¡Reforma judicial: bienvenido su hundimiento!
El proyecto de reforma a la justicia era absolutamente cosmético y estaba condenado al fracaso, afirmó el magistrado huilense Alberto Poveda, exaltado como uno de los mejores funcionarios del país. Al celebrarse hoy lunes el Día de la Justicia, analizó los retos y dificultades.
RICARDO AREIZA/LN
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El magistrado huilense Alberto Poveda Perdomo, actual presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, recibió la condecoración ‘José Ignacio de Márquez’, la máxima distinción para exaltar a los mejores empleados de la Rama Judicial.
El académico neivano, exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, compartirá el preciado galardón con los presidentes de las altas cortes y otros cinco magistrados del país por su honestidad, consagración, perseverancia y superación. Poveda Perdomo analizó los retos y dificultades de la justicia colombiana.
¿Qué significa recibir la medalla “José Ignacio de Márquez”?
La condecoración está prevista para exaltar las virtudes y servicios de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, por sus servicios eminentes a la causa de la justicia y por la singular consagración al cumplimiento del deber; es un estímulo a la labor honesta, consagrada y perseverante. Siendo así, recibir la medalla constituye el mayor honor que se confiere a un servidor judicial.
Al celebrarse el día de la Justicia, ¿cuál considera que debe ser la principal bandera?
La principal misión de la administración de justicia es la de intervenir, prontamente, en la solución de conflictos. Para ello los jueces deben tener en cuenta que con las decisiones que se toman se contribuye a la paz social. En los propios términos de la Constitución Política, la función de las autoridades públicas tiene como propósito final contribuir a la edificación de un orden social más justo.
¿Administrar justicia es hoy un honor o un ‘chicharrón’?
Para administrar justicia se debe tener vocación. Es una labor esencial para consolidar una sociedad mejor, los jueces al resolver los conflictos contribuyen en la edificación de una sociedad en la que se busca que impere la igualdad, el respeto y la tolerancia. Ser juez constituye un gran honor; y obtener reconocimiento social y credibilidad en el ejercicio de la función un gran reto.
¿La politización de la justicia, mito o realidad?
Lo que ocurre habitualmente es la judicialización de la política. Con frecuencia las disputas políticas terminan en los estrados judiciales y los jueces deben tomar decisiones. Lógicamente, en un clima de crispación política, cualquiera que sea la decisión judicial tendrá defensores y opositores; lo importante es que las decisiones judiciales sean ajustadas a la legalidad vigente, que resuelvan razonablemente los problemas jurídicos y que ponderen los derechos en conflicto. Un ejemplo ilustrativo: durante muchos años los conflictos administrativos de las universidades públicas se llevan a los estrados judiciales, no porque los jueces reclamen que tales disputas les sean llevadas sino porque la propia comunidad universitaria ve en la judicatura una autoridad que sabe resolver esos conflictos. Eso es lo que pasa con los políticos: sus conductas ilegales los ponen en la mira de la justicia.
¿La corrupción también ha tocado a las altas cortes. ¿Cómo recuperar la credibilidad de la Rama Judicial?
La corrupción es un fenómeno que tiene desarrollo en todos los sectores de la sociedad y permea las instituciones. Es cierto que graves hechos de corrupción han sido denunciados en las altas cortes. El caso de un magistrado de la Corte Constitucional está en etapa judicial y en los próximos meses debe emitirse el fallo de primera instancia. Otros asuntos están en trámite en el Congreso de la República en espera de definiciones. Todos los ciudadanos esperamos que la Cámara de Representantes, primero, y el Senado de la República, segundo, procedan con la mayor celeridad posible para que se determine la existencia o no de delitos y los acusados sean juzgados y su situación definida prontamente. La celeridad que se imprima a la definición de dichos asuntos por parte de las autoridades encargadas de tramitarlos ayuda a elevar la credibilidad en las instituciones. Por su parte, las medidas administrativas que tomó la Corte Suprema, que a partir de una reforma del reglamento permitió la suspensión de un magistrado cuestionado, constituyen una muestra idónea y adecuada de la responsabilidad del proceder de la institución en busca de la transparencia. Con ello se hace evidente que no existe solidaridad de cuerpo con funcionarios que pongan en entredicho el ejercicio de la función de administrar justicia.
