inmediato; y (2) daño continuado o de tracto sucesivo; por el primero se entiende entonces, aquél que resulta susceptible de identificarse en un momento preciso de tiempo, y que si bien, produce perjuicios que se pueden proyectar hacia el futuro, él como tal, existe únicamente en el momento en que se produce…” (Se destaca)

 

En consonancia con lo anterior, la Sala ha estimado que el conteo del término de caducidad en la acción de reparación directa debe hacerse en consideración a si el hecho generador del daño produce efectos perjudiciales inmediatos e inmodificables o, por el contrario, dichos efectos son mediatos, prolongados en el tiempo[6], posición a la que acudió el recurrente como apoyo de su argumentación. En dicha providencia se manifestó lo siguiente:

 

En ese entendido, el argumento expuesto por el a quo para rechazar la demanda no fue acertado, pues la interpretación del numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo no puede hacerse en la forma exegética como se hizo, pues cuando se trata de establecer la caducidad de la acción de reparación directa tomando como referencia el acaecimiento de un hecho, hay circunstancias que flexibilizan el sentido de la norma. En efecto, hay casos en que ésta puede tener una aplicación literal absoluta, como cuando del hecho por el que se reclama indemnización de perjuicios se derivan efectos inmediatos e inmodificables - V. gr. que en el instante mismo en que se produce el hecho determinado, muera una persona -. En este caso es incuestionable que el término de la acción de reparación directa debe tomarse en consideración a la fecha en que se produjo la muerte, es decir, la misma del hecho. Pero hay casos en que la situación varía, como en el de la referencia, en que si bien se tiene un referente en cuanto a la fecha en que se produjo el hecho, es lo cierto que sólo el transcurso del tiempo y otras circunstancias particulares, como el prolongado tratamiento médico a que fue sometido el demandante, muestran con certeza la magnitud o consecuencia del hecho y, por ende, los perjuicios por los que la parte interesada reclama la indemnización”. (Se destaca)

 

La anterior pauta jurisprudencial establece con claridad que, respecto a los hechos  que  generan  efectos  perjudiciales  inmediatos  e  inmodificables  -aquellos cuyas consecuencias se vislumbran al instante, con rapidez y dejan secuelas permanentes-, la contabilización del término de caducidad de la acción se inicia desde el día siguiente al acaecimiento del hecho, al tenor del numeral 8° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

 

Por el contrario, al tratarse de casos relacionados con daños que sólo se conocen de forma certera y concreta con el discurrir del tiempo y con posterioridad al hecho generador, esta circunstancia impone en aras de la justicia que se deba contar el término de caducidad a partir del conocimiento que el afectado tiene del daño[7].”[8]

 

Claro es entonces, que el término de caducidad inicia por regla general su cómputo desde el día siguiente a la ocurrencia del hecho, pero eventualmente cuando el daño se ha producido y la persona que lo padece no se ha enterado de ello, dable es iniciar su conteo desde el momento en que se ha conocido de tal situación, como bien lo plasmó la jurisprudencia en cita.

 

En el presente asunto, si bien el seguimiento en contra de la Corte Suprema de Justicia – Sala de casación Penal, y concretamente del Dr. Yesid Ramírez Bastidas, se dio desde el año 2007, y que el señor Ramírez Bastidas en sesión de sala plena del 8 de mayo del año 2008, anunció que “sospechaba” de algunos seguimientos en su contra y a su vez de otros magistrados (fols. 34 a 48 c2), lo cierto es que no tenía certeza de que ello estuviera ocurriendo así, prueba de ello la radicación ante la Procuraduría General de la Nación el 2 de abril del año 2008, de una escrito en el que pidió investigar tales hechos (fols. 47 y 48 c2), pero allí ya aduciendo conocimiento del hecho por información dada en los medios de comunicación.

 

De este modo, los accionantes conocieron el hecho dañoso con certeza, a juicio de la sala, con la publicación de la Revista Semana de la publicación “EL DAS SIGUE GRABANDO”, que correspondió a la edición No. 1399 y que según certificación de dicha revista, circuló desde el 23 de febrero del año 2009 al 2 de marzo del mismo año. (c3).

 

Bajo tal supuesto, se computará el término de caducidad desde el 23 de febrero del año 2009, pues en tal fecha la parte actora conoció con certeza el daño que presuntamente se le causó.

 

Así las cosas, en el presente asunto, el fenómeno jurídico de la caducidad no se ha configurado, pues desde el día siguiente de la fecha aludida, la parte actora contaba en principio hasta el 24 de febrero del año 2011 para impetrar la acción de la referencia.

 

Sin embargo se presentó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 136 Judicial II Administrativa, el 29 de octubre del año 2010, la cual se declaró fallida el 30 de noviembre del mismo añ. (Ve folio 5 c2). Por lo que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 640 de 2001, el término de caducidad de la presente acción se suspendió desde el momento de presentación de la solicitud de la conciliación hasta cuando se declaró fallida, pues ello ocurrió primero.

 

Bajo tal entendido, el término de caducidad se reanudó el 1º de diciembre del año 2010, faltándole el lapso de tres (3) meses y veintiséis (26) días para cumplir los dos años de que trata el artículo 136 del C.C.A., por lo que el plazo final para interponer la presente acción venció el 25 de marzo del año 2011. Ahora, la demanda se interpuso el 15 de diciembre del año 2010 (Ver folio 28 c1), claramente antes de que se configurara el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción.

 

Por lo anterior, serán negadas las excepciones que en tal sentido fueron propuestas.

 

EXCEPCIONES

 

Las excepciones propuestas por las entidades demandadas y no resueltas hasta el momento en esta providencia, serán resueltas al momento de desatar la controversia, pues controvierten el fondo del asunto.

 

PROBLEMA JURÍDICO

 

Corresponde a la sala en esta oportunidad, determinar si existieron labores de inteligencia por parte de las entidades demandadas en contra del Dr. Yesid Ramírez Bastidas, y de existir, si estas causaron un daño antijurídico en su contra.

 

Pues bien, en orden a resolver la controversia sometida a consideración,  la sala abordará los siguientes temas: I) Régimen de Responsabilidad aplicable, II) Régimen probatorio en la jurisdicción contenciosa administrativa, III) Marco Constitucional y legal de las funciones de inteligencia del Estado IV) Caso concreto.


 

 

I. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE

 

Con la expedición de la Constitución Política de 1991, se consagró en el artículo 90 una cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, que comprende tanto la responsabilidad de naturaleza contractual como extracontractual; por lo que los elementos indispensables para la declaración de la responsabilidad patrimonial del Estado, se circunscriben a la prueba del daño antijurídico, y a la imputabilidad del mismo al Estado.

 

En torno a este tema, y a efectos de establecer un marco conceptual dentro del cual se analice la presente controversia, debe decirse que,  si bien la Jurisdicción Administrativa en algunos casos sigue aplicando los regímenes de responsabilidad subjetivos que de antaño fueron creados jurisprudencialmente para derivar responsabilidad patrimonial, el Ponente se aparta de emplear ese sistema en tanto que, a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, la responsabilidad patrimonial del Estado Colombiano encuentra su fundamento en el artículo 90, que como se dijo comprende la de naturaleza contractual y extracontractual generada por la causación de un daño antijurídico al particular, imputable al Estado, sin importar si fue materializado por negligencia o impericia en las acciones u omisiones de sus agentes. Por ello, el núcleo esencial de responsabilidad se enmarca en el daño antijurídico, con lo cual, aún las conductas revestidas de legalidad, pueden generar un daño y así mismo comprometer su responsabilidad, por manera que el examen de la controversia será analizado con base en tales elementos.

 

La jurisprudencia Constitucional ha expuesto:

 

Lo esencial del cambio introducido por el Artículo 90 de la Constitución radica entonces en que ahora el  fundamento de la responsabilidad no es la calificación de la conducta de la Administración, sino la calificación del daño que ella causa. No se trata de saber si hubo o no falla en el  servicio, es decir una conducta jurídicamente irregular aunque no necesariamente culposa o dolosa, sino de establecer si cualquier actuar  público produce o no un “ daño antijurídico”, es decir un perjuicio en quien lo padece, que no estaba llamado a soportar.

            

El daño antijurídico no es, entonces, aquel que proviene exclusivamente de una actividad ilícita del Estado, y así ha sido entendido reiteradamente por el Consejo de Estado que ha definido el concepto como “la lesión de un interés legitimo, patrimonial o extrapatrimonial, que  la víctima no está en la obligación de soportar”, por lo cual “se ha desplazado la antijuridicidad de la causa del daño al daño mismo”, de donde concluye esa corporación que “el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva.

 

Este nuevo fundamento de la responsabilidad estatal, radicado ahora en la noción de daño antijurídico, ha sido considerado como acorde con los valores y principios que fundamentan la noción de Estado Social de Derecho, especialmente con la especial salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la Administración, a la que este modelo de Estado propende; también con la efectividad del principio de solidaridad y de igualdad de todos ante las cargas públicas.

 

Obviamente, el nuevo fundamento de la responsabilidad estatal conlleva a su vez que no todo daño deba ser reparado, sino sólo aquel que reviste la connotación de antijurídico, es decir, no se repara el daño justificado, esto es aquel que quien lo padece tenga la obligación de soportar. Además, como en todos los casos de responsabilidad, debe tratarse de un daño que  tenga un vínculo causal con la actividad de un ente público. Esta actividad, ha dicho la Corte, no es solamente la que se da en el ámbito extracontractual de la actividad estatal, sino que también puede provenir de las relaciones contractuales de la Administración.” [9]

 

Por su parte, el H. Consejo de Estado ha expuesto: 

 

En efecto, a partir de la expedición de la nueva  Constitución Política, todo debate sobre la responsabilidad del Estado debe resolverse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la misma, según el cual éste debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.  Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad, esto es, el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al Estado. En cuanto al daño, se ha dicho que éste es antijurídico cuando la víctima no tiene el deber de soportarlo o, lo que es lo mismo, cuando el Estado no tiene derecho a causarlo. Así las cosas, tratándose de una situación como la mencionada, considera la Sala que el daño es antijurídico cuando en virtud de él resulte roto el equilibrio frente a las cargas públicas...”[10]

 

Así pues, en este régimen no entra a ser considerada la falla del servicio, razón por la cual el demandante solo se verá avocado a probar la ocurrencia del hecho dañoso, la imputabilidad del mismo y el nexo de causalidad entre los dos elementos anteriores; en tanto que la parte demandada para eximirse de responsabilidad tiene la carga de probar uno de los factores que destruyen el nexo de causalidad tales como la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima.

 

II.            RÉGIMEN PROBATORIO EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.


 


Frente al tema de la valoración probatoria de las documentales que se aporten a los procesos judiciales adelantados ante esta jurisdicción, la sala en recientes providencias ha establecido la forma en que deben ser valoradas las mismas, atendiendo desde luego a las reformas introducidas por la ley 1395 de 2010, y reseñando de manera clara los eventos desde cuando las normas contenidas en la misma han de ser aplicadas, en atención a la concepción del Estado Social de Derecho, del la garantía del debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

En este sentido, la sala ha indicado que las documentales aportadas en los procesos iniciados con anterioridad a la vigencia de la ley 1395 de 2010, gozaran de las presunciones de autenticidad que se deriven de lo normado por el Código de Procedimiento Civil, en tanto las aportadas en los procesos que se iniciaron bajo la vigencia de la referida ley, reputaran su autenticidad bajo los preceptos legales de la misma, en los siguientes términos:

 

´´Por lo ampliamente dicho, debe concluirse que en régimen de valoración probatoria de la prueba documental, se ve ineludiblemente modificado en lo que a la jurisdicción contenciosa administrativa se refiere, con la entrada en vigencia de la ley 1395 de 2010, por lo que se debe precisar que presunciones de autenticidad se deben aplicar antes y después de la aludida ley.

 

Así, en los procesos judiciales que se iniciaron antes del 12 de julio del año 2010, han de operar las presunciones de autenticidad que a continuación se especifican, esto es:

 

·         Cuando el documento público ha sido aportado por la entidad que los profirió, aún cuando sobre la copia del mismo no recae sello o certificación de su autenticad.

·         Cuando el documento público ha sido aportado por la entidad, aún cuando sobre la copia del mismo no recae sello o certificación de su autenticad, pero se manifiesta o infiere que en el archivo del misma reposa el original o copia auténtica del documento, así no haya sido dicha entidad quien lo profirió.

·         Cuando la copia de las actuaciones judiciales, se aporten al proceso con sello o certificación de su autenticidad por parte del secretario judicial, aún cuando no se allegue el auto mediante el cual el juez autorizó su expedición.

·         Cundo la copia del documento (público o privado), se apega a los lineamientos del artículo 254 del C.P.C.

 

Ahora, en los procesos que han sido iniciados con posterioridad al 12 de julio del año 2010, la valoración de la prueba documental ha de comportar diversos cambios como ya se ha dicho, teniendo como regla general la presunción de autenticidad tanto de los originales como de las copias de los documentos (públicos y privados), que se aporten al proceso, los cuales solo dejaran de tener valor probatorio, cuando se desvirtúe su veracidad mediante la tacha de falsedad. Así las cosas, para mayor claridad, se enumeran los casos específicos en que debe operar la presunción de autenticidad.

 

Además de los anteriores, que también serán de recibo el régimen probatorio que se implantó con la expedición de la ley 1395 de 2010, se tendrán:

 

·         Presunción de autenticidad de los documentos públicos, aún cuando hubiesen sido allegados al plenario en copia informal, siempre que sobre los mismos no recaiga tacha de falsedad.

·         Presunción de autenticidad de los documentos privados, aún cuando hubiesen sido allegados al plenario en copia informal,  siempre que sobre los mismos no recaiga tacha de falsedad.

·         Presunción de autenticidad, de las copias de actuaciones judiciales (Especie del documento público), aún cuando se llegue en copia informal al plenario, siempre que sobre las mismas no recaiga tacha de falsedad.´´[11]

 

 

En este sentido, bajo tal interpretación adoptada por la sala, debe atenderse como punto de partida al momento en que se inició el presente proceso, para determinar el régimen probatorio que debe ser aplicado. Para el efecto, encontramos que la demanda de la referencia fue interpuesta el 18 de abril del año 2006, y la misma fue admitida en virtud de providencia del 26 de septiembre del año 2012 (fols. 803 y 804 c1), por lo que claramente ha de aplicarse el presente asunto, lo dispuesto por la sala para los procesos iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 1395 de 2010.

 

No obstante, en reciente providencia de la sala, se estableció que la aplicación de tales presunciones de autenticidad (las derivadas de la Ley 1395 de 2010), no han de restringirse en el tiempo en cuanto a su aplicación por la entrada en vigencia de la mencionada ley. Para el efecto esta colegiatura dispuso:

 

“De lo visto, en principio las documentales aportadas al plenario en copia simple no gozarían de valor probatorio alguno, pues no se enmarcan en las presunciones de autenticidad previstas precedentemente para los procesos iniciados antes de la entrada en vigencia de la ley 1395 de 2010. No obstante, con fundamento en la jurisprudencia del H. Consejo de Estado y la argumentación que en adelante expondrá la sala, es dable dar valoración a las copias simples de documentos cuyo original no ha sido posible incorporar en copia auténtica al proceso

 

Ha dicho la reciente jurisprudencia del H. Consejo de Estado: 

 

“Al respecto, la jurisprudencia consolidada de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con el tema de la valoración de un documento que ha sido allegado por la parte demandante en copia simple, ha consistido en negarle eficacia probatoria a dichos documentos, al considerar, de conformidad con los artículos 252 y 254 del C. de P. C., y el pronunciamiento que, respecto del referido articulado profirió la Corte Constitucional en la sentencia C-023 del 11 de febrero de 2008, que los documentos públicos o privados allegados a un proceso deben serlo en original o en copia auténtica para que puedan ser considerados como elementos de prueba válidos y, en consecuencia, susceptibles de valoración.

 

No obstante lo anterior, en jurisprudencia reciente, la Sala ha aceptado la posibilidad de valorar los documentos aportados en copia simple por el demandante, en tanto le hubiere resultado imposible obtener la copia auténtica, porque el demandado sea quien conserve el original y se niegue a aportarlo al expediente, sin aducir justificación alguna.

 

“No obstante, la Sala, sin desconocer las disposiciones que fueron declaradas exequibles, pero aplicando, entre otros, los principios de equidad y de buena fe y como protección al derecho de defensa, ha considerado que las copias simples de un documento tienen valor probatorio, cuando le resulte imposible a quien las aporte obtener la copia auténtica, porque la parte contra la que se aduce sea justamente quien conserve el original y se niegue a aportarlo al expediente, sin aducir una razón jurídica atendible:

 

“Esta situación de inequidad procesal, impone a la Sala la búsqueda dentro del marco jurídico de una solución procesal justa para el caso y que equilibre la posición de las partes en la causa…


“En tal virtud, la Sala considera que cuando una de las partes no cumple con el deber de aportar la copia auténtica de un documento cuyo original se encuentra en su poder o legalmente bajo su guarda y archivo, corre con el riesgo y los efectos que con su conducta omisiva pretendió evitar, que, en el presente caso, se concreta en tener como susceptible de valoración la copia remitida por la parte que desplegó todas las gestiones que estuvieron dentro de su esfera material y jurídica para que la misma fuera remitida al proceso en las condiciones formales requeridas, y dado que el estudio de la misma interesa al proceso en su conjunto.

 

“Es decir que el incumplimiento o renuencia en aportar el documento en dichas condiciones legales pese a la orden judicial proferida por el a quo en tal sentido, acarrea como consecuencia en aplicación del principio de la comunidad de la prueba que deba otorgársele valor o mérito probatorio a las copias aportadas con la demanda, solución procesal que restablece el equilibrio de las partes en el proceso, y que se sustenta en los principios constitucionales de igualdad procesal (art. 13 C.P.), del debido proceso y derecho de defensa (art. 29 de la C.P), y de presunción de buena fe respecto de ellas (art. 83 C.P.), honrando con ella además los deberes de probidad, lealtad procesal y colaboración de las partes en el proceso (art. 71 del C. de P. Civil).

 

Además, con fundamento en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil es posible, sin contrariar lo dispuesto en los artículo 244 y 268 ibídem, conferir valor probatorio a las copias simples, cuando la parte contra la cual se aducen conserva el original de las que se señala fueron reproducidas y puede por lo tanto, efectuar su cotejo y tacharlas de falsedad cuando no estén conformes, sin necesidad de que practique la inspección judicial de que trata la norma.”[12]

 

 

Posición reiterada por dicha Corporación en sentencia de la misma fecha en la que indicó:

 

“La decisión de otorgarles valor probatorio a las copias simples aportadas por la parte actora obedece a la imperiosa necesidad de dar prelación a los principios de buena fe y lealtad procesal que deben informar las actuaciones de las partes en los procesos, los cuales han sido desconocidos por la entidad estatal, al abstenerse de remitir al proceso los antecedentes de los actos administrativos cuestionados, los cuales debían encontrarse en su poder y bajo su guarda, por mandato del artículo 29 del C.C.A.

 

No tendría sentido que el juez se abstuviera de analizar los supuestos de la demanda, por el hecho de que la entidad estatal, que ostenta la condición de demandada, decida abstenerse de enviar o aportar al proceso las pruebas que obran en su poder y que, eventualmente, puedan ser desfavorables a sus intereses, pues en ese caso, bastaría que la entidad asumiera una conducta negligente, displicente y de rechazo frente a las órdenes impartidas por la jurisdicción, para que entorpeciera el trámite procesal y dejara el proceso sin los elementos de prueba necesarios para realizar los pertinentes juicios de valor, orientados a definir el debate sustancial. Resultaría inadmisible que quien incumple sus deberes procesales saliera beneficiado con su comportamiento.”[13]

 

Bajo tal perspectiva jurisprudencial, cierto es que se da valoración probatoria a la copia simple de documentales cuyo original o copia auténtica reposa en poder de la parte contra la que se aduce (Por regla general la demandada), ello en consonancia con el principio de lealtad procesal y amparo del debido proceso.

 

La anterior interpretación, no permite dar valor probatorio a documentales aportadas en copia simple, cuyo original o copia auténtica no repose en poder de la parte contra la que se aduce, pues en tal circunstancia no es dable dar aplicación a los principios mencionados anteriormente. No obstante, certero es que ante la constitucionalización del derecho colombiano y en especial del derecho administrativo, dicha posición resulta contraria a la presunción de la buena fe y en mayor magnitud en contra del derecho al acceso material a la administración de justicia, aspectos que por demás han venido consolidándose en su respeto y eficacia en las decisiones que de tiempo atrás ha proferido esta colegiatura como se vio, pero que aún restringen tal garantía a un límite temporal (vigencia de la Ley 1395 de 2010).

 

Así las cosas, la sala estima conveniente seguir dando valoración a las copias simples de las documentales que se aporten a un proceso judicial, presumiendo su autenticidad en tanto ello no se desvirtúe con la tacha de falsedad que prevé el ordenamiento jurídico, pero sin atender a límite temporal para la consolidación de tal garantía, que de bulto comporta un elemento sustancial en la labor de administrar justicia.

 

Ello bajo el entendido que la eficacia de la presunción de buena fe que consagra nuestra carta mayor en su artículo 83, y el derecho al acceso a la administración de justicia consagrado en el artículo 228 constitucional, no se instituyeron en su consolidación material con la Ley 1395 de 2010, sino que se encuentran inmersos en nuestro ordenamiento jurídico de manera tajante e inequívoca desde el año 1991[14], teniendo aplicación absoluta sin necesidad de que una ley u otra norma de inferior jerarquía ordene lo pertinente.

 

Ahora, lo plasmado en precedencia por la sala, a su vez tiene sustento en la reciente jurisprudencia del H. Consejo de Estado, pues ha dicho:

 

“Ahora, la Sala observa que con la demanda la parte actora aportó en copia simple un documento que contiene la valoración de los daños ocasionados por la toma guerrillera al corregimiento de Tres Esquinas, realizado por el Comité Técnico para la Valoración de Daños, el cual fue suscrito por el Alcalde Municipal, el Secretario de Planeación, el Presidente de la Cruz Roja, el Secretario de Obras Públicas y el Promotor Comunitario. En dicho documento se incluyó el listado de las personas afectadas y el presupuesto establecido por el comité para el resarcimiento de los daños, correspondiéndole a la señora Gloria Orjuela de Lozano la suma de $55’000.000, con la constancia de que “el Comité Local de Emergencias del Municipio de Cunday, unánimemente da por aceptado los valores presentados por el Comité Técnico de Valoración para los fines pertinentes” (fols. 12 a 14 c. 1).

 

En principio dicho documento carecería de valor probatorio al obrar en copia simple tal como la Sala[15] lo ha explicado en numerosas providencias, comoquiera que no cumple con las reglas contenidas en el artículo 254 del C. de P.C., según las cuales los documentos públicos y privados aportados en fotocopia simple por personas que no los suscriben no pueden ser tenidos en cuenta, en consideración a que únicamente tienen valor probatorio aquellos aportados en original o en copia autorizada por notario, director de oficina administrativa o de policía, secretario de oficina judicial o autenticada por notario, previa comparación con el original o con la copia autenticada que se le presente.

 

… De conformidad con las manifestaciones de las partes, para la Sala dicho documento que obra en copia simple, tiene en esta oportunidad mérito para ser analizado y valorado, comoquiera que la parte demandada pidió tener esa copia como prueba y valorarla como tal; en otras palabras, la Nación no desconoció dicho documento ni lo tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que el mismo fuese valorado dentro del proceso.

 

En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además, aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda.

 

Es dable precisar que la interpretación que hoy se efectúa no puede entenderse como la exoneración de la carga de cumplir con las reglas contenidas en la ley procesal civil frente a la aportación de copias de documentos que siguen vigentes y en pleno rigor. Lo que sucede en esta ocasión ambas partes aceptaron que ese documento fuera apreciable y coincidieron en la valoración del mismo en forma recíproca no solo al momento de su aportación, sino durante el transcurso del debate procesal.

 

Cabe agregar que la autenticación de las copias tiene por objeto que éstas puedan ser valoradas bajo el criterio de la sana crítica como si se tratara de documentos originales, de manera que frente a la parte contra quien se aducen, ese requisito tiene por finalidad garantizar su derecho de defensa, máxime cuando con tal prueba se pretende probar un hecho que en principio se aduce en su contra. Siendo esto así, cuando las partes de común acuerdo solicitan la apreciación y valoración de un documento aportado en copia simple, como en este caso, no sería dable soslayar ese interés para exigir el cumplimiento de una formalidad y las partes no podrían desconocer la decisión que con sustento en tal documento se adoptare por cuanto esa conducta atentaría contra el principio de la buena fe e implicaría atentar contra sus propios actos.

 

Frente a esto último resulta necesario recordar que en la contestación de la demanda la Nación, no solo aceptó el hecho que se pretendía probar con el documento aportado en copia simple, sino que además admitió a éste último como prueba, sin haber alegado en momento alguno que tal documento no se podía valorar, circunstancia que por demás, hubiere significado la trasgresión al principio constitucional de buena fe que protege la confianza que los particulares depositan al deber de coherencia en el actuar de quien tiene la carga de respetar y de someterse a una situación creada anteriormente por su propia conducta.

 

Cabe destacar igualmente el reciente pronunciamiento de la Sala en relación con el valor probatorio de las copias en similares eventos excepcionales:

 

“Cabe señalar que aunque esas pruebas obran en el expediente en copia simple y fueron aportadas por la parte demandante, las mismas pueden ser valoradas en este proceso, porque:

 

-La exigencia legal de los requisitos para que una copia simple tenga valor probatorio en un proceso fue declarada exequible por la Corte Constitucional al resolver la demanda presentada en contra del numeral 2 del artículo 254 y el numeral 3 del artículo 268, por considerar que esas disposiciones no quebrantan los artículos 83 y 228 de la Constitución que, respectivamente, consagran la presunción de buena fe de los particulares en todas las gestiones que éstos adelanten ante las autoridades públicas y el principio de la primacía del derecho sustancial: (…).

