2017/06/07

Tribunal emitió sentencia de tutela en asunto promovido por ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO, Alcalde Mayor de Bogotá

Mediante sentencia de tutela se declara improcedente la acción promovida por el ciudadano ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO.

El Tribunal Superior de Bogotá consideró que no han sido vulnerados los derechos fundamentales del accionante. Así mismo, verificó que el ataque propuesto se dirige contra la revocatoria de su mandato, asunto que se encuentra en trámite. También estableció que existen otros medios de defensa judicial eficaces a su disposición.

Expresó el Tribunal que el Consejo Nacional Electoral tiene una función reglamentaria limitadísima y que, por ello, cualquier actividad desplegada en tal sentido, no le permite asumir competencias que no le corresponden porque, por ejemplo, cuando se trata de derechos fundamentales, y tal calificación tienen los derechos políticos, existe una reserva constitucional claramente definida a favor del legislador estatutario. 






REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ

SALA PENAL

Magistrado Ponente:
Alberto Poveda Perdomo

 

Aprobado Acta N° 057

TUTELA – PRIMERA INSTANCIA

Bogotá, D.C., miércoles, siete (7) de junio de dos mil diecisiete (2017).

Radicación                      
1100122040020170123200
Accionante                     
Enrique Peñalosa Londoño
Accionado
Consejo Nacional Electoral y otros  
Derecho
Debido proceso, defensa y a ser elegido  
Decisión
Improcedente

I.- ASUNTO:

1. Resolver la acción de tutela instaurada por el apoderado judicial de Enrique Peñalosa Londoño contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), por vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y ser elegido.

2. El Despacho dispuso oficiosamente vincular a la presente acción al Registrador Nacional del Estado Civil; los Registradores Distritales del Estado Civil; los voceros de las revocatorias, Fredy Leonardo Puentes Díaz, Gustavo Merchán Franco y César Augusto González García; el Procurador General de la Nación (PGN), el Concejo Distrital de Bogotá y los representantes legales de los partidos políticos que tienen representación en el Concejo de la capital de la República.

II.- FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN:

3. Señaló el apoderado del accionante que la Registraduría Distrital del Estado Civil recibió el 2 de enero de 2017, tres solicitudes de inscripción ciudadana para adelantar la revocatoria del Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, las que por encontrar ajustada a la ley llevó a que expidiera las Resoluciones 0023, 0024 y 0025 del 12 de enero de 2017.

4. Dijo que la Registraduría Distrital del Estado Civil se limitó a realizar un examen meramente formal de las solicitudes de revocatoria de las exigencias, previstas en la Ley Estatutaria 1757 de 2015.

5. Cuestionó la exposición de motivos de las iniciativas presentadas porque se limitan a descalificar la gestión realizada por el alcalde y hacen una presentación “tendenciosa” de las acciones que ha emprendido durante su primer año de mandato. Si bien destacan el incumplimiento del programa de gobierno por insatisfacción ciudadana de la gestión, no aportan prueba alguna que acredite sus dichos.

6. Narró que Enrique Peñalosa Londoño interpuso el 31 de enero de 2017 recurso de reposición y en subsidio apelación contra las resoluciones que reconocieron las iniciativas de revocatoria, por falta de notificación de la actuación administrativa, siendo resuelto en forma negativa el 21 de febrero de 2017, bajo el argumento de que la decisión no constituye un acto administrativo definitivo sino de mero trámite.

7. Consideró que el CNE tiene la obligación de hacer uso de la facultad reglamentaria para garantizar la correcta aplicación de los preceptos constitucionales y legales que rigen la actividad electoral, de manera que el incumplimiento de su deber vulnera los derechos fundamentales no solo del accionante sino de los bogotanos que respaldaron su candidatura.

8. Agregó que los alcaldes elegidos por voto popular son los principales afectados con los procesos de revocatoria; sin embargo, no se les notifica del trámite y por lo tanto no pueden hacer uso de los recursos, razones suficientes para concluir que el CNE tiene la obligación de adoptar medidas de carácter reglamentario para expedir una resolución que determine qué autoridad y de qué manera debe hacerse la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos por el legislador.

9. Solicitó ordenar al CNE que en su condición de órgano encargado de ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la Organización Electoral, en ejercicio de su competencia reglamentaria expida una resolución que subsane: i) la falta de notificación de las decisiones que se adoptan en la actuación administrativa que concluye con el reconocimiento de los comités promotores de las revocatorias del mandato; ii) la ausencia de controles materiales por parte de las autoridades electorales que constaten de manera efectiva y no meramente formal, el cumplimiento de las exigencias legales; y, iii) la inexistencia de normas que reglamenten el procedimiento de verificación de los topes de financiación  por parte de los comités que impulsan estas iniciativas.

III.- ACTUACIÓN PROCESAL:

10. El 25 de mayo de 2017 fue admitida la acción de tutela y corrió traslado de la misma al CNE; así mismo, fueron vinculados el Registrador Nacional del Estado Civil; Jaime Hernando Suárez Bayona y Andrés Forero Linares, Registradores  Distritales del Estado Civil; Fredy Leonardo Puentes Díaz, vocero de la iniciativa ciudadana “Revocatoria al Alcalde Mayor de Bogotá”; Gustavo Merchán Franco, vocero de la revocatoria “Unidos revocamos el mandato del Alcalde Mayor”; César Augusto González García, vocero de la revocatoria “Por un Bogotá mejor sin Peñalosa”; PGN, Concejo Distrital a través de su presidente y a los representantes legales o presidentes de los partidos o movimientos políticos que conforman el Concejo de Bogotá: Partido Liberal, Partido Conservador, Cambio Radical, Alianza Verde, Centro Democrático, Polo Democrático Alternativo, Movimiento Político Mira, Movimiento Significativo de Ciudadanos Progresistas, Partido Alianza Social Independiente, Partido de la U, Partido Opción Ciudadana y  Movimiento Libres, para que en el término de un (1) día ejercieran su derecho de defensa.

11. Igualmente, el despacho dispuso a través de los medios de comunicación y la página web de la Rama Judicial, dar a conocer la existencia de la presente acción constitucional, para que quien tuviera interés se pronunciara sobre el particular.

12. El Jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil manifestó que carece de competencia para pronunciarse sobre el tema alegado en la acción constitucional porque los asuntos controvertidos no hacen parte de sus funciones.

13. Los Registradores Distritales del Estado Civil explicaron que recibieron tres iniciativas para la revocatoria del mandato del Alcalde Mayor de Bogotá, siendo admitidas con Resoluciones 0023, 0024 y 0025 del 12 de febrero de 2017. Destacaron que su actuación se realizó dentro de los parámetros legales que orientan la inscripción de mecanismos de participación ciudadana, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley Estatutaria 1757 de 2015.

14. De los recursos interpuestos por el Alcalde contra las resoluciones por ellos emitidas, destacaron que es cierto que sus razones fueron desestimadas; sin embargo, aclararon que no existe mandato legal que imponga la obligación de notificar al alcalde de la decisión contenida en las mismas, por lo que no es posible hablar de vulneración al derecho de defensa y contradicción. Reiteraron que son de mero trámite los actos de reconocimiento a un promotor o vocero de una iniciativa, porque suponen una función exactamente igual a la que se despliega cuando se inscribe un candidato, asunto que ha sido zanjado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, de acuerdo con decisión de 18 de julio de 2013.

15. Del proceso de notificación de las Resoluciones informaron que la Ley 1757 de 2015 dispuso que las propuestas de mecanismos de participación ciudadana deben ser publicados en la página web de la entidad; igualmente, subrayaron que el Registrador Nacional del Estado Civil expidió la Resolución 4745 del 7 de junio de 2016, en la que reglamentó el procedimiento para el trámite de inscripción de promotores de mecanismos de participación ciudadana ante la Registraduría, ordenó la notificación a los voceros de las iniciativas ciudadanas, trámite que fue regulado por el Registrador Delegado en lo electoral mediante Circular 1 del 2 de enero de 2017, que indicó que dicho acto debe comunicarse al mandatario al quien se le pretende revocar el mandato.

16. Destacaron que cumplieron con las directrices sobre la materia y que notificaron a los voceros por la página web de la entidad y al Alcalde Mayor de Bogotá mediante comunicaciones de 16 de enero y 2 de mayo de 2017. Concluyeron que la Registraduría no tiene atribuciones para valorar los motivos invocados en una revocatoria, sumado a que el ordenamiento jurídico ni lo exige ni establece un procedimiento o norma en concreto para la sustentación a los promotores o voceros.   