¿El ‘Cartel de la Toga’ fue episódico o es otra expresión de un nuevo cáncer?
Lastimosamente se ha presentado ese episodio. Lo preocupante es que el Congreso de la República, en su función investigadora y acusadora, así como la Fiscalía General de la Nación, no han cubierto todas las hipótesis y se han limitado a lo evidente. El Congreso en su función investigadora y acusadora avanza a paso de tortuga. Ello impide conocer prontamente quienes son los responsables. Y de otro lado, recuérdese que el ingreso a la Fiscalía del “fiscal anticorrupción” no ha sido aclarado. En fin, lo realmente es importante es conocer la verdad, toda la verdad de esta etapa tan oscura, no para perpetuar un mal ánimo en las instituciones, por el contrario, con el objetivo principal de dar plena aplicación a la justicia y las consecuencias que de ella se derivan; dar luz a estos acontecimientos permitirá ganar respeto amén de generar fiabilidad y legitimación a las instituciones de justicia.
La administración de justicia requiere de la independencia judicial, ¿Siente que hay plenas garantías?
En Colombia, en términos generales, los jueces actúan con independencia. Por ejemplo, en un despacho en el que se emiten en un año 500 decisiones de fondo, como ocurre en el Tribunal Superior de Bogotá, el 99 por ciento se refieren a conflictos que interesan a ciudadanos anónimos, de modo que en esos casos el buen juicio jurídico del juez es suficiente para garantizar su independencia. Tal vez un uno por ciento de los procesos se refiere a personas conocidas o poderosas. Estas cifras permiten constatar que en un número reducido de casos podrían intervenir factores externos dirigidos a afectar la independencia de los jueces. En esos supuestos entran a jugar un papel importante la personalidad y el carácter del funcionario. Mantenerse distante de las partes e intervinientes en los procesos, es una regla que impide que se produzcan manoseos a la independencia judicial.
¿La reforma judicial que estudió el congreso era la reforma que el país necesita?
Como ha ocurrido con las últimas propuestas de reforma a la justicia, la última estaba condenada al fracaso. Y ello fue así porque los problemas reales que tiene la administración de justicia no se mencionan. Por ejemplo, no tenía el proyecto impacto en la congestión que padece la administración de justicia. Congestión que deriva en morosidad que hace imposible impartir justicia de manera pronta y cumplida. Por ejemplo, no es razonable que un juez penal de conocimiento tenga 300 o más carpetas de juicios que están en trámite. Esa realidad impide dar una oportuna respuesta a quienes esperan un pronunciamiento judicial que resuelva un conflicto. En síntesis: el proyecto de reforma a la justicia era absolutamente cosmético y no resolvía ninguna de las graves dolencias que padece la administración de justicia. Así que bienvenido su hundimiento.
La congestión y la impunidad van de la mano. ¿Soluciones?
La realidad muestra que la gran demanda de justicia no tiene una respuesta adecuada. Lo único que se tramita y resuelve oportunamente son las demandas de tutela, siendo este instrumento constitucional un factor de atraso en la resolución de los asuntos ordinarios que deben resolver los jueces. La solución generalmente aceptada pasa por el aumento del presupuesto destinado a la justicia y, con ello, la creación de más juzgados. Pero hay otro factor que debe ser examinado y sobre el cual hay mucho que hacer: la organización gerencial del trabajo en los despachos judiciales. Es importante que los jueces manejen de mejor manera sus equipos de trabajo, se asignen responsabilidades, se repartan los roles según las competencias, entre otros. En ese orden se debe conseguir que cada juzgado sea una empresa de gestión y resolución de casos, procurando evitar las dilaciones. En algunos casos este factor es determinante de los resultados. Y ello se ve en la práctica, por ejemplo, en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá algunos despachos tienen un número de procesos mínimo y el plazo para resolver los asuntos no supera los dos meses; así mismo, existen otros despachos han acumulado un número importante de procesos, razón por la que para decidir en ocasiones se toman un plazo que puede superar el año.