 

-No obstante, la Sala, sin desconocer las disposiciones que fueron declaradas exequibles, pero aplicando, entre otros, los principios de equidad y de buena fe y como protección al derecho de defensa, ha considerado que las copias simples de un documento tienen valor probatorio, cuando le resulte imposible a quien las aporte obtener la copia auténtica, porque la parte contra la que se aduce sea justamente quien conserve el original y se niegue a aportarlo al expediente, sin aducir una razón jurídica atendible (…).

 

-En esa misma providencia destacó la Sala, otros eventos en los cuales el ordenamiento jurídico le confiere valor probatorio a las copias simples: a) en el numeral 6 del artículo 133 del C. de P. Civil a propósito del trámite de reconstrucción por pérdida total o parcial de un expediente, se establece que si sólo concurriere a la audiencia que para el efecto se cita una de las partes o su apoderado, se declarará reconstruido el proceso con base en su exposición jurada y las demás pruebas que se aduzcan en aquélla, dentro de las cuales pueden ser aportadas copias simples de documentos que obraban en el proceso y que estuvieren en su poder; o b) en el artículo 274 ibídem, cuando una vez citado al autor del documento para su reconocimiento[16], se presenta renuencia por parte del mismo porque no concurre a la diligencia, o si a pesar de comparecer se niega a prestar juramento o a declarar, o da respuestas evasivas, en cuyos casos no obstante la amonestación del juez, se tendrá por surtido el reconocimiento, y así se declarará en nota puesta al pie del documento.

 

-Pero, además, se añade en esta oportunidad, que con fundamento en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil es posible, sin contrariar lo dispuesto en los artículo 244 y 268 ibídem, conferir valor probatorio a las copias simples, cuando la parte contra la cual se aducen conserva el original de las que se señala fueron reproducidas y puede por lo tanto, efectuar su cotejo y tacharlas de falsedad cuando no estén conformes, sin necesidad de que practique la inspección judicial de que trata la norma. (…).

 

Sin embargo, resultaría superfluo que la misma parte que tiene bajo su guarda los documentos originales, de los cuales la parte contraria afirma haber obtenido las copias que aporta, solicite una inspección judicial para que se practique el cotejo, cuando esa misma parte puede practicar la confrontación sin intervención judicial y en caso de encontrar disconformidad, proponer la tacha de falsedad de que tratan los artículos 289 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. (…).

 

-Más evidente aún resulta la carencia de necesidad de que se autentiquen las copias simples aportadas en contra de quien tiene a su disposición los originales o copias auténticas anteriores, o de que éstas se cotejen en diligencia de inspección judicial, en aquellos eventos en los que quien tiene bajo su guarda esos originales o copias auténticas y en contra de quien se aducen las copias simples, en vez de tachar éstas de falsedad, se remite a las mismas para fundamentar su defensa, con ese comportamiento procesal, ha de entenderse que la parte contra quien se aducen las copias ha verificado su autenticidad y las acepta como pruebas válidas del proceso.

 

(…). Esa actuación de la parte contra la cual se aducen las copias debe ser valorada atendiendo el principio de lealtad procesal, que debe gobernar el comportamiento de las partes en toda la actividad procesal, principio que la Sala ha aplicado, por ejemplo, para flexibilizar las exigencias legales en relación con la prueba trasladada, por considerar que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, éstas pueden ser valoradas, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales eventos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión[17].

 

-Finalmente, que para la Sala no cabe duda de que las pruebas traídas por las partes en copia simple, pueden ser apreciadas sin limitación alguna en lo que le resulten desfavorables, en aplicación, igualmente, del principio de lealtad procesal. Por lo tanto, todas las consideraciones anteriores resultan relevantes pero cuando esas copias simples se aducen en contra de la otra parte, que, se reitera, tiene en su poder los originales en las que ellas reposan o las copias auténticas de los mismos”[18].”[19] (Subrayado fuera del texto original).

 

Lo anterior, demuestra claramente la plena aplicación de la presunción de buena fe que instituye nuestra constitución política, y la eficacia material del derecho al acceso a la administración de justicia, por lo cual, es valido dar valor probatorio a las copias simples de documentos aportados al proceso, incluso cuando no han sido suscritos por alguno de los sujetos procesales, siempre que no se hayan tachado de falsos, pues ello denota la no controversia respecto de la autenticidad de los mismos, aspecto que entre otras cosas no le es dado al operador jurídico desconocer.

 

Tal postulado a su vez ha sido afianzado por el máximo tribunal de nuestra jurisdicción, al decir:

 

“Como el oficio transcrito fue aportado en copia simple, se debe recordar que el artículo 253 del C. de P.C. indica que los documentos podrán allegarse al expediente en original o en copia, pero tanto unos como otros deben ser auténticos para que puedan ser valorados por el juez, pues sólo así es posible inferir con certeza el origen y el contenido de los mismos, a efectos de que la parte contra la cual se aducen pueda controvertirlos, de manera que los documentos se presumen auténticos en los supuestos establecidos por el artículo 252 del C. de P.C. y las copias son auténticas en los casos previstos por el artículo 254 del mismo ordenamiento jurídico.

Sobre el valor probatorio de las copias, la jurisprudencia constitucional ha señalado lo siguiente[20]:

 

“Un principio elemental que siempre ha regido en los ordenamientos procesales es el de que las copias, para que tengan valor probatorio, tienen que ser auténticas. Ese es el principio consagrado en las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan lo relativo a la aportación de copias de documentos.

 

“De otra parte, la certeza de los hechos que se trata de demostrar con prueba documental, y en particular, con copias de documentos, está en relación directa con la autenticidad de tales copias. Tal certeza es el fundamento de la eficacia de la administración de justicia, y en últimas, constituye una garantía de la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial (Subraya fuera del texto).

 

Así, la Sala no puede, en principio, conferir valor probatorio alguno al oficio atrás transcrito, pues no cumple con las exigencias establecidas para ello en los artículos 253 y 254 ibídem; no obstante, la conducta procesal asumida al respecto por la entidad demandada, permite a la Sala valorarlo, toda vez que la enjuiciada no sólo no cuestionó su autenticidad, sino que, además, lo convalidó al estructurar su defensa con fundamento en él...”[21] (Subrayado fuera del texto original).

 

De este modo, cuando los sujetos procesales no desconozcan la veracidad de un documento aportado en copia simple, ello no puede ser  indicado por el operador judicial, desde luego salvo eventuales circunstancias en las que se avizore probatoriamente circunstancias que consoliden una alteración a la prueba documental, de lo contrario, el valor demostrativo de la misma se tornará incólume y deberá ser tenido en cuenta por el administrador de justicia.

 

Tal criterio se repite, afianza a un mas la posición de la sala en el sentido de dar valoración a las copias simples aportadas por los sujetos procesales, desde luego siempre que sobre las mismas no recaiga la tacha de falsedad prevista en el artículo 289 del Código de procedimiento Civil, sin limitar la aplicación de tal postulado que como se dijo tiene fundamento constitucional (Arts. 83 y 228 C.N.), a la vigencia de la Ley 1395 de 2010, pues como se dijo, la garantía constitucional indicada tiene vigencia de tiempo atrás.”[22]

 

Ahora, la valoración de las copias simples que ha venido predicando la sala de tiempo atrás, en reciente providencia de unificación de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado fue acogida, plasmando para todos los efectos que bajo el principio de la buena fe y el derecho de acceso a la administración de justicia, es posible y acorde al ordenamiento constitucional dar valoración probatoria a los documentos aportados en copia simple, siempre que contra los mismos no recaiga tacha de falsedad. [23]

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las documentales aportadas en copia simple y referida en el acápite de pruebas, serán valoradas por esta colegiatura.

 


III) MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA DEL ESTADO.


 

Consagra nuestra Constitución Política, que Colombia es un Estado Social de Derecho fundado entre otras cosas, en el respeto por la dignidad humana[24], concepto que abarca diversidad de aspectos como obligatorios por parte de las autoridades públicas para la materialización de tal pilar de nuestra nación. Así mismo, es sabido que la obligación de garantizar la vida digna de los habitantes del territorio nacional surge por la consagración de nuestro Estado como social, pues en palabras de la H. Corte Constitucional “Con el término social se señala que la acción del Estado debe dirigirse a garantizarle a los asociados condiciones de vida dignas”[25].

 

De este modo, se observa que fue voluntad del constituyente no solo plasmar en el artículo primero constitucional a Colombia como un Estado social, dentro de lo cual como reflejó el máximo tribunal constitucional del país se encuentra inmersa la obligación de garantizar a los habitantes del territorio condiciones de vida dignas; sino que en el mismo precepto de la constitución a reglón seguido plasmó expresamente que el Estado se funda en el respeto de la dignidad humana, lo cual en su espectro ontológico demuestra que se debe procurar el bienestar y respeto de la población en todos los ámbitos de las actuación humana.

 

Siguiendo tal línea de protección constitucional de la dignidad humana, a modo de acompasamiento, sin que en momento alguno resulten redundantes las protecciones de derechos que otorga nuestra carta mayor, el artículo segundo[26] de la misma estableció claramente los fines del Estado, dentro de los cuales se encuentra la fundamental tarea de las instituciones públicas por “garantizar las efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”, y como complemento de magnánima importancia, la manifiesta inclusión como tópico de esencia de las autoridades públicas el de la obligación de proteger a las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.

 

Garantías que por demás no se limitaron para un sector de la población, sino que en aras de la eficacia de otro derecho consagrado en nuestra carta constitucional como es el de la igualdad[27], se erigieron para todos los habitantes del territorio nacional, de moto tal, que la dignidad humana como pilar fundamental del Estado debe ser garantizada por la autoridades públicas a cada individuo en todos los ámbitos de la actuación humana, desde luego con las limitaciones que la misma constitución haya plasmado, o para las cuales haya autorizado a la ley.

 

Ahora, en materia de seguridad el Estado debe velar por la protección de todos los habitantes del territorio nacional, preservando el orden público y sobre todas las cosas, garantizando la integridad y dignidad de las instituciones públicas.

 

Por ello, dentro de las labores de diversas autoridades se encuentran inmersas aquellas denominadas de inteligencia o de contrainteligencia, encaminadas a prevenir  cualquier evento anómalo que ponga en riesgo algún flanco del Estado, lo cual se ha de ejercer con plena libertad pero con la absoluta limitación de no afectar los derechos de las personas, esencialmente de aquellas objeto de las labores indicadas, y especial predominancia la inviolabilidad de su derecho a la intimidad.

 

Así lo ha reconocido la H. Corte Constitucional,

 

“Para el mantenimiento de un Estado constitucional de derecho es condición sine quanon el respeto, la garantía y la satisfacción de los derechos humanos (arts. 1º, 2º, 4º y 5º superiores y preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). La preservación de las libertades públicas se logra sometiendo la actuación de las autoridades estatales al imperio de la Constitución y de la ley.

 

Un Estado de derecho debe armonizar la libertad y el orden, de tal manera que para lograr la seguridad no desconozca los derechos humanos y así las libertades puedan ser ejercidas dentro de un orden justo, respetuoso del pluralismo y de la libertad de crítica. El orden público democrático que anhela asegurar los regímenes constitucionales funda su legitimidad en el respeto irrestricto de los derechos fundamentales.

 

Así lo afirmó este Tribunal en la sentencia C-251 de 2002[28], derivando que en una democracia constitucional no es suficiente que exista el monopolio de la coacción en el Estado sino requiere que su ejercicio se sujete a reglas, previamente conocidas por los ciudadanos, para evitar la arbitrariedad, ya que solo de esta manera puede garantizarse la libertad y seguridad de las personas.

 

De igual forma, los convenios internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad estricto sensu reconocen su existencia. Así el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 17) indica: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación”[29]. Igualmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 11) señala: “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”[30]. [31]

 

Y en esa línea el máximo Tribunal de nuestra jurisdicción constitucional, estableció un núcleo esencial del derecho a la intimidad y las posibles formas en que este puede ser vulnerado, así:

 

“3.8.4.3. Núcleo esencial. En este contexto, el contenido básico del derecho fundamental a la intimidad presupone la existencia y goce de un espacio reservado de cada individuo que se encuentra exento de la intervención o intromisiones arbitrarias del Estado y la sociedad. Por tanto, el ámbito de este derecho “depende de los límites que se impongan a los demás, como exigencia básica de respeto y protección de la vida privada de una persona. La existencia del núcleo esencial de dicho derecho, exige que existan espacios medulares en donde la personalidad de los sujetos pueda extenderse en plena libertad, pues deben encontrarse excluidos del dominio público. En aquellos espacios la garantía de no ser observado (el derecho a ser dejado sólo) y de poder guardar silencio, se convierten en los pilares esenciales que permiten asegurar el goce efectivo del derecho a la intimidad”.[32]

 

De esta manera, la Corte ha resaltado las diversas formas en que puede ser vulnerado el derecho a la intimidad. En la sentencia C-131 de 2009 se sostuvo:

 

“La primera de ellas es la intrusión o intromisión irracional en la órbita que cada persona se ha reservado; la segunda, consiste en la divulgación de los hechos privados; y la tercera, finalmente, en la presentación tergiversada o mentirosa de circunstancias personales, aspectos los dos últimos que rayan con los derechos a la honra y al buen nombre.

 

La intromisión en la intimidad de la persona, sucede con el simple hecho de ingresar en el campo que ella se ha reservado. Es un aspecto material, físico, objetivo, independientemente de que lo encontrado en dicho interior sea publicado o de los efectos que tal intrusión acarree. Cabe en este análisis la forma en que el agente violador se introduce en la intimidad del titular del derecho y no tanto el éxito obtenido en la operación o el producto de la misma, que se encuentran en el terreno de la segunda forma de vulneración antes señalada”.[33] [34]

 

Sin embargo, el mismo Tribunal Constitucional estableció que el derecho a la intimidad no es absoluto, pues en garantía del interés general y de la seguridad del Estado debe ceder, por lo que consideró lo siguiente:

 

“3.8.4.4. Límites. No es sin embargo un derecho absoluto. El ámbito  ontológico de la intimidad solo puede ser objeto de limitaciones o interferencias por razones de “interés general, legítimas y debidamente justificadas constitucionalmente”.[35] De ahí que este Tribunal hubiera manifestado que “salvo las excepciones previstas en la Constitución y la ley, que obliguen a las personas a revelar cierta información a partir de su reconocimiento o valoración como de importancia o relevancia pública; el resto de los datos que correspondan al dominio personal de un sujeto no pueden ser divulgados, a menos que el mismo individuo decida revelar autónomamente su acceso al público”.[36] Igualmente ha indicado que las limitaciones al derecho a la intimidad, al igual que de cualquier otro derecho fundamental, deben respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad en el contexto del sistema democrático[37].” [38] (Subrayado fuera del texto original).

 

Se infiere entonces, que si bien debe respetarse el derecho a la intimidad, este por razones de interés general deberá limitarse, pues predomina el bienestar de la sociedad y de la Nación, siempre que hayan fundamentos razonables y proporcionales que justifiquen ello, pues la arbitrariedad no puede ser permitida.

 

Consonante con ello, la H. Corte Constitucional definió las diversas clases de información que puede existir, y en razón a ella y sus limitantes de acceso, se ha de determinar si en estricto sentido existe violación al derecho a la intimidad o al habeas data[39], de la siguiente manera:

 

“3.8.5.3. Clasificación de los datos personales. Esta Corte ha dividido los datos personales según el mayor o menor grado en que puedan ser divulgados:

 

La información pública es aquella que puede ser obtenida sin reserva alguna, entre ella los documentos públicos, habida cuenta el mandato previsto en el artículo 74 C.P. […] Esta información, puede ser adquirida por cualquier persona, sin necesidad de autorización alguna para ello.

 

La información semiprivada es aquel dato personal o impersonal que, al no pertenecer a la categoría de información pública, sí requiere de algún grado de limitación para su acceso, incorporación a bases de datos y divulgación. Por ende, se trata de información que sólo puede accederse por orden de autoridad judicial o administrativa y para los fines propios de sus funciones, o a través del cumplimiento de los principios de administración de datos personales antes analizados. […]

 

La información privada es aquella que se encuentra en el ámbito propio del sujeto concernido y, por ende, sólo puede accederse por orden de autoridad judicial competente y en ejercicio de sus funciones. 

 

Por último, se encuentra la información reservada, eso es, aquella que sólo interesa al titular en razón a que está estrechamente relacionada con la protección de sus derechos a la dignidad humana, la intimidad y la libertad […]. Estos datos, que han sido agrupados por la jurisprudencia bajo la categoría de “información sensible”,[40] no son susceptibles de acceso por parte de terceros, salvo que se trate en una situación excepcional, en la que el dato reservado constituya un elemento probatorio pertinente y conducente dentro de una investigación penal y que, a su vez, esté directamente relacionado con el objeto de la investigación. En este escenario, habida cuenta la naturaleza del dato incorporado en el proceso, la información deberá estar sometida a la reserva propia del proceso penal”[41].” [42]

 

 

Se estableció en dicho sentido, los casos en que se requiere de orden judicial para el acceso a la información, así:

 

“3.8.6.1. Fundamento constitucional. Según se ha anotado, el artículo 15 de la Constitución señala que la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables, por lo que solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Por su parte, el artículo 28 superior dispone que: “Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni recluido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivos previamente definidos por la ley”. Adicionalmente, los artículos 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos disponen que ninguna persona pública ni privada está autorizada para interceptar, escuchar, grabar, difundir, ni transcribir las comunicaciones privadas, a menos que exista previa y especifica orden judicial y que ella se haya impartido en el curso de procesos, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.

 

3.8.6.2. Alcance. En cuanto a las intromisiones en las comunicaciones de los particulares, esta Corporación ha reafirmado que deben estar precedidas de orden de autoridad judicial, dentro de un proceso y bajo las formalidades legales. Así lo expuso en la sentencia C-626 de 1996:

 

“La Corte Constitucional, en guarda de la cabal interpretación y aplicación de las normas constitucionales enunciadas y de los tratados internacionales sobre derechos humanos, que han sido estrictos y celosos en la materia […], debe declarar sin ambages que ninguna persona pública ni privada, por plausible o encomiable que sea el objetivo perseguido, está autorizada para interceptar, escuchar, grabar, difundir ni transcribir las comunicaciones privadas, esto es, las que tienen lugar entre las personas mediante conversación directa, o por la transmisión o registro de mensajes, merced a la utilización de medios técnicos o electrónicos aptos para ello, tales como teléfonos convencionales o celulares, radioteléfonos, citófonos, buscapersonas, equipos de radiocomunicaciones, entre otros, A MENOS QUE EXISTA PREVIA Y ESPECIFICA ORDEN JUDICIAL Y QUE ELLA SE HAYA IMPARTIDO EN EL CURSO DE PROCESOS, EN LOS CASOS Y CON LAS FORMALIDADES QUE ESTABLEZCA LA LEY, según los perentorios términos del artículo 15 de la Constitución Política”.” [43] (Subrayado fuera del texto original).

 

Ahora, en lo específico de la labor de inteligencia del Estado, la jurisprudencia constitucional ha establecido:

 

La Corte considera que los servicios de inteligencia desempeñan un papel importante en la protección de los Estados y sus poblaciones por amenazas a la seguridad nacional. No obstante, las atribuciones de los organismos de inteligencia y contrainteligencia deben desarrollarse en el marco de la Constitución, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Esto es, hacerse compatibles con el respeto de las libertades ciudadanas, puesto que no pueden servir de pretexto para desconocer el Estado constitucional de derecho como fundamento de toda democracia.

 

Las salvaguardias a los derechos humanos resultan imperativas para limitar las injerencias en los derechos fundamentales, particularmente en orden a impedir el uso arbitrario o ilimitado de las funciones de inteligencia. Ello exige del Estado la presencia de reglas claras y precisas que faciliten los procesos de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas en el desempeño de las funciones por los organismos de inteligencia.

 

El ejercicio de las funciones de inteligencia y contrainteligencia implica una constante tensión entre valores, principios y derechos: de un lado la seguridad y defensa de la Nación y de otro la intimidad, el buen nombre, el habeas data, el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de defensa; lo cual exige un juicio de ponderación en el marco del Estado constitucional de derecho. Por tanto, las medidas adoptadas por los organismos de inteligencia que impliquen restricciones de los derechos humanos tienen que cumplir exigentes requisitos para que no se llegue a la arbitrariedad y al abuso del poder.

 

De este modo, en términos generales puede sostener este Tribunal que cualquier medida de inteligencia debe estar consagrada de forma clara y precisa en leyes que resulten conforme con los derechos humanos; identifique claramente quien la autoriza; ha de ser la estrictamente indispensable para el desempeño de la función; guardar proporción con el objetivo constitucional empleando los medios menos invasivos; sin desconocer el contenido básico de los derechos humanos; sujetándose a un procedimiento legalmente prescrito; bajo controles y supervisión; previendo mecanismos que garanticen las reclamaciones de los individuos; y de implicar interceptación o registro de comunicaciones, a efectos de salvaguardar la intimidad, el habeas data, el debido proceso y el principio de legalidad, debe contar indiscutiblemente con autorización judicial. Para el ejercicio de la función de inteligencia y contrainteligencia, el tipo de afectación a la seguridad y defensa de la Nación tiene que ser directa y grave.

 

En la sentencia C-913 de 2010[44] la Corte manifestó que “las actividades de inteligencia y contrainteligencia son enteramente legítimas y tienen claro soporte constitucional, el cual puede encontrarse, entre otros, en el artículo 2° de la Carta Política, que señala como fines esenciales del Estado colombiano los de servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, así como en los artículos 217 y 218 de la misma obra, sobre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, respectivamente”.

 

Identificó como elementos comunes acerca de las labores de inteligencia y contrainteligencia, las siguientes: i) se trata de actividades de acopio, recopilación, clasificación y circulación de información relevante para el logro de objetivos relacionados con la seguridad del Estado y de sus ciudadanos; ii) el propósito de esas actividades y el de la información es prevenir, controlar y neutralizar situaciones que pongan en peligro tales intereses legítimos, así como hacer posible la toma de decisiones estratégicas que permitan la defensa y/o avance de los mismos; y iii) toma importancia el elemento de la reserva de la información recaudada y de las decisiones que en ella se sustentan, dado que la libre circulación y el público conocimiento de las mismas podría ocasionar el fracaso de esas operaciones y de los objetivos perseguidos.

 

Ya desde la sentencia T-066 de 1998 se había preguntado este Tribunal si los organismos de seguridad están autorizados para recopilar informaciones sobre las personas, respondiendo de manera afirmativa con base en “la obligación del Estado de velar por la vigencia del orden constitucional y brindarle a los asociados tanto las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades como un ambiente de paz, deberes éstos cuyo cumplimiento reposa en muy importante grado en las fuerzas militares y la policía nacional”. En la sentencia T-444 de 1992 había indicado que ´el Estado tiene por misión el servicio a todas las personas, para ello debe dotarse, respetando los derechos humanos y el debido proceso, de idóneas herramientas que le permitan mantener un clima de paz y convivencia, de suerte que pueda incluso recopilar y archivar información sobre una persona, en el marco de sus legítimas y democráticas funciones: Los organismos de seguridad del Estado, internamente, pueden y deben contar con toda la información necesaria para el normal, adecuado, eficiente, legítimo y democrático ejercicio de su función de servicio a la sociedad civil y defensa del orden público y de las instituciones”. 

 

También ha indicado esta Corporación que tales facultades no son ilimitadas, toda vez que “en el proceso de acopio de información se deben respetar los derechos humanos y el debido proceso. Los aludidos organismos de seguridad deben mantener la más estricta reserva sobre los datos obtenidos, es decir que ´no pueden difundir al exterior la información sobre una persona”[45]. Restricciones que vinieron a ser recogidos en la sentencia T-525 de 1992, en la cual se determinó: “los organismos de inteligencia pueden realizar […], siempre y cuando no vulneren ´los derechos fundamentales tales como la intimidad, el buen nombre y la honra de las personas [y se adelanten] bajo los estrictos lineamientos impuestos por el principio de la reserva´”. Además, en esta decisión se expuso que la actividad […] no es un fin en sí misma, sino que debe estar dirigida a ´poner a disposición de los jueces a los presuntos delincuentes´, y  que, en atención a la presunción de inocencia ´toda información relativa a personas no sancionadas judicialmente debe adoptar formas lingüísticas condicionales o dubitativas, que denoten la falta de seguridad sobre la culpabilidad´”. Además se indicó en la sentencia T-066 de 1998 que: “la información que se recopila ha de ser la estrictamente necesaria, de manera que no se afecte el derecho de los asociados a la intimidad. Además, para que se emprenda una investigación sobre determinadas  personas deben existir motivos que permitan presumir de manera razonable que ellas pueden haber incurrido en un ilícito. De no existir esta última condición se abrirían las puertas a un Estado controlador, en desmedro de la libertad de los ciudadanos”.

 

Posteriormente, en la sentencia T-708 de 2008, la Corte definió la inteligencia como la recopilación y análisis de información relativa al sostenimiento de la seguridad general que, en todo caso, debe estar circunscrita al respeto de los derechos fundamentales y, por supuesto, al sistema de control de poderes establecido en la Carta Política. Además, resaltó la naturaleza reservada y orientada a la seguridad nacional y la convivencia ciudadana. Anotó que para garantizar la vigencia del orden constitucional, los organismos de seguridad están autorizados para recopilar datos sobre las personas, a condición de que tales procedimientos: i) respeten los derechos fundamentales, ii) garanticen la reserva de la información, iii) permitan la intervención de los jueces y iv) se efectúen razonablemente, recopilando la información que sea estrictamente necesaria, por un tiempo limitado y siempre que existan indicios o manifestaciones de la existencia o preparación de un ilícito. 