17. El apoderado judicial del Consejo Nacional Electoral señaló que no ha vulnerado derecho fundamental alguno de al accionante porque la acción está encaminada a regular aspectos propios de la notificación de las decisiones que se adoptan en la actuación administrativa para el reconocimiento de los comités promotores, la creación de controles materiales para constatar el cumplimiento efectivo de los requisitos y un procedimiento de verificación de topes de financiación para los comités que impulsan las iniciativas.

18. Explicó que a la fecha el CNE no se ha decidido si regula o no los procedimientos de revocatoria del mandato, porque al ser un órgano colegiado requiere de la mayoría para tomar una decisión.  Aclaró que las competencias de control, vigilancia e inspección devienen de lo establecido en el artículo 265-6 de la Constitución Política, la Ley 1757 de 2015 y la Resolución 6245 de 2015, por lo que la Sala Plena presentó un proyecto para establecer el trámite de verificación de apoyos y exposición de motivos del mecanismo de participación ciudadana de revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores, mismo que fuera retirado el 17 de mayo de 2017 en cumplimiento de la recomendación del PGN.

19. Mencionó que una magistrada presentó un proyecto de resolución en la Sala celebrada el 24 de mayo de 2017, para resolver las solicitudes de intervención atinentes a la revocatoria del Alcalde de Bogotá pero fue derrotada, asignándose el asunto a un nuevo magistrado, por lo que a la fecha se encuentra en estudio el proyecto de borrador.

20. Concluyó que los magistrados del CNE están analizando cada una de las peticiones presentadas en relación con la revocatoria del Alcalde de Bogotá y de 107 municipios en los cuales no ha iniciado el trámite.

21. Gustavo Merchán Franco, vocero de la iniciativa ciudadana “Unidos revoquemos el mandato del alcalde mayor de Bogotá”, solicitó desestimar las pretensiones del accionante por no existir vulneración de sus derechos fundamentales ni cumplirse los requisitos para instaurarla como mecanismo transitorio.  Concluyó que la presentación de la iniciativa se hizo de buena fe, amparados en derechos y principios constitucionales.

22. Fredy Leonardo Puentes Díaz, vocero de la iniciativa “revocatoria del alcalde mayor de Bogotá”, citó jurisprudencia sobre los derechos políticos y su naturaleza fundamental. Respecto de la revocatoria del mandato aludió que es un derecho político propio de las democracias participativas y un mecanismo de control, para dar por terminado el mandato de un gobernante antes de que finalice su período institucional.

23. Advirtió que no existe vulneración porque no es cierto que el derecho a ser elegido sea absoluto sino que encuentra su limitación con el ejercicio de la revocatoria del mandato. Acotó que la defensa del accionante tampoco se ve conculcada con la solicitud porque será la ciudadanía quien defina en la consulta popular si puede culminar su período.

24. Sobre los topes de financiación explicó que el comité no ha terminado la recolección de apoyos y que cuentan hasta el 12 de julio para allegar el acopio suficiente a la Registraduría Distrital.  Concluyó que la tutela no es el mecanismo judicial idóneo para resolver la controversia suscitada porque el accionante puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa.

25. César Augusto González García, promotor de la revocatoria “Por un Bogotá mejor sin Peñalosa”, narró que presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción de tutela contra el CNE con pretensiones contrarias a las del alcalde.

26. De la vulneración al debido proceso explicó que el Alcalde ha contado con todas las garantías para ser escuchado en los trámites iniciados para la revocatoria de su mandato. Apuntó que el CNE lleva tres meses tratando de expedir la resolución que se ajuste a las necesidades del alcalde, pero la ausencia de un fundamento legal ha impedido que expida reglamentación sobre el tema.

27. Alegó que una resolución no puede modificar la Ley Estatutaria 1757 de 2015, al no tener el CNE atribuciones para proceder de conformidad e intervenir en las motivaciones de los comités.

28. Señaló que la ponencia derrotada en sesión del CNE destacaba que dicha autoridad carece de competencia para regular el asunto, por lo que el Alcalde puede solicitar una revocatoria directa o impugnar las resoluciones adversas a sus pretensiones.

29. El concejal Emel Rojas Castillo, representante del Grupo Significativo de Ciudadanos Libres; German Córdoba Ordoñez, Secretario General y representante del partido Cambio Radical;  Marco Fidel Ramírez Antonio, vocero del Partido Opción Ciudadana, coadyuvaron las pretensiones del accionante.

30. Explicaron que la interpretación que los Registradores del Estado Civil le han dado al marco normativo de la revocatoria no es adecuada ni se ajusta a los mandatos constitucionales, por lo que el alcalde debió ser convocado para pronunciarse sobre el contenido programático de su gobierno, gestión y cumplimiento del programa  y cotejo entre la solicitud y el programa. Argumentaron el vacío que existe en la legislación en torno a las revocatorias.

31. Álvaro Argote Muñoz, representante legal del Polo Democrático Alternativo, acotó que la solicitud del accionante no tiene fundamento legal ni constitucional porque puede controvertir los actos adversos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Destacó que debe prevalecer el derecho a la participación ciudadana, por lo que el instrumento de revocatoria es un derecho de los ciudadanos de la circunscripción electoral de Bogotá.

32. Holman Felipe Morris Rincón, Concejal de Bogotá por el Movimiento Progresistas, subrayó que la Ley 1757 de 2015 no le confiere competencia alguna al CNE para pronunciarse sobre la revisión del cumplimiento de requisitos relacionados con el trámite de revocatoria del mandato, por ser asunto de competencia exclusiva de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

33. Expuso que la acción se pretende la competencia del legislador estatutario y de la Corte Constitucional, en un claro ejercicio de extralimitación de funciones que amenaza el derecho fundamental a la participación ciudadana en punto del ejercicio de control político a los poderes públicos.

34. Concluyó que el acto administrativo emitido por la Registraduría es de trámite, por lo que no requiere notificación sino comunicación; sumado a ello, alegó que la revocatoria del mandato no vulnera el debido proceso porque es la ciudadanía quien en últimas, con su voto, respalda o no la permanencia del alcalde.

35. La representante legal del Partido Político Mira explicó que no ha vulnerado derecho alguno al demandante, por lo que peticionó ser desvinculados del trámite.

36. El Gerente Jurídico del Partido Liberal Colombiano solicitó conceder el amparo para suspender provisionalmente los actos administrativos de revocatoria del mandato para que el CNE reglamente los procedimientos que garanticen los derechos fundamentales de los elegidos. Observó que la revocatoria del mandato exige una reglamentación diferente porque vulnera los derechos de los alcaldes y gobernadores, quienes se ven directamente afectados con ellas. Dijo que convocar a nuevas elecciones afecta la soberanía popular que se materializa en el ejercicio del derecho político.  

37. De la Intervención de los ciudadanos[1]. Jorge Alejo Calderón Pinilla hizo varias precisiones legales y jurisprudenciales para señalar que debe probarse los motivos para solicitar la revocatoria del alcalde mayor, por ellos solicitó ordenar al CNE realizar un proceso de motivación para establecer si las solicitudes de revocatoria se ajustan a la verdad.

38. La Fundación para el Progreso de la Región Capital -PROBOGOTA-; el Comité Regional Capital -CRC-, integrado por gremios, asociaciones de profesionales e entidades de carácter cívico; la Cámara Colombiana de la Construcción -CAMACOL-; La Fundación Azul, expusieron su acuerdo con la gestión del Alcalde Mayor de Bogotá y solicitaron que se le garantice el derecho de defensa para que pueda ser escuchado, controvertir y objetar las pruebas en su contra.

39. Arguyeron que la falta de notificación de los actos administrativos vulneran los derechos del alcalde y los ciudadanos porque frente a ellos no se le permite ejercer sus derechos. Solicitaron al Tribunal que acceda a las pretensiones del accionante para que el CNE reglamente la revocatoria de los mandatarios.

40. Mauricio Barón Pinilla se opuso a la prosperidad de las pretensiones del accionante cuando explicó las razones por las que resultaba improcedente acceder a una reglamentación para el proceso de revocatoria.

