2014/04/04

Tribunal rechaza tutela en la que un tercero demanda la protección de los derechos fundamentales del alcalde PETRO. Medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Si en una acción de tutela, el tercero que la interpone no aporta el “poder especial” para tal fin, si no acredita la imposibilidad del titular de los derechos para promover su propia defensa y si éste no ratifica lo propuesto por el agente oficioso los hechos y pretensiones narrados en el líbelo de la demanda, pese a la informalidad que rige la acción de tutela, lo que sigue es el rechazo de la misma.




 

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
SALA PENAL
 

Tutela de primera instancia : 110012215000201400235 00
Accionante                            : María Rosalba Pabón
Accionados                           : Procuraduría General de la Nación y Presidencia de la República

 

Bogotá, D. C, miércoles, dos (2) de abril de dos mil catorce (2014).


 
Sería del caso admitir y darle trámite a la presente acción de tutela instaurada por María Rosalba Pabón contra la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación, por presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y conformación del control del poder político, si no fuera porque se advierte falta de legitimidad para actuar de la accionante.

 

El Decreto 2591 de 1991 en su artículo 10 aborda el tema de la legitimidad, señalando que se podrá intentar la acción en todo momento y lugar, por si mismo o a través de representante. Esto significa que, si bien la acción de tutela puede ser interpuesta por cualquier persona, ella debe ser la titular de los derechos fundamentales que estén en peligro o amenazados o bien quien éste designe como apoderado, o cuando se agencien derechos ajenos porque el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.

 

También ha destacado la Jurisprudencia que para que proceda la agencia oficiosa ha de expresarse que se actúa en tal gestión y que el titular del derecho amenazado o vulnerado se encuentra en imposibilidad de promover su propia defensa, sea por circunstancias físicas, como una enfermedad incapacitante, o por razones síquicas, o ante un estado de indefensión. En todo caso, cuando tal circunstancia ocurra, deberá acreditarse en la respectiva solicitud.

 

En el asunto que ocupa la atención, María Rosalba Pabón  solicita se ampare los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, aduciendo que al ser electora del alcalde Mayor de Bogotá, las decisiones que adoptó tanto el Procurador como el Presidente de la República para destituir a Gustavo Petro Urrego, inaplicando las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos afecta sus derechos a elegir y participar en el ejercicio del control político.

 

Así del escrito de tutela se advierte que la persona afectada con las decisiones que pretende atacar por vía de tutela la accionante es Gustavo Petro Urrego, exalcalde de esta ciudad, por lo que no se advierte que el mismo se encuentre en imposibilidad de promover su propia defensa, tampoco se allega elemento probatorio que acredite esta condición o que en la actualidad existe alguna situación incapacitante que lo inhabilita para ejercer por sí mismo o por intermedio de apoderado Judicial la acción constitucional como para que María Rosalba Pabón se vea en la obligación de agenciar sus derechos o de actuar en su nombre y representación, lo cual resulta imperioso para determinar la legitimidad con que actúa.

 

Tampoco se advierte que la accionante sea profesional del derecho y cuente con poder para representar los intereses del señor Petro Urrego menos aun que se cumplan los requisitos de la agencia oficiosa.

 

De suerte que, si no se aportó al expediente el “poder especial” para tal fin, si no acreditó la imposibilidad del titular de los derechos para promover su propia defensa y si éste no ratificó, los hechos y pretensiones narrados en el líbelo de la demanda, pese a la informalidad que rige la acción de tutela[1], lo que sigue es el rechazo de la misma.

 

En consecuencia, se devolverá el escrito de tutela y anexos al accionante, de conformidad con lo señalado por la Corte Suprema de Justicia cuando indicó[2]:

 

1.- Cuando el juez constitucional advierte la ausencia de legitimidad del actor para reclamar la protección constitucional en los precisos términos señalados en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, no debe entrar a resolver sobre el fondo del asunto, sino que rechaza la demanda de amparo y devuelve para que, de interponerse nuevamente el amparo, se acredite debidamente la personería con que se actúa.

 

Cuando así se procede, no cabe recurso alguno contra tal rechazo, pues como lo ha venido sosteniendo esta Sala, soportada en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la censura en el trámite de tutela opera en aquellos casos en que el juez constitucional de primera instancia resuelve de fondo, mediante una sentencia, el asunto sometido a su consideración, pero no cuando mediante un auto opta por rechazar la solicitud, así se utilicen expresiones imprecisas como la negación del amparo.

 

Tampoco, con base en estas mismas razones, es procedente el envío a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

 

No sobra advertir que el rechazo de la demanda no es impedimento para que la ciudadana María Rosalba Pabón presente una nueva solicitud de protección constitucional, si aún persiste en su interés previo cumplimiento de los requisitos  que la legitimen para ello; en cuanto que para actuar en nombre de terceros no imposibilitados y en ejercicio del derecho de postulación, se requiere poder expreso para representarlo judicialmente, como acontece en el asunto que nos ocupa. 

 

Por secretaría, comuníquese esta determinación por el medio más eficaz y expedito al interesado y hágasele entrega de la demanda y sus anexos.

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

 

Alberto Poveda Perdomo

Magistrado




[1] Sentencia T-010/98
[2] Corte Suprema de Justicia, Providencia del 4 de febrero de 2003.

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