2016/04/01

La tutela es improcedente para el cobro de salarios por los empleados judiciales que entran en paro o huelga - Se dispone que la Contraloría General de la República investigue un posible detrimento patrimonial

El Tribunal Superior de Bogotá señala que la acción de tutela no es el instrumento jurídico para obtener el pago de salarios retenidos por la Dirección ejecutiva Seccional de Bogotá.
Además, explicó que al estar plenamente demostrado que los servidores judiciales accionantes no prestaron la función que constitucional y legalmente les corresponde, al producirse el pago de salarios pudo incurrirse en un detrimento patrimonial que debe ser investigado por la Contraloría General de la República










REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA PENAL
Magistrado Ponente:
Alberto Poveda Perdomo
Aprobado Acta N° 033

TUTELA – PRIMERA INSTANCIA

Bogotá, D.C., Jueves, treinta y uno (31) de Marzo de dos mil dieciséis (2016)


Radicación                      
110012204000201600675 00
Accionante                     
Yunir Oswaldo Sichaca Bello y Astrid Rocío Juanias
Accionado
Consejo Superior de la Judicatura- Sala Administrativa y otros
Derecho
Mínimo vital, debido proceso, familia, seguridad social  
Decisión
Improcedente

I.- ASUNTO

1. Resolver la acción de tutela instaurada por Yunir Oswaldo Sichacá Bello y Astrid Rocío Juanias contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial; Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccional de la Judicatura, Juzgados 17 Laboral y 20 de Familia del Circuito y Contraloría General de la República, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, vida digna, familia y seguridad social. 

II.- FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

2. Señalaron Yunir Oswaldo Sichacá Bello y Astrid Rocío Juanias, que laboran para los Juzgados 17 Laboral y 20 de Familia del Circuito de esta ciudad, en los cargos de oficial mayor y asistente social, respectivamente, actividades que cumplen en el Edificio Nemqueteba de esta ciudad.

2.1 Indicaron que en el período comprendido del 15 de enero al 29 de febrero de 2016, los trabajadores judiciales iniciaron  asambleas permanentes, sin impedir la atención a los usuarios; sin embargo, la Dirección Seccional se abstuvo de cancelar sus salarios, pese a que los nominadores certificaron el cumplimiento de las funciones y la prestación del servicio.

2.2 Aclararon que funcionarios del Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General de la Nación durante el período de asambleas visitaron las instalaciones de los juzgados para corroborar la prestación del servicio, como consta en las actas que se levantaron. Agregaron que entre sus funciones no está la de garantizar el ingreso de los usuarios a los edificios donde funcionan las sedes judiciales, función exclusiva de la Policía Nacional.   

2.3 Expresaron que la omisión en el pago de sus salarios les ha causado graves perjuicios al punto que para cubrir sus necesidades básicas se vieron avocados a solicitar préstamos y hacer avances de las tarjetas de crédito, no siendo constitucional ni admisible que las accionadas utilicen las vías de hecho para retener y suspender el pago de sus salarios, actuación que solo ha desencadenado enfrentamientos entre los empleados.

2.4 Peticionaron suspender toda orden de retención de salarios y, en consecuencia, proceder en forma inmediata al pago y consignación de sus salarios.

III.- ACTUACIÓN PROCESAL

3. El 15 de marzo de los cursantes esta Sala admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial; Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccional de la Judicatura. Igualmente, vinculó a los Juzgados 17 Laboral y 20 de Familia del Circuito de esta ciudad y Contraloría General de la República, para que en el término de un (1) día ejercieran su derecho de defensa.

4. Con la admisión de la tutela también se ordenó oficiar a varias entidades para obtener información sobre el cese de actividades y se adjuntaron impresiones del periódico el Tiempo, Ámbito Jurídico, el País, Revista Semana, entre otros.

5. En respuesta a las pruebas decretadas el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, allegó copia de la demanda promovida por la Nación- Rama Judicial- Consejo Superior de la Judicatura contra el Sindicato Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial “El vocero Judicial”, con el fin de obtener la declaratoria de ilegalidad del paro judicial.

6. El Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa por intermedio de la Oficina de Coordinación de Asuntos Internacionales y Asesoría Jurídica, informó que en efecto los funcionarios de la Rama Judicial, motivados por la organización sindical “Vocero Judicial”, representada por Luis Orlando Chinchilla Vargas, han permanecido en cese de actividades desde el 13 de enero de 2016 con el propósito de obtener la revocatoria del Acuerdo PSAA15-10445 del 16 de diciembre de 2015.