41. Marco Javier Carvajal Gómez consideró que las motivaciones que tuvo para firmar la solicitud de revocatoria corresponden a la verdad. Dijo que el Alcalde cuenta con la vía de lo contencioso administrativo para atacar las decisiones de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

42. La Cámara de Comercio de Bogotá allegó un comunicado en el que califica de inaceptable impulsar procesos de revocatoria (i) a los pocos días de iniciada una administración, y (ii) sin sustento. Dijo que con ello se desconocen las acciones del Distrito para atender las metas del cuatrienio.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

43. Competencia: De conformidad con lo establecido en el artículo 86 Fundamental y el inciso 1º del artículo 1º del Decreto 1382/00, es competente la Corporación para conocer en primera instancia de la solicitud elevada por el accionante.

44. Problemas jurídicos: Corresponde a la Sala determinar si el CNE vulneró los derechos fundamentales del accionante (i) por no reglamentar el procedimiento para la presentacion de iniciativas de revocatoria del mandato; y, (ii) si la Registraduría Distrial incurrió en indebida notificacion del trámite de reconocimiento de voceros y/o promotores de las iniciativas.

45. Para obtener una mayor claridad del asunto a resolver, procederá la Sala a estudiar los derechos politicos en el contexto de la jurisprudencia internacional y nacional así como reglamentación.

46. Bloque de constitucionalidad, Constitución Política y derechos fundamentales. La Constitución Política de 1991, artículo 93, dio vía libre para que en Colombia se aplicará sin reservas el concepto «bloque de constitucionalidad»[2], que ha permitido la consolidación de una opinión jurisprudencial que entiende como parte del contenido normativo de la Constitución los tratados internacionales que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción[3].

47. A los más altos tribunales, Corte Suprema de Justicia[4], Consejo de Estado[5] y Corte Constitucional, se les reconocen los importantes aportes hechos en la consolidación del Estado social de derecho, tarea que ha permitido propender por la existencia de un orden justo en el que se de prevalencia a los derechos fundamentales, punto en el que la judicatura cumple un papel descollante.

48. Ello es así porque el juez, como representante de una autoridad independiente e imparcial que colabora armónicamente en la realización de los fines del Estado social de Derecho[6] no puede ser simple espectador, su misión va más allá de la de ser un mero árbitro regulador de las formas procesales, de donde le resulta imperativa la obligación de buscar la aplicación de una justicia material y, sobre todo, actuar como guardián del respeto de los derechos fundamentales, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad[7].


49. Control de Convencionalidad. Es bien sabido que la jurisprudencia de las instancias internacionales, encargadas de interpretar esos tratados, constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales[8].

50. Se ha reiterado por la jurisprudencia interamericana que cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos (Convención ADH), todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención ADH, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.

51. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, deben tener en cuenta no solamente el tratado sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), intérprete última de la Convención ADH[9].

52. De acuerdo con lo anterior, en Colombia los jueces[10] están en la obligación de posibilitar que recursos judiciales efectivos a las personas que aleguen ser víctimas de violaciones de derechos humanos, recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)[11].

53. Convención Americana de Derechos Humanos y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Convención ADH[12] consagra en su artículo 23 los Derechos Políticos y señala que:

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

54. en desarrollo de los preceptos superiores previstos en el Pacto de San José, particularmente en el caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala, sentencia del 25 de mayo de 2010, la Corte IDH señaló que

de conformidad con los artículos 23, 24, 1.1 y 2 de la Convención, el Estado tiene la obligación de garantizar el goce de los derechos políticos, lo cual implica que la regulación del ejercicio de dichos derechos y su aplicación sean acordes al principio de igualdad y no discriminación, y debe adoptar las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio…, considerando la situación de debilidad o desvalimiento en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales[13].

55. Los derechos políticos consagrados en la Convención ADH, así como en diversos instrumentos internacionales[14], propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político. En particular el derecho a una participación política efectiva implica que los ciudadanos tienen no sólo el derecho sino también la posibilidad de participar en la dirección de los asuntos públicos. Además se ha reconocido que el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención ADH[15].    

56. Por otro lado, en el caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, sentencia de 30 de junio de 2009, la Corte IDH dispuso que el derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad protege el acceso a una forma directa de participación en el diseño, implementación, desarrollo y ejecución de las directrices políticas estatales a través de funciones públicas. Por lo tanto, es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que dichos derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación[16].

57. En el caso Castañeda Gutmán vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia de 6 de agosto de 2008, destacó que el artículo 25.1 de la Convención ADH establece, en términos generales, la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales. Al interpretar el texto del artículo 25, la Corte IDH ha sostenido que la obligación del Estado de proporcionar un recurso judicial no se reduce simplemente a la mera existencia de los tribunales o procedimientos formales o aún a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad[17], es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de interponer un recurso, en los términos de aquel precepto. La existencia de esta garantía “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención ADH, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”[18]. Asimismo, conforme al artículo 25.2.b, los Estados se comprometen a desarrollar las posibilidades del recurso judicial.

58. A su vez, el deber general del Estado de adecuar su derecho interno a las disposiciones de dicha Convención ADH para garantizar los derechos en ella consagrados, establecido en el artículo 2, incluye la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma, así como la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen una violación a las garantías previstas en ella[19].

59. En razón de lo anterior, independientemente de si la autoridad judicial declarare infundado el reclamo de la persona que interpone el recurso por no estar cubierto por la norma que invoca o no encontrare una violación del derecho que se alega vulnerado, el Estado está obligado a proveer recursos efectivos que permitan a las personas impugnar aquellos actos de autoridad que consideren violatorios de sus derechos humanos previstos en la Convención ADH, la Constitución o las leyes. En efecto, el artículo 25 de la Convención ADH establece el derecho a la protección judicial de los derechos consagrados en ella, la Constitución o las leyes, el cual puede ser violado independientemente de que exista o no una violación al derecho reclamado o de que la situación que le servía de sustento se encontraba dentro del campo de aplicación del derecho invocado, porque la Convención ADH también consagra el derecho de acceso a la justicia[20].

60. Derechos políticos en una sociedad democrática. Los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental dentro del sistema interamericano. Se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados en la Convención ADH como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación y que, en conjunto, hacen posible el juego democrático. La Corte IDH destaca la importancia que tienen los derechos políticos y recuerda que el artículo 27 prohíbe su suspensión y la de las garantías judiciales indispensables para la protección de éstos[21].

61. Los derechos políticos consagrados en la Convención ADH, así como en diversos instrumentos internacionales[22], propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político. La referida Corte ha expresado que “la democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte”, y constituye “un ‘principio’ reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano”[23].

62. En el sistema interamericano la relación entre derechos humanos, democracia representativa y los derechos políticos en particular, quedó plasmada en la Carta Democrática Interamericana, aprobada en la primera sesión plenaria del 11 de septiembre de 2001, durante el Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. En dicho instrumento se subrayó que

son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos[24].

63. La Corte IDH considera que el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención ADH.

64. Contenido de los derechos políticos. El artículo 23.1 de la Convención ADH establece que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades, los cuales deben ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad: i) a la participación en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por representantes libremente elegidos; ii) a votar y a ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores; y iii) a acceder a las funciones públicas de su país.

          65. El artículo 23 contiene diversas normas que se refieren a los derechos de la persona como ciudadano, esto es, como titular del proceso de toma de decisiones en los asuntos públicos, como elector a través del voto o como servidor público, es decir, a ser elegido popularmente o mediante designación o nombramiento para ocupar un cargo público. Además de poseer la particularidad de tratarse de derechos reconocidos a los ciudadanos, a diferencia de casi todos los demás derechos previstos en la Convención ADH que se reconocen a toda persona, el artículo 23 no sólo establece que sus titulares deben gozar de derechos, sino que agrega el término “oportunidades”.

          66. Esto último implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos. Como ya lo señalara la Corte IDH anteriormente, es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación[25].

67. El artículo 23 de la Convención ADH debe ser interpretado en su conjunto y de manera armónica, de modo que no es posible dejar de lado el párrafo 1 de dicho artículo e interpretar el párrafo 2 de manera aislada, ni tampoco es posible ignorar el resto de los preceptos de la Convención ADH o los principios básicos que la inspiran para interpretar dicha norma.

