UNA APUESTA POR LA ÉTICA
ISRAEL
GUERRERO HERNÁNDEZ
Presidente
del Tribunal Superior de Cundinamarca
Ante los
crecientes episodios de corrupción a
todo nivel que afecta lo largo y ancho del territorio nacional, en particular,
los que atañen a la administración de justicia, del cual lamentablemente no está
exento el Distrito Judicial de
Cundinamarca, por la reciente captura en flagrancia del Juez Penal del Circuito
de Fusagasugá, deviene en necesario y urgente
preguntarnos, una y otra vez, ¿qué ocurre al interior de la Rama Judicial, de
antaño majestuosa y respetada, para que sus servidores se vean involucrados en
escandalosos casos de corrupción?
En efecto,
profundizando en la reflexión sobre la gravedad de los hechos ampliamente
publicitados y el inmenso daño causado por la pérdida de credibilidad y
confianza de los asociados en quienes
impartimos justicia, agudizada por los reiterados casos de corrupción judicial,
se impone hallar respuestas satisfactorias
que señalen el camino a seguir para salir de tan lamentable y vergonzosa
situación, por ende, me parece conveniente traer a colación apartes de
analistas de la realidad nacional que
apuntan a encontrar una explicación a la crisis moral que nos agobia, veamos:
(i) El ex senador y
constitucionalista Darío Martínez Betancur1,
considera que estructuras como la de la Rama Judicial tiene implícitos valores
referentes a personas, instituciones y a la organización social, por lo tanto, “no es posible escindir el comportamiento
humano de los jueces, que actúan como titulares de un poder, de la estructura y
el funcionamiento de la rama judicial. Por eso lo que está en crisis es el
sistema judicial, ahora invadido por la corrupción en distintos niveles”; de ahí que, no comparte el argumento que la
corrupción es de las personas y la sociedad, sino de la estructura judicial, de
ahí que aboga por “la necesaria revisión
que deberá hacerse del justicia”, concluyendo, “es antidemocrático y absurdo desconocer el clamor colectivo, que exige
a los agentes superiores y a todos los que imparten justicia dar ejemplo de
integridad y eficacia en el cumplimiento del deber. La grandeza de un pueblo se
mide, entre otros factores, por la dimensión y el magisterio moral de sus
jueces”, es decir, con una reforma estructural al aparato administrativo
del poder judicial, se erradicaría las prácticas de corrupción judicial.
(ii) Por su parte,
el sociólogo Alfredo Molano Bravo[1], alude
a que en una sociedad como la nuestra resulta necesario distinguir entre
consumo y consumismo, dado que en esta última lo característico, “no es que se satisfagan necesidades –ni aun
las artificiales-, sino que cada vez sobra más y más de lo que se produce: lo
sobrante se vuelve basura y se bota, se desperdicia. Cuando la basura comienza
a consumirnos, se ha llegado al consumismo. Se trabaja para botar a la caneca.
Todo el mundo quiere tener, poseer, mostrar”.
En este orden, “el consumismo y el narcotráfico crearon una
cultura e impusieron la fortuna fácil, que a decir verdad no es tan fácil, pero
es rápida y carece de normas. Es el espíritu puro del dinero: crecer,
desbordarse, no respetar jerarquías ni valores, ni leyes”; por
consiguiente, considera que esa infinita ansiedad por poseer en abundancia y
cumular dinero, es factor determinante en las distintas manifestaciones de
corrupción, de ahí que, “¿Cómo puede,
entonces, asombrarnos el caso de los magistrados pulquérrimos mercadeando
sentencias?”.