6.1 Aclaró que ante la situación presentada adelantó mesas de trabajo y estimó necesario suspender la entrada en vigencia del Acuerdo hasta el 30 de abril de 2016, en aras de perfeccionar compromisos que permitan implementar el sistema de oralidad.

6.2 Destacó que el cese de actividades ha sido permanente sin la prestación del servicio público de administración de justicia, según consta en actas levantadas por los Inspectores del Ministerio de Trabajo, generando efectos nefastos en el trámite de los diferentes procesos de las especialidades civil y familia.

6.3 Respecto al no pago de salarios explicó que su decisión se soporta en fundamentos legales y jurisprudenciales, entre ellos el artículo 449 del Código Sustantivo del Trabajo y la Sentencia C-1639/00 que permiten adoptar esta medida cuando la huelga no sea imputable al empleador; sin embargo, ofició al Director Seccional de Administración Judicial para verificar la situación de los accionantes y con fundamento en las pruebas allegadas y las recaudadas por los Inspectores del Trabajo, determinar si resulta viable incluirlos en nómina y cancelar sus salarios.

7. La Contraloría General de la República solicitó la desvinculación del trámite constitucional al estimar que conforme a las pretensiones de los accionantes no le asiste competencia para atender sus requerimientos, predicando la falta de legitimidad por pasiva.

8. La Secretaría General del Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió copia de la sentencia calendada el 11 de febrero de 2016, proferida por la Sección Primera, Subsección B de esa Corporación, por medio de la cual se pronunció sobre el cierre de despachos judiciales y su apertura al público.

9. La Directora Territorial del Ministerio del Trabajo informó que el Coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites, confirmó la presencia de los Inspectores del Trabajo en las sedes judiciales que permanecieron cerradas al público y levantaron actas que fueron allegadas al Director Ejecutivo Seccional, Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y el Sindicato “Vocero Judicial”; sin embargo, aclaró que éstas no tienen por objeto verificar la presencia individual de los trabajadores en su puesto de trabajo. Adjuntó copias de todas las actas de visitas al Edificio Nemqueteba.

10. El Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial –Asonal Judicial–, explicó que un grupo de servidores judiciales convencidos de las dificultades que implicaba la creación de los Centros de Servicios se mantuvo en desobediencia a través de asambleas permanentes, actividad que culminó con la firma de un Acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura.

10.1 Concluyó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para la solución de un conflicto laboral cuando se presenta parálisis del servicio por fallas estructurales del Estado que determinan la protesta judicial.

11. La Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá informó que corresponde a la Dirección Seccional de Administración Judicial el manejo del sistema salarial y prestacional del personal que integra la Rama Judicial, motivo por el cual dicha autoridad expidió la circular DESAJC16-DS-11 del 10 de febrero de 2016, solicitando a los despachos judiciales ubicados en las sedes cerradas que certificaran la prestación del servicio público de administración de justicia, indicando los datos de cada servidor con el número de identificación y el cargo, para hacer efectivo el pago.

11.1 Dijo que la sede judicial Nemqueteba desde el primer día en que inició el cese de actividades tuvo bloqueadas las puertas de acceso al público y, agregó, que de haberse laborado fue a puerta cerrada, circunstancia que debió acreditarse a la Dirección Seccional para el correspondiente pago de nómina.

11.2 Solicitó desvincularla del trámite constitucional al no estar legitimada por pasiva por no ser competente para pagar nómina ni ordenar la retención de salarios a los empleados de la Rama Judicial.

12. El Director Seccional de Administración Judicial señaló que efectúo el pago de nómina del mes de febrero de 2016 a los accionantes como consta en el desprendible, por lo que solicitó considerar que el tema objeto de acción fue superado.

13. El presidente del sindicato “El Vocero Judicial”, reiteró las razones que motivaron el cese de actividades de un sector de empleados de la Rama Judicial y dijo que las actividades ejecutadas consistieron en asambleas permanentes en el primer piso de las diferentes edificaciones en las que funcionan los despachos judiciales. 

13.1 También explicó que el 1 de febrero de 2016 los empleados fueron desalojados por la fuerza vulnerando el derecho constitucional a la protesta, momento desde el cual los usuarios ingresan a las sedes judiciales pese que no se ha votado la suspensión o levantamiento de las asambleas.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

14. Competencia: De conformidad con lo establecido en el artículo 86 Fundamental y el inciso 1º del artículo 1º del Decreto 1382/00, es competente la Corporación para conocer en primera instancia de la solicitud elevada por el accionante.