68. Como ya se ha señalado por la jurisprudencia interamericana, el artículo 23 de la Convención ADH se refiere a los derechos de los ciudadanos y reconoce derechos que se ejercen por cada individuo en particular. El párrafo 1 de dicho artículo reconoce a todos los ciudadanos los derechos: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;  b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país[26].

69. Por su parte, el párrafo 2 del artículo 23 de la Convención ADH establece que la ley puede reglamentar el ejercicio y las oportunidades a tales derechos, exclusivamente en razón de la “edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”. La disposición que señala las causales por las cuales se puede restringir el uso de los derechos del párrafo 1 tiene como propósito único -a la luz de la Convención ADH en su conjunto y de sus principios esenciales- evitar la posibilidad de discriminación contra individuos en el ejercicio de sus derechos políticos.

70. Asimismo, es evidente que estas causales se refieren a las condiciones habilitantes que la ley puede imponer para ejercer los derechos políticos, y las restricciones basadas en esos criterios son comunes en las legislaciones electorales nacionales, que prevén el establecimiento de edades mínimas para votar y ser votado, ciertos vínculos con el distrito electoral donde se ejerce el derecho, entre otras regulaciones. Siempre que no sean desproporcionados o irrazonables, se trata de límites que legítimamente los Estados pueden establecer para regular el ejercicio y goce de los derechos políticos y que se refieren a ciertos requisitos que las personas titulares de los derechos políticos deben cumplir para poder ejercerlos.

71. Además de lo anteriormente mencionado, el artículo 23 convencional impone al Estado ciertas obligaciones específicas. Desde el momento en que el artículo 23.1 establece que el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos puede ejercerse directamente o por medio de representantes libremente elegidos, se impone al Estado una obligación positiva, que se manifiesta con una obligación de hacer, de realizar ciertas acciones o conductas, de adoptar medidas, que se derivan de la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción (artículo 1.1 de la Convención ADH) y de la obligación general de adoptar medidas en el derecho interno (artículo 2 de la Convención ADH).

72. Esta obligación positiva consiste en el diseño de un sistema que permita que se elijan representantes para que conduzcan los asuntos públicos. En efecto, para que los derechos políticos puedan ser ejercidos, la ley necesariamente tiene que establecer regulaciones que van más allá de aquellas que se relacionan con ciertos límites del Estado para restringir esos derechos, establecidos en el artículo 23.2 de la Convención ADH. Los Estados deben organizar los sistemas electorales y establecer un complejo número de condiciones y formalidades para que sea posible el ejercicio del derecho a votar y ser votado.

73. El Estado, en consecuencia, no sólo tiene la obligación general establecida en el artículo 1 de la Convención ADH de garantizar el goce de los derechos, sino que tiene directrices específicas para el cumplimiento de su obligación. El sistema electoral que los Estados establezcan de acuerdo a la Convención ADH debe hacer posible la celebración de elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Hay aquí, por lo tanto, un mandato específico al Estado en relación con la modalidad que debe escoger para cumplir con su obligación general de “garantizar” el goce de los derechos establecida en el artículo 1 de la Convención ADH, cumplimiento que, como lo dice en forma general el artículo 1.1, no debe ser discriminatorio.

74. En el ámbito de los derechos políticos la obligación de garantizar resulta especialmente relevante y se concreta, entre otros, en el establecimiento de los aspectos organizativos o institucionales de los procesos electorales, a través de la expedición de normas y la adopción de medidas de diverso carácter para implementar los derechos y oportunidades reconocidos en el artículo 23 de la Convención ADH.

75. Sin esa acción del Estado los derechos a votar y a ser votado, simplemente, no podrían ser ejercidos. Los derechos políticos y también otros previstos en la Convención ADH como el derecho a la protección judicial, son derechos que

no pueden tener eficacia simplemente en virtud de las normas que los consagran, porque son por su misma naturaleza inoperantes sin toda una detallada regulación normativa e, incluso, sin un complejo aparato institucional, económico y humano que les dé la eficacia que reclaman, como derechos de la propia Convención…, si no hay códigos o leyes electorales, registros de electores, partidos políticos, medios de propaganda y movilización, centros de votación, juntas electorales, fechas y plazos para el ejercicio del sufragio, éste sencillamente no se puede ejercer, por su misma naturaleza; de igual manera que no puede ejercerse el derecho a la protección judicial sin que existan los tribunales que la otorguen y las normas procesales que la disciplinen y hagan posible”[27].

76. Son éstas las bases que la jurisprudencia interamericana estima que no es posible aplicar al sistema electoral que se establezca en un Estado solamente las limitaciones del párrafo 2 del artículo 23 de la Convención ADH. Sin embargo, las medidas que los Estados adoptan con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos convencionales no están excluidas de la competencia de la Corte IDH cuando se alega una violación de los derechos humanos previstos en ella.

77. La participación política puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan individualmente u organizadas, con el propósito de intervenir en la designación de quienes gobernarán un Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, así como influir en la formación de la política estatal a través de mecanismos de participación directa.

78. Los ciudadanos tienen el derecho de participar activamente en la dirección de los asuntos públicos directamente mediante referendos, plebiscitos o consultas o bien, por medio de representantes libremente elegidos. El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos expresan libremente su voluntad y ejercen el derecho a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos pueden decidir directamente y elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán en la toma de decisiones de los asuntos públicos.

79. Por su parte, la participación política mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello.

80. El derecho y la oportunidad de votar y de ser elegido consagrados por el artículo 23.1.b de la Convención ADH se ejerce regularmente en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Más allá de estas características del proceso electoral (elecciones periódicas y auténticas) y de los principios del sufragio (universal, igual, secreto, que refleje la libre expresión de la voluntad popular), la Convención ADH no establece una modalidad específica o un sistema electoral particular mediante el cual los derechos a votar y ser elegido deben ser ejercidos[28].

81. La Convención ADH se limita a establecer determinados estándares dentro de los cuales los Estados legítimamente pueden y deben regular los derechos políticos, siempre y cuando dicha reglamentación cumpla con los requisitos de legalidad, esté dirigida a cumplir con una finalidad legítima, sea necesaria y proporcional; esto es, sea razonable de acuerdo a los principios de la democracia representativa[29].

82. Finalmente, el derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad protege el acceso a una forma directa de participación en el diseño, desarrollo y ejecución de las políticas estatales a través de funciones públicas. Se entiende que estas condiciones generales de igualdad están referidas tanto al acceso a la función pública por elección popular como por nombramiento o designación.

83. Los derechos políticos en la Constitución Política de 1991. La Constitución de 1991 adoptó el modelo de democracia participativa. Bajo este modelo se extendieron los espacios en los cuales los ciudadanos podían tener incidencia en la toma de decisiones. Especialmente, el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos ya no se limita a depositar su voto para elegir representantes, sino que pueden participar en otros múltiples espacios del poder político. Tal como ha expresado la jurisprudencia:

una de las características esenciales del nuevo modelo político inaugurado por la Constitución de 1991, consiste en reconocer que todo ciudadano tiene derecho no sólo a conformar el poder, como sucede en la democracia representativa, sino también a ejercerlo y controlarlo, tal y como fue estipulado en el artículo 40 constitucional[30].

84. Por su parte el artículo 40 de la Carta señala que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido. 

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. 

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública. 

85. Igualmente, la garantía de un procedimiento eficaz para el ejercicio de los derechos políticos deriva del artículo 2 de la Constitución, precepto en el que se determina que uno de los fines del Estado es la efectividad de los derechos constitucionales. Por lo tanto, los procesos que hacen inocuos los derechos no resultan acordes a este dictado de la Carta Política y se oponen a los estándares internacionales que prohíben su limitación[31].

86.  La jurisprudencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha reconocido el carácter fundamental de los derechos políticos. Por ejemplo, la sentencia T-469/92, señaló que el derecho político es un derecho fundamental en una democracia representativa.

87. Así mismo, la sentencia T-045/93, que se ocupó del derecho a la representación, precisó que los derechos políticos son fundamentales:

Los derechos políticos de participación, consagrados en el artículo 40 de la Carta, y dentro de los cuales se encuentra el de "elegir y ser elegido", hacen parte de los derechos fundamentales de la persona humana. Los derechos de participación en la dirección política de la sociedad constituyen una esfera indispensable para la autodeterminación de la persona, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo (negrilla propia).