 

En una decisión más reciente, C-1011 de 2008[46], la Corte encontró ajustado a la Carta Policía la recopilación de datos personales por los organismos de seguridad y defensa, siempre que cumplan unos límites constitucionales: “en tanto la recopilación de datos personales por parte de los organismos de seguridad y defensa, en especial la Fuerza Pública, es un elemento importante para el logro de sus fines constitucionales de mantenimiento del orden constitucional y de las condiciones necesarias para el ejercicio adecuado de los derechos y libertades previstos en la Carta.[47] Empero, el reconocimiento de esta facultad no es omnímodo sino que, antes bien, está estrictamente limitado por la vigencia de los derechos fundamentales a la intimidad, la honra, el buen nombre, el hábeas data, de petición y el debido proceso. Del mismo modo, esa competencia debe estar sustentada en criterios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, de manera que su uso se restrinja a aquellos casos en que el acopio de información es imprescindible para el cumplimiento de los fines antes anotados”. Halló justificado que el legislador estatutario hubiere excluido de la administración de datos personales a las bases de datos de inteligencia, por cuanto su objetivo es diferente al de la recopilación de información crediticia, financiera y comercial “pues su finalidad se enmarca dentro del ejercicio de las facultades estatales de obtener información personal destinada al cumplimiento de sus funciones”.

 

A nivel de casos concretos, en la sentencia T-1037 de 2008[48] esta Corporación enfatizó que el Estado “solo puede recopilar información privada en archivos de inteligencia, que puedan comprometer la responsabilidad de una persona, cuando existen datos serios, objetivos y confrontables que puedan comprometerla en una actuación criminal y, en estos casos, la investigación debe ser judicializada de manera tal que un juez de la república pueda garantizar la defensa de los derechos fundamentales de los habitantes del territorio”. En dicho contexto afirmó que “en principio y salvo la existencia de una ley que establezca lo contrario, la información que repose en los archivos del Estado es pública[49]. Sin embargo si esta información se refiere a los datos privados, íntimos o reservados de una persona y los mismos no son de relevancia pública, en principio, no pueden ser ni capturados y archivados ni divulgados, pues se encuentran protegidos por el derecho a la intimidad[50]. No obstante, si el dato reposa en un archivo oficial, la persona titular de dicho dato, salvo expresa reserva legal, tiene derecho fundamental de acceso a dicha información[51]”.[52]

 

Se colige entonces, que las labores de inteligencia y contrainteligencia del Estado son indiscutiblemente legítimas, acordes con el postulado constitucional de dar protección a los habitantes del territorio nacional en sus derechos y libertades, como también en la preservación del orden público.

 

No obstante, tal labor de inteligencia o de contrainteligencia no debe afectar los derechos de las personas, concretamente la intimidad, buen nombre y habeas data, por lo que se encuentra que la labor de investigación además de obedecer a circunstancias razonadas que permitan inferir la presunta comisión de un ilícito, debe estar encaminada a recolectar información para ser allegada a la autoridad judicial respectiva a fin de sancionar al investigado, de ser procedente ello.

 

De modo tal, que si la información recolectada en la labor de inteligencia es usada para otro fin, como puede ser su divulgación indiscriminada y no ante una autoridad judicial, se violaría sustancialmente la esencia de tal labor, al punto que afectaría derechos sustanciales como el buen nombre.

 

Ahora, como se vio, las comunicaciones privadas relativas a conversaciones directas, aquellas que se dan por mensajes de datos, teléfonos celulares o fijos, radioteléfonos, citófonos, buscapersonas y equipos de radiocomunicación, entre otras, para su interceptación aún por razones de inteligencia requieren de previa orden judicial, ello por analogía de los artículos 235[53] a 237[54] de la Ley 906 de 2004.

 

Empero, cuando se trata de labores de inteligencia del Estado y no se refiere a tales formas de obtener información, o se trata de aquella que es pública, no se requerirá de orden judicial, bajo un postulado lógico y razonable que la misma jurisprudencia aquí estudiada trató, y es la razón de reserva o secreto de las labores investigativas, pues de ser divulgadas tales funciones en ejecución no se cumpliría con la finalidad de prevenir un riesgo inminente para el Estado.

 

Visto el marco constitucional de las funciones de inteligencia y contrainteligencia del Estado, se deberá descender al marco legal o reglamentario de tal actividad, para lo cual se tendrá en cuenta que para la época en que ocurrieron los hechos que originan la presente controversia, regía el Decreto 643 de 2004, que modificó la estructura del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, y dictó otras disposiciones.

 

Allí se plasmó en su artículo primero lo siguiente:

 

“Artículo 1°. Objetivo. El Departamento Administrativo de Seguridad tiene como objeto primordial la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos del Sector Administrativo.

En desarrollo de su objeto el Departamento Administrativo de Seguridad producirá la inteligencia que requiere el Estado, como instrumento de Gobierno para la toma de decisiones y la formulación de políticas relacionadas con la seguridad interior y exterior del Estado, de conformidad con lo preceptuado en la Ley y la Constitución Política de Colombia.”

 

Y en cuanto a sus funciones se estableció:

 

Artículo 2°. Funciones generales. El Departamento Administrativo de Seguridad tendrá, además de las funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:

1. Producir la Inteligencia de Estado que requiere el Gobierno Nacional y formular políticas del sector administrativo en materia de inteligencia para garantizar la seguridad nacional interna y externa del Estado colombiano.

2. Participar en el desarrollo de las políticas diseñadas por el Gobierno Nacional en materia de seguridad.

3. Obtener y procesar información en los ámbitos nacional e internacional, sobre asuntos relacionados con la seguridad nacional, con el fin de producir inteligencia de Estado, para apoyar al Presidente de la República en la formulación de políticas y la toma de decisiones.

4. Participar en la elaboración de la Agenda de Requerimientos de Inteligencia de Estado propuesta por el Presidente de la República.

5. Dirigir la actividad de inteligencia estratégica de Estado en el ámbito nacional e internacional.

6. Coordinar el intercambio de información y cooperación con otros organismos nacionales e internacionales que cumplan funciones afines.

7. Adelantar acciones de contrainteligencia tendientes a proteger los intereses del Estado, frente a actividades hostiles de origen interno o externo.

8. Realizar los estudios de seguridad y confiabilidad de los altos funcionarios del Gobierno Nacional.

9. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y demás instituciones del Estado la fijación de la Política Migratoria.

10. Ejercer el control migratorio de nacionales y extranjeros y llevar el registro de identificación de extranjeros.

11. Ejercer funciones de Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para investigaciones de carácter criminal, relacionadas con la naturaleza y finalidad institucionales.

12. Llevar los registros delictivos y de identificación nacionales, y expedir los certificados judiciales, con base en el canje interno y en los informes o avisos que deben rendir oportunamente las autoridades judiciales de la República.

13. Actuar como Oficina Central Nacional, OCN, de Interpol en el intercambio de información, asistencia recíproca, con arreglo a las prescripciones y estatutos de la misma.

 

14. Brindar seguridad al Presidente de la República y su familia, Vicepresidente y su familia, Ministros y ex Presidentes de la República; la información relacionada con su seguridad tiene reserva legal.

15. Formar y especializar a los funcionarios del Departamento y aspirantes, en su Academia, y a otros funcionarios del Estado, de gobiernos extranjeros u organismos multilaterales, en desarrollo de una cultura integral de inteligencia de Estado y de cooperación internacional.

16. Las demás que le asigne la ley.

Parágrafo. Para los efectos de la seguridad que deba darse a personas y dignatarios, distintas de los previstos en el numeral 14 de este artículo, que requieran la protección del Estado, deberá concertarse la asunción de dicha función por parte de otros organismos estatales que desarrollen funciones de protección. El Departamento Administrativo de Seguridad continuará prestando tales servicios hasta que sean asumidos por otras entidades, de acuerdo con los estudios de riesgo correspondientes.

 

De otra parte, el mismo Decreto 243 de 2004, definió los siguientes criterios de inteligencia:

 

Artículo 34. Seguridad Nacional. Es la garantía que ofrece el Estado a sus asociados, para la consecución y mantenimiento de los objetivos nacionales, a partir de la identificación y caracterización de oportunidades, óbices y amenazas, internas y externas, que puedan influir positiva o negativamente sobre los mismos. En esencia, esta es una función política que involucra acciones sociales, políticas, económicas y militares.

Artículo 35. Seguridad Interna. Es un aspecto de la seguridad nacional que se define como la garantía que ofrece el Estado a sus asociados, para lograr y mantener los objetivos nacionales a partir de acciones políticas, económicas, sociales y militares, que permitan identificar, prevenir, neutralizar y superar los factores internos de desestabilización, así como aprovechar aquellas oportunidades que sean convenientes para alcanzar el bienestar de la sociedad.

Artículo 36. Seguridad Exterior. Es un aspecto de la seguridad nacional que se define como la garantía que ofrece el Estado a sus asociados para alcanzar y mantener los objetivos nacionales a través de acciones políticas, económicas, sociales y militares, que permitan identificar, prevenir, neutralizar y superar las amenazas que provengan del contexto internacional, así como aprovechar aquellas oportunidades que sean convenientes para alcanzar el bienestar de la sociedad.

Artículo 37. Seguridad Pública. Es la garantía que el Estado le proporciona a sus asociados, con el propósito de asegurar el Orden Público de las alteraciones de carácter inminente y actual; en tanto que la seguridad ciudadana se concibe como un instrumento más amplio que se orienta a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, incluyendo la prevención de la violencia, el crimen urbano y cualquier tipo de trasgresión que atente contra la seguridad individual y comunitaria.

Artículo 38. Inteligencia. Es el conocimiento obtenido a través del procesamiento adecuado de la información, que se brinda a los responsables de tomar decisiones sobre un asunto determinado.

El tipo y contenido de la inteligencia dependen esencialmente del nivel de decisión al que se está asesorando. Sin embargo, sus criterios generales, formas y métodos para procesar la información son válidos para cualquier nivel.

Artículo 39. Contrainteligencia. Es la función de naturaleza eminentemente preventiva, encaminada a proteger el potencial de inteligencia que se posee, en contra de los adversarios del Estado. Su método se soporta en la aplicación de medidas activas o pasivas con el propósito de detectar, neutralizar y contrarrestar las actividades de inteligencia de organizaciones ajenas, que pretendan la consecución de información, atentados contra personas e instalaciones o el sabotaje de los equipos; así como el detectar, contrarrestar y neutralizar las infiltraciones y penetraciones del enemigo a la entidad y los actos o conductas punibles de corrupción administrativa.

Artículo 40. Inteligencia d e Estado. Es aquella que informa y asesora al Presidente de la República con el propósito de alcanzar los objetivos nacionales tendientes a lograr el bienestar de la sociedad, garantizar la seguridad del Estado y mantener la vigencia del régimen democrático, teniendo en cuenta todos los aspectos de la seguridad nacional.

Para el cumplimiento de su misión, el Departamento Administrativo de Seguridad, como Organismo de Inteligencia del Estado, estará facultado para recolectar la información necesaria y llevar a cabo las actividades de inteligencia que permitan mantener la Seguridad Nacional, actuando con pleno respeto de los derechos y las garantías Constitucionales.

Artículo 41. Inteligencia Estratégica. Es aquel conocimiento especial que permite penetrar el futuro, disminuir las incertidumbres y contribuir a la toma de decisiones del Alto Gobierno. Así la Inteligencia Estratégica, IE, que desarrolla el Departamento Administrativo de Seguridad determina riesgos, oportunidades, pertinencia y relevancia de los asuntos de interés nacional, con el fin de reducir las incertidumbres a través de la identificación de escenarios de corto, mediano y largo plazo, que le permitan al Alto Gobierno preservar la Seguridad Nacional.

 

Y en su artículo 45 consagró:

Artículo 45. Reserva. Por la naturaleza de las funciones que cumple el Departamento Administrativo de Seguridad en la salvaguarda de la seguridad nacional, los informes, documentos, mensajes, grabaciones, fotografías y material clasificado del Departamento, tienen carácter secreto o reservado. En consecuencia, no se podrán compulsar copias ni duplicados, ni suministrar datos relacionados con ellos. El servidor público que indebidamente los dé a conocer incurrirá en causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

Los ex funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad que revelen información sujeta a reserva, serán acreedores de las sanciones civiles y penales a que haya lugar.

 

Conforme a lo anterior, claro es que las labores de inteligencia y contrainteligencia del Estado, en su sentido ontológico responden a la necesidad de prevenir riesgos en contra del mismo, en cualquier ámbito de su actividad. Del mismo modo, para su ejercicio por regla general no requieren de autorización u orden judicial, salvo los casos de interceptación de comunicaciones privadas como las vistas, pero esencialmente requieren de un razonamiento lógico y proporcional del riesgo que se pretende menguar, en razón de lo cual se recolectará información que solo podrá ser divulgada ante las autoridades competentes para sancionar a la persona objeto de seguimiento, pues de lo contrario implicaría el desconocimiento de la finalidad constitucional y legal, y de contera la afectación de derechos fundamentales.

 

Desde tal óptica, se analizará la controversia sometida al estudio de la sala.

 

IV.          CASO CONCRETO.

 

Pues bien, teniendo en cuenta los parámetros de la responsabilidad objetiva descritos precedentemente, debe la sala establecer la concurrencia del hecho dañoso, su imputación (formal) y el nexo de causalidad entre tales elementos (imputación material), y de concurrir plenamente, se ha de establecer si existe o no alguna causal eximente de responsabilidad.

 

Conforme a lo dicho, se ha de atender a las pruebas legalmente recaudadas en el proceso como primera medida el hecho dañoso, para lo cual se debe aducir que en expediente obra original del certificado expedido por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia del 14 de julio de 2010, en la que se indicó que el doctor Yesid Ramírez Bastidas prestó los servicios como Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y como Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia desde el 1 de agosto de 1985 (fol. 11 c.2).

 

Igualmente original del certificado de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia del 21 de julio de 2010, en la que se indicó que el doctor Yesid Ramírez Bastidas fue elegido para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia desde el 1 de octubre de 2002 por un periodo de 8 años (fol. 12 c.2), y mediante acuerdo No. 001 del 16 de enero de 2003, fue designado como presidente para el año 2003 (fol. 13 a 15 c.1).

 

Ahora, se ha de atender a los testimonios rendidos en el proceso para establecer la ocurrencia del daño, así:

 

La señora ALBA LUZ FLOREZ GELVEZ, quien fuera detective del Departamento Administrativo de Seguridad para la época de los hechos, indicó lo siguiente:

 

“Yo era funcionaría del DAS, ingrese al Departamento Administrativo De Seguridad el 27 de mayo de 1997, en el año de 2007, marzo abril de 2007; ingrese a la dirección general de inteligencia, oficina de la subdirección de fuentes humanas del DAS. Estando allí recibí una orden verbal inicialmente, por parte del señor WILLIAN GABRIEL ROMERO SANCHEZ de recolectar información privilegiada de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, las razones de recolectar información desde lo manifestado por el señor William Gabriel Romero Sánchez, era con el fin de la toma de decisiones para el señor presidente de la república, porque en ese momento existía grandes diferencias entre la corte suprema de justicia y la presidencia de la república; así mismo sobre búsqueda de información relacionada con posibles nexos que tuviesen los señores magistrados con grupos al margen de la ley. En vista de esto yo acaté la orden y pues por orden del señor William se empezó a realizar la misión de trabajo denominada escalera, cuyo fin era recolectar información de la corte suprema de justicia, esta misión fue avalada por mis superiores el señor William Gabriel y el señor Fernando Tabares, quien fungía como director general de inteligencia en el momento y quien según lo manifestado, la orden venia de su superior, la señora MARIA DEL PILAR HURTADO. Al dar inicio a la misión de trabajo me fue asignado un oficial de inteligencia u oficial de caso denominado HAMILTON NONATO, quien cumplió la tarea de guiarme en la elaboración de la misión e instruirme en temas relacionados con procesos de reclutamiento de fuentes humanas a través de procesos como reclutamiento, orientación y manipulación de una fuente humana, a su vez se elaboró un plan de trabajo denominado también escalera, que era también como un plan de acción, de manera detallada para llevar a cabo dicha actividad, donde se describe la cobertura que debo llevar, como por ejemplo, como distribuidora de productos Omnilay, así como también la salida de mi residencia y el pago de un apartamento fachada y otros medios logísticos como computador, videocámaras, memorias USB, después se me asignó un vehículo de placas CZF 534, así como también dineros para la compra de productos Omnilay y gastos relacionados con las potenciales fuentes humanas que se fueran a reclutar. En el desarrollo de la misión inicie labores de inteligencia relacionados con la búsqueda de información en medios abiertos, sobre el blanco Corte Suprema de Justicia. Inicie más o menos como en mayo de 2007 dure aproximadamente como 20 días o 1 mes alrededor de la Corte Suprema de Justicia, intentando hacer reclutamientos efectivos a los posibles funcionarios que trabajaban allí, el contacto se hacía en las cafeterías aledañas a la Corte Suprema, pero no hubo ninguna potencial fuente durante esa actividad, posteriormente decidí, buscar al señor Julián Laverde Bonilla, quien para esa época era el jefe de seguridad del Congreso de la República y con quien había tenido una relación sentimental dos años antes. Le comente que estaba trabajando actualmente en la dirección General de Inteligencia y que me habían solicitado buscar información en la Corte Suprema de Justicia, cualquier tipo de información, este era un tema de seguridad nacional, ordenada por la señora María del Pilar Hurtado, a sus subalternos en este caso señor WILLIAN Gabriel Romero Sánchez y el señor Tabares, quien autorizó la misión: posteriormente en junio, julio de 2007 aproximadamente el señor Julián Laverde Bonilla me presentó con el señor Manuel Strienger Pinzón Casallas, en dicha reunión me presente como una funcionaría del gobierno adscrita a una ONG y que necesitaba pues cualquier tipo de información que me pudiese suministrar, con respecto a los magistrados de la Corte Suprema, antes de conocer a Manuel conocí al señor David García, quien me lo presentó fue el señor Julián Laverde Bonilla y Manuel Strenger Pinzón Casallas me lo presentó el señor David García, en el momento de la reunión que sostuve entre el señor David García y Manuel Streger Pinzón le solicito el requerimiento de la entrega de información de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, poco después el señor Manuel Strenger Pinzón Casallas inició la entrega de información relacionada con la estructura orgánica de toda la Corte Suprema de Justicia, las respectivas salas, con el nombre de sus magistrados, magistrados titulares y auxiliares, secretarías, números telefónicos y sus extensiones, y comentarios que se daban al interior de la corte suprema de justicia entre los magistrados; así mismo suministró información relacionada con un documento donde aparecen los procesos que adelantaba en ese momento la Corte Suprema de Justicia con respecto a la parapolítica y Farc política, ahí venia discriminado proceso única instancia el numero del proceso, y el nombre de la persona que estaba siendo investigada, toda esta información la allegue a través de oficial de caso en el momento, a través de un informe de inteligencia donde discriminaba, la fecha en que la fuente adquirió la información y la fecha en que fue difundido y la información disponible junto con los anexos se enviaba a la oficina de fuentes humanas del DAS, en el desarrollo de esta misión recibí un requerimiento por parte del señor William Gabriel de obtener expedientes de procesos que adelantaba la Corte Suprema de Justicia , en especial procesos de parapolítica, en desarrollo de esta actividad el señor Manuel Streger me suministró varios procesos de personalidades del ámbito político nacional , como por ejemplo Oscar Leónidas Wilches, Luis Eduardo Vives Lacouture, Francisco Pimiento , Nancy Patricia Gutiérrez, Díeb Malloof, entre otros procesos. Me hicieron varios requerimientos también con respecto del proceso Farc Política uno de los procesos que logre obtener fue el de la señora Piedad Córdoba, Wilson Borja , Gloria Inés Ramírez, entre otros requerimientos que fue en marzo de 21008 (Sic), aproximadamente fue la búsqueda de información con respecto a la conexión del magistrado YESID RAMIRES BASTIDAS, con los señores Giorgio alle y Ascencio reyes, quien aparecer había recibido el magistrado Yesid Ramírez bastidas un reloj rolex, por parte de estas personas, de este requerimiento la fuente Manuel Pinzón me manifestó que según comentarios este señor no solo le habían suministrado el reloj sino también caballo y dineros para pagos de diferentes viajes, esta información de los comentarios elabore el respectivo informe de inteligencia y lo allegue a través del oficial de caso del momento a la oficina de fuentes humanas del DAS. En marzo de 2008 el señor William Gabriel Romero Sánchez recibió una orden por parte de sus superiores de recolectar información con respeto a los comentarios y a las decisiones que se tomaran en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia , esta información siempre me retro alimentaba el señor WILLIAM QUE RA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA SEGURIDAD NACIONAL, en vista de este requerimiento le pedí el favor al señor David García , que me señalara una potencial fuente para llevar a cabo dicha actividad , debo manifestar que las fuetes que fueron reclutadas en la Corte Suprema de Justicia, eran incentivadas de diferentes maneras, pagos de dineros en efectivo con respecto de información que haya suministrado, también dineros en efectivo si hacían un señalamiento de una potencial fuente con acceso directo a la información, producto Omnilai mercados y prestamos en cualquier momento que los requiriera, entonces en vista de este incentivo sobre todo el de poder señalar una potencial fuente humana el señor David García lleva a cabo esta actividad y me presenta a la señora Blanca Yanet Maldonado, la señora Blanca Yanet al igual que el señor Manuel Streenger Pinzón Casallas y David García fueron inscrito, en la oficina de fuentes humanas , como fuentes habituales del DAS, la señora Blanca Yanet Maldonado me suministró información de los temas que se trataban al interior de la sala plena como por ejemplo temas relacionados con la Yidis Política, la FARC política, Para política, comentarios que hacían los señores magistrados con respecto a las solicitudes del señor presidente, como por ejemplo la reforma a la justicia, el caso del, primo del señor presidente Mario Uribe y conversaciones con respecto al conflicto que se estaba cursando entre estas dos partes, para obtener información privilegiada de las sesiones privadas de los señores magistrados el señor William Gabriel Romero, me allegó a través del oficial de caso una grabadora de larga duración, que era instalada horas antes que empezara la reunión de la sala al terminar la reunión se retiraba y la señora Blanca Yanet me la entregaba yo hacia el respectivo informe de inteligencia escuchando las conversaciones colocando los temas relevantes para la seguridad nacional, realizaba la respectiva transliteración de estas grabaciones y todo esto lo anexaba a mis informes justo con el audio, y se allegaba a la oficina de fuentes humanas del DAS, también tuve un requerimiento por parte del señor William quien me manifestó, que el señor capitán Tabares y la señora María del Pilar Hurtado, le requirieron el expediente del señor Maño Uribe Escobar, esto que aproximadamente en abril de 2008, no se exactamente la fecha, con base a este requerimiento le pedí el favor al señor Manuel Strenger Pinzón Casallas que este proceso se necesitaba con carácter urgente, el me manifiesta que el proceso no se encuentra en la Corte Suprema sino en la Corte Suprema de Justicia (Sic), sino en la Fiscalía, por este motivo se complica un poco mas sacar el proceso de allí, esto se lo retroalimente al señor William y el me dice que el señor Tabares y la señora María del Pilar que no importa sí el expediente si el expediente (Sic) está allí, que aprueben el dinero que sea necesario para poderlo adquirir, pero el señor Manuel me manifiesta que no fue posible debido a las medidas de seguridad que maneja la Fiscalía, poco después el señor William Gabriel manifiesta que la señora María del Pilar Hurtado le había solicitado la información relacionada con las reuniones de los señores magistrados de la sala penal, porque allí es donde se toman las decisiones con respecto a para política y FARC política, contacte a la señora Blanca Yanet para que me colaborara con el señalamiento de una fuente con acceso directo ella me presenta a la señora Maria Lisandrina, quien finalmente me colabora con algunos comentarios que se llevaban en dichas reuniones de los magistrados en la sala penal, en el desarrollo de actividad escalera, finalmente se reclutaron 5 fuentes cuyos nombres son Julián Laverde Bonilla quien era el señalado, David García cuya clave era y661 (Sic), seudónimo Diago Manuel Pinzón Casallas, seudónimo Mario calve y662 (Sic), Blanca Yanet Maldonado, seudónimo bettycalve y883, el señor Rocha seudónimo Camilo, el señor Franklyn Grijalva seudónimo Fernando clave y665 y la señora María lisandrina, ella no tuvo clave ni seudónimo. Todos en cierta medida suministraron información para llevar a cabo la entrega a la oficia de entregas de Fuentes humanas del DAS, los respectivos pagos y obsequios y todo lo suministrado a las fuentes a si como también el dinero para llevar a cabo la operación, como por ejemplo el apartamento fachadas eran cubiertos por la oficina de gastos reservados del DAS . En octubre de 2008 el señor William GABRIEL Romero Sánchez me manifestó que el directos de inteligencia el señor Fernando Tabares manifestó que se debía dar una descontinuación gradual de la misión, pero no se el total de la operación porque los señores magistrados tenían grandes sospechas de que estaban siendo perseguidos e intimidados por el DAS, sin embargo se exigía con la entrega de información privilegiada del blanco Corte Suprema de Justicia pero fueron retiradas dos grabadoras de larga duración, una que fue utilizada para grabar las sesiones de la sala plena de los señores magistrados y otra que le fue entregada al señor Manuel Streger Pinzón para gravar la diferentes declaraciones y comentarios que se llevaron a cabo en el 9o piso con respecto a procesos de para política y Farc política, debo manifestar que como la orden era de la búsqueda de información privilegiada del blanco Corte Suprema de Justicia, entiéndase como información privilegiada aquella información que no se puede obtener por medios abiertos sino información de carácter secreto del blanco que se obtiene a través de fuentes humanas o de medios tácticos en el desarrollo de esta misión me fueron entregados por parte de fuentes que reclute comentarios de los señores magistrados, números telefónicos de los señores magistrados titulares y magistrados auxiliares que adelantaban investigaciones de para política expedientes relacionados con para posibles capturas que se fueran a realizar de personalidades del ámbito político nacional investigados por para política y FARC política, direcciones de residencias de algunos señores magistrados titulares y auxiliares como por ejemplo el señor Iván Velázquez, grabaciones realizadas en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, grabaciones de las declaraciones que se realizaban en el 9o piso grabaciones de los comentarios de los magistrados auxiliares del piso.”(fols. 376 a 379 c1).