15. Problema Jurídico: Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela resulta procedente para retrotraer el descuento salarial efectuado a los accionantes con ocasión del cese colectivo de actividades.

16. Discusión: La finalidad de la acción de tutela es la protección, a través de una orden efectiva e inmediata, de los derechos fundamentales cuando han sido amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular, en los estrictos casos señalados en la ley.

17. En el caso que ocupa la atención de la Sala, los accionantes demandaron la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, trabajo, igualdad, dignidad humana, debido proceso y seguridad social, indicando que la negativa de la División de Talento Humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de incluirlos en nómina, afecta su estabilidad laboral y el pago de sus acreencias laborales tales como salario, seguridad social y prestaciones.

18. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el pago de acreencias laborales. Sobre el particular, ha dicho la Corte Constitucional que la tutela es improcedente para resolver conflictos laborales, incluyendo aquellos en los cuales se pretende el cobro de salarios y prestaciones debidas, por lo que los mismos han de resolverse ante la jurisdicción correspondiente, ya sea la Ordinaria Laboral o la Contencioso Administrativa según la forma de vinculación laboral, por ser éstos los jueces naturales de dichos asuntos.

19. Lo anterior encuentra sustento en la naturaleza de la acción de tutela, la cual se define como un mecanismo subsidiario para la protección de derechos fundamentales, y por lo tanto cuando existen otros medios idóneos de defensa es improcedente, toda vez que el espíritu de la misma no es suplir o adicionar instancias a los procesos y recursos que ordinariamente deben ser utilizados.

20. Sin embargo, la Corte admitió la procedencia excepcional para el cobro de acreencias laborales, cuando se demuestra que el incumplimiento de las mencionadas obligaciones, vulnera o amenaza los derechos fundamentales de los accionantes al mínimo vital, a la seguridad social o la vida digna

21. De esta manera, la acción de amparo procede para la reclamación efectiva de aquellas acreencias laborales que constituyan fuente de recursos económicos que permiten sufragar las necesidades básicas, personales y familiares de la persona afectada[1].

22. En lo referente a la afectación al mínimo vital y su directo menoscabo por el incumplimiento en el pago de acreencias laborales, la Corte Constitucional en sentencia T-148/02, estableció una serie de criterios para determinar la procedencia de la acción constitucional

(i) existencia de un incumplimiento salarial; (ii) el incumplimiento afecta el mínimo vital del trabajador; (iii) se presume la  afectación al mínimo vital, si el incumplimiento es prolongado o indefinido; (iv) se entiende por incumplimiento prolongado o indefinido, aquel que se extiende por más de dos meses, con excepción de aquella remuneración equivalente a un salario mínimo; y (v) los argumentos fundamentados en problemas de índole económico, presupuestal o financieros no justifican el incumplimiento salarial.


23. En conclusión, la acción de tutela, como mecanismo subsidiario de protección de derechos fundamentales, es improcedente cuando se pretende el cobro de acreencias laborales, pues la persona dispone de otro medio de defensa judicial para reclamarlas. Sin embargo, cuando se demuestre que dicho medio judicial no es idóneo, ni eficaz para la protección de derechos fundamentales, o se está ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable, se procederá a resolver el conflicto por medio de la acción de tutela. En ambos casos, la prosperidad de la acción queda supeditada a que la persona logre demostrar la vulneración o el riesgo a su mínimo vital, o que éste se pueda presumir partiendo de los supuestos que la Corte ha reiterado para el efecto.

24. Caso Concreto: En el sub examine dígase preliminarmente que no se cumplen los requisitos previstos en la jurisprudencia para conceder el amparo transitorio invocado por los accionantes, porque se evidencia de las certificaciones expedidas por el área de Talento Humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial[2], que prestan sus servicios a la Rama Judicial desde el año 2010, es decir, han percibido salarios y prestaciones en forma periódica, por lo que cuentan con los medios necesarios para su subsistencia.

25. Tampoco obra prueba alguna que permita evidenciar que el incumplimiento ha sido prolongado en el tiempo, es decir, superior a dos meses, como lo indica la jurisprudencia, pues nótese que reclaman el salario del mes de febrero[3] y ninguno de ellos devenga el salario mínimo legal; menos aún se puede señalar que la retención es injustificada.