88. Además, la adopción de tratados internacionales que consignan derechos políticos ha confirmado el carácter de fundamental de tales prerrogativas. Así se expuso en la sentencia T-050/02:

Por lo expuesto es claro para la Sala que la esencia misma de nuestro sistema democrático se encuentra en el ejercicio libre de los derechos políticos consagrados en la Constitución, así como en instrumentos internacionales suscritos y ratificados por nuestro país ( artículo 21.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), y cuya naturaleza de Derechos Fundamentales ha sido reconocida ampliamente en la jurisprudencia de esta Corte (negrilla del texto original).


89. En el mismo sentido, la sentencia T-1337/01, sostuvo:

La Corte ha sostenido que los derechos políticos de participación son derechos fundamentales, y por tanto, pueden llegar a ser protegidos a través de la tutela[32], especialmente porque “los derechos de participación en la dirección política de la sociedad constituyen una esfera indispensable para la autodeterminación de la persona, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo”.

90. Más recientemente, la Corte Constitucional, en sentencia C-329/03, reiteró la ius fundamentalidad de los derechos políticos de participación, así:

La participación se establece en el ordenamiento constitucional colombiano como principio y fin del Estado, influyendo no solamente dogmática, sino prácticamente, la relación que al interior del mismo, existe entre las autoridades y los ciudadanos, en sus diversas órbitas como la económica, política o administrativa[33]. En atención a dichos postulados, el Constituyente, dentro del Título de los derechos fundamentales en la Constitución, dedicó a los derechos  políticos un artículo especial, tornándose así expresa la relevancia que en el marco institucional tiene la participación política de los ciudadanos.


         91. En la sentencia SU-221/15 la Corte Constitucional señaló que los derechos políticos son, ante todo, herramientas para el debate y toma de decisiones en materia política, que deben ser usadas para “propender al logro y el mantenimiento de la paz”, como lo establece el artículo 92 de la Constitución.

En relación con los presupuestos de la democracia representativa, los derechos políticos giran alrededor de la elección de representantes, en tanto, será a través de ellos que se exprese la voluntad ciudadana. Así pues, son especialmente importantes los derechos a elegir, a ser elegido, y a conformar partidos políticos, consignados en el artículo 40 de la Constitución. Y en la democracia participativa que busca involucrar en otras instancias a la ciudadanía, aparecen más vías para expresar la opinión política y ejercer las funciones generales de conformación y control del poder político, tales como tomar parte en las elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación. De hecho, según la jurisprudencia constitucional: En la democracia participativa el pueblo no sólo elige sus representantes, por medio del voto, sino que tiene la posibilidad de intervenir directamente en la toma de ciertas decisiones, así como la de dejar sin efecto o modificar las que sus representantes en las corporaciones públicas hayan adoptado, ya sea por convocatoria o por su propia iniciativa, y la de revocarle el mandato a quienes ha elegido.

Lo anterior impone una carga al Estado de garantizar la existencia de canales que permitan las deliberaciones y expresiones políticas, de la democracia representativa y participativa, así como el deber de asegurar al máximo que esa voluntad popular se construya en debida forma. Dicha responsabilidad implica garantizar instrumentos para que la ciudadanía exprese su opinión y sea posible leer aquella voluntad general, así como brindar condiciones específicas en el acceso, información y ejercicio de cada uno de tales derechos.

92. En sentencia T-066/15, la Corte Constitucional reiteró los precedentes y explicó que entre los derechos políticos se encuentra el de revocatoria del mandato:

Los derechos políticos son instrumentos con los que cuentan los ciudadanos para incidir sobre la estructura y el proceso político de los cuales hacen parte. Son potestades que surgen en razón de su calidad de ciudadanos. Como señala la doctrina, los derechos políticos son las “titularidades de las que se desprenden los mecanismos por medio de los cuales la ciudadanía se ejerce.” El alcance de los derechos políticos depende, entre otros aspectos, de la forma de gobierno adoptada por cada Estado. Conforme a una de las definiciones más tradicionales y aceptadas en la ciencia política, los derechos políticos en los sistemas democráticos deben permitir, como mínimo, que los ciudadanos elijan a sus gobernantes en elecciones periódicas y competitivas. No obstante, ésta es una definición minimalista de democracia que pretende distinguir entre democracias y regímenes autoritarios. Sin embargo, no da cuenta de que en realidad existen distintos tipos de democracia, a los cuales corresponde ámbitos más o menos amplios de protección de los derechos políticos.

93. La revocatoria del mandato. Aspectos normativos. La revocatoria del mandato tiene fundamento en los artículos 40, 103 y 259 de la Constitución Política de Colombia, así como en las Leyes 134 de 1994, 131 de 1994 y 741 de 2002. En la Ley 134 de 1994 se define la revocatoria del mandato como un derecho político a través del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato de un Gobernador o Alcalde.

94. De acuerdo con la Corte Constitucional, la revocatoria del mandato consiste en la posibilidad con la que cuenta el pueblo de responsabilizar políticamente el incumplimiento de aquello que haya prometido determinado candidato y por lo cual fue elegido. De esta manera, los ciudadanos pueden hacer valer la promesa realizada por los elegidos en su campaña política[34].

95. Por su parte, la Ley 1757 de 2015 modifica algunas disposiciones frente al trámite de la revocatoria del mandato en relación con lo que ya había estipulado la Ley 134 de 1994. Puntualmente se requiere ahora el apoyo de un 30% del total de votos obtenidos por el mandatario y procede siempre que hayan transcurrido 12 meses contados a partir el momento de posesión y no faltare menos de un año para la finalización del período del cargo.

96. Desarrollo Jurisprudencial. La revocatoria es una oportunidad para pronunciarse respecto al mandato concedido al gobernante. Como señaló la Corte en la sentencia C-179/02, la revocatoria es un mecanismo

para la verificación del cumplimiento del programa de gobierno propuesto a los electores… (que permite al ciudadano, manifestarse de forma directa) a través del voto para rechazar la gestión ineficiente de la autoridad política local.


97. También se entiende que la revocatoria puede servir para apoyar la gestión de un gobernante, cuando el resultado de las urnas muestra que la ciudadanía quiere que el Alcalde o Gobernador continúe en el ejercicio de su cargo.

98. Refiriéndose a la aptitud de este mecanismo para materializar el control de la administración, la sentencia T-1037/10 señaló:

De lo reiterado, es evidente que la Constitución propugna por la existencia de espacios democráticos en distintos ámbitos; de todos, quizá el más problemático es el político ya que en éste confluyen las diversas fuerzas que buscan controlar el poder y todo lo que ello implica. En este aspecto, por definición no solo en el tema electoral sino en el desarrollo diario de la gestión de los gobernantes, siempre habrá conformes e inconformes, circunstancia ante la cual la Constitución contempla, entre otros, el mecanismo de la revocatoria del mandato, herramienta por medio de la cual se puede materializar el ejercicio de su control.

99. En sentencia T-066/15 acotó que la revocatoria del mandato es un derecho político propio de las democracias participativas, y a la vez, un mecanismo de control político en la cual un número determinado de ciudadanos vota para dar por terminado el mandato de un gobernante, antes de que finalice su periodo institucional.

100. A través de este mecanismo de participación se busca que los ciudadanos puedan controlar el mandato dado a sus gobernantes en las elecciones. En esa medida, en la revocatoria del mandato confluyen elementos propios de la democracia representativa y de la democracia participativa, en tanto la ciudadanía incide de forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de sus cargos cuando consideran que no han ejercido debidamente la representación que le han conferido previamente. Para Norberto Bobbio este mecanismo acercaba a los sistemas democráticos a un sistema de democracia directa. Al respecto, dijo:

Un sistema democrático caracterizado por representantes revocables es -en cuanto supone representantes- una forma de democracia representativa, pero en cuanto estos representantes son revocables, se acerca a la democracia directa[35].

101. Por su parte la Corte Constitucional en sentencia C-180/94 explicó que la revocatoria es tal vez uno de los derechos políticos de mayor repercusión para hacer realidad la verdadera democracia participativa, que postula el artículo 1º de la Carta Política, por cuanto otorga  a los electores un importante poder de control sobre la conducta de sus representantes, con lo que establece un nexo de responsabilidad entre estos y su base electoral.

Al residir la soberanía en el pueblo, como así lo establece el artículo 3º de la Constitución, éste otorga un mandato programático a sus elegidos, cuya efectividad dependerá de haberse hecho explícito aquello a lo cual se compromete a defender y por cuyo incumplimiento sus electores pueden llamarlo a exigirle "cuentas" por sus acciones u omisiones y en tal caso, revocarle el mandato.