¿La unificación de las Cortes es una solución o un retroceso?
Que existan una o varias cortes no es un problema en sí mismo; en diferentes lugares se tienen experiencias de varias cortes o de cortes únicas y se muestran resultados buenos y desastrosos; con ello quiero decir que ni lo uno ni lo otro es una solución, apenas es una cuestión de ingeniería. Lo importante y la cuestión es: se piensa en una sola corte con el propósito de controlarla con mayor facilidad; o se quiere una sola corte para que su independencia quede reducida a la voluntad de gobernante. Esos son los problemas que se deben examinar y las consecuencias que se deben evitar.
¿Qué piensa de los nuevos intentos para restringir la tutela?
La tutela es la mejor herramienta de legitimación social de los jueces. Por eso, ante los problemas, los ciudadanos saben y se recomiendan entre sí “meter una tutela”. Si bien de ella se ha abusado repetidamente, la acción de tutela funciona en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Recortarla, restringirla, introducirle limitaciones o, en general, reformarla, no es conveniente; al final podría ocurrir que los ciudadanos no tengan un instrumento adecuado de defensa y protección frente a las graves y constantes perturbaciones de los derechos fundamentales, que lastimosamente y por regla proviene de las acciones y omisiones del propio Estado.
¿A pesar de los vacíos, debe mantenerse el Sistema Penal Acusatorio?
Creo que existen muchos problemas y defectos que afectan el funcionamiento de la administración de justicia. Se pueden tomar medidas correctivas que permitan una mejor dinámica procesal, en ocasiones sin necesidad de reformas legales. Pero puesto en marcha el sistema procesal acusatorio lo que se debe hacer es garantizar que funcione mejor, es un proceso que ofrece plenas garantías a los investigados y en teoría absoluta celeridad en la definición de los asuntos. Retroceder no es la opción. Es necesario que haya más fiscales, jueces y defensores públicos y adoptar mejores prácticas judiciales. En punto de prácticas judiciales hay algunas perniciosas, como la referida al aplazamiento de las audiencias, de modo que su eliminación o disminución depende de quienes interactúan en los procesos penales.
La justicia en Colombia sigue anquilosada, ¿Expedientes únicos, virtualización son utopías?
De tales cambios apenas si se habla. Como siempre, también es un problema de asignación presupuestal. No es posible entrar en las dinámicas que ofrece la tecnología contemporánea si no se cuenta con los recursos suficientes y necesarios para satisfacer tales necesidades. Siempre en esta materia hay muchas palabras y pocas ejecutorias.
¿La JEP abre las puertas hacia la reconciliación?
La Justicia Especial para la Paz es la mejor y más importante creación institucional derivada del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno y las Farc. No solamente está integrada por magistrados muy competentes, idóneos e independientes, sino que se les ve mentalizados de los grandes retos que tienen, que coinciden con la pretensión de todos los colombianos: alcanzar una paz estable y duradera. A ello se llegará en la medida en que se vayan profiriendo decisiones que permitan constatar que se hizo justicia en cada caso y, lo fundamental, que las víctimas obtengan el restablecimiento de sus derechos. Particularmente creo que la obtención de una verdad completa sobre lo ocurrido durante más de 50 años de conflicto armado interno, se erige en instrumento de reconciliación y convivencia en paz.
El texto se puede ver en:
https://www.lanacion.com.co/2018/12/17/reforma-judicial-bienvenido-su-hundimiento/