(iii) A su vez, el
sacerdote jesuita Francisco de Roux[2],
en punto al desafío por una ética pública, señala que el centro “somos
nosotros mismos”, por cuanto, en su
sentir, “la ruptura nuestra, como sujetos morales, está en la base de la
corrupción que destruyó la credibilidad en la justicia y de distintas maneras
esta por todas partes del estado…”; en ese orden afirma, “sigue válida la tesis de que Colombia se
precipitó en un vacío ético cuando, por el proceso cultural de secularización y
globalización, la moral católica dejó de ser la norma general para determinar
el bien y el mal en los comportamientos privados y públicos, y nos encontramos con que no habíamos hecho
la tarea de construir una moral civil, válida para todos los ciudadanos,
vigente en la sociedad, respetuosa de creencias y filosofías”. Y, ese vacío
moral seguido del quebrantamiento de los cimientos de convivencia social
condujo a la destrucción de la vida humana por la cotidiana violencia en la que
nos sumergimos y se espera superar con el proceso de paz.
Así pues, añade, “por eso, destruido el valor de la vida, no
es extraño que destruyéramos los valores de la justicia, la honradez, la
verdad, la compasión, la lealtad, la solidaridad, la paz”, por lo que la
era del postconflicto, “es la oportunidad
para cimentar en la dignidad humana la moral pública que convierta los valores
fundamentales en la Constitución del 91 en hábitos sociales, empresariales,
institucionales y políticos. Esta es la dignidad presente en la conciencia
personal, que reclama consistencia con la grandeza humana”; de igual
manera, considera que “el aprendizaje de
las virtudes que surgen de la dignidad humana parte de la familia y la escuela,
y la iglesia tiene allí un papel único” aprendizaje que no da espera y que
debe acentuarse empezando por escuchar a las víctimas de todos los lados,
concluyendo con esperanzador mensaje, “y
que las víctimas hablen ante sus victimarios. No solo las víctimas de la
guerra, sino también los niños con hambre, antes los que le robaron los
auxilios alimentarios; las familias con muertos, antes los que se robaron la
salud; los campesinos despojados, ante los que les robaron la tierra; los
encarcelados injustamente, ante los testigos pagados, etc. Para que los
magistrados y políticos y empresarios corruptos entiendan que ellos asesinaron
en ellos mismos su propi dignidad y la vulneraron en todos nosotros”.
(iv) Así mismo, el
reconocido académico Fernando Sánchez Torres4,,
en respuesta al también profesor Moisés Wasserman, en cuanto éste ha sostenido
que “no se enseña ética… para ser ético
hay que hacer ética”, arguye, “la
ética no se hace, se piensa. Ergo, para aquel que no ha aprendido ética le será
difícil discernir éticamente”, y en esta línea agrega, “si la conciencia está supeditada a nuestra
inteligencia, esta es susceptible de ser educada, de ser ejercitada para hacer
el bien”, e, igualmente para reforzar su tesis rememora al maestro Abel
Arango Villegas, que enseñaba ética en
la década de los 60 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional,
señalaba, “toda ética propone imperativamente lo que debe ser, es decir, lo que es bueno. Lo que se denomina ética
profesional –añade- es la aplicación de un determinado sistema ético a los
diversos actos posibles en una profesión u oficio, advirtiendo que ese sistema
es como un plano que permite llegar a un sitio determinado sin extraviarse”.
Por lo anterior,
concluye, “inculcar la ética es algo que
reclama la sociedad, pues la carencia de ella facilita en extravío, la
corrupción. Bien se advierte que la sociedad actual padece de penuria ética”,
por consiguiente, es en nuestra conciencia, que no es otra cosa que nuestro propio
entendimiento que, “se ocupa de juzgar la
rectitud o malicia de una acción. En otras palabras, para que nuestra conducta
sea completamente moral debe haber sido sometida al juicio de la conciencia.
Obrar así –afirmaba Aristóteles- es actuar conforme a la razón”, por lo
que, “el actuar ético no es un asunto de
palpito ni de iluminación divina, sino que está sujeto a enseñanzas y a normas
de conducta”, por ende, “la ética sí
se puede y se debe enseñar”.