De ahí que quienes tienen derecho, jurídica y políticamente a revocar un mandato, sean las mismas personas que lo confirieron u otorgaron. No quienes son ajenos a la relación establecida, que en este caso es la de elector-elegido. El derecho a revocar el mandato forma parte no sólo de uno de los mecanismos de participación ciudadana de mayor importancia, sino que además tiene la naturaleza de un derecho fundamental de origen constitucional atribuido a todo ciudadano con miras a que pueda participar en la conformación, ejercicio y ante todo, en el control del poder político. La revocatoria del mandato es la consecuencia lógica del derecho de participación del ciudadano en el ejercicio del poder, como quiera que este conserva el derecho político de controlar al elegido durante todo el tiempo en que el mandatario ejerza el cargo.

102. Los derechos políticos se regulan por Ley Estatutaria. La Constitución Política de Colombia en su artículo 103 señala que son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.

103. Y el artículo 152 estableció que mediante leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias:

a. Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección;

b. Administración de justicia;

c. Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto de la oposición y funciones electorales;

d. Instituciones y mecanismos de participación ciudadana;

e. Estados de excepción.

f. Adicionado por el art. 4, Acto Legislativo 2 de 2004. La igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República que reúnan los requisitos que determine la ley.

g. Adicionado por el art. 2, Acto Legislativo 2 de 2012. Las materias expresamente señaladas en los artículos 116 y 221 de la Constitución, de conformidad con el presente acto legislativo.

104. Función reglamentaria del Consejo Nacional Electoral. En sentencia C-307/04, la Corte Constitucional explicó que la potestad reglamentaria que constitucionalmente tienen asignada ciertos órganos constitucionales se limita a aquellos ámbitos expresamente mencionados en la Constitución, sin que por consiguiente, respecto de determinadas materias sea posible afirmar la concurrencia de dos competencias reglamentarias, la general propia del Presidente del República y la especial, que sin estar expresamente atribuida, se derivaría del carácter autónomo del órgano que la ejerce. De acuerdo con la Constitución las competencias reglamentarias especiales son aquellas expresamente conferidas por la Constitución y por fuera de ese ámbito, la potestad reglamentaria para cumplir las leyes corresponde al Presidente de la República.

105. Y respecto a las funciones del CNE previstas en el artículo 265 de la Constitución, en materia reglamentaria de la ley, acotó en dicha sentencia que de manera expresa solamente se encuentra la enunciada en el numeral noveno, conforme a la cual le corresponde

reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación del Estado.

106. De manera especial y temporal, y para una vigencia limitada, el Acto Legislativo Nº 1 de 2003, en el parágrafo transitorio, dispuso para el artículo 263 de la Constitución, facultó al CNE para que de manera supletiva, en los limitados términos allí establecidos, expidiera la reglamentación que debe adoptar la ley en relación con el sistema electoral regulado en esa disposición superior.  

107. De este modo, formalmente la competencia reglamentaria del CNE se restringe a lo previsto en el numeral noveno del artículo 265 de la Constitución. En lo demás, el CNE de conformidad con el numeral cuarto del artículo 265, está habilitado para presentar proyectos de acto legislativo y de ley, razón por la que le corresponde servir como órgano consultivo del Gobierno y puede recomendar proyectos de decreto.

108. Claramente se aprecia que la Constitución ha preservado, en materia electoral, la competencia reglamentaria del Gobierno y que al CNE apenas si le corresponde servir de cuerpo consultivo del gobierno y recomendar proyectos de decreto, sin que pueda la ley, por consiguiente, atribuirle una competencia reglamentaria distinta de las expresamente previstas en la Constitución.

109. Ello no obsta, sin embargo, para que la ley autorice al CNE a expedir disposiciones reglamentarias indispensables para el cabal ejercicio de la función electoral, siempre que tal facultad se entienda circunscrita a la regulación de aspectos técnicos y de mero detalle[36].

110. Ausencia de Reglamentación del Consejo Nacional Electoral. La pretensión principal del accionante es que el CNE reglamente el proceso de iniciativas para revocatorias del mandato y expida una Resolución en la que se determine: (i) la necesidad de notificar a los gobernantes de la actuación administrativa para revocatoria de su mandato; (ii) que se creen controles materiales para constatar de manera efectiva los motivos de solicitud de la iniciativa; y, (iii) que se reglamente el procedimiento de verificación de los topes de financiación por parte de los comités que impulsan las iniciativas.

111. Su argumento se centra en señalar que la falta de reglamentación vulnera sus garantías porque no ha podido ejercer el derecho de defensa frente a las iniciativas de revocatoria presentadas, las que a su juicio, no tienen asidero porque su exposición de motivos no refleja la realidad, sumado a que el proceso de verificación de requisitos que hace la Registraduría Distrital es meramente formal.

112. Preliminarmente, dirá la Sala que la función reglamentaria del CNE no puede limitar o condicionar los Derechos Políticos, porque cualquier normatividad que se expida debe cumplir con los requisitos de legalidad, proporcionalidad, necesidad, amén de perseguir un fin legítimo, para que sea razonable y coherente con los principios que rigen la democracia representativa y el derecho internacional de los derechos humanos.

113. En el caso específico de los derechos políticos, el artículo 23 de la Convención ADH regula las limitaciones máximas a las que estos pueden ser sometidos, con la finalidad de no desconocer su núcleo esencial, de donde refulge que el Estado no puede imponer cargas y limitar derechos fundamentales so pretexto de proteger otros principios que considere legítimos sin hacer una correcta aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad. No es suficiente con expedir normas si la práctica conduce a que se impide la efectiva materialidad, el goce y el pleno ejercicio de estos derechos.

114. Para la Sala no es posible, entonces, por la vía constitucional, ordenar al CNE que altere las reglas del juego democrático y mediante una reglamentación haga nugatorios los derechos ciudadanos y se atente contra el principio de confianza legítima.

115. Una vez se han iniciado los trámites de revocatoria, la modificación de la reglas existentes, no sería otra cosa diferente a violentar derechos fundamentales de quienes se someten al juego democrático.

116. No se olvide que la democracia se caracteriza por mantener vigentes y sin sobresaltos los preceptos que consagran los derechos políticos. El ejercicio efectivo de éstos derechos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental para que las sociedades democráticas garanticen otros derechos, como lo es, peticionar la revocatoria del mandato cuando se satisfacen las exigencias previstas en la norma, actuación que desplegaron los voceros de los grupos de ciudadanos que hasta ahora han acudido ante la autoridad competente.

117. Ahora, bien la improsperidad de la presenta acción también deviene del estudio previo que asumió el CNE, quien en respuesta al requerimiento elevado con motivo de esta demanda, manifestó que estudia si regula o no los procedimientos de revocatoria del mandato, dada la potestad que por ley le ha sido concedida; sin embargo, acotó que a la fecha no ha emitido un pronunciado de fondo.  

118. Del trámite que adelanta dijo el órgano electoral que por recomendación de la PGN retiró un primer proyecto e inicio el estudio individualizado o particular de cada una de las solicitudes de revocatoria. Destacó que el 24 de mayo de 2017 presentó un proyecto de resolución para resolver lo atinente al Alcalde Mayor de Bogotá, siendo derrotada la ponencia, por lo que será un nuevo magistrado quien defina la situación.

119. Para el Tribunal es claro que el debate de la presente acción gira sobre un problema jurídico que en principio compete al CNE, autoridad que en la actualidad estudia la situación aquí planteada, por lo que dado el carácter excepcional y residual de esta acción constitucional, teniendo en cuenta que está prohibido su ejercicio como mecanismo paralelo, alterno o complementario a los medios ordinarios consagrados en el ordenamiento jurídico, resulta improcedente la tutela para zanjar dicha disputa.

120. No sobra agregar, en todo caso, que el CNE tiene una función reglamentaria limitadísima y que, cualquier actividad desplegada en tal sentido, no le permite asumir competencias que no le corresponden porque, por ejemplo, cuando se trata de derechos fundamentales, y tal calificación tienen los derechos políticos, existe una reserva constitucional claramente definida a favor del legislador estatutario.