 

Se evidencia entonces, que el Dr. Yesid Ramírez Bastidas como magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, fue objeto de seguimiento por parte del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, lo demuestra el hecho dañoso como elemento de la responsabilidad objetiva.

 

Ahora, la imputación formal se acredita pues a las entidades demandadas se les endilga por los accionantes, responsabilidad, en atención a los hechos que concurren en la investigación de inteligencia que se hizo contra la Corte Suprema de Justicia, y concretamente, el Dr. Yesid Ramírez Bastidas.

 

Resta analizar entonces, si existe nexo de causalidad entre tales elementos (imputación material), para lo cual se ha de atender a las siguientes probanzas. La misma testigo referida con anterioridad, esto es, la señora Alba Luz Flórez Gelvez, en su relató de los hechos que le constan por participación directa en ellos, indicó:

“PREGUNTADO: En respuesta anterior usted manifestó que el señor Romero le pidió investigar al magistrado Yesid Ramírez Bastidas para averiguar presuntos regalos de los señores Giorgio Salle y Ascencio Reyes, dígale al despacho si le entregaron o le exhibieron alguna orden judicial para realizar dichas pesquisas CONTESTO: No señor no me dieron ninguna orden judicial para llevar a cabo esta actividad PREGUNTADO: Dígale al despacho en concreto que gestiones y acciones de investigación realizó junto con sus fuentes, específicamente sobre el magistrado Yesid Ramírez CONTESTADO: Ninguna investigación solamente estaba supeditada al cumplimiento de una misión institucional de obtener información privilegiada de la corte suprema de justicia y precisamente del señor Yesid Ramírez la única información que pude obtener fue la que me suministró el señor Manuel pinzón Casallas que lo manifieste anteriormente PREGUNTADO Dígale al despacho si entre los números telefónicos o extensiones, así como de las direcciones de las residencias de los magistrados estuvieron relacionados los teléfonos y la dirección de la residencia del magistrado Yesid Ramírez tipo CONTESTADO. De la dirección en particular del señor Yesid Ramírez Bastidas no recuerdo, pero si recuerdo que el señor Franklin Grijalva cuya clave es y665, y seudónimo Fernando me entregó el numero del celular del señor magistrado Yesid Ramírez Bastidas, en mayo de 2008, esta información elabore un informe de inteligencia y lo envíe a la oficina de fuentes humanas a través del oficial de caso del momento ya que fueron tres oficiales de caso que participaron en la misión del trabajo escalera, de nombres Hamilton Neonato, Erik Romero y Martha Alarcón. PREGUNTADO. Diga al despacho a quien entregó o reportó el numero celular del doctor Yesid Ramírez Bastidas y con qué objeto. CONTESTADO El propósito no lo se, porque estaba dando cumplimiento de entregar información privilegiada, de este blanco en particular, me dijeron necesitamos todo tipo de información de los magistrados, esa información se la entregue al oficial de caso del momento llamado Erik Romero , y se enviaba a la oficina de fuentes humanas del DAS, al señor WILLIAM GABRIEL Romero SANCHEZ . PREGUNTADO Como quiera que en respuesta anterior hizo referencia a la instalación de grabadoras de larga duración y haber escuchado las grabaciones y elaborado informes de las mismas indique al despacho si en las grabaciones escuchó intervenciones del señor Yedid Ramírez y si lo referenció en los informes CONTERSTADO Si señor fue en una de las reuniones de la sala, si no estoy mal del mes de junio de 2008, donde el señor magistrado Yesid Ramírez Bastidas manifiesta que ha sido víctima de persecuciones por parte del presidente y que esta es la persecución que se han atrevido a manifestar que él tiene nexos con grupos al margen de la ley y que por este motivo se siente preocupado debido a los montajes que le están haciendo con estos grupos, esto lo escuche en una grabación de la sala extraordinaria e hice la respectiva transliteración e informe de inteligencia y lo allegue a la oficina de fuentes humanas del DAS con el respectivo audio .”” (fols.376 a 385 c1).

 

Se infiere entonces, que el Dr. Yesid Ramírez si bien fue objeto de seguimiento por parte de la autoridad de inteligencia del Estado, este no fue objeto de interceptaciones en sus comunicaciones privadas, pues aunque se indicó que ubicó el número telefónico del mismo, se aseveró que no hubo una interceptación al mismo. Es decir, que el seguimiento se relacionó en lo que respecta a la testigo, a las labores como magistrado al interior de la Corte Suprema de Justicia concretamente las salas en las que intervenía.

 

De este modo, la labor efectuada por el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, hasta dicho punto y según lo indicado en el acápite anterior, se circunscribió a aquellas actividades objeto de seguimiento y que no requieren de orden judicial, por lo que se estaba cumpliendo con una función acorde al ordenamiento jurídico.

 

No obstante, se ha de atender a los demás testimonios rendidos dentro del proceso, pues aportan sustanciales elementos de juicio para dirimir la controversia.

 

La señora Alba Luz Flórez Gelvez, corroborando la afirmación anterior hecha por la sala, expresó:

PREGUNTADO .Diga si , en concreto, dentro de esta misión escalera que le fue asignada hubo interceptación de teléfonos o de correos electrónicos de magistrados. CONTESTO. No hubo interceptaciones, estoy respondiendo por mi actuación, yo me limite a recolectar información privilegiada a través de fuentes humanas. PREGUNTADO. EN EL MISMO SENTIDO SI HUBO SEGUIMIENTOS INDIVIDUALES A AMGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. CONTESTADO: En mi actuar nunca realice seguimientos a los señores magistrados. (fols.376 a 385 c1).

 

El señor GERMAN ALBEIRO OSPINA ARANGO, quien fuese funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, en su testimonio sobre los hechos que le constan por participación directa en ellos, manifestó:

“Aproximadamente a principios del años (Sic) 2008 finales del año 2007, el Capitán Jorge Alberto Lagos León, superior jerárquico mío, me pregunta sobre un lista de pasajeros que habían viajado a Neiva (Huila) en el año 2006. yo le informo que tengo conocimiento de lo que me está preguntando y me pide que hable con Mónica Cardozo, funcionaria de mi grupo, ella me comenta que este listado había sido slicitado por el capitán Lagos para obtener el mayor cúmulo de información relacionada con un agasajo a un magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema Justicia, si mi memoria no me falla se refería al honorable magistrado Yesid Ramírez y que la razón obedecía a la presunta infiltración del narcotráfico en la H. Corte Suprema de Justicia, y que este agasajo podría corresponder a esos hechos. Es así como en mi grupo denominado GONI (Grupo de Observación y verificación Nacional e Internacional) se inicia todo el proceso de verificación relacionado con ese listado de pasajeros en unos vuelos charter de Bogotá a Neiva en Junio o Julio de 2006 vía Satena. En ese proceso de verificación en mi grupo se solicitaron listas a un funcionario de otro grupo de contra inteligencia denominado GAES quien de acuerdo con Mónica Cardoso y el Capitán Lagos tenían acceso a la información requerida, es decir a los listados. Una vez obtenido estos listados procedimos a realizar todo el proceso de búsqueda de información en bases públicas y propias del DAS para buscar esos posibles vínculos y encontramos el nombre de un narcotraficante extraditado a Estados Unidos por este delito como relacionado comercialmente con Ascencio Reyes Serrano. En nuestro grupo, este caso se conoció inicialmente como ASCENSOR en referencia a Ascencio Reyes y posteriormente el capitán Lagos me pide que lo rebautice con el nombre de PASEO, y es así como se ha conocido todo el proceso de verificación y búsqueda de información en bases públicas y propias del DAS de los honorables magistrados de la Corte suprema de Justicia y que aparecían relacionados en el listado en mención…”(fols. 419 y 420 c1).

 

Como se observa, lo hasta aquí mencionado se dio como consecuencia de una presunta filtración de la H. Corte Suprema de Justicia por parte del narcotráfico, y en cuyo seguimiento especialmente del Dr. Yesid Ramírez Bastidas, se ordenó averiguar su desplazamiento a la ciudad de Neiva, en donde habría un evento al cual acudiría el presunto narcotraficante Asencio Reyes, lo cual a juicio de la sala no desborda el marco de legalidad de las labores de inteligencia del Estado, en este caso, en cabeza del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, pues tampoco se mencionaron la realización de interceptaciones de comunicaciones privadas del Dr. Ramírez.

 

Consonante con ello, y con el fundamento de las labores de inteligencia en contra del señor Yesid Ramírez Bastidas, el testigo en mención indicó:

“PREGUNTADO. DIGA AL DESPACHO, SI SU SUPERIORES EN ALGUNA OCASIÓN LE ENTREGARON O EXHIBIERON ALGUNA ORDEN JUDICIAL PARA INVESTIGAR EL CASO PASEO E INFORMACIÓN Y DATOS DE LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. CONTEST’O: No ninguno. PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO SI PARA LA REALIZACIÓN DE LA LABOR INVESTIGATIVA DEL CASO PASEO, EL GONI Y EL DAS CONTÓ CON EL APOYO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO (UIAF), Y SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA EN QUE CONSISTIÓ DICHO APOYO. CONTESTÓ. Si. El capitán Jorge Alberto Lagos me ordenó realizar contacto con el funcionario del GAES, Rafael Monroy, que era el enlace de contrainteligencia con la UIAF, para que obtuviera apoyo de ellos en la consecución de información, en especial, porque ya me había dicho a esta altura de las investigaciones que la UIAF estaba adelantando unas, digamos, verificaciones relacionadas con Ascencio Reyes Serrano y sus vínculos o presuntos vínculos con el Narcotráfico. Fue así como se solicitó el apoyo de Rafael Monroy para este caso PASEO, enviándonos o aportándonos información financiera de todas las personas relacionadas en los listados arriba referidos. PREGUNTADO. PRECÍSELE AL DESPACHO SI DENTRO DE LAS PERSONAS REPORTADAS DENTRO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA SUMINISTRADA POR LA UIAF, ESTUVO EL DOCTOR YESID RAMÍREZ BASTIDAS, Y SI DENTRO DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA TAMBIÉN SE REPORTÓ INFORMACIÓN FINANCIERA DE CUENTAS BANCARIAS DE ÉL Y DE LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA. CONTESTÓ. Yo no recuerdo con exactitud si estaba el doctor Yesid Ramírez, pero lo que si le puedo afirmar al despacho es que se solicitaron informaciones financieras de todos los magistrados relacionados en esa lista y que fueron aportados por la UIAF. No recuerdo tampoco por el tiempo que ha trascurrido desde aquel entonces, haber obtenido información de los miembros de la familia del doctor Yesid Ramírez, pero oriento al despacho a que toda la información relacionada con el caso PASEO esta en las carpetas denominadas PASEO 1, 2, Y 3; que son elementos materiales de prueba de la Fiscalía General de la Nación, en los procesos que adelanta contra los exfuncionarios del DAS. No estoy aludiendo la responsabilidad dentro del caso PASEO con la respuesta anterior, cuando afirmo que no recuerdo por el espacio temporal. PREGUNTADO. CUAL ERA EL DESTINO Y PROPÓSITO DE LA INFORMACIÓN RECAUDADA. CONTESTÓ. En principio el destino por jerarquía era o iniciaba con el Capitán Jorge Alberto Lagos León, a quien yo le reportaba lo que iba encontrando los funcionarios de mi grupo. Posteriormente, y como lo referí anteriormente, al capitán Fernando Tabares, director de inteligencia. Posteriormente me fui enterando por el trascurso de las investigaciones adelantadas, que la información obtenida por mi grupo estaba destinada a Presidencia de La República, porque la misma, es decir, la información obtenida tenia como destino la dirección del DAS y en dos oportunidades se me ordenó entregar información a periodistas, una de ellas la hice en presencia del capitán Jorge Alberto Lagos León, a la periodista SALUD HERNÁNDEZ y la otra entrega de información la hizo MÓNICA CARDOZO, funcionaría de mi grupo, a un periodista que me dijeron era del periódico El Espectador. El motivo de esas informaciones obtenidas por mi grupo inicialmente encaminadas a la obtención de información relacionada con el narcotráfico y su infiltración en la corte suprema de justicia, desencadenó en lo que y denominé en la Fiscalía como un desprestigio a los Honorables Magistrados de la misma. PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO SI EN EL DESARROLLO DE SU INVESTIGACIÓN EN EL GONI O EN OTRA DEPENDENCIA QUE USTED HAYA CONOCIDO, ASÍ SEA POR REFERENCIA, HUBO MONITOREO DE CORREOS ELECTRÓNICOS Y COMUNICACIONES DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. CONTESTÓ. No que yo tenga conocimiento, pero en la dependencia de contrainteligencia existía un grupo que apoyaba estas labores, al mando del Capitán Jorge Alberto Lagos León. PREGUNTADO. PRECISE LA RESPUESTA ANTERIOR EN EL SENTIDO DE QUE ES LA LABOR DE APOYO AL REGISTRO DE CORREO Y COMUNICACIONES, SI TENÍAN EQUIPOS Y PERSONAL, SI GUARDABA REGISTROS, EN FIN. CONTESTÓ. Como ya lo he manifestado en la Fiscalía General de la Nación, nosotros, es decir el GONI, nos apoyábamos con un grupo de aseguramiento tecnológico adscrito a la subdirección de contrainteligencia y al mando de Vladimir Arismendi para la obtención de información a través de correos electrónicos de los entonces senadores Piedad Córdoba y Gustavo Petro y de su círculo familiar y social. De las actividades relacionadas con el caso PASEO, yo no recuerdo en mi grupo haber solicitado esta apoyo relacionado con los H. Magistrados. PREGUNTADO. DIGA AL DESPACHO SI CON OCASIÓN DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LA INFILTRACIÓN A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y DE LA NACIENTE INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LA FISCALÍA DE ESOS HECHOS, USTED RECIBIÓ ALGUNA ORDEN DIRIGIDA A OCULTAR O DESTRUIR INFORMACIÓN OBTENIDA O DOCUMENTOS EN GENERAL DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN DEL CASO PASEO. SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, INDIQUE POR PARTE DE QUIEN Y COMO SE PROCEDIÓ. CONTESTÓ. Si, del capitán Jorge Alberto Lagos León y yo destruí algunos documentos como ya lo he manifestado en la Fiscalía General de la Nación. Que yo recuerde, le ordené a Mónica Cardoso, destruir la lista en la que figuraban los magistrados de la H. Corte Suprema de Justicia y otros documentos que no recuerdo, pero que posteriormente han salido a la luz pública con el cruce de información que ha realizado la Fiscalía General de la Nación sobre el caso PASEO. En esos momentos debo indicar que era de mucha tensión al interior del DAS, en especial de la alta dirección, me refiero a la directora del DAS, MARÍA DEL PILAR HURTADO, por conocer el estado de la información del caso PASEO, porque para la época, es decir mas o menos octubre de 2008, el senador Gustavo Petro, estaba exhibiendo un documento interno del DAS en el Congreso de la República, documento firmado por el hoy difunto Fernando Ovalle, y que hacía referencia, si mal no recuerdo a la solicitud de información que hiciera sobre Gustavo Petro. La inquietud de la directora, me indicó, radicaba, en que si la información del caso PASEO estaba segura y en qué proceso estaba. Yo le indico a ella que para ese momento la investigación ya estaba cerrada por parte del GONI desde más o menos julio de 2008 y que la misma se encontraba asegurada en la caja fuerte del GONI. PREGUNTADO. RECUERDA USTED EL CONTENIDO DE ESOS DOCUMENTOS QUE USTED AFIRMA HABER DESTRUIDO POR ORDEN DE SU SUPERIOR Y EN QUE CONSISTÍA ESA ALTA TENSIÓN A QUE USTED HACE REFERENCIA EN SU RESPUESTA ANTERIOR. CONTESTÓ. Con exactitud recuerdo el listado al que he hecho referencia anteriormente, y puedo indicarle al despacho que mi dependencia destruyo mas, alrededor de unos 8 o 10 folios si mal no recuerdo, tratando de ocultar lo inocultable. La alta tensión se debía a que para la época de los hechos en mención estaba saliendo a la luz pública lo que hoy se conoce como las chuzadas del DAS. PREGUNTADO. QUE SIGNIFICA LO INOCULTABLE. CONTESTÓ. Me refiero doctor a que el DAS estaba adelantando investigaciones, verificaciones contra los senadores PIEDAD CORDOBA y GUSTAVO PETRO, y siempre el DAS lo negó. Empezaron a salir a la luz pública todas estas evidencias que efectivamente demostraron que el DAS realizaba estas actividades contra estos senadores de la época y en lo que se relaciona con mi grupo había adelantado verificaciones relacionadas con los H. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tal y como lo he dicho y expresado en la Fiscalía General de la Nación, donde soy testigo de cargo y actualmente con el beneficio de principio de oportunidad. PREGUNTADO. PRECÍSELE AL DESPACHO SI DE LA LISTA DE LOS VIAJEROS Y ASISTENTES AL AGASAJO AL DOCTOR YESID RAMÍREZ EN LA CIUDAD DE NEIVA POR USTED ALUDIDO AL INICIO DE LA INTERVENCIÓN, ASISTIÓ UN NARCOTRAFICANTE EXTRADITADO O UNA PERSONA QUE SEGÚN SU DICHO TUVO UN NEXO COMERCIAL CON ESE PRESUNTO NARCOTRAFICANTE. CONTESTÓ. Está documentado en las carpetas PASEO 1, 2 y 3, que el agasajo fue dirigido u organizado por el señor Ascencio Reyes Serrano, quien se tuvo documentos, pagó en el Hotel PACANDÉ de Neiva algunas cuentas de ese momento con su tarjeta de crédito. Es decir, la relación que habíamos encontrado entre Ascencio Reyes Serrano y el narcotraficante extraditado si mal no recuerdo de nombre José María Ortiz era hasta ese momento de la investigación adelantada por el GONI, comercial, por un vinculo que había, me parece que con unos bienes en el Meta. PREGUNTADO. DIGA AL DESPACHO SI PARA LA ÉPOCA DEL AGASAJO, AÑO 2006 SEGÚN SU RECUENTO, EL SEÑOR ASCENCIO REYES, SEGÚN LAS PESQUISAS REALIZADAS POR EL GONI, TENÍAN ANTECEDENTES PENALES O INVESTIGACIÓN PENAL ALGUNA POR LOS DELITOS DE NARCOTRÁFICO, LAVADO DE ACTIVOS, TESTAFERRATO O ALGÚN OTRO. CONTESTÓ. El GONI desplegó todos sus esfuerzos para obtener información en las bases públicas y privadas que permitieran obtener información relacionada con su pregunta y no encontramos nada. (fols. 419 a 421 c1).

 

Corrobora lo anterior lo que ha venido afirmando la sala, en el sentido en que en principio la labor adelantada por el Departamento Administrativo De Seguridad – DAS, se enmarcó dentro de los fines establecidos para las funciones de inteligencia del Estado, ello para prevenir un eventual riesgo de la institucionalidad del mismo, concretamente, un presunta inmiscusión del narcotráfico en la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, como se vio en el acápite anterior de esta providencia, claramente se estableció que la información recaudada en las labores de inteligencia, no puede ser publicada, divulgada o entregada más que a las autoridades competentes para adelantar el juzgamiento de aquellas personas que son blanco de las autoridades de inteligencia, en este caso el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS.

Contrario a tales planteamientos jurisprudenciales y que obedecen a la interpretación de los postulados constitucionales, en el presente asunto el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, entidad efectuó el seguimiento al Dr. Yesid Ramírez Bastidas, hizo entrega de la información recolectada producto de las labores de inteligencia, no a la autoridad competente para Juzgar al mencionado señor en su condición de magistrado de la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, sino a diversos medios de comunicación, con fin no acorde a la norma como se verá posteriormente.

 

De ello expresamente dio cuenta el testigo Germán Albeiro Ospina Arango, al decir:

“PREGUNTADO. USTED DIJO HABERLE DADO UNA INFORMACIÓN A LA PERIODISTA SALUD HERNÁNDEZ Expliqué que información especifica le dio. CONTESTÓ. En la oficina del Capitán Lagos, donde nos reunimos, el capitán Lagos, el suscrito, la periodista Salud Hernández y si mal no recuerdo MÓNICA CARDOSO, se le entregó información a la periodista del informe ejecutivo que había sido entregado al capitán Lagos, un informe de mas o menos una pagina o pagina y media que hizo o hacia referencia a las actividades del caso PASEO adelantadas por el GONI, esta información contenida en este documento que si mal no recuerdo esta plasmado en el informe 022 del 2008 del GONI, desencadenó u originó una columna periodística titulada por la periodista Salud Hernández, como la paja en el ojo ajeno.

 

… La información contenida allí hacía referencia que yo recuerde a las actividades adelantadas por el GONI en relación con ASCENCIO REYES SERRANO, y sus vínculos comerciales, al menos con una persona, extraditada a los estados unidos por narcotráfico y con otra, de la que su patrimonio económico se derivaba según los reportes que me presentó Rafael Monroy de un posible enriquecimiento porque había constituido una empresa con un millón de pesos, y en los documentos figuraba dos años después, con un capital de $4.500 MILLONES DE PESOS. Es lo que recuerdo someramente de la información, pero como ya lo dije anteriormente nos podemos remitir entonces al informe ejecutivo al que he hecho referencia.

 

… PREGUNTADO. ERA NORMAL QUE SE LE SUMINISTRARA INFORMACIÓN A PERIODISTAS PRODUCTO DE LABORES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL DAS. CONTESTÓ. Para el GONI esa actividad no era normal, y cuando se presentaba un caso de seguridad nacional, a la directora del DAS, que ameritara una divulgación a los medios abiertos, siempre se utilizaban los canales institucionales como la oficina de prensa del DAS y para este caso, la reunión se realizó en la oficina de contrainteligencia. EL DESPACHO PREGUNTA CUAL ERA EL OBJETO DE LA INSTITUCIÓN CUANDO LE ENTREGO LA INFORMACIÓN A LA PERIODISTA SALUD HERNÁNDEZ. CONTESTÓ. El objeto de esta entrega de información tuvo corno finalidad el desprestigio de la Corte Suprema de Justicia para neutralizarla frente al accionar de ella por temas relacionados con el paramilítarismo. PREGUNTADO. ESTA INFORMACIÓN QUE SE ENTREGA A LA PERIODISTA SALUD HERNÁNDEZ, SE DA COMO CONSECUENCIA DE QUE ELLA EN EJERCICIO DE LA PROFESIÓN LA PIDIÓ O POR EL CONTRARIO SE ENTREGO POR SOLICITUD DIRECTA HACIA ELLA POR PARTE DEL DAS. CONTESTÓ. No tengo conocimiento si ella lo requirió o no, la orden que recibo del capitán Lagos es la de preparar la información, es decir las carpetas del caso paseo, por orden según me dijo el, de la directora del DAS, María del Pilar Hurtado Afanador y el informe ejecutivo para presentárselo a ella, PREGUNTADO. CON ANTERIORIDAD A ESTA ENTREGA DE ESA INFORMACIÓN A ESTA PERIODISTA, SE HABÍA ENTREGADO ALGUNA OTRA INFORMACIÓN A OTRO PERIODISTA U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN, EN ESTE TEMA QUE AQUÍ ES MOTIVO DE DECLARACIÓN. CONTESTÓ. Que yo tenga conocimiento no, pero se que la funcionaría Mónica Cardoso, adscrita a mi dependencia, participó de una entrega también de información relacionada con este caso según me dijo ella al periódico el Espectador en las oficinas del capitán Lagos. Es el conocimiento que tengo de divulgación de información a medios de comunicación PREGUNTADO. CUAL FUE LA RAZÓN POR LA CUAL SE OPTO POR ENTREGARLE ESTA INFORMACIÓN A LA PERIODISTA SALUD HERNÁNDEZ Y NO A OTRO PERIODISTA O MEDIO DE COMUNICACIÓN. CONTESTÓ. No tuve acceso a esa información. PREGUNTADO. LA PERIODISTA SABIA CUAL ERA EL OBJETO DEL DAS AL ENTREGARLE LA INFORMACIÓN. CONTESTÓ. No conozco si ella tenía o no esa finalidad, nosotros, en particular yo, le contamos como había sido el proceso de recolección de información y sobre la mensa de juntas estaban las carpetas del caso paseo por si ella requería información específica relacionada con lo que le íbamos exponiendo…”(fols. 454 a 457 c1).

 

Deduce la sala entonces, que si bien la labor de inteligencia del Estado es legítima e inclusive necesaria como lo adujo la H. Corte Constitucional, los fines que esta debe perseguir son aquellos previstos por el ordenamiento jurídico, es decir, la prevención de riesgos contra el Estado y su institucionalidad, y no como se demostró en este caso, el desprestigio de una corporación institucional encargada de administrar justicia.

 

Es allí donde la sala encuentra fundados los razonamientos para endilgar responsabilidad al Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, pues aunque evidentemente se ejerció una actividad legal e incluso constitucional como la de inteligencia del Estado, cierto es que persiguió un fin no contemplado en el ordenamiento jurídico, como lo es la desacreditación y el desprestigio de una institución estatal.