(vi) Por último, la
filósofa española Adela Cortina5, preguntada por la publicitada
corrupción en los jueces, responde, “hay
una tendencia en el ser humano de buscar su beneficio y el de quienes lo
rodean. El bien personal al bien común. Es una tentación muy difícil de vencer.
¿Y si es el juez el que busca el mayor beneficio económico posible, la
población en qué va a confiar? Lo hace un delincuente en todo el sentido de la
palabra porque hace daño a los más débiles, a quienes no se pueden defender”;
a renglón seguido indica que actuar en beneficio propio facilita la corrupción
en el juez, por cuanto olvida que lo fundamental es, “servir, no enriquecerse”.
En igual sentido
comparte que el narcotráfico “ha
acostumbrado a la gente al dinero fácil y rápido, sin mirar a quién, sin mirar
cómo; obtener el máximo beneficio posible, sin importar a quién se dañe”, socavando
la confianza de todo un pueblo; seguidamente, recuerda, “la impunidad eterna no existe y eso es lo que hay que hacerles ver a
la personas. Cuando un juez actúa mal acaba con su reputación, y eso es
importante. No solo se puede acabar en la cárcel, sino que pierde la confianza,
se acaba su credibilidad”.
Más adelante,
agrega, “hay códigos de ética en los que
se trata de analizar la figura del buen juez. Hacerles entender que cuando se
recibe un sueldo, una comisión, unos honorarios o unas participaciones son para
servir, no para enriquecerse”. Ahora, preguntada por el modelo de un buen
juez, expresa, “el buen juez tiene que
tener unas características que lo hacen aplicar bien el derecho: imparcialidad,
independencia, integridad, diligencia, capacidad de interpretación y
prudencia”, y añade, “si no da buen
ejemplo, no queda autorizado para ser un buen juez. No dejarse llevar por sus
intereses particulares. Estar vigilante del tema de los conflictos de
intereses. No dejarse presionar por intereses de otros. Tener en cuenta todos
los valores de su profesión. Comportarse con caballerosidad, cortesía, y que su
vida privada no sea disonante de su profesión. Es lo que llamamos el carácter
de un juez”.
Igualmente, es partidaria
que la educación es clave, que estamos fallando en la formación de las personas
como seres humanos, por sobre todo, en la capacidad de servir a la comunidad,
de ahí que se debe, “impartir la ética en
las escuelas a los niños. Si desde pequeños les enseñamos a servir, finalmente
tendremos bueno jueces y buenos políticos y buenos profesionales. Hay que crear
conciencia, desde temprana edad, de que estamos en sociedades que valoran la
libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto por los derechos humanos”.
Como acaba de
verse, es esencial en quien aspire a prestar un servicio público el auto
examen no sólo de sus competencias sino principalmente de principios y valores éticos aprendidos e inculcados desde el entorno
familiar, la escuela, los centros universitarios y reforzados en el escenario laboral; ahora
bien, si nos esforzamos día a día en
interiorizar mínimos principios éticos es viable asegurar un panorama de rectitud y
transparente prestación del servicio público y el cabal cumplimiento de los
deberes y obligaciones inherentes a la profesión u oficio que se desempeñe, de
esa manera, las prácticas corruptas no
encontrarán terreno abonado para germinar, crecer y expandirse.
Por consiguiente,
como profesionales del derecho y servidores de la rama judicial, tenemos el
altísimo compromiso y deber en el ámbito privado como público, desempeñar con
entereza y dignidad la función encomendada, estamos llamados, hoy más que nuca,
a rescatar la confianza de la sociedad en sus jueces y magistrados, de
engrandecer la majestad de la justicia, porque de no hacerlo, seremos
deshonrados y señalados como delincuentes, incapaces de contribuir a construir
un presente y un futuro fundado en el respeto a la dignidad humana, la
solidaridad, el buen servicio que
consolide una sociedad justa, próspera y
en paz.