121. Tampoco sobra destacar que de conformidad con la sentencia C-307/04, la Registraduría carece de potestad reglamentaria debido a que en la Constitución nada se dice sobre el particular. Le corresponde sí, con subordinación a la ley y a los reglamentos, expedir las disposiciones administrativas de carácter general necesarias para el cabal cumplimiento de su función de dirigir y organizar las elecciones (Constitución Política, art. 266), pero tales disposiciones administrativas tienen, como se ha señalado, un carácter residual y subordinado.

122. De ahí que razón le asiste a los Registradores Delegados cuando anunciaron que no procede reglamentar los requisitos de las iniciativas de revocatoria del mandato ni valorar los motivos que invocan los promotores, porque serán los ciudadanos, quienes en ejercicio de la consulta popular definirán si se revoca a quien fue elegido como alcalde o gobernador y, con ello, calificarán si las razones presentadas por los promotores encuentran sustento[37].

123. Así las cosas no es válido pretender que la exposición de motivos que sustenta la propuesta se fundamente en estudios completos, al estilo de tesis doctorales o de maestría, porque dicho requisito no está contemplado en el ordenamiento jurídico ni existe un procedimiento concreto que así lo determine. Si ello fuese así ninguna posibilidad existiría de convocar a un proceso revocatorio.

124. Para la Sala el estudio que realizó la Registraduría se sustenta en las normas vigentes que regulan la materia y no resulta vulneratorio de los derechos fundamentales del accionante.

125. La precedente exposición permite concluir que al accionante no se le han vulnerado sus derechos fundamentales, motivo suficiente para declarar la improcedencia de la demanda de amparo.

126. Motivos adicionales de improcedente de la acción. La acción de tutela invocada es improcedente adicionalmente por las siguientes razones:

127. Existencia de otros mecanismos de defensa: la acción de cumplimiento. El accionante cuenta con otro mecanismo de protección efectivo, como lo es la acción de cumplimiento consagrada en el artículo 87 de la Constitución.

128. La referida acción permite a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, acudir ante la autoridad judicial

para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter.

129. De esta manera, dicha acción

se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes -en sentido formal o material- y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo.

130. Así las cosas, y en gracia de discusión, si existe una omisión por parte del CNE, bien puede reclamarse el cumplimiento de la función incumplida a través de esta vía.

131. Sin embargo, reitera la Sala que el asunto es objeto de debate en el CNE, entidad que al expedir la reglamentación reclamada, en todo caso debe asegurarse de no extralimitarse en el ejercicio de sus funciones porque, se insiste, toda reglamentación de los derechos políticos está reservada expresa y exclusivamente al ejercicio de la función legislativa por vía de leyes estatutarias.

132. Derecho de defensa por ausencia de notificación del trámite administrativo. Sobre el particular dígase que la Ley 1757 de 2015 reguló el procedimiento de revocatoria del mandato. Previó  en su artículo 7 que el registrador correspondiente asignará un número consecutivo de identificación a las propuestas de origen popular sobre mecanismos de participación ciudadana, con el cual indicará el orden en que estos han sido inscritos y la fecha de su inscripción.

133. En el registro se tendrá en cuenta si la propuesta hace referencia a la convocatoria a un referendo, a una iniciativa legislativa o normativa, a una consulta popular de origen ciudadano o a la revocatoria de un mandato, el cual será publicado en la página web de la entidad.

134. Dicho trámite de notificación fue reiterado por el Registrador Nacional del Estado Civil en la Resolución 4745 de 7 de junio de 2016, por la cual reglamentó el procedimiento para el trámite de Inscripción de Promotores de los Mecanismos de Participación Ciudadana ante la Registraduría del Estado Civil, previendo en su artículo 6 que la resolución por medio de la cual se reconoce al vocero de la iniciativa y la inscripción del Promotor o Comité Promotor se publicará en la página web de la entidad.

135. Por su parte, el Procurador Delegado en lo Electoral, mediante circular 1 de 2 de enero de 2017, dispuso que los registradores comunicaran la resolución de reconocimiento de promotores no solo al PGN sino al mandatario sujeto a la revocatoria.

136. En el sub examine, de acuerdo con los documentos aportados a la actuación, se tiene que la Registraduría Distrital, cuando reconoció a los promotores de tres iniciativas para revocatoria del mandato mediante Resoluciones 0023, 0024 y 0025 del 17 de enero de 2017, procedió a la notificación personal de los interesados[38], con lo que dio estricto cumplimiento a los preceptos que gobiernan el asunto.

137. También observa la Sala que con oficio de 17 de enero de 2017, los Registradores Distritales informaron al accionante Peñalosa Londoño de la inscripción y reconocimiento de las tres revocatorias[39], obedeciendo así las normas que regulan la materia.

138. Tan evidente es lo dicho que el propio Alcalde Mayor, interesado en que no se le revoque el mandato, interpuso los recursos contra las citadas resoluciones, permitiéndose de esa manera que desplegara su derecho de defensa y controversia, aunque fueron negados por falta de razones o motivos legales.

139. La actuación aquí detallada permite concluir que, contrario a lo señalado por el accionante, ninguna vulneración existe a su derecho de defensa porque la Registraduría con fundamento en el principio de publicidad, permitió al Alcalde Mayor conocer las actuaciones de la Administración y ser informado oportunamente de las iniciativas ciudadanas, quienes en ejercicio de sus derechos políticos solicitaron la revocatoria de su mandato. Así las cosas, el accionante ha tenido la oportunidad de ejercer sus derechos fundamentales, especialmente de defensa y contradicción, por lo que ningún desconocimiento de las garantías se ha presentado en el trámite cuestionado.

140. Acciones contencioso administrativas. La codificación nacional también permite que toda inconformidad que exista contra los actos, acciones, operaciones o hechos de la administración, puedan ser objeto de controversia ante los jueces y tribunales que integran la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

141. Por ello, en el evento en que el accionante mantenga su inconformidad con las Resoluciones 0023, 0024 y 0025 de 17 de enero de 2017 emitidas por los Registradores Distritales, o frente a cualquier otro pronunciamiento de autoridades administrativas referido a la revocatoria de su mandato, puede hacer uso de las acciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

142. Dicha legislación también constituye un instrumento expedido para la protección de los derechos del accionante. Recuérdese que en la referida codificación se prevé que con la demanda se pueden solicitar medidas cautelares, y que la oralidad que la gobierna fue dispuesta para imprimirle la mayor celeridad posible a las controversias de los particulares frente al Estado.

143. Siendo así, como en efecto lo es, es improcedente la presente acción porque el juez del amparo no puede desconocer la presunción de legalidad que protege los actos administrativos.

144. Conclusión. Así las cosas, la Sala concluye que por encontrarse en trámite el procedimiento iniciado ante el CNE, existir otras vías idóneas para solventar las alegaciones, y no emerger vulneración algunas de los derechos fundamentales del accionante, improcedente resulta la acción propuesta.


DECISIÓN:


A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,


RESUELVE:


1º.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta por el ciudadano Enrique Peñalosa Londoño contra el Consejo Nacional Electoral.


2º.- ANUNCIAR que contra esta sentencia procede impugnación.


3º.- ENVIAR la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en el supuesto de no promoverse el recurso de impugnación.


4º.- NOTIFICAR la providencia a las partes por el medio más expedito.


Cópiese y cúmplase.