 

La anterior finalidad se materializó cuando el periódico El Tiempo, por conducto de la periodista Salud Hernández Mora, con el uso de la información entregada por el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, publicó el artículo “La Paja en el Ojo Ajeno”, en el que se da cuenta de presuntos nexos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con personas al margen de la ley, concretamente narcotraficantes. (fols. 151 y 152 c2). Y en igual sentido, en el artículo publicado por la Revista Semana y titulado el “Mecenas de la Justicia”. (fols. 146 a 150 c2).

 

Dichas publicaciones se dieron con el uso exclusivo de la información recolectada por el Estado en sus funciones de inteligencia, la cual como se ha mencionado, no debió ser entregada a los medios de comunicación por no ser receptores legales de dicha información; todo lo cual se dio como lo afirmó el testigo aludido, en razón a la intención de desprestigiar las labores de la corporación judicial  ya mencionada.

 

De ello da cuenta además Fernando Alonso Tabares, Jefe de Inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, quien en interrogatorio de parte adujo:

 

“PREGUNTA 10. EN DECLARACIÓN RENDIDA EN ESTE PROCESO LA TESTIGO ALBA LUZ FLÓREZ GELVEZ MANIFESTÓ AL DESPACHO QUE PARTE DE LA INFILTRACIÓN A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA HABÍA CONSISTIDO EN ESCUCHAR Y GRABAR SESIONES DE LAS REUNIONES DE LOS MAGISTRADOS DE LOS CUALES ELABORABA UNOS INFORMES QUE ERAN ENTREGADOS POR ELLA AL SEÑOR WILLIAM GABRIEL ROMERO, Y POR WILLIAM GABRIEL ROMERO A USTED, EL CAPITÁN TABARES, Y QUE USTED A SU VEZ LOS DIRIGÍA A LA DOCTORA MARÍA DEL PILAR HURTADO QUIEN A SU VEZ LOS PONÍA EN CONOCIMIENTO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. DIGA AL DESPACHO SI ES CIERTO O NO QUE USTED RECIBIÓ ESOS INFORMES DE LAS ESCUCHAS A LOS MAGISTRADOS Y SI USTED LOS REMITIÓ A LA SEÑORA MARÍA DEL PILAR HURTADO.

CONTESTÓ. Sí, es cierto.

PREGUNTA 11. DIGA SI ES CIERTO O NO AL DESPACHO SI PARA EL AÑO 2008 USTED ASISTIÓ A UNA REUNIÓN JUNTO CON LA DOCTORA MARÍA DEL PILAR HURTADO Y EL CAPITÁN LAGOS A CASA DE NARIÑO EN LA QUE SE PRETENDÍA IDENTIFICAR UNA PERSONA EN UNA FOTO. SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA NARRE LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA REUNIÓN Y EL PROPÓSITO O FINALIDAD DE LA MISMA. Con juramento pero si va a declarar sobre situaciones que le sean adversas y lo comprometan penalmente se entenderá sin juramento.

CONTESTÓ. Si, fui invitado por la doctora María del Pilar Hurtado junto con el Capitán Jorge Lagos a presidencia de la República y allí fuimos enterados que requerían nuestro apoyo para identificar al señor Ascencio Reyes en una fotografía de una ceremonia llevada a cabo en la Casa de Nariño.

PREGUNTA 12. DIGA AL DESPACHO SI CON POSTERIORIDAD A ESA REUNIÓN USTED VIO LA FOTO QUE LE EXHIBIERON EN PRESIDENCIA EN ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN  IMPRESO,  SI SU  RESPUESTA ES AFIRMATIVA, EN CUAL Y COMO TITULABA EL ARTICULO.

CONTESTÓ. Si, en un artículo de la revista semana que se tituló el mecenas de la justicia.

PREGUNTA 13: DIGA SI PARA EL AÑO 2008 USTED CONOCIÓ Y PARTICIPÓ DE UNA REUNIÓN CON AL SEÑORA MARÍA DEL PILAR HURTADO EN LA DIRECCIÓN DEL DAS CON LA PERIODISTA SALUD HERNÁNDEZ. SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA EXPLIQUE AL DESPACHO LAS CIRCUNSTANCIAS Y PROPÓSITOS DE DICHA REUNIÓN CONTESTÓ. Si, en una oportunidad fui citado por la doctora María del Pilar Hurtado a su despacho encontrándose allí en compañía de la periodista Salud Hernández, persona está a quien no conocía y se me solicitó indicarle a ella información relacionada con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a lo cual yo le manifesté que yo no manejaba ese caso específico, indicándoles que el encargado del mismo era el capitán Jorge Lagos a quien procedieron a llamar retirándome yo del despacho de la dirección y no teniendo ninguna relación con lo acontecido posteriormente, a partir de ese momento.

PREGUNTA 14: SE LE PONE DE PRESENTE AL TESTIGO LA EVIDENCIA No.36 DEL PROCESO ADELANTADO CONTRA MARÍA DEL PILAR HURTADO Y BERNARDO MORENO, EL FOLIO 16 EN EL QUE APARECE UN DOCUMENTO TITULADO POR AVERIGUAR. DICHO DOCUMENTO SIN FIRMA EN EL QUE SE IMPARTE LA INSTRUCCIÓN DE AVERIGUAR DIFERENTES ASPECTOS DEL MAGISTRADO YESID RAMÍREZ DESDE UN PRESUNTO VIAJE DE MAGISTRADOS A ISLA MARGARITA, PRESUNTOS VÍNCULOS CON GIORGIO SALE Y CHEPE ORTIZ, POSIBLES NEXOS CON LA GUERRILLA DE LAS FARC POR HABER NACIDO EN ALGECIRAS HUILA Y HABER ESTUDIADO EN DONCELLO CAQUETÁ, ENTRE OTROS. DIGA AL DESPACHO SI USTED CONOCIÓ ESA INSTRUCCIÓN DE INVESTIGACIÓN, SI USTED LA DIO O QUIEN LA DIO.

Con juramento excepto en aquello que declare en donde pueda verse inverso en un situación penal

CONTESTÓ: Si, este es un documento de trabajo elaborado por mí en cumplimiento de una orden de la doctora María del Pilar Hurtado a raíz de una publicación echa por la revista SEMANA en donde se relacionaban todos estos hechos y deseo aclarar que era una actividad de inteligencia encaminada única y exclusivamente a establecer la veracidad de dicha publicación teniendo en cuenta que desde noviembre del año 2007 el DAS había sido alertado ante una posible infiltración del narcotráfico a la Corte Suprema de Justicia en cabeza del señor Ascencio Reyes de quien se pudo constatar y confirmar actividades sobre magistrados de la Corte Suprema de Justicia y nexos con el señor Chepe Ortiz condenado por narcotráfico y extraditado a los Estados Unidos. Es también importante tener en cuenta que entre los años 2007 y 2008 el estado colombiano se hallaba siendo víctima de organizaciones delincuenciales algunas de las cuales había manifestado públicamente que tenía bajo su control más del 30% del poder legislativo, por lo tanto cualquier información que tuviese que ver con la amenaza de infiltración del narcotráfico a otros de los campos de poder en este caso, el poder judicial, era de obligatoria atención por parte del organismo de inteligencia y segundad del estado. Así mismo quiero reafirmar que las actividades relacionadas con este documento única y exclusivamente fueron referidas a la verificación de información en bases de datos del DAS y nunca a investigaciones ya que eso no hace parte ni de las funciones ni de las capacidades de la dirección general de inteligencia.” (fols. 478 a 485 c1).

 

En el mismo sentido, el señor Jorge Luís Lagos en interrogatorio de parte expresó:

 

“PREGUNTA 10. EN DECLARACIÓN ANTERIOR EL SEÑOR GERMAN ALBEIRO MANIFESTÓ HABERSE REUNIDO CON USTED Y LA PERIODISTA SALUD HERNÁNDEZ MORA CON EL OBJETO DE ENTREGAR UNA INFORMACIÓN A DICHA PERIODISTA CUYO PROPÓSITO ERA PARA DESACRETIAR A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y SUS MAGISTRADOS CON OCASIÓN DE LAS INVESTIGACIONES ADELANTADAS POR DICHA CORPORACIÓN CONTRA EL PARAMILITARISMO. DIGA AL DESPACHO SI ESO ES CIERTO O NO, Y SI ES CIERTO CUENTE EL DESARROLLO DE DICHA REUNIÓN. Sin juramento y con las mismas prevenciones

CONTESTÓ. Si se hizo esa reunión con la periodista Salud Hernández, el objetivo era entregar información del vuelo Chárter realizado en el año 2006. junio, donde viajaron algunos funcionarios judiciales y que había sido cancelado por el señor Ascencio Reyes, quien tenía algunos compromisos económicos con personas al margen de la ley. Desconozco si dicha entrega obedecía a finalidades diferentes a las que acabo de mencionar, ya que simplemente se cumplieron instrucciones de la dirección general del DAS

PREGUNTA 11. DIGA AL DESPACHO SI USTED PARTICIPÓ DE UNA REUNIÓN EN PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CUYO OBJETO ERA IDENTIFICAR UNA FOTO QUE POSTERIORMENTE CIRCULÓ CON UN ARTÍCULO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, PRECISE LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA REUNIÓN Y SI CONOCIÓ VERSIÓN DE PRENSA CON DICHA FOTO. Se le recuerda que con la pregunta esta juramentado.

CONTESTÓ. Para el día 25 de abril de 2008 en las horas de la mañana cuando me encontraba en las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad DAS y específicamente en mi oficina, fui llamado por la doctora MARÍA DEL PILAR HURTADO para que le acompañara a la casa de Nariño y fue así como salimos con ella. También nos acompañaba el señor capitán Fernando Tabares y nos desplazamos en su vehículo, en el vehículo de la doctora. Entramos a la casa de Nariño por el patio de banderas, allí nos estaba esperando, los encargados de segundad, nos hicieron ir a la oficina del doctor Bernardo Moreno, la doctora se hizo anunciar, ingresamos al Despacho de doctor Bernardo Moreno él se encontraba mirando unas fotografías y dejó la imagen del computador en una de ellas en donde estaba el doctor ex fiscal Mario Iguaran con un señor que en su momento no sabíamos quién era acompañado en la fotografía, el doctor Bernardo Moreno nos preguntó a los tres que si el que acompañaba al doctor Mario Iguaran era el señor Ascencio Reyes, y la respuesta del suscrito era que no sabía ya que no le conocía en ese momento la doctora María del Pilar me manifestó que fuera al DAS y buscara una fotografía de Chepe Ortiz para que fuera entregada a un periodista de SEMANA. Esa misma fotografía que tratamos de identificar salió ese fin de semana en la revista de SEMANA con el titular en escenas de la justicia…” (fols. 460 a 468 c1).

                                                      

Se corrobora una vez más, que la información de inteligencia que había recaudado el Estado por conducto del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, fue utilizada para fines no previstos en nuestro ordenamiento jurídico, el cual era, el desprestigio de la Corte Suprema de Justicia, lo cual se materializó como se vio, suministrando tal información que entre otras cosa no había sido corroborada en cuanto a su veracidad absoluta, a los medios de comunicación, concretamente a la Revista Semana y al diario el Tiempo.

 

Debe aducir la sala, que los testimonios recepcionados en el proceso analizados sistemáticamente, dan cuenta de los planteamientos que se han plasmado en esta providencia, en tanto encuentran coherencia entre si y obedece a los hechos que les consta a las personas que ejercieron la labor de inteligencia del Estado, por lo cual edifican certeza en esta corporación frente a las conclusiones ya dichas para la resolución de la presente controversia.

 

Con todo, la sala resalta que lo que se reprocha en el presente asunto como nexo causal del daño alegado por la parte actora (imputación material), no es la labor de inteligencia del Estado, pues esta goza de plena legitimidad como se demostró precedentemente, sino la utilización no acorde a los postulados legales de la información recolectada, lo cual, causó evidentemente un desmedro en el prestigio de la Corte Suprema de Justicia, y por conducto de ella, a sus miembros, en este caso el Dr. Yesid Ramírez Bastidas, por lo que se ha de declarar la responsabilidad del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, en tanto dicha entidad era la que tenía a su cargo la labor de inteligencia, cuya función legal ejecutó, pero el producto lícito de la misma (información) en actividades que contravía de la finalidad de de protección del Estado.

 

En este orden de ideas, claro es que por las razones aludidas únicamente existe nexo de causalidad frente al Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, de modo tal, que respecto de las demás entidades demandadas serán negadas las pretensiones.

 

Clarifica en este punto la sala, que si bien en el estudio de responsabilidad precedente se relata la intervención de diferentes periodistas y medios de comunicación escritos, esta colegiatura no emite reproche ni juzgamiento alguno frente a la labor periodística, pues el análisis de responsabilidad únicamente se circunscribió a las acciones u omisiones de las entidades demandadas, de modo que no se cuestiona la labor de los medios de comunicación dada su protección constitucional, por no ser el tema de la controversia y fundamentalmente, porque se respeta la reserva en el ejercicio de dicha profesión.

 

Ahora, frente a las causales eximentes de responsabilidad que pudieren concurrir en el presente asunto, se encuentran la culpa exclusiva de la víctima y el hecho e un tercero, debe decirse que no se configuran en el presente asunto, para lo cual se ha de precisar como primera mediada el significado que la jurisprudencia le ha dado a cada uno de tales eximentes.

 

Sobre el hecho de un tercero ha dicho el H. Consejo de Estado:

 

“Esta Sala ha manifestado que el hecho del tercero constituye causa extraña que exonera de responsabilidad a la entidad demandada, cuando reúne los siguientes requisitos:

 

(i) Que sea la causa exclusiva del daño. Si tanto el tercero como la entidad estatal concurrieron en la producción del daño, el resultado no sería la exoneración de responsabilidad, sino la existencia de  solidaridad de  éstos frente al perjudicado, en los términos del artículo 2344 del Código Civil, lo cual le daría derecho al perjudicado  para reclamar de cualquiera de los responsables la totalidad de la indemnización, aunque quien paga se subrogue en los derechos del afectado para pretender del otro responsable la devolución de lo que proporcionalmente le corresponda pagar, en la medida de su intervención[55].

 

(ii) Que el hecho del tercero sea completamente ajeno al servicio, en el entendido de que ese tercero sea externo a la entidad, es decir, no se encuentre dentro de su esfera jurídica y, además, que la actuación de ese tercero no se encuentre de ninguna manera vinculada con el servicio, porque si el hecho del tercero ha sido provocado por una actuación u omisión de la entidad demandada, dicha actuación será la verdadera causa del daño y, por ende, el hecho del tercero no será ajeno al demandado[56].

 

(iii) Que la actuación del tercero sea imprevisible e irresistible a la entidad; porque, de lo contrario, el daño le sería imputable a ésta a título de falla del servicio en el entendido de que la entidad teniendo el deber legal de hacerlo, no previno o resistió el suceso. Como lo advierte la doctrina, “sólo cuando el acontecimiento sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor”[57].

 

En relación con la imprevisibilidad, se señala que este elemento no se excluye la responsabilidad con la simple posibilidad vaga o abstracta de que el hecho pueda ocurrir, sino con la posibilidad concreta y real de que tal  hecho  pudiera ser previsto. Y en relación con la irresistibilidad, cabe señalar que ésta se vincula con juicios de carácter técnico y económico, es decir, que la valoración sobre la resistibilidad de los efectos del suceso involucra una valoración de los avances de la técnica, pero también de los recursos de que deba disponerse para conjurar los del daño.

 

Para que el hecho del tercero constituya causa extraña y excluya la responsabilidad de la entidad demandada no se requiere ni que  aparezca plenamente identificado en el proceso ni que el tercero hubiere actuado con culpa, porque la relación causal es un aspecto de carácter objetivo. Lo determinante en todo caso es establecer que el hecho del tercero fue imprevisible e irresistible para la entidad demandada, y que su actuación no tuvo ningún vínculo con el servicio, amén de haber constituido la causa exclusiva del daño.”[58]

 

Por su parte, frente a la culpa exclusiva de la víctima ha expresado:

“Sea lo primero señalar, que la Sala de tiempo atrás ha dejado sentado que para que la conducta de la víctima pueda exonerar de responsabilidad a la entidad demandada, la misma debe ser causa determinante en la producción del daño y ajena a la Administración:

 

“Por tanto, es necesario examinar si el comportamiento de la víctima fue causa única o concausa en la producción del daño, o si, por el contrario, tal actividad no fue relevante en el acaecimiento de éste. En efecto, la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, puede conducir a la exoneración total o parcial de la responsabilidad administrativa, dependiendo de la trascendencia y grado de participación del afectado en la producción del daño.

 

“Ahora bien, no toda conducta asumida por la víctima constituye factor que destruya el nexo de causalidad existente entre el hecho y el daño, toda vez que para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

 

“1) Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si la culpa del afectado resulta la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total...

 

“Ahora bien, si la actuación de la víctima deviene causa concurrente en la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil.

 

“2) El hecho de la víctima no debe ser imputable a la administración, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por la administración, de manera tal que no le sea ajeno a ésta, no podrá exonerarse de responsabilidad a la entidad demandada”[59].”[60]

 

En el presente asunto, cierto es que las labores de inteligencia fueron ejecutadas por funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, lo cual se encuentra plenamente demostrado en el proceso, de modo tal que no puede predicarse un actuar ajeno al servicio de tal entidad, y en ese sentido, tal causal eximente de responsabilidad no se configura.

 

A su vez, la culpa exclusiva de la víctima tampoco encuentra configuración en el presente asunto, por cuanto no existe una actuar reprochable al Dr. Yesid Ramírez Bastidas y que lo haya puesto en la condición de asumir el daño antijurídico ya demostrado, esto es, el desprestigio de su buen nombre por conducto de la desacreditación de la que fue objeto la Corte Suprema de Justicia.

 

Prueba de ello, es el auto inhibitorio que en su favor profirió la Comisión de Investigaciones y Acusación del Congreso de la República, ello el 14 de diciembre del año 2009, en la que concluyó estableciendo que las conductas del señor Ramírez Bastidas y la presunta relación con narcotraficantes no existió. (fols. 223 a 277 c2).

 

Perjuicios.

·         Daño moral.

 

Frente al reconocimiento de los perjuicios morales la jurisprudencia emitida frente al tema por el H. Consejo de Estado ha dicho:

 

“En relación con el perjuicio moral ha reiterado la jurisprudencia de la Corporación que la indemnización que se reconoce a quienes sufren un daño moral calificado como antijurídico tiene una función básicamente satisfactoria[61] y no reparatoria y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por lo que corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta la gravedad del daño causado al demandante. La magnitud del dolor puede ser apreciada  sin duda por sus manifestaciones externas y por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba; debe entenderse, entonces, que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso, sirven para demostrar la existencia de la afectación, pero en ninguna forma constituyen una medida del dolor que de forma exacta pueda adoptarse, por ello la jurisprudencia ha establecido que con fundamento en dichas pruebas, corresponde al juez tasar de forma discrecional, que no arbitraria,  el valor de tal reparación[62].

 

Ha dicho la Corporación, que respecto de los perjuicios morales el pretium doloris, se determina conforme al prudente arbitrio de los jueces. Se ha establecido con claridad  que si bien esta Corporación ha señalado pautas a los Tribunales para facilitar la tarea de determinar el perjuicio moral, aquéllas no son obligatorias[63]. Igualmente se ha determinado que viene a ser razonable que el juez ejerza su prudente arbitrio al estimar el monto de la compensación por el perjuicio moral y que para el efecto, han de tenerse en consideración los lineamientos expresados en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en virtud de los cuales, dentro de los procesos contencioso administrativos: “la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad.”

 


 

En relación con los perjuicios  morales reclamados  por los hermanos, ha de tenerse presente que el Consejo de Estado, en Sentencia del 15 de octubre de 2008[64], se refirió en los siguientes términos:

 

“En punto tocante con perjuicios morales, hasta ahora se venían aceptando que estos se presumen para los padres, para los hijos y los cónyuges entre, mientras que para los hermanos era necesario acreditar la existencia de especiales relaciones de fraternidad, o sea, de afecto, convivencia, colaboración y auxilio mutuo, encaminados a llevar al fallador la convicción de que se les causaron esos perjuicios resarcibles. Ocurre sin embargo, que la Constitución Nacional que rige en el país actualmente, en su artículo 2º…


Por su parte el artículo 42 de la Carta Política, establece que el Estado y la sociedad tienen como deber ineludible el de garantizar la protección integral de la familia, núcleo fundamental de la sociedad, que “se constituye por vínculos naturales y jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.” Y agrega que “Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica tienen iguales derechos y deberes.


Así las cosas, la Corporación varía su anterior posición jurisprudencial, pues ninguna razón para que en un orden justo se continúe discriminando a los hermanos, víctimas de daños morales, por el hecho de que no obstante ser parientes en segundo grado, no demuestran la solidaridad o afecto hasta hoy requeridos, para indemnizarlos. Hecha la corrección jurisprudencial, se presume que el daño antijurídico inferido a una persona, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas genera dolor y aflicción entre sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales.

 

“Como presunción de hombre que es, la administración está habilitada para probar en contrario, es decir, que a su favor cabe la posibilidad de demostrar que las relaciones filiales y fraternales se han debilitado notoriamente, se ha tornado inamistosas o, incluso que se han deteriorado totalmente. En síntesis, la Sala tan solo aplica el criterio lógico y elemental de tener por establecido lo normal y de requerir la prueba de lo anormal. Dicho de otra manera, lo razonable es concluir que entre hermanos, como miembros de la célula primaria de toda sociedad, (la familia), exista cariño, fraternidad, vocación de ayuda y solidaridad, por lo que la lesión o muerte de algunos de ellos afectan moral y sentimentalmente al otro u otros. La conclusión contraria, por excepcional y por opuesta a la lógica de lo razonable, no se puede tener por establecida sino en tanto y cuanto existan medios probatorios legal y oportunamente aportados a los autos que así la evidencien.”[65]

 

Está, en efecto, debidamente acreditado que los señores Juan Bautista Alfaro Ulchur (fol. 12), Carmen Maritza Alfaro Ulchur (fol. 10) y Jesús María Alfaro Peña (fol.13), son hermanos de la señora María Liliana Alfaro Ulchur, vínculo familiar que implica normalmente que lo que le sucede a uno de los integrantes de  la familia afecta a los demás, por lo tanto se reconocerá en su favor por concepto de indemnización por perjuicios morales la suma de quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno de ellos.[66]

 

Bajo tales parámetros, se presume dolor padecido por la víctima directa, cónyuge, madre y padre, hijos y hermanos, siendo este según las reglas de la experiencia reflejado en mayor grado en la víctima directa, y en orden descendente, a la compañera permanente o cónyuge, los hijos, madre y hermanos del mismo, siempre que ello verse sobre daños respecto de los cuales el perjuicio moral opera por presunción, como bien se predica en casos donde existe muerte o lesión de un ser querido y la privación injusta de la libertad.

 

Respecto de los demás casos, corresponde a cada operador judicial establecer si conforme a la sana crítica y las reglas de la experiencia, el perjuicio moral es objeto de presunción, o si en efecto este requiere ser demostrado en el proceso, predominantemente a través de la prueba testimonial.

 

Ahora, en cuanto al reconocimiento del perjuicio moral ha de tenerse en cuenta los parámetros jurisprudenciales que rigen los mismos, sin que ello constituya camisa de fuerza para el operador judicial en su reconocimiento, pues en todo caso, el perjuicio moral obedece en su percepción a la discrecionalidad del juez[67], desde luego, bajo un criterio de razonabilidad fundado en las pruebas validamente allegadas al plenario.

 

En lo pertinente el H. Consejo de Estado adujo:

 

“Para establecer el valor de la indemnización la Sala tendrán en cuenta los criterios establecidos en la sentencia del 6 de septiembre de 2001, expedientes Nos. 13.232 y 15.646, en la cual se fijó en cien salarios mínimos legales mensuales el valor del perjuicio moral, en los eventos de mayor intensidad; abandonando así el criterio de aplicación extensiva de las normas que sobre la materia se habían adoptado en el Código Penal, por considerarlo improcedente y para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 16 de la ley 446 de 1998 y 178 del Código Contencioso Administrativo, que ordenan la reparación integral y equitativa del daño y la tasación de las condenas en moneda legal colombiana, respectivamente.” [68]  

 

Así las cosas, observa la sala que la tasación de los perjuicios morales, tienen según la jurisprudencia una base, la cual equivale a la estimación de los mismos entre uno (1) y cien (100) salarios mínimos legales vigentes, dependiendo siempre de la valoración discrecional del operador judicial, aspecto que también a clarificado la jurisprudencia en el siguiente sentido: 

 

“En relación con el perjuicio moral ha reiterado la jurisprudencia de la Corporación que la indemnización que se reconoce a quienes sufren un daño moral calificado como antijurídico tiene una función básicamente satisfactoria[69] y no reparatoria y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por lo que corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta la gravedad del daño causado al demandante. La magnitud del dolor puede ser apreciada  sin duda por sus manifestaciones externas y por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba; debe entenderse, entonces, que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso, sirven para demostrar la existencia de la afectación, pero en ninguna forma constituyen una medida del dolor que de forma exacta pueda adoptarse, por ello la jurisprudencia ha establecido que con fundamento en dichas pruebas, corresponde al juez tasar de forma discrecional, que no arbitraria,  el valor de tal reparación[70].

 

Ha dicho la Corporación, que respecto de los perjuicios morales el pretium doloris, se determina conforme al prudente arbitrio de los jueces. Se ha establecido con claridad  que si bien esta Corporación ha señalado pautas a los Tribunales para facilitar la tarea de determinar el perjuicio moral, aquéllas no son obligatorias[71]. Igualmente se ha determinado que viene a ser razonable que el juez ejerza su prudente arbitrio al estimar el monto de la compensación por el perjuicio moral y que para el efecto, han de tenerse en consideración los lineamientos expresados en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en virtud de los cuales, dentro de los procesos contencioso administrativos: “la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad.”[72] (Subrayado fuera del texto original).