26. A dicha conclusión se arriba, si en cuenta se tiene que el motivo que acarreó que se adelantaran las respectivas deducciones salariales por parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial fue el cese de actividades o asambleas permanentes convocadas por la Organización Sindical “Vocero Judicial”, que iniciaron el 13 de enero y se prolongaron durante el mes de febrero y marzo, cuando por intermedio de la Fuerza Pública se autorizó el ingreso a los usuarios[4].

27. Así las cosas, refulge evidente que la situación presentada trajo consigo la imposibilidad de prestar el servicio de acceso a la administración de justicia cuando se impidió a los usuarios el ingreso a las sedes judiciales, tal y como fue informado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y los Inspectores del trabajo que certificaron la presencia de los empleados judiciales en cada edificio pero la imposibilidad absoluta de acceso al público.

28. Esta circunstancia conllevó a que el 11 de marzo de 2016 el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración judicial radicaron demanda de declaratoria de ilegalidad del paro colectivo de actividades de los funcionarios de la Rama Judicial[5] y mediante fallo de tutela del 11 de febrero de 2016 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, se pronunciara sobre el particular, cuando tuteló  a favor de dos usuarios el derecho de acceso efectivo a la administración de justicia, ordenando al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura  que estimulara el trabajo de concertación en las mesas con las asociaciones sindicales para finiquitar el conflicto y garantizar la prestación efectiva del servicio[6].

29. Para la Sala es evidente que la Dirección Seccional tuvo soporte legal para retener el salario a los accionantes, al existir prueba suficiente de la falta de prestación del servicio a los usuarios de la administración de justicia a causa del cese de actividades de los empleados de la Rama Judicial, máxime cuando la jurisprudencia laboral ha dispuesto que el pago de salarios es posible únicamente frente a pruebas que permitan certeza judicial sobre la prestación efectiva del servicio, pues el salario es la contraprestación directa de éste y no se causa –salvo excepciones– durante los períodos en los cuales la ejecución del contrato está suspendida, lo que ocurre, en casos como el presente, cuando se desarrolla una huelga.

30. Carencia actual de objeto en la acción de tutela al habérseles cancelado los salarios adeudados. La Corte Constitucional ha enfatizado que si durante el trámite de la acción de tutela la vulneración o amenaza a los derechos fundamentales desaparece la tutela pierde su razón de ser, pues bajo esas condiciones no existiría una orden que impartir ni un perjuicio que evitar[7].

31. En el presente caso se tiene que, tal y como lo informó la Dirección accionada, en aras de garantizar los derechos de sus trabajadores, optó por solicitar a cada nominador una certificación de la prestación del servicio por parte de sus empleados y autorizar el pago de salarios, encontrando que para el especifico caso de los aquí accionantes se efectúo la cancelación de la nómina correspondiente al mes reclamado, como se evidencia de los soportes allegados[8].

32. Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que en el presente asunto se está frente a un hecho superado, porque la situación que originó la acción de tutela ya desapareció al recibir los accionantes el salario correspondiente al mes de febrero de 2016.

33. Cuestión adicional. Pese a demostrarse en la actuación que el acceso de los ciudadanos a las sedes judiciales fue entorpecido por el cierre de los edificios, lo que implica no se prestó la función que debían cumplir los servidores públicos empece de lo cual se les pagó normalmente la remuneración mensual, situación a partir de la cual posiblemente se ha generado un detrimento patrimonial en contra del Estado, se dispone compulsar copias de toda la actuación para que la Contraloría General de la República determine lo que en derecho corresponda.

DECISIÓN:

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE


1º.   DECLARAR improcedente la acción de tutela.


2º. COMPULSAR las copias anunciadas.

3º. ANUNCIAR que contra esta sentencia procede impugnación.

4º. Si no se presenta impugnación, ENVIAR la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

5º.  NOTIFICAR la providencia a las partes por el medio más expedito.

Cópiese y cúmplase.


Alberto Poveda Perdomo
Luis Fernando Ramírez Contreras
Ramiro Riaño Riaño







[1] Sentencias T-426/92, T-063/95 y T-437/96.
[2] Ver folios 12 y 13 cuaderno de tutela.
[3] Ver libelo de la acción folio 6
[4] Ver respuesta Presidente Sindicato “El vocero Judicial”
[5] Ver folio 100, cuaderno de tutela.
[6] Ver folios 128 a 146, cuaderno de tutela.
[7] Corte Constitucional, Sentencias T-608/02.
[8] Ver respuesta Dirección Seccional de Administración Judicial, folio 301