Alberto Poveda Perdomo
Luis Fernando Ramírez Contreras
Ramiro Riaño Riaño








[1] Se mencionan las alegaciones allegadas al Despacho del ponente hasta la tarde del 2017/06/05, momento en que se terminó de elaborar el proyecto de fallo.
[2] La Corte Constitucional utilizó la expresión por primera vez en la Sentencia C-225/95, estableciendo que la Constitución y los tratados de derechos humanos están al mismo nivel de jerarquía y fuerza normativa. Cfr. Eudoro Echeverri Quintana, «Aproximación al bloque de constitucionalidad», en Alé-Kumá, números 25-26, Medellín, Universidad Cooperativa de Colombia, septiembre 2005 - abril 2006, p. 54-79.
[3] Véase Corte Constitucional, Sentencias C-358/97 y C-774/01..
[4] Se recuerda que sus providencias tienen fuerza normativa, la que proviene (1) de la autoridad otorgada constitucionalmente al órgano encargado de establecerla y de su función como órgano encargado de unificar la jurisprudencia ordinaria; (2) de la obligación de los jueces de materializar la igualdad frente a la ley y de igualdad de trato por parte de las autoridades; (3) del principio de la buena fe, entendida como confianza legítima en la conducta de las autoridades del Estado; (4) del carácter decantado de la interpretación del ordenamiento jurídico que dicha autoridad ha construido, confrontándola continuamente con la realidad social que pretende regular (Corte Constitucional, Sentencia C-836/01).
[5] Recientemente declaró como “evidente que la autoridad llamada a definir la imposición de los efectos negativos que prevé una disposición legal, está obligada a desentrañar la finalidad, el “thelos” que llevó al legislador a efectuar la respectiva regulación. No atender a su teleología implica que la potestad otorgada no se emplee para el objeto previsto” (C. de E., Sala de lo Cont. Adtivo., Sec. Quinta, Sentencia de 4 de julio de 2013, rad. 11001-03-28-000-2010-00027-00.
[6] El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas destaca que la Corte Suprema de Justicia ha demostrado una gran independencia respecto del Ejecutivo, lo que ha sido ampliamente valorado, situación que ha llevado a que sus integrantes hayan sido atacados públicamente por las más altas autoridades del Estado, lo que algunos abogados entrevistados entienden como un intento de socavar su independencia. Cfr. Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (Adición). Misión A Colombia (1º a 10 de octubre de 2008). Presentado el 16 de febrero de 2009. Doc. A/HRC/10/21/Add.3, párr. 7. Véase en http://www2.ohchr.org/spanish/issues/detention/index.htm (12/03/2011).
[7] C.S.J., S. Penal, auto de 11 de julio de 2007, rad. 26945, Ms. Ps. Ramírez Bastidas - Socha Salamanca y Corte Constitucional, Sentencia C-591/05.
[8] Corte Constitucional, Sentencia C-010/00.
[9] Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, Sentencia de 26 de septiembre de 2006; Caso Rosendo Cantú y otra versus México, Sentencia de 31 de agosto de 2010, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña versus Bolivia, Sentencia de 1 de septiembre de 2010.
[10] En el proceso evolutivo de la jurisprudencia de la Corte IDH se tiene actualmente que la doctrina del control de convencionalidad se extiende a “todos los órganos del Estado”. De acuerdo con ello, el legislador, el poder ejecutivo y los demás órganos, están en la obligación de vigilar que las normas internas con contravengan a la Convención ADH (Cfr. Corte IDH, caso Cabrera García y Montiel Flores, Sentencia de 26 de noviembre de 2010, y el voto razonado del juez Ad Hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor)
[11] El precepto de la Convención ADH en lo sustancial coincide con la previsión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 25:
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
[12] Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez versus Honduras, Sentencia de 26 de junio de 1987; Caso De la Masacre de Las Dos Erres versus Guatemala, Sentencia de  24 de noviembre de 2009; y Caso Chitay Nech y otros versus Guatemala, Sentencia de 25 de mayo de 2010.
[13] Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 201.  Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 89; Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002, párr. 46, y Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 25, Comentarios generales adoptados por el Comité de Derechos Humanos, Artículo 25 - La Participación de los asuntos públicos, el derecho al voto. HRI/GEN/1/Rev.7 at 194(1996).
[14] Cfr. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XX); Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 21); Protocolo No. 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 3); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25); Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23); Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (“Carta de Banjul”) (artículo 13); y Carta Democrática Interamericana (artículos 2, 3 y 6), infra nota 112.
[15] Cfr. Organización de los Estados Americanos (en adelante “OEA”). Carta Democrática Interamericana. Aprobada en la primera sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, celebrada el 11 de septiembre de 2001 durante el Vigésimo Octavo Periodo Extraordinario de Sesiones, artículo 3. Reconoce que: [s]on elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”, y Consejo de Derechos Humanos. Documento de antecedentes de la experta independiente en cuestiones de minorías, Sra. Gay McDougall sobre las minorías y su participación política efectiva. A/HRC/FMI/2009/3 de 8 de octubre de 2009. Foro sobre cuestiones de minorías. Ginebra, 12-13 de noviembre de 2009, párr. 1.
[16] Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 195.
[17] Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 191; Caso del Pueblo Saramaka, supra nota 6, párr. 177; y Caso Yvon Neptune, supra nota 19, párr. 77. Ver también Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 24.
[18] Cfr. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párr. 82; Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 192; y Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 131.
[19] Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 207; Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 57; y Caso Salvador Chiriboga, supra nota 6, párr. 122.
[20] Cfr. Caso Cantos Vs. Argentina. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de septiembre de 2001. Serie C No. 85, párr. 52.
[21] Cfr. La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 34; y Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 191.
[22] Algunos de estos instrumentos internacionales son: Carta Democrática Interamericana (artículos 2, 3 y 6); Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XX); Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 21); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25) de 1993; Protocolo No. 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 3); y Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos “Carta de Banjul” (artículo 13).
[23] Cfr. La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humano, supra nota 49, párr. 34.
[24] Cfr. Organización de los Estados Americanos. Carta Democrática Interamericana. Aprobada en la primera sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, celebrada el 11 de septiembre de 2001 durante el Vigésimo Octavo Periodo de Sesiones, artículo 3.
[25] Cfr. Caso Yatama, supra nota 49, párr. 195.
[26] Cfr. Castañeda Gutmán vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia de 6 de agosto de 2008, párrs. 144 a 150.
[27] Cfr. Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986. Serie A No. 7, Opinión Separada del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, párr. 27.
[28] Cfr. Castañeda Gutmán vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia de 6 de agosto de 2008, párr. 197.
[29] Cfr. Caso Yatama, supra nota 49, párr. 207.
[30] Corte Constitucional, sentencia T-358/02.
[31] El Estado colombiano, a través de los jueces y demás asociados, por estar fundado en el respeto de la dignidad humana (artículo 1º de la Constitución) y tener como fines garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes (artículo 2º), tiene la obligación de preferir, cuando existan dos interpretaciones posibles de una disposición, la que más favorezca la dignidad humana. Esta obligación se ha denominado por la doctrina y la jurisprudencia “principio de interpretación pro homine” o “pro persona”. A este principio se ha referido esta Corporación en los siguientes términos: “El principio de interpretación , impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional”. Éste es entonces un criterio de interpretación que se fundamenta en las obligaciones contenidas en los artículos 1° y 2º de la Constitución antes citados y en el artículo 93, según el cual los derechos y deberes contenidos en la Constitución se deben interpretar de conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia. En lo que tiene que ver con los derechos, los mencionados criterios hermenéuticos se estipulan en el artículo 5° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 29  de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adicionalmente, se debe afirmar que estos criterios configuran parámetro de constitucionalidad, pues impiden que de una norma se desprendan interpretaciones restrictivas de los derechos fundamentales. El principio pro persona, impone que “sin excepción, entre dos o más posibles análisis de una situación, se prefiera [aquella] que resulte más garantista o que permita la aplicación de forma más amplia del derecho fundamental”. Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-438/13.
[32] La sentencia T-1337/01 hace la siguiente cita: “Especialmente las sentencias T-439/92 y T-45/93.
[33] La sentencia citada hace la siguiente nota: “Al respecto, ver entre otras, las Sentencias C-089/94,  C-1338/00 y  C-393/02.
[34] Corte Constitucional, sentencia C-150/15.
[35] Norberto, Bobbio (1984). El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económica.
[36] Sentencia C-089/84. En esa Sentencia, la Corte examino la constitucionalidad del proyecto de la Ley Estatutaria por medio de la cual se expidió el Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos Políticos y señaló que la exequibilidad de la facultad contenida en el artículo 10 del proyecto conforme a la cual correspondía al Consejo Nacional Electoral reglamentar las consultas internas de los partidos se condicionaba al entendido de que se entendiera que tal reglamento se refiere a aspectos de detalle y de mera ejecución en aspectos técnicos. Esa competencia reglamentaria residual, eminentemente técnica podría predicarse también de la facultad contenida en la Ley 130 de 1994 de reglamentar anualmente la distribución de los previstos en la ley para la financiación de los partidos.  
[37] Es cierto, como lo señala el accionante, que la posverdad, es decir, las mentiras y tergiversaciones, constituyen una novedad en la agenda política, pero ante ella no parece razonable ni prudente que los jueces entren a discutirlas porque en últimas entrarían a tomar partido y hacer juicios de valor eminentemente subjetivos.
[38] Ver folio 153, 156 y 159, cuaderno de tutela.
[39] Ver folio 166, cuaderno de tutela.

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