 

Por lo anterior, con certeza debe aducir esta colegiatura, que los perjuicios morales obedecen por regla general a la discrecional apreciación del operador judicial, desde luego teniendo como requisito esencial, el que se haya probado el parentesco en los eventos en que se infiere esta clase de perjuicios, o la prueba de su existencia en las demás circunstancias.

 

El arbitrio judicial para la tasación de perjuicios morales, si bien ha tenido de tiempo atrás un amplio desarrollo jurisprudencial por parte del H. Consejo de Estado, en determinada época varió para tener por sentada la aplicación de un test de proporcionalidad al momento de reconocer tales perjuicios, sin embargo, recientemente el máximo órgano de nuestra jurisdicción, recientemente estableció que el principio de proporcionalidad vulneraba ostensiblemente el derecho a la igualdad, y por ello reiteró nuevamente la necesidad de tener el arbitrio judicial como regla esencial para la tasación de perjuicios morales.

 

La jurisprudencia a la que se hace alusión indicó:

 

“De manera que, la Subsección aprovecha esta oportunidad para reiterar la jurisprudencia  - acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y de la Sala Plena de la Sección Tercera -  sobre la materia, según la cual el daño moral al hacer referencia a la órbita interna del sujeto, no puede ser tasado a partir de criterios objetivos o tablas de punto, razón por la que para su liquidación se ha optado por la aplicación del arbitrio juris.

                                                                                                       

Esta orientación jurisprudencial, es la misma que ha trazado la Corte Suprema de Justicia  -  Sala de Casación Civil, que por su importancia se trascribe, in extenso[73]:

 

2. El daño moral, configura una típica especie de daño no patrimonial consistente en quebranto de la  interioridad  subjetiva  de la persona y, estricto sensu, de sus sentimientos y afectos, proyectándose en bienes de inmesurable valor, insustituibles e inherentes a la órbita más íntima  del sujeto por virtud de su detrimento directo, ya por la afectación de otros bienes, derechos o intereses sean de contenido patrimonial o extrapatrimonial.

 


 

“3. El daño moral, en sentido lato, está circunscrito a la lesión de la esfera sentimental y afectiva del sujeto, “que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo” (cas.civ. sentencia 13 de mayo de 2008, SC - 035 - 2008, exp. 11001 - 3103 - 006 - 1997 - 09327 - 01), de ordinario explicitado material u objetivamente por el dolor, la pesadumbre, perturbación de ánimo, el sufrimiento espiritual, el pesar, la congoja, aflicción, sufrimiento, pena, angustia, zozobra, perturbación anímica, desolación, impotencia u otros signos expresivos, concretándose en el menoscabo “de los sentimientos, de los afectos de la víctima, y por lo tanto, en el sufrimiento moral, en el dolor que la persona tiene que soportar por cierto evento dañoso” (Renato Scognamiglio, voz Danno morale, en Novissimo Digesto italiano, vol. V, Turín, Utet, 1960, p. 147; ID., Il danno morale, Milano, 1966; El daño moral -  Contribución a la teoría del daño extracontractual, trad. esp. Fernando Hinestrosa,  Universidad Externado de Colombia, Antares, Bogotá, 1962, pp.14 ss.), o sea, son daños pertenecientes al ámbito de los padecimientos del ánimo, las sensaciones, sentimientos, sensibilidad,  aptitud de sufrimiento de la persona y por completo distintos de las otras especies de daño.

 

 

La cuestión es que la lesión inferida a la interioridad del sujeto, es inasible e inconmesurable, concierne a las condiciones singulares de la persona, a su sensibilidad, sensaciones, sentimientos, capacidad de sufrimiento y no admite medición exacta e inflexible, desde luego que el sujeto experimenta un menoscabo no retroaible y el dolor deviene irreversible, cuya existencia se considera en ciertas hipótesis señaladas por la jurisprudencia  in re ipsa y cuya valoración se efectúa  ex post sin permitir la absoluta reconstrucción del status quo ante.

 

“4. Las anotadas características relevantes del daño moral, evidencian la complejidad y delicadeza de su reparación. 

 

“Por ello, la Corte, partiendo del legítimo derecho a la reparación del daño moral causado, ante las vicisitudes que su apreciación económica apareja, al “no referirse al daño pecuniario en la hacienda y patrimonio del damnificado” (XXXI, p. 83) y tratarse de valores “... económicamente inasibles ...” (CXLVIII, p. 252 y CLII, p. 143, CXLVIII, p. 252 y CLII, p. 143), en cuanto “esta especie de daño se ubica en lo más íntimo del ser humano, por ende, como medida de relativa satisfacción, que no de compensación económica, desde luego que los sentimientos personalísimos son inconmensurables y jamás pueden ser íntegramente resarcidos, es dable establecer su quantum a través del llamado arbitrium judicis”, “tarea que, por lo demás, deberá desplegarse teniendo en cuenta que las vivencias internas causadas por el daño, varían de la misma forma como cambia la individualidad espiritual del hombre, de modo que ciertos incidentes que a una determinada persona  pueden conllevar hondo sufrimiento, hasta el extremo de ocasionarle severos trastornos emocionales, a otras personas, en cambio, puede afectarlos en menor grado. “Aparte de estos factores de índole interna, dice la Corte, que pertenecen por completo al dominio de la psicología, y cuya comprobación exacta escapa a las reglas procesales, existen otros elementos de carácter externo, como son los que integran el hecho antijurídico que provoca la obligación de indemnizar, las circunstancias y el medio en que el acontecimiento se manifiesta, las condiciones sociales y económicas de los protagonistas y, en fin, todos los demás que se conjugan para darle una individualidad propia a la relación procesal y hacer más compleja y difícil la tarea de estimar con la exactitud que fuera de desearse la equivalencia entre el daño sufrido y la indemnización reclamada …’ (G. J. Tomo LX, pág. 290)”.  (sentencia del 10 de marzo de 1994)” (cas.civ. sentencias de mayo 5 de 1999, exp. 4978; 25 de noviembre de 1999, exp. 3382; diciembre 13 de 2002, exp. 7692; 15 de octubre de 2004, S - 165 - 2004, exp. 6199).

 

En esa perspectiva, la forma que hasta el momento ha encontrado la doctrina y la jurisprudencia para resarcir  - vía compensación -  el daño moral es a través de los principios del arbitrio juris y la equidad, razón por la cual la aplicación de un criterio de proporcionalidad o ponderación, lejos está de introducir elementos objetivos que permitan identificar parámetros indemnizatorios con fundamento en el dolor o la aflicción padecida.

 

… Ahora bien, es posible que por la vía de aplicación de manera incorrecta del principio de proporcionalidad para la liquidación del daño moral, se llegue a introducir criterios subjetivos de valoración del perjuicio por parte del funcionario judicial, tales como la convivencia, y aunque si bien la misma es un hecho objetivo y apreciable empíricamente, lo cierto es que aquélla no puede constituir un criterio o variable para la cuantificación del perjuicio moral.

 

Entonces, la aplicación del principio de proporcionalidad para la valoración de un daño subjetivo e interno, sí que afectaría un derecho fundamental que es la igualdad, razón por la cual el criterio válido para la tasación del daño moral son los principios del arbitrio juris y la equidad, de conformidad con lo sostenido en la sentencia del 6 de septiembre de 2001, expedientes Nos. 13232 y 15646, oportunidad en la que se discurrió de la siguiente forma:

 

“De conformidad con las normas citadas, resulta claro que cuando se expida una copia del registro civil de nacimiento o un certificado del mismo y en él consten los nombres de los progenitores del inscrito, dicho documento constituirá prueba suficiente para acreditar el parentesco de consanguinidad existente entre éste y aquéllos.  En efecto, si tales nombres fueron indicados en el correspondiente folio o certificado, es porque se cumplieron los requisitos ya indicados para que pueda darse fe del nombre de la madre del inscrito, y en cuanto al padre, porque aquél nació dentro de un matrimonio legalmente celebrado o, siendo hijo extramatrimonial, fue reconocido por éste o se declaró judicialmente su paternidad.

 

“Y no puede el juez exigir pruebas adicionales para establecer el parentesco, so pena de desconocer la solemnidad prevista por la ley, de manera excepcional, para la demostración de los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 105 del Decreto 1260 de 1970.

 

“(…) Demostradas las relaciones de parentesco cercanas alegadas en la demanda, puede inferirse, aplicando las reglas de la experiencia, que los actores tenían un nexo afectivo importante con Luis Alfonso Ríos González, que determinó la existencia de lazos de alianza y solidaridad entre ellos, y que, por lo tanto, aquéllos sufrieron un profundo pesar con la muerte de éste; puede inferirse, igualmente, que la persona más afectada fue su madre, dada la naturaleza de la relación que normalmente se establece entre un hijo y su progenitora.  Bastarían, entonces, las pruebas del parentesco aportadas al proceso, para que esta Sala considerara demostrado, mediante indicios, el daño moral reclamado por los demandantes.  No obstante, al respecto, obran también en el proceso los testimonios de José Leonardo Buitrago Morales y Alexander Marín Salazar, amigos de la familia de la víctima (folios 69 a 75 del cuaderno 2), que demuestran, de manera directa, la existencia y la intensidad del perjuicio sufrido.

 

“(…) Por otra parte, no puede perderse de vista el principio de equidad, también previsto en la norma transcrita para ser tenido en cuenta en la labor de valoración del daño.  Su importancia resulta mayor cuando se trata de la indemnización de un perjuicio que, por la naturaleza de éste, no puede ser restitutoria ni reparadora, sino simplemente compensatoria.  En efecto, la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia.  Se impone al juez, entonces, el ejercicio de una cierta discrecionalidad, que, sin embargo, debe encontrarse suficientemente razonada y fundada en las probanzas que, en el proceso, obren sobre la existencia del perjuicio y su intensidad.

 

“No se trata, en efecto, de una facultad arbitraria; por ello, en su desarrollo, debe buscarse también la garantía del principio de igualdad, lo que hace necesaria la comparación de la situación debatida con otras ya decididas, con fundamento en el análisis de los diferentes aspectos que determinan aquélla y éstas, dentro de los cuales deberá tomarse en cuenta, por supuesto, el valor real de la indemnización.

 

Ahora bien, el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 es de obligatoria observancia para todas las jurisdicciones; así se desprende claramente de su texto

 

“En cuanto a la jurisdicción contencioso administrativa, ha quedado clara su sujeción directa al artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que, conforme a lo expresado, hace no sólo innecesario, sino improcedente, el recurso a la analogía, para aplicar el Código Penal vigente, a fin de decidir aspectos relativos a la valoración del daño moral.

 

“Visto lo anterior, considera esta Sala que debe abandonarse el criterio adoptado por ella desde 1978, conforme al cual, para efectos de la indemnización del perjuicio moral, se daba aplicación extensiva a las normas que, al respecto, traía el Código Penal.  Como ha quedado demostrado, razones de orden jurídico, apoyadas igualmente en fundamentos de orden práctico, justifican, en la actualidad, esta decisión.  Se afirma, entonces, la independencia del juez contencioso administrativo para fijar, en cada caso, con sustento en las pruebas del proceso y según su prudente juicio, el valor de la indemnización del perjuicio moral.

 

“Lo anterior se expresa sin perjuicio de que, con el fin de garantizar el desarrollo uniforme de la jurisprudencia en este aspecto, esta Corporación establezca pautas que sirvan de referencia a los juzgadores de inferior jerarquía, cuyos fallos, sin embargo, en cuanto tasen la indemnización del perjuicio aludido, sólo podrán ser revisados por la instancia superior dentro del marco de sus competencias, dada la inexistencia de una norma prevista en ley o reglamento que pueda considerarse de obligatoria aplicación en la materia…

 

Entonces, se insiste, el arbitrio iuris siempre será necesario en cualquier ordenamiento jurídico dado que el legislador no puede contemplar todas y cada una de las hipótesis y variables que se pueden presentar en el proceso judicial, razón por la cual queda un margen de maniobra a cargo del juez.”[74] (Subrayado fuera del texto original).

 

 

De este modo, la tasación del perjuicio moral recaerá siempre en la adecuada, legal y justa retribución que el operador estime en cada caso concreto, y desde luego frente a casos similares, habrá de seguir los precedentes judiciales que en la jurisdicción existen, pero en todo caso, en lo que atañe a controversias diferentes y especiales, y sobre las cuales no haya un pronunciamiento expreso de la jurisprudencia, deberá valorar el juez con sumo cuidado la indemnización del daño moral, pues no estaría atado a las pautas que en determinados casos ha señalado el H. Consejo de Estado, repitiéndose, que ello encuentra fundamento en la especialidad del cada asunto, observando el grado de aflicción moral respectivo.

 

Ahora, en el presente asunto la parte actora recalca la aflicción moral del señor Yesid Ramírez Bastidas en diferentes ámbitos, pero en esencia todo derivado de una lesión a su buen nombre, por lo que se ha de tener en cuenta lo siguiente:

 

“Sobre los derechos en comento, en sentencia C-417 de 2009[75] , la Corte Constitucional concluyó:

 

El buen nombre es ante todo un concepto que se tiene de alguien es algo que se adquiere y para su adquisición, además del reconocimiento normativo en la Constitución, es necesario el mérito, esto es, la conducta irreprochable de quien aspira a ser su titular, lo que implica que quien lo desee defender deberá haber mantenido un adecuado comportamiento que además debe ser debidamente apreciado por la colectividad. Es el comportamiento (reflejado en los hechos, conductas, actitudes de la persona) que, una vez hecho público (manifestado, conocido por terceros) y evaluado por la colectividad (convertido en imagen, fama, honorabilidad, crédito, etc.) habilita al sujeto, gracias a la existencia de la norma constitucional, para exigir su protección; en tanto que el derecho a la honra, aunque muy próximo al derecho al buen nombre, se han señalado como perfiles propios y diferenciales, que representa la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan. Es decir, un derecho íntimamente relacionado con las actuaciones de cada persona, pues de ellas depende la forma como transfiere su imagen y son ellas las que en últimas fundamentan un criterio objetivo respecto de la honorabilidad del comportamiento del ciudadano en la sociedad, y aunque son fundamentales y están llamados a ser amparados por el Estado y respetados por los particulares, no son absolutos, lo que se explica no sólo por su pertenencia a un sistema de derechos, bienes e intereses que de suyo anticipan la necesidad de disponer o de reconocer límites, sino también por su propia naturaleza, como derecho construido por el titular” –se destaca-.”[76]

 

 

Frente a ello, en el proceso existe prueba de lo siguiente: el periódico El Tiempo, por conducto de su columnista Salud Hernández y con la información entregada por el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, publicó el 15 de junio del año 2008, la columna titulada “La paja en el ojo ajeno”, en la que entre otras cosas manifestó:

 

“… Tampoco encuentro razonable que Yesid Ramírez aceptara el reloj marca Locman que le regaló Giorgio Sale, el socio de Mancuso…

 

¿Nunca se preguntaron a qué se debía la queridura de Reyes y de Sale, que invitaba a sus restaurantes a magistrados con frecuencia? ¿O tan importantes son los jueces de las altas cortes que piensan que lo normal es que los agasajen y les hagan ofrendas?

 

Ellos mejor que nadie saben que el manoseo y las amistades peligrosas pueden constituir una irregularidad disciplinaria que conlleva sanción cuando se trata de funcionarios públicos… Todos debían imaginar que detrás  de tanta generosidad había intereses inconfesables…” (fol. 152 c2).

 

 

En el mismo sentido la revista Semana en su publicación de marzo 2 a 9 del año 2009, con fundamento en la divulgación no acorde a la ley que hizo el Departamento Administrativo de Seguridad de la información de inteligencia hecha a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, esgrimió:

 

“… Uno de los puntos que más llama la atención de las “actividades adelantadas” por los agentes del DAS, la búsqueda de información sobre la relación entre el magistrado Yesid Ramírez y un señor de nombre Ascensio Reyes…” (fols. 167 c2).

 

 

Y es que el señor Ascensio Reyes ya en una publicación de la misma revista había sido catalogado como una persona muy allegada a ciertos narcotraficantes colombianos, y quien en su nombre había financiado un homenaje que se le hizo al Dr. Yesid Ramírez Bastidas por su designación como presidente de la Corte Suprema de Justicia. La columna en que se hizo tal señalamiento se denominó “El “mecenas” de la justicia”, y se publicó el 28 de abril del año 2008. (fols. 146 a 148 c2).

 

Como se observa, todo ello develó una afectación al buen nombre del señor Ramírez Bastidas, quien siendo una alta dignidad del Estado colombiano en su calidad de magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue catalogado por la prensa y teniendo como fuente de información al Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, como un funcionario judicial con vínculos cercanos con personas adeptas a actividades de narcotráfico, todo lo cual fue desvirtuado por la comisión de acusación e investigación del Congreso de la República como ya se vio.

 

Ahora, derivado de tal difamación se ocasionaron perjuicios morales al demandante, y por ello se debe observar que en el presente asunto obran dos informes bajo juramento rendidos por los señores Eberto Salomón Rodríguez Hernández y Juan Carlos Motta Vargas, amigos del Dr. Yesid Ramírez Bastidas, y quienes dieron cuenta de su afectación moral expresada en preocupación, alteración del ánimo y congoja por la afectación que podría darse a su buen nombre, en tanto ponían en entre dicho su condición de un funcionario honesto, ello al vincularlo erradamente con narcotraficantes. (fols. 406 a 411 y 447 a 451 c1).

 

Como se observa, en consonancia con las manifestaciones del perjuicio moral aludidas por la jurisprudencia citada anteriormente, el potencial daño al buen nombre que se estaba generando al señor Ramírez Bastidas ante todo el pueblo colombiano, se reflejó en un daño moral para éste por la perturbación del ánimo, la pesadumbre, congoja, angustia, zozobra e impotencia al ver perjudicada su honorabilidad como funcionario de la Corte Suprema de Justicia, por lo que no queda duda del inminente perjuicio moral que se le causó.

 

Se recuerda en este punto, que en la demanda se solicitó el reconocimiento de perjuicios morales en la cantidad de 500 s.m.l.m.v., para el señor Yesid Ramírez Bastidas, y la cantidad de 100 s.m.l.m.v. para cada uno de los demás demandantes.

 

En este punto, debe decirse que el señor Yesid Ramírez era funcionario de una de las instituciones más importantes de nuestro país, como lo es, la H. Corte Suprema de Justicia, a la cual ingresó por la distinción y capacidad reconocida que tenía como un recto administrador de justicia, con sendos reconocimientos como lo son la “condecoración “Orden Cacique Timanco”, otorgada por la Asamblea Departamental del Huila (fols. 18 a 19 c2), y el especial reconocimiento que le hizo el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva (fol. 20 c2).

 

A ello se le debe sumar su amplia trayectoria como operador judicial, que inició como magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 1º de agosto del año 1985 hasta el 23 de junio del año 2002, cuando fue designado como magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. (fol. 11 c2).

 

Se tienen entonces, que el desprestigio del que fue objeto y que originó los perjuicios morales ya señalados, afectó un reconocimiento profesional ejemplar del señor Yesid Ramírez Bastidas, que bajo el juicio de la sala y dada la discrecionalidad judicial que existe para la tasación del perjuicio moral, no se considera justo, razonable ni equitativamente reparado con los parámetros generales establecidos por la jurisprudencia, esto es, 100 salarios mínimos legales vigentes, por cuanto en atención a su amplio reconocimiento nacional y a las publicaciones masivas de los escritos de prensa ya vistos, se considera que la afección a su buen nombre fue excesiva, y en esa magnitud se reflejó su preocupación, congoja, impotencia y perturbación del ánimo, por lo que en criterio de la sala hay mérito para sobrepasar los topes tradicionales reconocidos por este tipo de perjuicio.

 

Véase como sustento de lo anterior, el siguiente aparte jurisprudencial trazado por los perjuicios ocasionados a un funcionario de amplia trayectoria, y que como el Dr. Ramírez Bastidas también era un alto dignatario del Estado.

 

“De la preparación académica y la trayectoria en cargos públicos del Dr. Low informó ampliamente el doctor Fernando Antonio Garzón  León, quien lo conoció desde el año de 1961, cuando ambos estudiaban en la Universidad Nacional. Lo describió como una persona de sorprendente inteligencia, quien después de egresado de la Universidad Nacional fue a Illinois con una beca que le dio la fundación Fullbright, por haber sido el primer alumno de su promoción; que luego siendo profesor de la Universidad del Valle hizo una especialización en Harvard; que fue importado al país con la misión Musgrave, para hacer una reforma tributaria. Que fue director Nacional de Impuestos; que en el gobierno del presidente Pastrana fue nombrado Secretario Económico de la Presidencia; que al empezar el gobierno del presidente López Michelsen fue nombrado en el Banco Mundial; luego fue Contralor de Bogotá, Consejero de Estado, Director Nacional del Sena, Ministro de Justicia y finalmente embajador en Suiza

 

Su trayectoria permite a la Sala determinar que la remuneración que tendría de haber continuado con vida, correspondería por lo menos a la de un alto funcionario del Estado, entre los cuales se encuentran los magistrados de las Altas Cortes; cabe recordar que fue consejero de Estado.”[77]

 

 

Es decir, que los méritos que en el curso de la vida ha hecho una persona como el Dr. Ramírez Bastidas influyen sin duda alguna en la intensidad del daño que se le haya causado, pues el detrimento moral se agudiza, pues como ya se ha dicho, en el caso concreto la difamación fue ante todo el país, cuya fuente se originó en otra autoridad del Estado, y desde luego afectó la credibilidad que por años había construido el demandante ya referido.

 

Así mismo, como ya se dijo, la difusión nacional de tales desprestigios agrava el perjuicio moral, aspecto reconocido por el H. Consejo de estado:

 

“Además de todo lo anterior, la referida víctima directa sufrió una afectación grave a su dignidad y a sus derechos al buen nombre y a la honra debido al masivo despliegue de las ignominiosas y deshonrosas acusaciones por los diferentes medios de comunicación…lo cual provocó el odio, el desprecio público y el rechazo de la ciudadanía en general en su contra, circunstancias que permiten inferir, para el caso concreto, una mayor afectación moral…”[78]

 

Por todo lo anterior se reconocerán a título de perjuicios morales a favor del señor Yesid Ramírez Bastidas, la suma equivalente a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

Respecto de los demás demandantes, en el proceso se recepcionó el testimonio de la señora Lubeth del Carmen Ceballes Cuenca, quien indicó:

 

“La famita del doctor Yesid esta integrada por su esposa, la doctora Raquel y sus hijos, Johana, Laura y Pedro. Los caracteriza el hecho de ser una familia muy unida, que cuando vivían en Neiva, por ejemplo, se sentaban a las afueras de su casa, que además han escrito libros en algunos casos juntos, que pueden decirse que son un ejemplo de unión familiar, armoniosa y abierta, pero todo esto cambió para la familia cuando el despliegue mediático difamatorio en contra del doctor Yesid se produjo. La preocupación de todos sus miembros era infinita. Sus hábitos se modificaron en lo que a mi me consta en cuanto a que hacían esfuerzos sobre todo su esposa para ir hasta la oficina a almorzar con el, para de esta manera prestarle apoyo emocional…” (fols. 289 a 293 c2). (Subrayado fuera del texto original).

 

Como se observa, los familiares del Dr. Yesid Ramírez Bastidas y que concurren como demandantes en el presente asunto, también se vieron afectados moralmente, en esencia como relató la testigo por la preocupación del estado emocional de su padre y cónyuge, de modo tal que se encuentra demostrado el perjuicio moral frente a ellos, aunado a que la sala presume (habiéndose probado el perjuicio moral del afectado directo) que dichas personas siendo el entorno familiar del afectado directo, sintieron congoja y dolor por ver el injusto desprestigio que se estaba haciendo de la persona que por años habían observado trabajar con decoro.

 

Por lo dicho, se reconocerán a la cónyuge y a cada uno de los hijos del Dr. Yesid Ramírez Bastidas, la cantidad de 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

·         Daño a la vida de relación.

 

La jurisprudencia del H. Consejo de Estado no ha sido uniforme en establecer el contenido de tal perjuicio (Vida de relación), al punto que es alguna época lo asimiló al perjuicio de alteración a las condiciones de existencia, no obstante, recientemente dicha corporación dejó claro que el contenido de uno y otro son sustancialmente diferentes. De este modo, a fin de precisar el contenido concreto del perjuicio reclamado por la parte actora, se ha de atender a lo dicho por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo. 

 

En efecto el H. Consejo de Estado en el año 2007 dijo:

 

“A partir del fallo anterior, la jurisprudencia ha entendido el daño a la vida de relación, como aquel que “rebasa la parte individual o íntima de la persona y además le afecta el área social, es decir su relación con el mundo exterior; por ello se califica en razón al plano afectado: la vida de relación”.[79]

 

 

En esta oportunidad la Sala aprovecha para, en aras de precisión y rigor en la nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha venido utilizando -en ocasiones de manera inadecuada o excesiva- para acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no sólo la relación de la víctima con el mundo exterior, sino, de manera más general, esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado Social de Derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1° de la Constitución Política.

 

“En la citada sentencia del 19 de julio de 2000 se dijo, refiriéndose al daño a la vida de relación social que “[p]ara designar este tipo de perjuicio, ha acudido la jurisprudencia administrativa francesa a la expresión alteración de las condiciones de existencia, que, en principio y por lo expresado anteriormente, parecería más afortunada. No obstante, considera la Sala que su utilización puede ser equívoca, en la medida en que, en estricto sentido, cualquier perjuicio implica, en sí mismo, alteraciones en las condiciones de existencia de una persona, ya sea que éstas se ubiquen en su patrimonio económico o por fuera de él.”

 

“Resulta ahora pertinente recoger estos planteamientos para señalar que si bien es cierto que la expresión relativa a la alteración de las condiciones de existencia resulta ser más compresiva y adecuada, mal podría pensarse, desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado, que todo perjuicio, de cualquier carácter y magnitud, comporte necesaria y automáticamente una alteración a las condiciones de existencia jurídicamente relevante.

 

“Sobre el particular la doctrina ha señalado, precisamente, que “para que se estructure en forma autónoma el perjuicio de alteración de las condiciones de existencia, se requerirá de una connotación calificada en la vida del sujeto, que en verdad modifique en modo superlativo sus condiciones habituales, en aspectos significativos de la normalidad que el individuo llevaba y que evidencien efectivamente un trastocamiento de los roles cotidianos, a efectos de que la alteración sea entitativa de un perjuicio autónomo, pues no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio, se requiere que el mismos tenga significado, sentido y afectación en la vida de quien lo padece”[80].

 

“Por su parte, en la doctrina francesa se ha considerado que los llamados troubles dans les conditions d’éxistence[81] pueden entenderse como “una modificación anormal del curso de la existencia del demandante, en sus ocupaciones, en sus hábitos o en sus proyectos”[82] o “las modificaciones aportadas al modo de vida de los demandantes por fuera del mismo daño material y del dolor moral”[83].

 

“El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial -que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral-, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones.

 

“En otras palabras, para que sea jurídicamente relevante en materia de responsabilidad estatal, el impacto respecto de las condiciones de existencia previas ha de ser grave, drástico, evidentemente extraordinario.[84] (negrillas y cursivas del original - subrayado adicional).

 

Sin embargo, recientemente dicha corporación al referirse a lo plasmado en la providencia citada, estableció:

 

Ahora, con el criterio adoptado en el año 2007, la confusión relacionada con la tipología del perjuicio inmaterial se entronizó en mayor medida, como quiera que sin abandonar el contenido y alcance del concepto “daño a la vida de relación”, se mutó su nombre, para designarlo como “la alteración a las condiciones de existencia” (des troubles dans les conditions d’existence), lo cual no es apropiado, puesto que este último corresponde a un perjuicio autónomo que tiene una dimensión distinta al perjuicio de placer o de agrado (daño a la vida de relación), y que se refiere a la modificación grave, sustancial y anormal del proyecto de vida que cada persona tiene trazado.”[85] (Subrayado fuera del texto original).

 

Quiere decir lo anterior, que lo preceptos de daño a la vida de relación y alteración de las condiciones de existencia, aunque en la jurisprudencia anterior se consideraron como descriptivos de un mismo perjuicio, bajo la óptica reciente del H. Consejo de Estado se refieren a circunstancias diferentes, entendiendo el perjuicio a la vida de relación se refiere al placer o agrado de la víctima, mientras que el perjuicio de alteración a las condiciones de existencia, atañe a la modificación sustancial y anormal del proyecto de vida de la víctima, y bajo tal perspectiva se ha de analizar los pedimentos que este sentido realizó la parte actora.

 

En el presente asunto no se encuentra demostrado que los demandantes hayan visto menguadas sus actividades de disfrute por el seguimiento que al Dr. Yesid Ramírez Bastidas hizo el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, y la posterior publicación de ello en los medios de comunicación, es decir, que no de acreditó que hayan tenido que abandonar definitivamente las actividades que cotidianamente efectuaban para general goce y regocijo en su vida, de forma tal que se fuerza concluir que tal perjuicio no se consolidó y por ello será negado.

 

·         Daño a la intimidad personal.

 

Como se demostró y se dijo ya en esta providencia, no existió interceptación de comunicaciones privadas de los demandantes, y en tal sentido no hubo afectación a su derecho a la intimidad, por lo que bajo tal mérito probatorio serán negadas las peticiones que en tal sentido se hicieron.

 

·         Daño a la salud mental.

 

Se solicitó por tal concepto a favor del señor Ramírez Bastidas la suma de 500 s.m.l.m.v., sin embargo no se adujo el fundamento de tal petición, es decir, los motivos por los cuales se considera que el daño aquí demostrado afectó la salud mental del demandante.

Con todo, se allegó al plenario diversas revisiones médicas del señor Yesid Ramírez Bastidas, en las que se indica que este sufrió estrés por su actividad profesional y trastorno de ansiedad, estudios que se realizaron en mayo 27 del año 2009 y octubre 25 de 2010. (fols183 a 190 c2).

No obstante, en los mencionados estudios no se hace referencia a la específica situación profesional que causó tal padecimiento al señor Ramírez Bastidas, por lo que no es dable establecer su nexo de causalidad con el daño demostrado en el proceso, de modo tal que dichos perjuicios serán negados.

Perjuicios materiales.

 

·         Daño emergente.

 

Se solicitó por daño emergente la suma de $200.000.000, debido al presunto pago de un apoderado para su defensa ante la Comisión de Acusación e Investigación del Congreso de la República.

 

Para la sala es claro que frente a la demostración del daño emergente bajo los preceptos en que fueron solicitados en la demanda, deben concurrir varios aspectos probador, en primer lugar el respectivo contrato de mandato o prestación de servicios en donde conste la labor profesional contratada; la respectiva demostración del ejercicio de la profesión para el asunto específico contratado; y la demostración del pago acordado.

 

Lo anterior, en aras de sujetar el reconocimiento de perjuicios materiales en modalidad de daño emergente a una integral reparación del padecimiento económico sufrido por quien lo alega, para lo cual se ha de acreditar el supuesto esencial de que el perjuicio existió, pues no puede el operador judicial resarcir circunstancias que escapan a la realidad de la prueba.

 

En el presente asunto, frente a ello, se allegó al plenario original del contrato de prestación de servicios que se celebró para dicho fin, por valor de $150.000.000, sin embargo, al proceso no se incorporó prueba alguna que demuestre que el apoderado del Dr. Ramírez Bastidas haya actuado ante la Comisión de Acusación e Investigación del Congreso de la República, pues la única prueba existente es la orden de notificación que se dio para con el apoderado Hugo Quintero Bernate en el auto inhibitorio que profirió tal corporación (ya referido), sin que ello acredite que desplegó alguna actuación.

 

Pero de mayor relevancia es, que no existe prueba en el proceso de que el señor Yesid Ramírez hubiese efectuado el pago de tales honorarios profesionales al señor Quintero Bernate, por lo que realmente no se demostró que existiera una disminución de su patrimonio teniendo como causa el daño ya demostrado.

 

De este modo, no se puede reconocer perjuicios a título de daño emergente por un monto de dinero que no salió de su patrimonio, pues no se ha demostrado el desmedro del mismo en razón del daño probado, por lo cual tal perjuicio será negado.

 

Ø  Llamamiento en garantía.

Sobre el llamamiento en garantía ha dicho el H. Consejo de Estado lo siguiente:

 

 

“16. El artículo 90 de la Constitución Política, que contiene el fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que le sean imputables en virtud de las actuaciones u omisiones de sus funcionarios, establece que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”.

 

17. El artículo 77 del Código Contencioso Administrativo –Decreto 01 de 1984-, ya establecía para la época de los hechos, que sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la Nación y a las entidades territoriales o descentralizadas o a las privadas que cumplan funciones públicas, “(…) los funcionarios serán responsables de los daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones”; posteriormente, el artículo 86 del mismo código –modificado por el artículo 31 de la Ley 446 de 1998- que consagra la acción de reparación directa a favor de quien haya sufrido un daño por los hechos, omisiones, operaciones administrativas u ocupaciones provenientes de cualquier autoridad estatal, determinó que “Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o exservidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo (…)”.[6]

 

18. De acuerdo con lo anterior, la Constitución y la ley autorizan a las entidades estatales para reclamar a su vez, patrimonialmente, al funcionario que en su calidad de tal y con su conducta dolosa o gravemente culposa, haya ocasionado el daño antijurídico que comprometió la responsabilidad estatal. Para hacer efectiva tal reclamación, la entidad puede optar por uno de dos caminos: i) presentar una demanda de repetición en contra del servidor o ex servidor una vez terminado el proceso en el que fue condenada a indemnizar los perjuicios ocasionados al demandante, o ii) formular el llamamiento en garantía dentro del mismo proceso contencioso administrativo en el que ella es demandada, para que una vez se juzgue su responsabilidad y si hay lugar a ello, se estudie la del funcionario o ex funcionario frente a la administración y si hay lugar a que le reconozca todo o parte del pago que la entidad haya efectuado en virtud de la condena judicial proferida en su contra.

 

19. Es decir que al lado de la acción de repetición con que cuentan las entidades estatales, se halla también la posibilidad para ellas de efectuar, dentro de los procesos contencioso administrativos adelantados en su contra, el llamamiento en garantía a sus funcionarios o exfuncionarios, por cuya conducta dolosa o gravemente culposa la entidad se vea abocada a indemnizar perjuicios a terceros, con el fin de que dentro del mismo proceso, una vez dilucidada la responsabilidad patrimonial estatal, se analice la conducta del servidor público, para determinar si surge a su cargo el deber de reembolsar total o parcialmente el monto de la indemnización pagada por la administración. Al respecto, el artículo 217 del C.C.A, establece que en los procesos relativos a controversias contractuales y de reparación directa, la parte demandada, entre otras cosas, podrá realizar el llamamiento en garantía.

 

20. Como se observa en las anteriores normas, ellas hacen referencia a la facultad de la entidad demandada para formular el llamamiento en garantía a su servidor o ex servidor, lo cual guarda consonancia con la definición legal que de esta figura hace el artículo 57 del C.P.C., de conformidad con el cual “Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación (…)”.

 

21. Se trata entonces, de eventos en los cuales existe una relación de garantía previa entre el demandado-llamante y el llamado en garantía, proveniente de un contrato o de una disposición legal que la establece y en virtud de la cual el primero está facultado para exigirle al segundo el pago de una indemnización o el reembolso de una condena impuesta a aquel; y que le permite, por lo tanto, hacerlo comparecer al proceso en el cual el llamante ha sido demandado, para que en el mismo se juzgue la pertinencia de su reclamación frente al llamado en garantía. En los procesos contencioso administrativos, como ya se vio, las entidades estatales están autorizadas constitucional y legalmente para reclamar de sus servidores y ex servidores el reembolso total o parcial –según el caso- de lo que hubieren tenido que pagar a título de indemnización de perjuicios, ocasionados por una actuación dolosa o gravemente culposa de dicho servidor, lo que las autoriza, así mismo, para hacerlos comparecer, mediante el llamamiento en garantía, al proceso en el que se juzga la responsabilidad patrimonial de la entidad.

 

22. En los procesos contencioso administrativos en los que se ha formulado un llamamiento en garantía, surgen dos relaciones procesales perfectamente diferenciadas que deben ser resueltas por el juez: i) el litigio que se traba entre demandante y entidad demandada, derivado de las pretensiones que el primero aduce frente a la segunda y que apuntan a obtener una condena en su contra y ii) la relación que surge entre demandado y llamado en garantía, en la cual aquel asume la posición de demandante frente a éste, de quien reclama un reconocimiento económico con fundamento en una relación de garantía de origen legal o contractual.

 

23. El juez debe resolver en primer término el litigio principal, en el que se decide sobre las pretensiones de la demanda que dio origen al proceso, pues si concluye que existe la responsabilidad de la entidad demandada frente al demandante y la procedencia de su condena, deberá efectuar a continuación, el análisis de la relación entre aquel y el llamado en garantía, para establecer si éste se halla obligado a responder frente al demandado por todo o parte de lo que haya tenido que pagar en virtud de la condena en su contra. Contrario sensu, si del estudio de la primera relación procesal concluye el juez que las pretensiones de la demanda no tienen vocación de prosperidad y por lo tanto las deniega, el llamamiento en garantía carecería de causa.

 


 

La culpa grave

 

27. Para la prosperidad del llamamiento en garantía que formulen las entidades estatales en contra de sus funcionarios o ex funcionarios, debe comprobarse en el plenario que la actuación de éstos fue dolosa o gravemente culposa y así mismo, que fue la causa de la condena proferida en contra de la entidad.

 

28. La definición de la responsabilidad del funcionario o ex funcionario de la administración en la acción de repetición y en el llamamiento en garantía, implica la comprobación de que ha actuado con dolo o con culpa grave y que fue su actuación el origen del daño antijurídico por el cual se dedujo la responsabilidad patrimonial de la entidad estatal y ésta fue condenada a indemnizar los perjuicios ocasionados. Al respecto, ha dicho la Corte Constitucional, al distinguir entre la responsabilidad personal del agente y la responsabilidad patrimonial del Estado:

 

Es evidente que el artículo 90 constitucional consagra una clara diferencia entre la responsabilidad del Estado, y la responsabilidad que igualmente es posible deducir a sus agentes.

 

En el primer caso, como se ha visto, la responsabilidad resulta de la antijuridicidad del daño, pero frente a sus agentes esa antijuridicidad se deduce de la conducta de estos, vale decir, de que el comportamiento asumido por ellos y que dio lugar al daño, fue doloso o gravemente culposo. En tal virtud, no puede deducirse responsabilidad patrimonial del funcionario o agente público, si no se establece que obró, por acción u omisión, constitutiva de dolo o culpa grave, y que lo hizo en ejercicio o con motivo de sus funciones.

 

En consecuencia si la responsabilidad del agente público no se configura en dichos términos, resulta improcedente que el Estado ejerza la acción de repetición, porque ésta sólo se legitima en la medida en que éste sea condenado a reparar el daño y los agentes estatales resulten igualmente responsables[9].

 

29. En relación con los parámetros legales con los cuales debe examinarse la actuación del funcionario o ex funcionario, se observa que los aspectos sustanciales y procesales tanto de la acción de repetición como del llamamiento en garantía con fines de repetición, fueron regulados expresamente por la Ley 678 de 2001, en la cual se determinaron los conceptos de dolo y culpa grave como calificativos de la conducta de los servidores o ex servidores de la administración que permiten deducir su responsabilidad personal, así como los aspectos procesales de dichas acción y llamamiento[10].[86]

 

Ahora, frente a la ley aplicable al caso concreto el H. Consejo de estado ha dicho:

 

“2.3. La Ley 678 de 2001 reguló tanto los aspectos sustanciales como los procesales de la acción de repetición y el llamamiento en garantía, fijando, bajo la égida de los primeros, generalidades como el objeto, noción, finalidades, deber de ejercicio, y especificidades, como las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente y el establecimiento de presunciones legales en las que estaría incurso el funcionario, con obvias incidencias en materia de la carga probatoria dentro del proceso; y con el cobijo de los segundos, asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución; así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso.

 

Sin embargo, los hechos y actos ocurridos bajo el imperio y vigencia del régimen jurídico precedente a la expedición de la Ley 678 de 2001, potencialmente constitutivos de la acción de repetición contra funcionarios o exfuncionarios o particulares en ejercicio de función pública, tenían un régimen integrado, como se dijo, por varias disposiciones tanto sustanciales como procesales, que aunque dispersas, permitían exigir la responsabilidad del agente del Estado en los términos consagrados en el inciso segundo del artículo 90 de la Carta Política.[87]

 

Así las cosas, para dilucidar el conflicto de leyes por el tránsito de legislación, se tiene suficientemente averiguado por la jurisprudencia y la doctrina que la regla general es que la norma nueva rige hacia el futuro, al porvenir, esto es, se aplica a los hechos producidos a partir de su nacimiento y hasta el momento de su derogación; por excepción, puede ser retroactiva, esto es, cobijar hechos o situaciones ocurridas en el pasado y con anterioridad a su vigencia.

 

Este postulado según el cual, en principio, la ley rige hacia el futuro y no puede ser retroactiva, daría a entender válidamente que los actos o hechos que originaron la responsabilidad civil patrimonial del servidor público, acaecidos con anterioridad a la Ley 678 de 2001, continuarían rigiéndose por la normatividad anterior[88], máxime cuando la responsabilidad del agente es subjetiva, en tanto única y exclusivamente compromete su patrimonio por su conducta calificada a título de dolo o culpa grave, de manera que en aras de garantizar el derecho al debido proceso, se impone lo previsto en los incisos segundo y tercero del artículo 29 de la Constitución Política, por cuya inteligencia:

 

 “…Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.

 

“En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará con preferencia a la restrictiva o desfavorable”. (Subrayado de la Sala).

 

De acuerdo con la norma anterior, cabe efectuar las siguientes precisiones:

 

a)      Si los hechos o actos que originaron la responsabilidad civil patrimonial del servidor público, son posteriores a la vigencia de Ley 678 de 2001, para determinar y enjuiciar la falla personal del agente público será aplicable esta normativa en materia de dolo y culpa grave, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter “civil” que se le imprime a la acción en el artículo 2 de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que doctrinal y jurisprudencialmente se han estructurado en torno a la responsabilidad patrimonial por el daño, en lo que no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política).

 

b)      Si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la demanda y posterior condena contra la entidad, fueron anteriores a la expedición de la Ley 678 de 2001, las normas aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público que es la fuente de su responsabilidad civil frente al Estado.”[89]

 

 

Así las cosas, corresponde establecer si las personas vinculadas como llamados en garantía con fines de repetición, y notificadas cabalmente dentro del plazo establecido por el legislador, tienen el deber de responder por la condena a efectuar al Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, por haber actuado con dolo o culpa grave en los hechos que dieron origen a la presente controversia, lo cual se regirá integralmente por la Ley 678 de 2001, pues los hechos que dan origen al estudio del llamamiento en garantía ocurrieron en vigencia de tal norma.

 

De este modo, debe decirse que en el proceso finalmente fueron notificados y vinculados como llamados en garantía las siguientes personas, quienes ostentaban los cargos que se detallaran.

 

-       Andrés Peñate, quien fungió Director del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS.

-       José Miguel Narváez, Fernando Tabares, Jorge Alberto Lagos, Carlos Alberto Arzayuz, quienes fueron funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS.

 

Ahora, el el parágrafo primero del artículo 7º de la Ley 678 de 2001, estableció:

 

“Parágrafo 1o. Cuando la acción de repetición se ejerza contra el Presidente o el Vicepresidente de la República o quien haga sus veces, Senadores y Representantes, Ministros del despacho, directores de departamentos administrativos, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura, de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, de los Tribunales Administrativos y del Tribunal Penal Militar, conocerá privativamente y en única instancia la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.”

 

Así las cosas, certero es que para conocer de la acción de repetición o en este caso del llamamiento en garantía con fines de repetición respecto de los Directores de Departamentos Administrativos, el competente y por demás en única instancia es el H. Consejo de Estado.

 

Teniendo claro ello y observando que en el presente caso como llamado en garantía con fines de repetición se encuentra vinculado el señor Andrés Peñate, quien fuera Director del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, cierto es que esta corporación carecería en principio de competencia para resolver el llamamiento en garantía con fines de repetición contra el ex Director General del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS, y a su vez, por principio de conexidad, pues se trata de la misma acción, por los mismos fundamentos y hechos, respecto del el llamamiento en garantía en contra de los demás sujetos procesales ya especificados.

 

Dijo el Consejo de Estado lo siguiente:

 

“Sea lo primero manifestar que la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer y decidir este proceso en única instancia de conformidad con lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 128 del C.C.A, por el artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y  por el artículo 13 del Acuerdo No. 58 de 1999, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 55 de 2003, ambos expedidos por esta Corporación.

 

En efecto, la Nación - Departamento Administrativo de Seguridad - DAS, formuló demanda de repetición en contra de Jorge Aurelio Noguera Cotes, por un acto expedido con ocasión del ejercicio de sus funciones como Director de la mencionada entidad pública, circunstancia que radica en esta Corporación el conocimiento del proceso en única instancia, con independencia de que para la época de la presentación de la demanda, el demandado ya no ostentara esa investidura, conforme lo dispone el parágrafo primero del artículo 7 de la Ley 678 de 2001[90], en concordancia con lo señalado por el artículo 128 numeral 12 del C.C.A; además, según lo previsto en el reglamento interno de esta Corporación, compete su conocimiento a esta Sección.”[91]

 

Sin embargo, el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al presente asunto por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), dispone:

 

“ARTÍCULO 21. CONSERVACIÓN Y ALTERACIÓN DE LA COMPETENCIA. La competencia no variará por la intervención sobreviniente de personas que tengan fuero especial o por que éstas dejaren de ser parte en el proceso, salvo cuando se trate de agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno nacional.

 

La competencia por razón de la cuantía señalada inicialmente podrá modificarse en los siguientes casos:

1. En los procesos de sucesión, por causa del avalúo en firme de los bienes inventariados.

2. En los contenciosos que se tramitan ante juez municipal, por causa de demanda de reconvención o de acumulación de procesos o de demanda ejecutiva. En tales casos, lo actuado hasta entonces conservará su validez y el juez lo remitirá a quien resulte competente.”

 

Conforme a lo anterior, si bien el parágrafo del artículo séptimo de la Ley 678 de 2001, estableció una regla especial de competencia para las acciones de repetición frente a algunos funcionarios del Estado, por disposición del artículo 21 del Código de Procedimiento Civil, en tanto en el proceso de la referencia fueron intervinientes sobrevinientes no variaran la competencia para resolver el litigio frente a ellos, por lo que se procederá a analizar lo pertinente, es decir, la presencia de dolo o culpa grave. No obstante frente a Andrés Peñate, debe tenerse en cuenta que el no fungió como director de la entidad condenada para la época de los hechos, por lo que también por ese motivo se eximirá de responsabilidad, aunado a lo que mas adelante se explicará.

 

Se tienen entonces, que se debe resolver el llamamiento en garantía respecto de las siguientes personas, cuya calidad de servidores públicos demostrada es la siguiente:

 

Ø  Jorge Alberto Lagos, como Subdirector 118-23, del departamento Administrativo de Seguridad – DAS, desde el 9 de noviembre del año 2005 hasta el 28 de febrero del año 2009. (fol. 283 c2)

 

Ø  Fernando Alonso Tabares Molina, como Director General de Inteligencia de Nivel Central, desde el 14 de mayo del año 2007 hasta el 28 de febrero del año 2009. (fol. 284 c2).

 

Respecto de los demás llamados en garantía, como son José Miguel Narváez, Carlos Alberto Arzayuz y Andrés Peñate, que fueron notificados dentro del término de ley, y por tanto vinculados al proceso en debida forma, no obra prueba que demuestre su calidad de ex – servidores del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, por lo que no se cumple un requisito esencial frente al llamamiento en garantía de tales personas, y es, su demostración de la calidad de agentes o ex – agentes estatales.   

 

En tal sentido, el llamamiento en garantía frente a ellos será negado por ese solo aspecto.

 

Ahora, frente a los señores Fernando Tabares y Jorge Alberto Lagos, si se ha de estudiar si existió culpa grave o dolo en su actuar, para lo cual se ha de tener en cuenta los siguientes preceptos legales de la Ley 678 de 2001, que definen los conceptos de dolo y culpa grave, así:

 

“Artículo 5°. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado.

 

Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:

 

1. Obrar con desviación de poder.

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración.

4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.

 

Artículo 6°. Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.

 

Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.

4. Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal.”

 

 

Como se observa, el concepto de dolo se refiere a la intencionalidad en la realización de la conducta que genera el daño por el cual condenado el Estado, y la culpa grave indica que se ha infringido la ley o la Constitución por omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.

 

Pues bien, en el presente asunto demostrado está que los señores Jorge Alberto Lagos y Fernando Alonso Tabares Molina actuaron de manera dolosa, es decir, con la intención de realizar un hecho que no correspondía a las finalidades del servicio, que como se mencionó ya en esta providencia, versa sobre el suministro de la información de inteligencia a varias autoridades y personas no autorizadas por la ley para recibirla, como lo son la periodista Salud Hernández y a la Revista Semana.

 

Prueba de ello es lo siguiente:

 

Como ya se dijo, la testigo Alba Luz Flórez Gelvez, ex funcionaria del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, indicó:

 

“Estando allí recibí una orden verbal inicialmente, por parte del señor WILLIAN GABRIEL ROMERO SÁNCHEZ de recolectar información privilegiada de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, las razones de recolectar información desde lo manifestado por el señor William Gabriel Romero Sánchez, era con el fin de la toma de decisiones para el señor presidente de la república, porque en ese momento existía grandes diferencias entre la corte suprema de justicia y la presidencia de la república; así mismo sobre búsqueda de información relacionada con posibles nexos que tuviesen los señores magistrados con grupos al margen de la ley. En vista de esto yo acaté la orden y pues por orden del señor William se empezó a realizar la misión de trabajo denominada escalera, cuyo fin era recolectar información de la corte suprema de justicia, esta misión fue avalada por mis superiores el señor William Gabriel y el señor Fernando Tabares, quien fungía como director general de inteligencia en el momento y quien según lo manifestado, la orden venia de su superior, la señora MARIA DEL PILAR HURTADO…

 

.. le requirieron el expediente del señor Maño Uribe Escobar, esto que aproximadamente en abril de 2008, no se exactamente la fecha, con base a este requerimiento le pedí el favor al señor Manuel Strenger Pinzón Casallas que este proceso se necesitaba con carácter urgente, el me manifiesta que el proceso no se encuentra en la Corte Suprema sino en la Corte Suprema de Justicia (Sic), sino en la Fiscalía, por este motivo se complica un poco mas sacar el proceso de allí, esto se lo retroalimente al señor William y el me dice que el señor Tabares y la señora María del Pilar que no importa sí el expediente si el expediente (Sic) está allí, que aprueben el dinero que sea necesario para poderlo adquirir, pero el señor Manuel me manifiesta que no fue posible debido a las medidas de seguridad que maneja la Fiscalía” (fols. 376 a 379 c1). (Subrayado fuera del texto original).

 

 

Como se observa, sin ser necesaria nuevamente la transcripción del testimonio de la señora Flórez Gelvez, se evidencia la actuación dolosa del señor Tabares en el daño que ocasionó la condena del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, en su calidad de Director General de Inteligencia de dicha entidad, pues incidió en la recolección de información de los magistrados de la H. Corte Suprema de Justicia y en especial del Dr. Yesid Ramírez Bastidas, para posteriormente ser entregada a la periodista Salud Hernández y a la revista Semana, aspecto que se corroborará mas adelante.

 

A su vez, el testigo Germán Albeiro Ospina Arango, manifestó:

 

“PREGUNTADO. CUAL ERA EL DESTINO Y PROPÓSITO DE LA INFORMACIÓN RECAUDADA. CONTESTÓ. En principio el destino por jerarquía era o iniciaba con el Capitán Jorge Alberto Lagos León, a quien yo le reportaba lo que iba encontrando los funcionarios de mi grupo. Posteriormente, y como lo referí anteriormente, al capitán Fernando Tabares, director de inteligencia. Posteriormente me fui enterando por el trascurso de las investigaciones adelantadas, que la información obtenida por mi grupo estaba destinada a Presidencia de La República, porque la misma, es decir, la información obtenida tenia como destino la dirección del DAS y en dos oportunidades se me ordenó entregar información a periodistas, una de ellas la hice en presencia del capitán Jorge Alberto Lagos León, a la periodista SALUD HERNÁNDEZ y la otra entrega de información la hizo MÓNICA CARDOZO, funcionaría de mi grupo, a un periodista que me dijeron era del periódico El Espectador. El motivo de esas informaciones obtenidas por mi grupo inicialmente encaminadas a la obtención de información relacionada con el narcotráfico y su infiltración en la corte suprema de justicia, desencadenó en lo que y denominé en la Fiscalía como un desprestigio a los Honorables Magistrados de la misma.” (fols. 419 a 421 c1). (Subrayado fuera del texto original).

 

Así las cosas, vista la finalidad de las labores de inteligencia (analizada en acápites anteriores), y avizorando que el daño antijurídico se consolidó por la entrega irregular que de la información recolectada en relación con el señor Yesid Ramírez Bastidas a la prensa, concretamente la periodista Salud Hernández y la revista semana, se evidencia que hubo una intención dolosa del señor Lagos y del señor Tabares en tal actuación, pues desconocieron con plena convicción la finalidad del servicio que prestaban al Estado, es decir, no velaron en su actuación por la protección de las instituciones y la seguridad nacional, sino por unos fines diferentes a los ya demarcados por la sala en tal labor acorde a la Constitución.

 

Refuerza tal actuación dolosa de las personas mencionas, lo dicho por el señor Jorge Luís Lagos en su interrogatorio de parte, cuando adujo:

 

“PREGUNTA 11. DIGA AL DESPACHO SI USTED PARTICIPÓ DE UNA REUNIÓN EN PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CUYO OBJETO ERA IDENTIFICAR UNA FOTO QUE POSTERIORMENTE CIRCULÓ CON UN ARTÍCULO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, PRECISE LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA REUNIÓN Y SI CONOCIÓ VERSIÓN DE PRENSA CON DICHA FOTO. Se le recuerda que con la pregunta esta juramentado.

CONTESTÓ. Para el día 25 de abril de 2008 en las horas de la mañana cuando me encontraba en las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad DAS y específicamente en mi oficina, fui llamado por la doctora MARÍA DEL PILAR HURTADO para que le acompañara a la casa de Nariño y fue así como salimos con ella. También nos acompañaba el señor capitán Fernando Tabares y nos desplazamos en su vehículo, en el vehículo de la doctora. Entramos a la casa de Nariño por el patio de banderas, allí nos estaba esperando, los encargados de segundad, nos hicieron ir a la oficina del doctor Bernardo Moreno, la doctora se hizo anunciar, ingresamos al Despacho de doctor Bernardo Moreno él se encontraba mirando unas fotografías y dejó la imagen del computador en una de ellas en donde estaba el doctor ex fiscal Mario Iguaran con un señor que en su momento no sabíamos quién era acompañado en la fotografía, el doctor Bernardo Moreno nos preguntó a los tres que si el que acompañaba al doctor Mario Iguaran era el señor Ascencio Reyes, y la respuesta del suscrito era que no sabía ya que no le conocía en ese momento la doctora María del Pilar me manifestó que fuera al DAS y buscara una fotografía de Chepe Ortiz para que fuera entregada a un periodista de SEMANA. Esa misma fotografía que tratamos de identificar salió ese fin de semana en la revista de SEMANA con el titular en mecenas de la justicia…” (fols. 460 a 468 c1).

 

Se adquiere certeza entonces, que el señor Lagos y el señor Tabares voluntariamente y con la intención de desprestigiar a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, incluido desde luego el Dr. Ramírez Bastidas, entregaron información a los medios de prensa y periodistas ya indicados, desviando a todas luces la finalidad del servicio estatal a su cargo, con lo cual, se configura con toda seguridad el concepto de dolo incluido en la Ley 678 de 2001, por lo que los llamados en garantía aludidos, serán condenados al pago de la condena a imponer al Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, a título de dolo y en partes iguales, como se indicará en la parte resolutiva de esta providencia.

 

COSTAS PROCESALES

 

El artículo 171 del CCA establece que la condena en costas procede cuando se advierte una actuación temeraria o de mala fe en la parte vencida en el proceso. No obstante, observada la actuación que reposa en el expediente, la sala no encuentra mérito para proferir condena en costas a ninguna de las partes.

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

 

F A L L A

 

PRIMERO. Declarar no probadas las excepciones propuestas por los sujetos procesales demandados, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

 

SEGUNDO: DECLARAR administrativamente responsable al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD – DAS, por los perjuicios ocasionados a los demandantes, de conformidad a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

 

TERCERO: CONDENAR al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS EN SUPRESIÓN o a quien haya asumido sus funciones y obligaciones, por concepto de PERJUICIOS MORALES, al pago de las siguientes sumas de dinero:

 

Ø  Para Yesid Ramírez Bastidas la suma equivalente a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.  

 

Ø  Para Raquel Bastidas de Ramírez, Raquel Johana, Laura Tatiana y Pedro Gabriel Ramírez Bastidas, la suma equivalente a 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.  

 

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

 

QUINTO: CÚMPLASE lo normado en los artículos 176 y 177 del C.C.A., para efectos de ejecución de la presente sentencia.

 

SEXTO: Sin condena en costas.

 

SÉPTIMO: En caso de que la presente decisión no fuese apelada, súrtase el grado jurisdiccional de consulta, ante la Sección Tercera del H. Consejo de Estado – Reparto, conforme lo estipula el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo.

 

OCTAVO: CONDENAR a los señores Jorge Alberto lagos Leon, en su calidad de Subdirector 118-23, asignado a la Subdirección de Antisecuestro de Nivel Central, y Fernando Alonso Tabares Molina, en su calidad de Director General de Inteligencia Nivel Central, para la época de los hechos, a pagar al Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, o a la entidad que haya asumido sus funciones y obligaciones, por mitades (50% cada uno), las sumas de dinero que tengan que sufragar tal entidad con ocasión de la condena efectuada en contra de dicha entidad por el daño antijurídico causado al señor Yesid Ramírez Bastidas, su cónyuge e hijos, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 3 de la parte resolutiva de la presente sentencia. 

 

NOVENO: ABSOLVER de responsabilidad patrimonial a los llamados en garantía, Andrés Peñate, José Miguel Narváez y Carlos Alberto Arzayuz, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

 

CARLOS ALBERTO VARGAS BAUTISTA

Magistrado

 

HENRY A. BARRETO MOGOLLÓN    LEONARDO A. TORRES CALDERÓN                                 Magistrado                                               Magistrado




[1] Las pretensiones de la demanda fueron objeto de reforma, por lo cual se toman las consignadas en el escrito de corrección de la demanda, por ser las contenidas allí las definitivas.
[2] Consejo de Estado – Sección Tercera. Sentencia del once (11) de agosto de dos mil diez (2010). Radicación número: 85001-23-31-000-1998-00062-01(18636). Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ.
[3] Consejo de Estado – Sección Tercera. Sentencia del doce (12) de junio de dos mil trece (2013). Radicación número: 50001-23-31-000-1999-00286-01(25949).  Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ.
[4] Consejo de Estado - Sala  de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez - Bogotá, D.C. 10 de Agosto de 2005 - Radicación Número: 44001-23-31-000-1994-03444-01(13444)
[5] Sentencia de 18 de octubre de 2007. Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero. Sección Tercera.  Radicación No: 25000-23-27-000-2001-00029-01(AG).
[6] Sentencia de 19 de julio de 2006, Consejero Ponente Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Radicación N° 44001-23-31-000-2004-00415-01(28836)
[7] En tal sentido la jurisprudencia de la Sección ha señalado que si bien el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho o la omisión, cuando no puede conocerse, en el mismo momento, cuáles son las consecuencias de éstos, debe tenerse en cuenta la fecha en la que se determina que el perjuicio de que se trata es irreversible y el afectado tiene conocimiento de ello, es decir, que el término de caducidad no puede comenzar a contarse desde una fecha anterior a aquélla en que el daño ha sido efectivamente advertido. En tal sentido pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: sentencia de 26 de abril de 1984, expediente 3393; sentencia de 29 de junio de 2000, expediente 11.676; sentencia de 29 de enero de 2004, expediente 18.273; auto de 10 de junio de 2004, expediente 25854; sentencia de 16 de febrero de 2006. Expediente 15.251; y, sentencia de 22 de julio de 2009, expediente 15.628.
[8] Consejo de Estado – Sección Tercera. Sentencia del veinticinco  (25) de agosto  de dos mil once (2011). Radicación número: 19001-23-31-000-1997-08009-01(20316). Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN.
[9] Sentencia Corte Constitucional C- 043 de 2004, M. P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra
[10] Sentencia 11401 del 00/03/02, M.P. ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRIQUEZ.
[11] Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsecciòn B, Providencia de octubre veinte (20) del año dos mil once (2011), Referencia 110013331038200700073 01, Magistrado Ponente: Carlos Alberto Vargas Bautista.
[12] Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de abril once (11) de dos mil doce (2012), Radicación:    25000232600019975240 – 01 (23415), CONSEJERO PONENTE: Mauricio Fajardo Gómez.
[13] Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del once (11) de abril de dos mil doce (2012), Radicación número: 52001-23-31-000-1996-07799-01(17434), Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA.
[14] Fecha de expedición de la Constitución Política de Colombia.
[15] Consejo de Estado, Sección Tercera, 4 de mayo de 2000, expediente 17566 C.P. Maria Elena Giraldo Gómez; 27 de noviembre de 2002, expediente 13541 C.P. María Elena Giraldo Gómez; 31 de agosto de 2006, expediente 28448, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; 21 de mayo de 2008, expediente 2675, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; 13 de agosto de 2008, expediente 35062, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
[16] C. de P. Civil: “El que presente un documento privado en original o reproducción mecánica, podrá pedir su reconocimiento por el autor, sus herederos, un mandatario con facultades para obligar al mandante en actos de la misma índole, o el representante de la persona jurídica a quien se atribuye…”.
[17] En este sentido, ver sentencias de 18 de septiembre de 1997, exp: 9.666; de 21 de febrero 21 de 2002, exp. 12.789, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez y de 26 de mayo de 2010, exp. 18.078, C.P. Gladys Agudelo Ordóñez.
[18] Consejo de Estado. Sección Tercera-Subsección B. Sentencia del 27 de octubre de 2011. Exp: 20.450. CP Ruth Stella Correa Palacio.
[19] Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del (18) dieciocho de enero de dos mil doce (2012), Radicación número: 73001-23-31-000-1999-01250-01(19920), Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
[20] Corte Constitucional, Sentencia C-023 del 11 de febrero de 1998.
[21] Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del ocho (8) de febrero de dos mil doce (2012), Radicación número: 88001-23-31-000-2000-00014-01(22244), Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA.
[22] Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sentencia del dieciocho (18) de julio del año dos mil trece (2013), Radicado: No. 250002326000200901022, Magistrado Ponente: Carlos Alberto Vargas Bautista. Providencia sin salvamento ni aclaraciones de voto. 
[23] Ver sentencia de unificación del Consejo de Estado – Sección Tercera. Providencia del 28 de agosto del año 2013. Radicado No. 25022. Consejero Ponente. Enrique Gil Botero.
[24] Constitución Política de 1991. Art. 1. “Colombia es un estado Social de Derecho, organizada en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” (Subrayado propio).
[25] Corte Constitucional, Sentencia SU-747/98, Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
[26] Constitución Política de 1991. Art. 2. “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”  (Subrayado propio).
[27] Constitución Política de 1991. Art. 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
28] Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 684 de 2001 y sus artículos 3, 6, 13, 20 literal a), 25, 38, 42, 50, 54, 55 (parcial), 57 parágrafo, 58 (parcial), 59, 60, 62 y 72. Normas sobre la organización y funcionamiento de la seguridad y defensa nacional.
[29] Ley 74 de 1968.
[30] Ley 16 de 1972.
[31] Corte  Constitucional. Sentencia C- 540 de 2012. Magistrado Ponente:  JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.
[32] Sentencia T-787 de 2004 y C-131 de 2009.
[33] Cfr. sentencia T-696 de 1996.
[34] Corte  Constitucional. Sentencia C- 540 de 2012. Magistrado Ponente:  JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.
[35] Sentencia T-517 de 1998. Cfr. sentencia C-640 de 2010.
[36] Sentencia T-787 de 2004.
[37] Sentencias T-158A de 2008 y T-453 de 2005.
[38] Corte  Constitucional. Sentencia C- 540 de 2012. Magistrado Ponente:  JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.
[39] Definió la Corte Constitucional tal derecho así: “3.8.5.1. Fundamento constitucional y alcance. Sobre este derecho reconocido en el artículo 15 de la Constitución, en la sentencia C-1011 de 2008, reiterada en la C-748 de 2011, se definió como aquel que otorga la facultad al titular de datos personales de exigir de las administradoras de esos datos el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización y certificación de los datos, así como la limitación en las posibilidades de divulgación, publicación o cesión de los mismos, de conformidad con los principios que regulan el proceso de administración de datos personales. Este derecho tiene naturaleza autónoma y notas características que lo diferencian de otras garantías con las que, empero, está en permanente relación, como los derechos a la intimidad y a la información”. Sentencia C – 540 de 2012.
[40] Cfr. Corte Constitucional, sentencias SU-082/95 y T-307/99.
[41] Sentencia C-1011 de 2008.
[42] Corte  Constitucional. Sentencia C- 540 de 2012. Magistrado Ponente:  JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.
[43] Corte  Constitucional. Sentencia C- 540 de 2012. Magistrado Ponente:  JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.
[44] Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1°, 8°, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 y 31 (todos parciales) de la Ley 1288 de 2009, “Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco legal que permite a los organismos, que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”.
[45] Sentencia T-444 de 1992.
[46] Revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 27/06 Senado – 221/07 Cámara (Acum. 05/06 Senado) “por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.”
[47] Cfr. sentencia T-066/98 y T-928/04.
[48] Se preguntó la Corte si la actora tiene derecho a que las personas que le brindan seguridad omitan reportar datos que no se encuentren estrictamente relacionados con novedades sobre las funciones de protección y si tiene derecho a acceder y solicitar la modificación o supresión de los datos privados o reservados que, funcionarios de inteligencia de las distintas organizaciones del Estado, hubieren podido reportar, sin su conocimiento y consentimiento.
[49] Cfr. Ver, entre otras, las sentencias T-473 de 1992, T-695 de 1996, T-074 de 1997, C-491 de 2007, T-705 de 2007, C-491 de 2007 y T-1025 de 2007.
[50] Cfr. C-872 de 2003 y T-1025 de 2007, entre otras.
[51] En este sentido se puede confrontar, entre otras, la sentencia C-851 de 2005 que declaró exequible el registro y reporte de datos financieros personales en archivos del Estado no autorizados expresamente por el titular del dato. Una de las razones por las cuales consideró que esta disposición no vulneraba el artículo 15 de la Carta era que la misma estaba contenida en una ley precisa y clara que establecía el archivo razonable de los datos estrictamente necesarios para salvaguardar bienes públicos.
[52] Corte  Constitucional. Sentencia C- 540 de 2012. Magistrado Ponente:  JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.
[53] ARTÍCULO 235. INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y SIMILARES. El fiscal podrá ordenar, con el único objeto de buscar elementos materiales probatorios y evidencia física, que se intercepten mediante grabación magnetofónica o similares las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y similares que utilicen el espectro electromagnético, cuya información tengan interés para los fines de la actuación. En este sentido, las entidades encargadas de la operación técnica de la respectiva interceptación tienen la obligación de realizarla inmediatamente después de la notificación de la orden.
En todo caso, deberá fundamentarse por escrito. Las personas que participen en estas diligencias se obligan a guardar la debida reserva.
Por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del defensor.
La orden tendrá una vigencia máxima de tres (3) meses, pero podrá prorrogarse hasta por otro tanto si, a juicio del fiscal, subsisten los motivos fundados que la originaron.
[54] ARTÍCULO 237. AUDIENCIA DE CONTROL DE LEGALIDAD POSTERIOR. Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al diligenciamiento de las órdenes de registro y allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones o recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios similares, el fiscal comparecerá ante el juez de control de garantías, para que realice la audiencia de revisión de legalidad sobre lo actuado.
Durante el trámite de la audiencia sólo podrán asistir, además del fiscal, los funcionarios de la policía judicial y los testigos o peritos que prestaron declaraciones juradas con el fin de obtener la orden respectiva, o que intervinieron en la diligencia.
El juez podrá, si lo estima conveniente, interrogar directamente a los comparecientes y, después de escuchar los argumentos del fiscal, decidirá de plano sobre la validez del procedimiento.
PARÁGRAFO. Si el cumplimiento de la orden ocurrió luego de formulada la imputación, se deberá citar a la audiencia de control de legalidad al imputado y a su defensor para que, si lo desean, puedan realizar el contradictorio. En este último evento, se aplicarán analógicamente, de acuerdo con la naturaleza del acto, las reglas previstas para la audiencia preliminar.
[55] Ver Sentencia de 18 de mayo de 1992, exp. 2466. En sentencia de 22 de junio de 2001, exp. 13.233 dijo la Sala: “El concurso de conductas eficientes en la producción de un daño, provenientes de personas distintas a la víctima directa, genera obligación solidaria y, por lo tanto, el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las personas que participaron en la producción del daño (arts. 2.344 y 1568 Código Civil). Por consiguiente, cuando la conducta del tercero no es única ni exclusiva sino coparticipada en forma eficiente y adecuada con la del demandado (s), el afectado puede pedir la declaratoria de responsabilidad de uno o de todos los deudores solidarios (art. 1571 ibídem). Esta es la situación por la cual la coparticipación del tercero no es constitutiva de exonerante de responsabilidad; para que la conducta del tercero fuera exonerante se requeriría su exclusividad y, además, que fuera  determinante en la producción del daño”.
[56] Sobre ese aspecto puede verse MAZEAUD Y TUNC. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y cuasidelictual. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa-América, 1962. Tomo II Volumen II, pág. 237.
[57] Luis Josserand, Derecho Civil, Tomo II, Vol. I; Ed. Bosh y cia, Buenos Aires, 1950, pág. 341.
[58] Consejo de Estado – Sección Tercera, Sentencia del trece (13) de febrero de dos mil trece (2013). Radicación número: 25000-23-26-000-1992-08445-01(18148)A. Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN.
[59] Sentencia del 28 de febrero de 2002, exp. 13.011. En el mimo sentido, sentencias de 18 de abril de 2002, exp. 14.076, de 30 de julio 1998, exp. 10.981 y de 29 de enero de 2004, exp. 14.590, entre muchas otras.
[60] Consejo de Estado – Sección Tercera. Sentencia del diecisiete (17) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación número: 05001-23-26-000-1992-01671-01(18799). Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO.
[61] RENATO SCOGNAMIGLIO. El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962, pág. 46.
[62] Ver, por ejemplo, sentencia de 2 de junio de 2004, exp: 14.950.
[63] Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 5 de diciembre de 2005, MP Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación 76001-23-31-000-1994-00095-01(13339) Actor: Francia Doris Vélez Zapata y otros Demandado: Municipio de Pradera -Valle del Cauca.
[64] CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA. Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO. Bogotá D.C., quince (15) de octubre de dos mil ocho (2008). Radicación número: 05001-23-26-000-1996-00284-01(18586). Actor: GUILLERMO MARIN RUIZ Y OTROS. Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL. Referencia: ACCION DE REPARACIÓN DIRECTA
[65] Posición que ha sido reiterada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 30 de marzo de 2004. S 736 Actor: Nelly Tejada. Consejero Ponente Camilo Arciniegas Andrade. “Del parentesco cercano con la víctima se infiere el padecimiento moral que su muerte inflige a los suyos. El parentesco es indicio vehemente del daño moral.” Y recientemente por la Sección Tercera, en sentencia de 30 de agosto de 2007. Expediente 15.724, actor: Oswaldo Pérez Barrios. Consejero Ponente Ramiro Saavedra Becerra.
[66] Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de doce (12) de mayo de dos mil once (2011), Radicación número: 19001-23-31-000-1997-01042(19835), Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN.
[67] Salvo casos de privación injusta de la libertad, pues existe tasación jurisprudencial para su reconocimiento, que en todo caso no ata en todos los casos al Juez.
[68] Sentencia de veinticuatro (24) de junio de dos mil cuatro (2004), Radicación número: 19001-23-31-000-1993-3005-01(13108), Consejero ponente: RICARDO HOYOS DUQUE,.
[69] RENATO SCOGNAMIGLIO. El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962, pág. 46.
[70] Ver, por ejemplo, sentencia de 2 de junio de 2004, exp: 14.950.
[71] Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 5 de diciembre de 2005, MP Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación 76001-23-31-000-1994-00095-01(13339) Actor: Francia Doris Vélez Zapata y otros Demandado: Municipio de Pradera -Valle del Cauca.
[72] Providencia de doce (12) de mayo de dos mil once (2011), Radicación número: 19001-23-31-000-1997-01042(19835), Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN.
[73] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia del 18 de septiembre de 2009, exp. 2005-00406, M.P. William Namén Vargas.
[74] Consejo de Estado – Sección Tercera. Sentencia del veintiocho (28) de marzo de dos mil doce (2012). Radicación número: 05001-23-25-000-1993-01854-01(22163). Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO.
[75] M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[76] Consejo de Estado – Sección Tercera. Sentencia del veinticuatro (24) de julio de dos mil trece (2013). Radicación número: 25000-23-26-000-1996-11884-01(24770)A.  Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN.
[77] Consejo de Estado – Sección Tercera. Sentencia de junio  diecinueve de mil novecientos noventa y siete (1997). Radicación número: 11875. Consejero ponente: DANIEL SUÁREZ HERNÁNDEZ.
[78] Consejo de Estado – Sección Tercera. Sentencia del veintinueve (29) de enero de dos mil catorce (2014). Radicación: 250002326000199510714 01. Consejero Ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN.
[79] Sección Tercera, Sentencia del 10 de julio de 2003, Radicación número: 76001-23-31-000-1994-9874-01(14083), Actor: JORGE ENRIQUE RENGIFO LOZANO Y OTROS, Demandado: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
[80] Gil Botero, Enrique. Temas de responsabilidad extracontractual del Estado, Ed. Comlibros, Tercera Edición, 2006, p. 98.
[81] Navia Arroyo Felipe. Del daño moral al daño fisiológico, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000, p. 78.
[82] Chapus René. Responsabilité publique et responsabilité privée. Les influences réciproques des jurisprudences administrative et judicial, citado por Juan Carlos Henao, El Daño, análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, p. 252.
[83] Paillet Michel. La Responsabilidad Administrativa, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, o. 278.
[84] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de agosto de 2007, exp. AG 2003-385, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
[85] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011), Radicación número: 05001-23-31-000-2007-00139-01(38222), Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO.
[86] Consejo de Estado – Sección Tercera. Sentencia del veintinueve (29) de marzo de dos mil doce (2012). Radicación número: 41001-23-31-000-1992-07003-01(20460). Consejero ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH.
[87] A manera de ejemplo los Artículos 63 y 2341 del Código Civil; Artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo; Artículos 6, 90, 95, 121, 122, 124 de la Constitución Política; Artículos 65 a 70 de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de Administración de Justicia”; artículo 54 de la Ley 80 de 1993, derogado expresamente por el artículo 30 de la Ley 678 de 2002; Artículos 31 y 44 numeral 9, 40 y 42 de la Ley 446 de 1998.
[88] Así lo entendió el Ejecutivo en la publicación intitulada “Cartilla Instructiva de Acción de Repetición y Llamamiento en Garantía”, en la que señala que: “…Ello resulta lógico, pues en el momento que se analiza los elementos de la responsabilidad civil necesariamente se deben examinar los hechos que dieron lugar a la conciliación o demanda contra la entidad para poder determinar, primero, la individualización de la responsabilidad del estado en uno de sus funcionarios y segundo para establecer si existió o no falla o culpa personal del funcionario para lo cual resulta indispensable analizar, entre otros documentos, las funciones que tenía asignadas en el momento de los hechos…” Cfr. Ministerio de Justicia y del Derecho y Programa de Lucha Contra la Corrupción. Op cit. Pág. 21
[89] Consejo de Estado – Sección Tercera. Sentencia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil seis (2006). Radicación número: 52001-23-31-000-1998-00150-01(17482). Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO.
[90] Artículo 7 Ley 678 de 2001: “…PARÁGRAFO 1o. Cuando la acción de repetición se ejerza contra el Presidente o el Vicepresidente de la República o quien haga sus veces, Senadores y Representantes, Ministros del despacho, directores de departamentos administrativos, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura, de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, de los Tribunales Administrativos y del Tribunal Penal Militar, conocerá privativamente y en única instancia la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado…”
[91] Consejo de Estado – Sección Tercera. Sentencia del veintiocho (28) de febrero de dos mil once (2011). Radicación número: 11001-03-26-000-2007-00074-00(34816). Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO. 

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